Secretaría de Cultura

Alejandra Frausto Guerrero

Secretaria de Cultura

Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las revoluciones de méxico

Felipe Arturo Ávila Espinosa

Director General

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora

Diana Lucrecia Guillén Rodríguez

Directora General

méxico 2019

Portada: ”¡Cada cual con su razón –– Cartelón!...” (fragmento),
La Casera, 11 de julio de 1880. Hemeroteca Nacional de México-unam. Diseño: Rodrigo Salmerón.

Primera edición, inehrm-Instituto Mora, 2019.

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de las Revoluciones de México (inehrm),
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isbn inehrm: 978-607-549-136-3
isbn Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora: 978-607-8611-46-1

Hecho en México.

Introducción

Hacia un mapa de agentes
de la movilización del voto
y de estrategias para disputar
los comicios1

Las elecciones en el México del siglo xix, como lo ha demostrado la historiografía reciente, eran mucho más que un mecanismo de legitimación de autoridades. Eran medios de creación de identidades y de construcción de ciudadanía; eran espacios de negociación política al interior de comunidades y entre fuerzas políticas locales, regionales y nacionales; eran instrumentos de integración y articulación de territorios y niveles de gobierno.2 Los comicios se realizaron con relativa regularidad en el México decimonónico —con interrupciones, sin duda, dada la accidentada vida política de la primera mitad del siglo, presa de guerras civiles e invasiones extranjeras. Y si bien la abstención campeó a lo largo del siglo xix —como en muchos otros países del mundo occidental en aquella época—, las elecciones se llevaban a cabo efectivamente a todo lo largo y ancho del país, y convocaban a diversos sectores de votantes. Más aún, hubo momentos de auténtica movilización popular en torno a las urnas, como las elecciones presidenciales de 1828 y, de nueva cuenta, las que cerrarían el siglo xix —a nivel local, en donde los comicios solían ser directos y en los que se jugaba de manera más inmediata la política cotidiana, las hubo incontables veces muy concurridas a lo largo de la centuria. 3 Ahora bien, en general, quienes votaban, numerosos o no, acudían a las casillas de manera organizada. No sería siempre así, pero lo era con gran frecuencia, de ahí la importancia de estudiar a los actores intermedios que movilizaban el voto.

Desde la Constitución de Cádiz en adelante, las elecciones celebradas en la Nueva España y México partieron de un principio de sufragio amplio —con pocos momentos de restricción legal del mismo—,4 contexto en el cual la organización y movilización del voto constituía una exigencia ineludible. Efectivamente, un electorado extendido no establece, no puede hacerlo, una relación directa, personal, con quienes serán sus representantes.5 Por ello se requiere de un movimiento de opinión que dé a conocer a los candidatos y oriente el voto —incluso bajo un esquema de elecciones indirectas. Pero no sólo se impone un movimiento de opinión, sino también es necesaria la movilización de redes sociales y políticas y, conforme se van quebrando formas de control popular tradicional —cacicazgos, vínculos corporativos y clientelares—, también lo es la acción de asociaciones y círculos políticos que hagan posible que los ciudadanos convocados lleguen a las urnas y emitan su voto el día de la elección.

La llegada a las urnas supone, desde luego, un trabajo de socialización de normas políticas; de cumplimiento de tareas como la difusión de convocatorias, empadronamiento y distribución de boletas electorales. Pero exige también complejos procesos para definir candidaturas, campañas de prensa y agitación política, formación de asociaciones, intervención de agentes intermedios diversos y movilización de redes sociales de muy distinto tipo. Estos procesos, cada uno con sus propios tiempos, ritmos y espacios, se ponen en juego para generar un ambiente de percepción positiva hacia el candidato propuesto y llevar al ciudadano a las urnas con una intención de voto clara.

Las elecciones, como mecánica de selección de representantes, tienen una larga historia que se remonta mucho más atrás que la de la construcción del Estado moderno. Los comicios de corte liberal, diseñados para elegir mediante sufragio popular a los gobernantes en el México independiente, abrevaron directamente de una rica tradición electoral novohispana. De esa experiencia recuperaron prácticas, las adaptaron y las resignificaron para elegir autoridades en todos los niveles de gobierno. La formación de partidos, las negociaciones para definir candidatos, las actividades de agitación en favor de uno u otro, la labor para cautivar votantes e, incluso la violencia física, formaron parte de la experiencia electoral cotidiana al interior de las corporaciones novohispanas, representaron el punto de partida de los comicios gaditanos y de los primeros años tras la independencia de México. Fueron la base de la cultura político-electoral —o culturas, en plural, si consideramos las diferencias entre las actitudes frente a los comicios y los rituales electorales de los distintos grupos sociales, de elite o populares, rurales o urbanos, del norte o sur del país, del México decimonónico—,6 a partir de la cual los grupos políticos adquirieron legitimidad; también a partir de la cual, poco a poco, con avances y retrocesos, se construyó ciudadanía.

El presente volumen responde a una inquietud por acercarnos a quiénes y cómo organizaban las campañas electorales y movilizaban a los votantes durante el largo siglo xix mexicano, así como al significado de dichas prácticas. Hemos buscado este acercamiento a partir de un conjunto de estudios de caso que atienden a realidades estatales, algunos, y a la nacional, otros, y recuperan las peculiaridades de cada uno. Este conjunto de casos nos ha permitido identificar acciones y conductas sociales y políticas en torno al ejercicio del sufragio. Por ese camino hemos podido esbozar un mapa de los agentes —individuales y colectivos— que participaban de la vida político-electoral, así como de las estrategias puestas en juego para disputar los comicios.

Hemos optado por un arco temporal amplio, desde antes de la monarquía constitucional hasta el momento del inicio revolucionario de 1910-1920. Lo hicimos convencidas, por un lado, de que las prácticas electorales decimonónicas no pueden ser entendidas al margen de la herencia novohispana —de la herencia electoral de las corporaciones, de las repúblicas de indios y de formas de movilización religiosa o política propias de aquellos tiempos. Por otro, convencidas también de que la irrupción de las masas en la política que caracteriza a la revolución de 1910 representa una ruptura importante con las prácticas político-electorales previas, aprovechamos la oportunidad que nos da para hacer un corte y balance de lo construido y de lo legado al siglo xx en materia de cultura electoral —de manera más específica, en lo que se refiere a las prácticas de organización y movilización del voto. La historia es un proceso continuo, con coyunturas que son principio y fin; confesamos que en este volumen hemos querido recuperar de manera especial las continuidades y acercarnos a las rupturas como momentos de transición. Así reencontramos en las primeras elecciones gaditanas mucho de las prácticas de agitación y movilización electoral de las corporaciones de antiguo régimen; también vemos en las elecciones de 1911 partidos formalmente organizados, de carácter permanente y con identidad propia, giras electorales y medios de propaganda que constituían ya prácticas regulares desde años anteriores.

Las prácticas de organización y movilización del voto se transformaron ellas mismas de manera muy importante a lo largo del siglo xix. Conocieron la acción de logias, gremios, asociaciones mutualistas, facciones y partidos que participaban de la definición de candidaturas, trabajos de agitación electoral y organización de los votantes; la década de 1820, y sobre todo la de 1850, vieron aparecer además clubes electorales, cuya creación se generalizó para la década de 1870 —clubes de coyuntura que afinaron su funcionamiento, años más tarde, con redes de clubes, convenciones regionales y nacionales.7 Estas organizaciones —formales unas, informales otras, no siempre de carácter político de entrada, pero que se convirtieron en espacios de sociabilidad política a fin de cuentas, como los gremios y asociaciones mutualistas— fueron, de la mano de una prensa periódica protagónica, las instancias más próximas al activismo político en las coyunturas electorales del México del xix. ¿Cómo movían sus hilos y sus fuerzas para incidir en la formación de listas de candidatos? ¿Qué fibras buscaban tocar con sus campañas y de qué medios se servían para ello? ¿En qué consistían los rituales propios de las campañas electorales y cómo se fueron transformando a lo largo del siglo? ¿Qué lugar ocupaban los candidatos en las campañas electorales? ¿Cómo se movilizaba a los votantes? ¿Qué lugar tuvieron los clubes políticos como agentes movilizadores del voto a lo largo del siglo y cómo se fueron transformando? Son algunas preguntas a las que buscamos dar respuestas a lo largo de los 12 capítulos que integran este volumen. Y puestas todas las respuestas juntas, tratar de identificar continuidades, transiciones y sentidos. Por este camino podremos invitar a pensar cuestiones como la de la construcción día a día de la ciudadanía, a pesar de su inevitable convivencia con prácticas dictadas por lazos tradicionales. En ese sentido podremos lanzar preguntas tales como si la prevalencia de prácticas clientelares en la movilización del voto detuvo la adopción del voto directo a nivel federal en el Constituyente de 1856-1857; también si la lucha en contra del abstencionismo, fenómeno que parecía negar la existencia de ciudadanos, no constituía ella misma no sólo parte del proceso de construcción ciudadana, sino manifestación de la fuerza que iba ganando. Todo parece apuntar al hecho de que logias, facciones, gremios, asociaciones mutualistas, clubes y partidos, aun si recurrían a prácticas clientelares en sus acciones cotidianas, participaban también en la edificación de una ciudadanía entendida cada vez más como ejercicio individual y autónomo de derechos políticos.

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El léxico político del siglo xix mexicano comprende una gran variedad de términos para comunicar el tipo de acciones que resultaban en lo que las y los autores de este libro reconocemos como organización y movilización del voto. La prensa periódica de la época utilizó, al menos desde 1840, la expresión campaña electoral. A partir de entonces, comenzaron a aparecer también las expresiones de luchas electorales y trabajos electorales. Asimismo, a finales de la década de 1840 se hablaba ya de agitación y movimiento electorales. Todas las expresiones continuaron apareciendo hasta 1911, sin perderse ninguna y prácticamente como sinónimos. Antes de 1840, se hablaba solamente de elecciones y comicios —y de logias, facciones y partidos, desde luego—, pero no parecen haberse usado las expresiones de campaña, lucha ni trabajos electorales; tampoco de agitación ni movimiento electoral. Tampoco en la década de 1840 se usaba con regularidad ninguna de ellas, aunque aparecían ya todas. Su uso habitual fue aumentando con los años, pero en distintos momentos había alguna preferida. Por ejemplo, destaca el uso de la expresión campaña electoral en la década de 1900 —que es una expresión que hemos conservado hasta el día de hoy. Sin embargo, la expresión más usada en todo el periodo —a partir de la década de 1840 y hasta 1911— era notablemente la de lucha electoral —en singular—, seguida de la de trabajos electorales —en plural— y luego de la de movimiento electoral. La menos usada fue, a final de cuentas, la de agitación electoral.8

¿Qué podría significar, en primer lugar, este uso tardío —década de 1840— de expresiones para designar los trabajos para captar votos realizados de manera previa a la elección? La explicación podría ser que, antes de esa década, la movilización electoral se apoyaba en redes tradicionales y que las logias, organizadas de manera secretas, no requerían de tanta propaganda ni de exhibiciones públicas —las grandes manifestaciones de 1828 tuvieron lugar más bien después de la elección que, de manera previa, no representaban en sentido estricto movilizaciones para ganar votos, sino para defenderlos. Porque experiencia de manifestaciones callejeras para ganar votos sí las había habido en las elecciones novohispanas. Se pudo haber tenido noticia de ellas al iniciar el siglo, pero no habrán parecido funcionales. Pero puede haber otra explicación, no excluyente, pero también de gran peso: las restricciones al sufragio impuestas en la década de 1830 y cuarenta, que restaban interés a campañas de agitación electoral dirigidas a un electorado amplio.9 Por otra parte, ¿por qué la preferencia notable de una expresión como la de lucha electoral por sobre la de trabajos, movimiento o campaña electorales? No hemos encontrado ninguna discusión sobre el tema en la época, pero sin duda que la palabra “lucha” traducía bien actividades que se desarrollaban en el contexto de elecciones competitivas, como fueron las de 1850, algunas de las décadas de 1870 y 1880, y sin duda las de 1910.

Ahora bien, el uso de expresiones similares a lo largo de más de medio siglo nos habla de continuidades, pero es poco útil para seguir el proceso de transformación de las prácticas de organización y movilización del voto en el periodo. Para esto es necesario, que es lo que intentamos con este libro, analizar a fondo experiencias en ciertos momentos de la vida política del país o de algunas regiones, en particular de sus formas de organización y movilización del voto. Reconstruimos el marco institucional de cada uno de ellos, clave para entender formas y lógicas de organización y movilización electoral;10 identificamos agentes de estas acciones —cofradías, conventos, ayuntamientos y múltiples corporaciones novohispana, periódicos, comunidades indígenas, caciques, milicia, ejército, iglesias, autoridades políticas, cuerpos legislativos, grupos políticos, facciones, partidos, círculos políticos, clubes…—; rastreamos algunas de sus estrategias para organizar y movilizar/desmovilizar votantes —invitaciones, recolección de firmas, convocatorias, campañas contra el abstencionismo, instrucción electoral, plebiscito, reformas legales, organización de votantes (círculos y clubes, partidos), construcción de imagen de los candidatos, vacío de información, amenaza, cohecho, manipulación, excomunión, rumor… También identificamos los recursos utilizados como parte de estas estrategias, a saber, discursos, notas periodísticas y folletos, correspondencia, cartas de adhesión, caricaturas, carteles y hojas sueltas, pancartas y botones con fotos de los candidatos, manifiestos, consignas, música… Finalmente, dimos con algunos rituales y elementos simbólicos ligados a la movilización del voto que tuvieron peso en los años considerados, entre ellos misas, banquetes, peregrinaciones cívicas, mítines, reuniones públicas, serenatas, espacios de ritualización de la elección…

El análisis de estos elementos nos permite acercarnos, en cada capítulo, a una experiencia compleja e iluminadora acerca de cómo se lograba —o no— que los ciudadanos participaran en los comicios y lo que esa participación, y la manera en que se organizaba, representaba para la política del lugar y para su relación con otros niveles de gobierno. También permite pensar en la forma en que se resignificaron viejas prácticas y surgieron nuevas en el camino de la organización y movilización del voto.

Efectivamente, a lo largo del siglo xix mexicano se fueron construyendo los procesos de organización de la nación surgida de la revolución liberal. Se definieron entonces ciudadanía y modos de participación política, con los comicios como una de las formas centrales de hacer política. Ejercicio del voto, prensa electoral, circulación de hojas sueltas, asociacionismo, reuniones públicas y peregrinaciones cívicas fueron perfilando campañas electorales con múltiples elementos y construyendo mecanismos de movilización del voto cada vez más elaborados. A lo largo del siglo identificamos una tendencia expansiva en este sentido, si bien en algunos momentos circunstancias particularmente difíciles llevaron a una contracción importante de las formas de organización y movilización político-electoral. Fue el caso, por ejemplo, de los últimos momentos del centralismo, cuando tomaba forma una conspiración monárquica que pretendía traer a México a un príncipe heredero de la corona española y una guerra con Estados Unidos estaba en puerta; fue también el caso de la guerra civil desatada ante las Leyes de Reforma y la promulgación de la Constitución de 1857. Las elecciones en esos momentos no necesariamente se suspendieron, pero la participación político-electoral adoptó formas distintas.

Los comicios durante el centralismo (1835-1846) se habían llevado a cabo a partir de una forma de organización electoral que seguía, a grandes rasgos, la misma lógica de los años precedentes. Si bien la estructura de gobierno difería de la del periodo federalista y los cargos electivos eran menos, se partía de un sufragio masculino relativamente amplio, voto indirecto y lugar central de la autoridad municipal en la organización de la elección primaria. Sin embargo, la elección para diputados al Congreso Extraordinario Constituyente de 1846 fue distinta. Convocada a raíz del movimiento encabezado por el general Mariano Paredes Arrillaga en diciembre de 1845, constituyó un intento por organizar la participación política sobre otras bases: por clases y contribuciones, con distinciones de peso entre las distintas regiones del país. De acuerdo con estas bases se integró el Congreso y también de acuerdo con ellas se definió el universo de votantes y electores secundarios. Más aún, según revelan las investigaciones en curso de Cecilia Noriega, los comicios mismos se organizaron a partir de la acción directa de las corporaciones tradicionales más fuertes —la Iglesia y el Ejército— y de instancias político-administrativas del gobierno central. La organización y movilización del voto de las elecciones de 1846 se hizo sobre la base de padrones de contribuyentes directos levantados por las oficinas de Hacienda del gobierno nacional y a partir de una acción corporativa impulsada desde las Direcciones Generales de gobierno. En este sentido, los trabajos de agitación electoral en torno a la convocatoria de 1846 tuvieron un carácter muy distinto de las prácticas de años precedentes, si bien no prosperarían en regímenes posteriores.11

Asimismo, las elecciones presidenciales de 1857 representaron otro momento de inflexión en esa tendencia expansiva de las campañas electorales. Regina Tapia, en una investigación en curso, muestra cómo el conflicto entre el Estado y la Iglesia ocultó y silenció del todo el proceso electoral que llevó a la elección de Ignacio Comonfort como primer mandatario tras la promulgación de la Constitución de ese año. Ni prensa ni correspondencia parecen haber legado registro de cómo se llevó a cabo esa campaña, en donde el temor a una eventual excomunión, la intensidad del debate en torno a los privilegios de la Iglesia y la angustia que esa ruptura provocaba tejió una cortina que nos impide ver, a la fecha, cómo se desarrolló el proceso electoral. Ciertamente aquel no fue un momento de expansión de los trabajos electorales.

Con todo, sin negar que debió haber habido otros momentos similares de contracción en los trabajos electorales, las investigaciones reunidas en este libro muestran que hubo prácticas de organización y movilización del voto que prevalecieron y que, de alguna manera, es posible advertir un proceso acumulativo: surgieron nuevos agentes, estrategias, recursos y rituales que se fueron sumando a la manera de hacer campañas electorales —no tanto desplazando a las formas desarrolladas antes, pero sí produciendo cambios cualitativos por acumulación cuantitativa. Frente a las prácticas heredadas de los años novohispanos —de gran variedad, porque respondían a las exigencias de cada corporación, que eran distintas para cada una— encontramos una cierta simplificación del proceso electoral y, por tanto y en principio, de los trabajos por movilizar el voto. Sin embargo, las formas de movilización de una sociedad política cada vez más amplia y más compleja, se fueron complicando hasta diseñar movimientos electorales que anuncian, en verdad, la vida político-electoral del siglo xx en México.

Entre los cambios cualitativos más destacados que se desprenden de los 12 estudios de caso aquí reunidos se cuentan, por ejemplo, el lugar que el candidato fue cobrando al interior de la campaña que promovía su candidatura: de haberse mantenido al margen de los trabajos electorales durante gran parte del siglo, hacia el final va tomando un lugar central y convirtiéndose el candidato mismo en protagonista de sus campañas: pronuncia discursos, lleva a cabo giras, conversa sobre sus proyectos con los votantes y somete a discusión su agenda política.

Otro de las transformaciones notables del siglo en materia de organización y movilización del voto es el crecimiento del asociacionismo político-electoral, particularmente de los clubes y redes de clubes, que terminarían por dar como resultado, en fecha tan temprana para México como 1885 —en otros países de América Latina hubo experiencias mucho más tempranas, pero por mucho tiempo se creyó que México llegaría a la era de los partidos modernos tan tarde como 1900—, con el primer partido político estructurado y permanente del país, un partido regional: el Gran Círculo Unión y Progreso de Nuevo León. Clubes y redes de clubes, conforme avanzaban en la organización de convenciones electorales, fueron convirtiendo la campaña en ejercicios habituales de representación para designar candidatos, en acciones que afirmaban ciudadanía.

De manera paralela, conviene destacar la labor de pedagogía electoral que se llevó a cabo en el país desde muy temprano, vía catecismos políticos, por ejemplo, y traducción de constituciones a lenguas indígenas. Asimismo, el lugar que fue ganando el individuo en las campañas y prácticas de movilización, proceso ejemplificado con el referendo de 1899-1900, momento particularmente significativo en ese sentido. Podrían enumerarse otras, pero quizás la que convenga destacar antes de cerrar este punto es el lugar que los avances tecnológicos y los medios de comunicación tuvieron en la transformación de los mecanismos de movilización del voto (imprentas, ferrocarril, telégrafo, fotografía…).

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El proyecto que ha dado como resultado el presente volumen arrancó en 2016, a partir de una primera propuesta presentada en el marco del X Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa que tuvo lugar en Valencia, España, en octubre de ese año. Esta propuesta partió de un grupo de colegas que veníamos trabajando temas de historia electoral desde 2010, en el marco del proyecto “Hacia una historia de las prácticas electorales en México, siglo xix”. En 2016 se sumaron a la propuesta varios investigadores más, con quienes se conformó el grupo de trabajo que presenta aquí sus resultados de investigación.

Bajo la coordinación de Fausta Gantús y Alicia Salmerón, han colaborado en este volumen Matilde Souto Mantecón, Lorgio Cobá Noh, Diana Birrichaga Gardida, Edwin Alcántara Machuca, Ivett M. García Sandoval, Mariana Terán Fuentes, Carlos Armando Preciado de Alba, Miguel Ángel Sandoval García, Arturo D. Ríos Alejo y Francisco Javier Delgado Aguilar. Un colectivo de investigadores excepcional: el capítulo de cada uno constituye una aportación significativa al estudio de la cultura electoral novohispana y mexicana. El carácter colectivo de este proyecto hizo posible un volumen de la proyección del que ahora entregamos al lector, imposible de haberlo logrado sin la participación de todos y cada uno de los autores de esta obra. Al día de hoy, no existía en la historiografía del siglo xix mexicano una obra que revelara, con una visión secular y atenta a sus transformaciones en el tiempo largo, el funcionamiento de los agentes de la movilización del voto, de su interacción con los organizadores de las elecciones y del lugar de los candidatos en las campañas electorales. El presente volumen constituye un aporte en esta dirección.12

Los avances de cada capítulo de los que conforman este volumen fueron discutidos en el marco del Seminario de Historia Política que se reúne en el Instituto Mora bajo la coordinación de Fausta Gantús y Alicia Salmerón. Se llevaron a cabo, además, varios seminarios-talleres para comentar los avances del libro en su conjunto, así como las conclusiones generales que se plasman en esta introducción: tres seminario-talleres en la Ciudad de México, en el Instituto Mora; el último en la ciudad de Zacatecas, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Casa de Cultura Jurídica del Estado. En este último tuvo una participación destacada como organizadora Mariana Terán y contamos con la colaboración, en carácter de comentaristas, de los colegas Andrés Reyes Rodríguez, Enrique Rodríguez Varela, Martín Escobedo Delgado y José Eduardo Jacobo Bernal. A ellos, a los integrantes del Seminario de Historia Política y a las instituciones que hicieron posibles nuestros encuentros académicos les expresamos nuestro agradecimiento.

Alicia Salmerón

Ciudad de México a 10 de enero de 2019

Fuentes consultadas

Aguilar Rivera, José Antonio, “La convocatoria, las elecciones y el Congreso extraordinario de 1846”, Historia Mexicana, 61:2 (242) oct-dic de 2011, p. 531-588. En línea: <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/264/241>. [Consulta: 15 de enero de 2019].

Alonso, Paula, Between Revolution and the Ballot Box: The Origins of the Argentine Radical Party in the 1890s, Cambridge, Universidad de Cambridge, 2000.

Alonso, Paula, Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo xix, Buenos Aires, Edhasa, 2010.

Bastian, Jean-Pierre, Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911, México, fce/Colmex, 1989.

Bautista García, Cecilia Adriana, Las disyuntivas del Estado y de la Iglesia en la consolidación del orden liberal, México, 1856-1910, México, Colmex/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Fideicomiso Historia de las Américas, 2012.

Cárdenas Ayala, Elisa, El derrumbe. Jalisco, microcosmos de la revolución mexicana, México, Tusquets, 2010.

Covo, Jacqueline, “Los clubes políticos en la Revolución de Ayutla”, Historia Mexicana, Colmex, vol. 26, núm. 3 (103), enero-marzo, 1977, México, pp. 438-455.

Ducey, Michael Thomas, “Gobierno, legitimidad y movilización: aspectos de la vida electoral en tiempos insurgentes”, Historia Mexicana, 68:4 (272), abril-junio de 2019. En línea: <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/3856/3816>. [Consulta: 16 de junio de 2019].

Duverger, Maurice, Los partidos políticos, México, fce, 1957.

Forment, Carlos A., Democracy in Latin America. 1760-1900. vol. I, Civic Selfhood and Public Life in Mexico and Peru, Chicago/Londres, Imprenta de la Universidad de Chicago, 2003.

Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 2003.

González Bernaldo de Quirós, Pilar, Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, fce, 2000.

Loaiza Cano, Gilberto, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación (Colombia, 1820-1886), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011.

Manin, Bernard, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza, 1998.

O’Dogherty, Laura, De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco, México, Conaculta, 2001.

Sabato, Hilda, La política en las calles: entre el voto y la movilización, Buenos Aires, 1882-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.

Sabato, Hilda y Alberto Lettieri, La vida política en la Argentina del siglo xix: armas, votos y voces, Buenos Aires, fce, 2003.

Sabato, Hilda, Marcela Ternavasio, Luciano De Privitellio, Ana Virginia Persello, Historia de las Elecciones en la Argentina: 1805-2011, Buenos Aires, El Ateneo, 2011.

Salmerón, Alicia, “Prensa periódica y organización del voto. El club político Morelos. 1892” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/Conacyt/ife, 2014, pp. 159-190.

Sandoval García, Miguel Ángel, “Anexo 1. Tipos y grados de la elección a nivel nacional. Nueva España y México, siglo xix” en Fausta Gantús (coord.), Historia de las elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora/tedf, 2016, tomo ii, pp. 236-259.

Soberanes Fernández, José Luis y Carlos Francisco Martínez Moreno (coords.) Masonería y sociedades secretas en México, México, unam-iij, 2018.

Ternavasio, Marcela, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Siglo xxi, 2002.

capítulo i

¿La inocente plebe seducida?:
La organización y movilización
del voto en el mundo
corporativo novohispano13

Matilde Souto Mantecón

Seducir. v. a. Engañar con arte y maña,
persuadir suavemente al mal14

Diccionario de Autoridades (1739)

Puede sorprender que un libro sobre las prácticas electorales en México en el siglo xix comience con este capítulo que trata sobre las elecciones en Nueva España, aunque es fácil suponer su propósito: estudiar los antecedentes de los procesos comiciales decimonónicos.15 Y en efecto, con esa idea en mente se desarrolló este capítulo a partir de una pregunta muy sencilla ¿cómo aprendieron las personas comunes y corrientes a votar para elegir a sus autoridades y representantes? De igual modo, se partió de una hipótesis muy simple: la gente aprendió a votar en la práctica, pues en cada una de sus comunidades elegían por votación a quienes gobernarían y administrarían sus intereses como grupo. Hoy en día pensamos que las elecciones y la democracia son una mancuerna y que los comicios son un mecanismo moderno mediante el que cada individuo expresa su voluntad política. Pero elegir mediante el voto es una práctica mucho más antigua y distinta a la democracia y a la expresión política individual. Debe tenerse en cuenta que antes de la formación del Estado moderno, el orden social y político no estaba fundado en el individuo, sino en comunidades o corporaciones, cada una de las cuales tenía sus propias leyes, y fue precisamente dentro de ellas donde las personas aprendieron a votar. Como en España, desde antes, ese tipo de comicios corporativos se realizaron en México regularmente desde el siglo xvi en las distintas comunidades que constituían la sociedad novohispana, como conventos, consulados, cofradías y cabildos, entre otras, y allí la gente aprendió la mecánica electoral, la cual pasó de ese antiguo régimen monárquico colonial al nuevo régimen nacional republicano. De una época a otra los procedimientos continuaron, pero desde luego se produjeron cambios importantes en cuanto a lo que significaba votar. En principio cambió el nivel del gobierno sujeto a elección, pues se trasladó del ámbito cerrado de las corporaciones al ámbito más abierto y superior del gobierno soberano y, sobre todo, al convertirse el individuo, transformado en ciudadano, en el eje vector del sistema. El individuo expresaría su voluntad política mediante el voto y con este transmitiría su representación política al gobernante. De una época a otra se conservaron mecánicas electorales muy similares, pero de una a otra el significado de votar se fue transformando conforme las distintas jurisdicciones corporativas y los fueros se disolvieron y toda la sociedad, que ahora se entendía compuesta por individuos, pasó a ser regida por un código legal único. Esta historia es la que se cuenta en este capítulo.

Este capítulo está estructurado en función de los dos ejes de análisis propuestos en el libro. En primer lugar, se expone la forma en la que se organizaban las votaciones, es decir, cuándo, cómo y a quién se convocaba a votar, cómo se expresaban los votos y quiénes eran los que podían ser elegidos para encabezar el gobierno de cada corporación, esto es, los detalles de la mecánica electoral. El segundo eje de estudio es la movilización del voto, entendida como todas las maniobras que se emprendían para convencer a los votantes no sólo de ir a las urnas a votar, sino también los medios de los que se valían los distintos grupos en contienda para que los votantes se inclinaran por uno u otro candidato. Ahora bien, antes de entrar en estas materias, es indispensable comenzar por explicar cómo era la organización política de Nueva España, cuál era su forma y a qué respondía esa concepción del orden y ejercicio del poder en lo que se conoce como el Antiguo Régimen.

La organización política
del Antiguo Régimen

La concepción que existía del orden político y social del Antiguo Régimen partía de la idea de que Dios había creado todo y a todos, repartiendo a cada quien gracias y virtudes diferentes.16 Cada uno ocupaba un lugar determinado en el mundo y ese lugar estaba dado en función de la finalidad del todo. En ese universo jerárquico y desigual nadie actuaba de manera individual, aislada, porque la existencia cobraba sentido sólo en función de la relación que unos y otros tenían entre sí. Se concebía a la sociedad como un cuerpo dotado de órganos distintos, cada uno con su propia función y todos indispensables para la existencia del todo, pero cada uno colocado en un nivel jerárquico diferente. Estas diferencias se concebían como “estados” o “privilegios” a los que correspondían derechos particulares. Esos estados eran las verdaderas personas jurídicas y no los individuos, es decir, las personas en su realidad biológica corporal. En este orden divino de la Creación, Dios era la naturaleza y la organización social derivada de ella funcionaban como la fisiología de un cuerpo en el que la voluntad apenas operaba. Este orden dado debía permanecer inalterado. El rey, la cabeza de este cuerpo, debía representar externamente la unidad del todo y mantener la armonía de todos los miembros, dando a cada uno lo que le correspondía, esto es, garantizando a cada estado su “derecho”, su “privilegio”, que era lo que significaba realizar la justicia. Pero como se dijo, todos los órganos de este cuerpo eran indispensables y para que cada uno pudiera cumplir con su función, cada uno debía tener autonomía política y jurídica, esto es, capacidad de autogobierno y poder para hacer leyes, constituir magistraturas, juzgar los conflictos y dictar preceptos. Así que el poder político y la jurisdicción estaban repartidos entre cada órgano del cuerpo social, entre cada uno de los estados o corporaciones de esta sociedad estamental.

El número de corporaciones o comunidades políticas que había en la sociedad novohispana era muy grande y toda la población estaba prácticamente incluida en ellas de un modo u otro.17 Las principales corporaciones y en las que más claramente quedaba expresado el ejercicio del autogobierno y la impartición de justicia eran los ayuntamientos o repúblicas de españoles y de indios, en los que quedaron subsumidos los antiguos altepeme prehispánicos. Engranados con estos, otras formas corporativas fueron los gremios artesanales, a su vez un universo compuesto por comunidades muy diversas y con distinto nivel en la jerarquía social novohispana, desde los de más alcurnia, como el gremio de los plateros, hasta los más humildes, como el de los tintoreros. En este ámbito de cuerpos civiles destacó uno que llegó a ser una de las corporaciones de mayor peso económico y político del virreinato, el Consulado de México, que reunía a los grandes mercaderes dedicados al giro ultramarino, al que se sumaron en el siglo xviii otros dos consulados más en el territorio del virreinato, el de Veracruz y el de Guadalajara. Otro universo todavía más complejo y jerárquico era el de la iglesia, también formado por muchas corporaciones que podemos agrupar en las dos grandes partes en que se dividía esta institución. Su parte secular organizada en una estructura encabezada por el arzobispo y sus cabildos catedralicios y sostenida por un enjambre de curatos que abarcaban toda la extensión geográfica de Nueva España, y su parte regular formada por varias órdenes religiosas con múltiples conventos y monasterios, cada uno organizado corporativamente. Entre los dos grandes ámbitos que componían el mundo de la monarquía católica, el religioso y el civil, a caballo entre uno y otro, se organizaron otras corporaciones, las cofradías, que abrazaron prácticamente a toda la población, desde las encumbradas cofradías de Burgos y Nuestra Señora de Aránzazu integradas por los opulentos mercaderes españoles de la capital virreinal, hasta la cofradía de San Benito de Palermo que cobijaba a los negros y mulatos libres y esclavos del puerto de Veracruz.18 Junto a todas estas, existieron otras muchas corporaciones que tuvieron otros fines, algunas muy antiguas como la Mesta y la Real y Pontificia Universidad de México fundadas en el siglo xvi, otras más recientes como el ejército y el Real Tribunal de Minería, corporaciones que fueron establecidas mucho más tarde, en plena época borbónica.

Al rey y sus instituciones, los Consejos y las Audiencias, les tocaba impartir justicia para todos y cuidar de la armonía del todo dando a cada uno lo que le pertenecía de acuerdo a su condición; a las corporaciones les tocaba congregar, representar y defender a los individuos que formaban parte de su comunidad reunida por ser todos de la misma condición y oficio, entre los que impartían la justicia entre pares. Para que cada comunidad cumpliera con sus funciones, gozaba de autogobierno y cada una tenía sus propios derechos y obligaciones expresados en sus ordenanzas, constituciones o estatutos cuyo cumplimiento estaba garantizado en general por sus propios tribunales o al menos por una legislación específica a cada cuerpo.19 El buen gobierno y la administración dentro de cada corporación estaba a cargo de las autoridades nombradas por medio de elecciones internas, en general bien reglamentadas en cada institución.20 Cada uno de estos procesos comiciales tenía sus propias características, pero en realidad todos compartían ciertos principios básicos, los cuales podemos considerar que constituían una cultura electoral de la época, como veremos a continuación.

La organización del voto corporativo

En todas las corporaciones novohispanas primero estaba reglamentado quiénes podían pertenecer a esa comunidad y, a partir de esa identificación, quiénes tenían derecho a votar y elegir a sus representantes y autoridades. Del mismo modo estaba reglamentado quiénes dentro de la comunidad cumplían con las cualidades para ser elegidos para encabezar el gobierno interno de la comunidad y para impartir justicia entre sus pares. Definidos todos los actores de los comicios, es decir, los que podían votar y los que podían ser elegidos, los reglamentos corporativos establecían también el proceso electoral dividido en distintas fases sucesivas: la convocatoria, que respondía a una periodicidad estipulada; la mecánica electoral en la que se especificaba dónde y cómo se expresaba la voluntad política de cada uno a través del voto, la forma que este adoptaba, si era cantado en voz alta o se daba por escrito de forma pública o en secreto. Una vez emitidos todos los votos, las siguientes dos etapas eran cruciales y desde luego también fueron establecidas en cada comunidad: quiénes contaban los votos para conocer a los ganadores y quiénes calificaban todo el proceso electoral para sancionar los resultados y hacerlos legítimos, sin olvidar desde luego la ceremonia posterior para que los elegidos tomaran posesión de sus cargos.

Todas las corporaciones del virreinato eran parte del mismo sistema y compartieron desde luego la misma cultura electoral y la misma concepción política. No es extraño, pues, que siguieran procedimientos similares. Por ejemplo, varias de las corporaciones coincidieron en los siguientes aspectos:

Tendieron a restringir el voto a los individuos de mayor jerarquía en la comunidad (mercader mayorista en los consulados, indio puro y tributario en los pueblos de indios, monjas de velo negro en los conventos21) y excluir al resto de los miembros (comerciantes minoristas, monjas de velo blanco, oficiales en los gremios);

Todas exigieron cualidades morales para votar y poder ser electo (honor, prestigio, buena reputación, fama y conducta) y en varias comunidades se pedía independencia de criterio (en los ayuntamientos no podían votar ni ser elegidos los que fueran sirvientes domésticos o criados);

Varios cuerpos establecían requisitos de pureza racial: blancos, indios puros y, en la mayoría, se excluía a los de sangre negra;

Predominaba el voto indirecto en primer grado, es decir, que la secuencia comicial era votantes que elegían electores que votaban por autoridades;

En las corporaciones predominaba el voto escrito y secreto;

Un rasgo característico del antiguo régimen fue, además, que en muchos de los procesos comiciales si no es que en todos, las elecciones eran precedidas por una misa al Espíritu Santo y terminaban con un Te Deum.

Los procedimientos electorales en el mundo corporativo fueron similares entre una comunidad y otra, pero en algunas se introdujeron ciertos mecanismos distintivos, como la combinación del voto con la suerte o azar y la estipulación de la “alternativa” como medio para controlar facciones que contendían para ocupar los cargos dentro de las comunidades. Se llegó al sistema de la alternativa para evitar que una facción desplazara irremediablemente a otra, pues por mandato se estableció que en algunas comunidades un partido ocupara los cargos principales durante un periodo y que en el siguiente los cargos fueran ocupados por el partido contrario, de modo que se fueran alternando. La combinación del voto y el azar se presentó, por ejemplo, en el Consulado de Veracruz, donde los electores eran designados por medio de un sorteo y también en el convento de monjas de La Encarnación de Lima para la designación de la abadesa.22 En cuanto al sistema de la alternativa para la ocupación de los cargos, entre otros se estableció en el Consulado de México a partir de 1742 entre los partidos de los comerciantes vascos y montañeses y en las órdenes mendicantes en las que los cargos se los disputaron entre los frailes peninsulares y los criollos.23

Lo cierto es que, entonces como ahora, el proceso de elegir implica siempre una segregación. Sólo una persona puede resultar electa para ocupar un cargo y su elección entraña automáticamente que todas las demás quedan descartadas. El simple hecho de establecer ciertas cualidades para poder ocupar un cargo implica ya la selección sólo de unos cuantos al tiempo que se elimina a todos los demás. En el caso de las elecciones corporativas el primer filtro era, desde luego, pertenecer a la comunidad. Sólo los integrantes de ese cuerpo podían elegir a sus representantes, pero el pertenecer a la corporación no era suficiente. Los votantes y luego los electores (recuérdese que las votaciones eran indirectas en un nivel por lo menos) también debían cumplir ciertos requisitos determinados por cada cuerpo. A su vez, de todos ellos, sólo algunos podían resultar electos para encabezar y gobernar al cuerpo y los elegidos debían ser considerados como los “mejores”, los “más aptos”, los que gozaran de mayor honor, fama y prestigio en la comunidad. Lo que esto significaba era definido por cada corporación, dependiendo de quiénes eran sus miembros y cuáles eran sus fines. Todo el proceso electoral implicaba que dentro de cada cuerpo se iba haciendo una discriminación sucesiva entre los miembros. Por ejemplo, para ser administrador general, director general o diputado general en el Tribunal de Minería se requería tener una experiencia mínima de 10 años en las labores de minas que garantizara que se era una persona práctica, inteligente y experta en la materia porque se tenía un conocimiento adquirido en el ejercicio directo en la minería. Del mismo modo, las monjas y los frailes que aspiraban a ser prioras o provinciales en sus respectivas órdenes religiosas debían tener conocimientos y experiencia suficiente para ejercer sus oficios y cargos: en el caso de las monjas de velo negro era indispensable que supieran música para cantar en el coro y en el de los frailes poseer letras y virtud, además de que ambos debían ser capaces de llevar el gobierno y las administración de sus comunidades.24 En otros cuerpos, en cambio, no era necesario ejercer el oficio al que estaba dedicada la corporación para tener un cargo de representación. Este fue el caso del Consulado de Veracruz, en el que para ser prior o cónsul sólo se requería ser natural de los dominios pertenecientes a la Monarquía española, mayor de edad, hombre de caudal conocido, de buena opinión y fama, práctico e inteligente en las materias de comercio pero no era indispensable que él fuera comerciante, que practicara directamente el comercio y ni siquiera que hubiera pagado avería,25 aunque bien es cierto que prácticamente todos los que ocuparon esos cargos sí fueron mercaderes activos en el puerto de Veracruz. Sin embargo, para tener derecho a votar y elegir al prior y a los cónsules, sí que era requisito indispensable ser comerciante, mercader, cargador, capitán o maestre de barco, además de ser natural de los dominios españoles y haber pagado avería por sí mismo y haber vivido en Veracruz por lo menos los últimos cinco años para ser reconocido como vecino de la ciudad.

Todos los procedimientos y requisitos para llevar al cabo los comicios en las distintas corporaciones quedaron establecidos por escrito en sus ordenanzas constitutivas o, bien, en leyes que se formularon en función de la práctica. Ahora bien, además de esta mecánica electoral regulada y puesta por escrito, en todos los procesos comiciales también se emprendieron otras maniobras encaminadas a promover o movilizar el voto que no eran explícitas. Una primera forma de movilización era parte del aprendizaje de la cultura política y estaba encaminada a convencer a la gente para que participara en el proceso, que se presentara a votar o que aceptara ser candidato para algún cargo, pero además hubo otras formas de movilización para inclinar la balanza hacia un candidato que no se hicieron de manera tan abierta, sino discreta y algunas rayaron en lo ilegal.

La movilización electoral

Efectivamente, así como en todas las corporaciones se realizaban comicios para elegir a sus autoridades y en todos los procedimientos electorales estaban estipulados por escrito con mayor o menor claridad, también en todas se realizaban actividades previas a la elección, actividades destinadas a la preparación de los comicios en más de un sentido. Por lo pronto se hacía una convocatoria que, en general en todos los cuerpos, era clara y abierta. Es decir, en casi todas las corporaciones los cargos duraban un periodo determinado, al cabo del cual las autoridades se debían renovar, de modo que las elecciones se hacían regular y periódicamente. Cuando estaba a punto de vencerse el plazo de los que estaban a cargo, se convocaba a los votantes para que en un día determinado se realizaran los comicios. Era común que fuera en ese momento cuando se recordaba a todos los que participarían en los comicios cuál sería la mecánica electoral, es decir, que en las convocatorias se hacía explícito quiénes tenían derecho a votar, cuáles eran las cualidades que se esperaban de los electos, la forma en la que se pronunciarían los votos, además de otras particularidades que en cada caso eran explicadas en las exhortaciones a los comicios. Era también en ese momento cuando comenzaban otras actividades destinadas a preparar la elección, las cuales podían ser públicas, a modo de campañas, o bien reservadas y discretas, si no es que ilegales. Todas estas actividades estaban destinadas a incidir o influir en los resultados de la votación, inclinar la decisión hacia un candidato o también producir el efecto contrario, desprestigiarlo para impedir que triunfara.

Estos trabajos previos a la elección, las campañas políticas abiertas y las maniobras discretas o de plano secretas, en suma, ese conjunto de procederes que llamamos movilización del voto, fueron muy variados. Entre los más apasionados e intensos del antiguo régimen estuvieron los de las órdenes religiosas. Antonio Rubial y Pedro Guibovich describen de manera formidable la violencia de los procesos electorales en las órdenes mendicantes y los conventos. Explica Rubial que en la provincia agustina de México había un fraile criollo con gran poder y riqueza, al que llamaban el “monarca”, que manipulaba las elecciones en los capítulos a cambio de cargos priorales, los cuales eran muy disputados porque de ellos se podían extraer beneficios económicos. El dinero que tenía el “monarca” le permitía hacer regalos a los funcionarios y, algo de suma importancia en los años coloniales, enviar procuradores a España para que gestionaran y promovieran sus intereses en la corte. Además, dentro de las órdenes mendicantes se estableció el sistema ya referido de la alternativa, por el que debían alternarse en la ocupación de los cargos los frailes criollos con los frailes peninsulares. Aunque en realidad la alternativa operó más bien como un medio de control político y no tanto como un medio para balancear intereses asociados al origen geográfico o étnico, pues en ambos bandos estaban mezclados los frailes nacidos en América y los nacidos en Europa. No obstante, sí llegó a ocurrir que para engrosar al partido peninsular en tiempos electorales, los frailes europeos buscaran “por plazas y calles a los muchachos” recién llegados de España y que los atrajeran convirtiéndolos de inmediato en frailes, “persuadiéndolos a ello con motivos de conveniencias temporales para sí y [para] enviar socorro a sus padres”, llegando al extremo de ordenarlos sin pedirles requisito alguno, ni siquiera su fe de bautismo. La competencia entre estos partidos en ocasiones llegó a tal extremo que los integrantes de uno y otro partido se atacaron físicamente, dándose empellones, incluso agrediéndose con cuchillos.26

Por su parte, Guibovich describe que en los procesos electorales del convento de La Encarnación de Lima las campañas de propaganda se extendían fuera de los muros del convento. En ellas participaban por igual mujeres y hombres que cuando salían a pasear por las calles de la ciudad solían usar en el tocado o el sombrero listones de colores distintivos que señalaban quién era su candidata para que ocupara el cargo de abadesa. La adhesión al partido era muy fuerte y lo acostumbrado era que las familias votaran en bloque, es decir, que todas las monjas emparentadas entre sí votaran a favor de una misma candidata. Y como llegó a ocurrir en los conventos novohispanos, también durante estas campañas políticas limeñas se llegaba a la violencia física, pues no faltaron amenazas físicas y que se exhibieran cuchillos en algunos procesos.27

Menos apasionadas pero no exentas de una forma de movilización eran las elecciones en el convento de Santa Teresa La Nueva de la ciudad de México.28 Cada tres años el arzobispo convocaba a elecciones para ocupar los cargos de priora, supriora y clavarias. El día previo a las elecciones, el propio arzobispo realizaba una visita a las religiosas y mantenía una conversación privada con cada una de las monjas de velo negro (las únicas con derecho a voto) en la que les recordaba su deber en lo tocante a la observancia de las Constituciones y la Santa Regla, las obligaciones que tenían con su comunidad y en general todo lo que correspondía al buen orden y gobierno espiritual y económico del convento. No es descabellado imaginar, como señaló Bernal, que era un momento ideal para que el arzobispo influyera con su conversación en el ánimo de las monjas para inclinarlas a favor o en contra de alguna de las candidatas.

La constancia con la que debieron ocurrir comicios apasionados entre las paredes de los conventos pareciera que casi los convirtió en norma, a juzgar por los casos encontrados, al que debo añadir uno más que da clara cuenta de lo dicho. Carlos de Sigüenza y Góngora en su Paraíso occidental (1684) —elogio a las virtudes religiosas del convento de Jesús María de México— escribió sobre la agitación en las elecciones y cómo las movilizaciones políticas parecían obras de demonios revoltosos sembrando discordias:

Pertenece a lo que voy diciendo el que, habiendo de hacerse elección de abadesa en uno de los monasterios de esta ciudad, permitiéndolo así la majestad divina, se le apareció a la v. m. un demoñuelo cuya catadura lo acreditaba de revoltoso. Díjole hallarse en gravísimo empeño y era haberle encomendado el príncipe de las tinieblas, su señor, alborotase en cuantas maneras pudiese la elección futura, formando bandos y sembrando chismes y cuentos entre las monjas, para que de ellos se siguiesen mutuos rencores. Manifestole también lo que en este punto tenía dispuesto y así era verdad —no ignorándose en la ciudad hallarse ya divididas las monjas en muchos bandos— y, despidiéndose con grande prisa para ir a proseguir en su ministerio, lo detuvo con la misma prisa la v. m. ‘A fe, fe —le dijo con sencillez notable— que vos no debéis de ser de aquellos que saben que el pez por la boca muere y, pues ha permitido nuestro gran Señor —y vuestro también, aunque más os pese— el que le hayáis revelado vuestras ocupaciones a esta su humilde sierva, yo os aseguro el que no habéis de lograr de ninguna manera vuestros intentos’. Y, valiéndose más de las cadenas de su imperio que de materiales cordeles, que no servían, lo tuvo amarrado hasta que la elección se hizo y en que generalmente se aplaudió el acierto, sosegándose los alborotos que la habían precedido por estar imposibilitado de continuarlos quien los causaba. Desquítase sin duda este maligno espíritu de la prisión en que estuvo entonces, con la mucha soltura que suele tener en estos tiempos en semejantes casos. Adviertan el presente las que en las elecciones, que se suelen errar con sus alborotos y con sus chismes, se hallan —como con evidencia se deduce de su detestable ejercicio— poseídas y gobernadas de tan maldito demonio.29

Un caso completamente diferente de movilización es lo que ocurrió en algunos gremios artesanales. En general las elecciones para designar a los veedores de los gremios eran anuales. Los candidatos a veedor debían tener juicio, honor, buena conducta y además se requería que fueran personas que pudieran ofrecer garantías de que mantendrían al gremio quieto, arreglado y obediente. Las elecciones se realizaban en asambleas de todos los maestros del gremio convocadas por el juez de gremios. La asistencia de los maestros era obligatoria y si faltaban eran sancionados. Todo indica que el cargo de veedor no era muy disputado, al contrario, tendía a rehuirse, pues no sólo implicaba lidiar con los compañeros de oficio, sino que ocasionaba demasiados gastos a quien lo ocupaba, pues la costumbre era que el veedor pagara las fiestas anuales del gremio. Esto hacía que no hubiera presiones para votar en favor de alguien, como ocurría en las otras corporaciones, sino que las presiones que se ejercían antes de las elecciones eran para convencer a alguien de que aceptara ser candidato, si no es que de plano era obligado para participar en los comicios y ser electo para ocupar el cargo.30

Otra forma clara de movilización del voto fue la que se presentó en el Consulado de México antes de que se implantara la alternativa entre los partidos de vascos y montañeses. Al parecer no se trataron de campañas violentas, pero sí se aplicó un mecanismo de inducción al voto, pues el prior y los cónsules elaboraban directamente las listas de los candidatos a electores. Algo similar ocurrió en algunos pueblos de indios. Entre ellos no había normas generales fijas y escritas sino que seguían la tradición y las costumbres, así que las variantes entre un pueblo y otro eran bastante grandes.31 No obstante, en algunos sí ocurrió que los electores, que debían ser tributarios sin deudas y con “casa poblada”, votaban por gobernador o los demás oficios del cabildo a partir de las listas que elaboraba el gobernador saliente. Además, no fue raro que en las elecciones en los pueblos de indios intervinieran, aquí sí de manera ilegítima, los curas, alcaldes mayores o corregidores españoles.32

Entre todas las corporaciones que hemos venido mencionando, las que sin duda tuvieron la mayor importancia en el cuerpo político de Nueva España y en la forja de la cultura política del país fueron los ayuntamientos o cabildos, es decir, las instancias que gobernaban las villas y ciudades. Su importancia queda en claro si consideramos, como dice Rojas, que eran los “pilares del gobierno y de la organización política de los reinos americanos”.33 Los ayuntamientos se construían a partir del territorio de una villa o una ciudad, por lo que se trataba de una corporación que comprendía a todos los habitantes de esa localidad.34 En este sentido era un cuerpo que en cierta forma abrazaba a todas las demás corporaciones a las que nos hemos referido antes; incluso en algunos casos, como ocurrió con los gremios artesanales, el ayuntamiento era la instancia que les proveía de justicia, por lo que ambas instituciones estaban engranadas. Dada la importancia que tuvieron los ayuntamientos en el cuerpo político de Nueva España y luego su trascendencia a la época republicana, es necesario dedicar un apartado a la organización y movilización del voto en los ayuntamientos.

Los comicios en los ayuntamientos
de las repúblicas de españoles

En el imperio español en América hubo dos tipos de ayuntamientos, los que correspondían a la república de españoles y los de la república de indios. La organización y movilización del voto en los pueblos de indios, como se apuntó, no respondió a un orden y sistema fijo, por lo que es más difícil insertarlos en este estudio sintético más allá de lo que ya se ha dicho. En cambio, los ayuntamientos de españoles sí respondieron con más claridad a normas generales. Los cabildos se ocupaban del gobierno de la ciudad o villa y eran su principal autoridad. Su función primordial era impartir justicia civil y criminal, pero también se ocupaban de los asuntos de hacienda y policía: administraba el agua, vigilaba los precios, administraba y fijaba las rentas de propios, supervisaba el abasto y se ocupaba de realizar sus remates, además de atender cuestiones de salubridad, entre otros asuntos de la comunidad urbana.35 Los cabildos estaban integrados por un presidente, varios alcaldes y regidores, cuyo número variaba en función de la población de la ciudad o villa, y un procurador síndico del común. Dependiendo del tipo de asentamiento del que se trataba, la presidencia del ayuntamiento era ocupada por el corregidor, el alcalde mayor o el gobernador de la provincia.36 En este punto hubo una modificación muy importante en 1786, cuando se implantaron las intendencias en Nueva España, pues los intendentes pasaron a ocupar la presidencia de los cabildos en las ciudades capitales37 y los subdelegados de la intendencia ocuparon la presidencia de los cabildos de las villas en sustitución de los gobernadores, los corregidores y los alcaldes mayores.38 En los ayuntamientos la justicia era impartida por los alcaldes ordinarios. Lo tocante a la representación, defensa y administración de los intereses de la ciudad era llevado por el procurador síndico.

En un principio, los concejales de los primeros ayuntamientos fundados en Nueva España fueron elegidos por los vecinos del lugar,39 pero al final del siglo xvi pasaron a ser cargos comprados en subasta a la Corona. Se convirtieron en cargos vitalicios y pasaron a formar parte del patrimonio familiar, así que podían heredarse a la muerte del titular, renunciarse o traspasarse en vida, previa autorización de la Audiencia.40 La designación de quiénes se desempeñarían como alcaldes y como procurador síndico se realizaba mediante un proceso electoral interno y cerrado, limitado exclusivamente al cabildo restringido, es decir, a los regidores y sin ninguna participación de la población general. La sesión en que se efectuaban los comicios era presidida por el presidente del cabildo (que dependiendo del sitio podía ser el gobernador, el alcalde mayor o el corregidor y después de 1786, el intendente o el subdelegado) aunque él no tenía voto, excepto en caso de empate. Las elecciones se verificaban el primer día del año. Entre los alcaldes, el electo en primer lugar o con el mayor número de votos sería designado como alcalde de primer voto o primera vuelta, el otro el de segundo voto o segunda vuelta. Desempeñaban el oficio durante dos años, de modo que cada año sólo se elegía a uno.41 Esto comenzó a cambiar en 1774, cuando se introdujo la norma de que en lugar de que todos los cargos de regidor fueran comprados y vitalicios, cuatro de ellos y el de síndico personero del común pasaron a ser cargos sujetos a elección (en 1806 se aumentó el número de regidores honorarios electos a siete).42 Al parecer desde antes ya había voces que reclamaban que los oficios del cabildo dejaran de ser vendidos para que se pudiera elegir a personas más capaces e interesadas en el gobierno y la administración de los asuntos públicos, lo que significaba que querían abrir los cabildos a una mayor representación de la población.43 Las cualidades que se establecieron para ser candidato a regidor fueron ser vecino del lugar con domicilio fijo. Además, se requería ser blanco, “bien nacido” y con buena reputación. No se exigía por ley, pero era conveniente presentar documento de pureza de sangre que diera fe de no tener sangre “infamante” por ser descendiente de judíos o negros. La edad mínima para ocupar el cargo de regidor era de 18 años, aunque los que se desempeñaran como escribanos del ayuntamiento debían tener por lo menos 25. Otras restricciones para ocupar cargos municipales eran que se perteneciera a la Real Administración de Finanzas o tener allí a algún pariente. También estaban excluidos los clérigos, los propietarios de oficios artesanales poco apreciados o los regatones (comerciantes que revendían al por menor). Sí podían ser regidores los comerciantes al mayoreo y con tienda, siempre y cuando no la administraran directamente. No podían tener deudas con el ayuntamiento ni estar emparentados con algún concejal propietario de algún cargo municipal.

Los candidatos a regidores honorarios y síndico eran propuestos y elegidos con voto cantado por el propio cabildo perpetuo. Sólo tenían voto los concejales que estuvieran presentes en la sala del consejo el día de la elección y que no tuvieran deudas ni estuvieran bajo pena de excomunión. El regidor y alférez real, que era el concejal de mayor rango en el ayuntamiento, proponía seis candidatos. Después los demás regidores, siguiendo el orden de sus asientos, votaban en voz alta nombrando a sus dos candidatos. De los nominados, el candidato que ya antes hubiera sido regidor era nombrado primer alcalde; si ninguno de los dos electos lo había sido, el primer alcalde sería el que hubiera obtenido un mayor número de votos. Si había empate, el presidente decidía.

En estas elecciones tan acotadas también hubo movilización del voto. Prueba de ello es que, como observó Liehr, “para garantizar la libertad de elección el presidente pedía, antes de empezar la votación, que cada uno de los regidores con derecho a voto declarara en un juramento ceremonioso no haberle ofrecido ni vendido su voto a ningún candidato”.44 Otra costumbre interesante en estos comicios fue que, mientras estaban en marcha, los concejales podían cambiar un voto emitido. La votación se realizaba en orden de prelación y era válido que alguno cambiara su voto antes de que se promulgaran los resultados, una carta abierta de negociación política sin duda muy interesante. Al final resultaban electas las personas que hubieran obtenido el mayor número de votos. Al parecer también era frecuente que hubiera intromisiones en estas elecciones, pues se insistió repetidamente que estaba prohibido que los virreyes y los alcaldes mayores intervinieran, aunque era el virrey quien debía ratificar los resultados o, en los sitios distantes, los alcaldes mayores.

Un cambio mayor en la forma de constituir los ayuntamientos en el imperio español ocurrió cuando se promulgó la Constitución de Cádiz en 1812. A partir de ese momento se ordenó que se disolvieran los cabildos perpetuos, aquellos cuyos cargos eran parte de patrimonios familiares por haberlos comprado, y se impuso que todos los oficios en el cabildo fueran ocupados por personas elegidas por todos los ciudadanos. De golpe, todos los habitantes de una jurisdicción que cumplieran con las características de ciudadanía podrían elegir a sus representantes al ayuntamiento. Sin duda este fue un cambio de enormes consecuencias que paulatinamente transformaría toda la concepción del orden político.

Las primeras elecciones constitucionales
en el Ayuntamiento de la ciudad de México

Los cambios que trajo consigo la promulgación de la Constitución de Cádiz tocaron distintos niveles de gobierno, no sólo el local.45 Pero antes incluso se tuvieron que dar otros pasos trascendentales para dar forma a la monarquía constitucional y al nuevo código que la regiría. En medio de la invasión francesa en la Península, la Suprema Junta Central de España y las Indias, en nombre del rey ausente Fernando vii, convocó a elecciones para que cada distrito de la Monarquía española enviara un diputado ante la Junta Central establecida en Sevilla. Por lo que toca a Nueva España, las elecciones fueron convocadas por el virrey Garibay el 4 de abril de 1809 y realizadas el siguiente 4 de octubre dentro de los 12 conejos municipales de las intendencias y en dos provincias, Tlaxcala y Querétaro. Posteriormente, la propia redacción de la Constitución implicó el nombramiento de diputados a Cortes y esto se hizo también mediante una elección. El decreto que convocaba a formar Cortes llegó a México en mayo de 1810 y las elecciones también se celebraron en las capitales de cada intendencia y provincia mediante sorteo. Cada uno de los concejos nombró a tres hombres naturales del lugar, íntegros, con talento y educación, cuyos nombres fueron escritos en papeletas que se depositaron en una urna para sacar a suerte una con el nombre del diputado que representaría a la provincia respectiva ante las Cortes que redactarían la Constitución en la Isla de León en Cádiz.46 En 1812 el nuevo código que daría forma a la Monarquía Constitucional estuvo listo.

A partir de aquí, la transformación del sistema comenzó desde el nivel local. En el capítulo i del título vi de la Constitución de Cádiz, dedicado a los Ayuntamientos, quedó establecido que el gobierno interior de los pueblos estaría a cargo precisamente de los ayuntamientos compuestos por alcaldes, regidores y procuradores síndicos presididos por el jefe político.47 El cambio más importante introducido por la Constitución se incluyó en el artículo 312 al establecer que los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarían por elección en los pueblos, cesando todos los concejales que hasta entonces hubieran servido en los oficios perpetuos comprados a la Corona. En el artículo 313 se estableció que todos los años en el mes de diciembre debían reunirse “los ciudadanos de cada pueblo para elegir, a pluralidad de votos con proporción a su vecindario, determinado número de electores que residan en el mismo pueblo y estén en ejercicio de los derechos de ciudadano”.48 Estos electores elegirían también a pluralidad absoluta de votos a los alcaldes, regidores y procuradores síndicos que debían entrar en funciones el primero de enero del siguiente año. Se trató, pues, de un sistema electoral indirecto en un grado que puso fin al antiguo método de comprar los cargos que existió desde el siglo xvi y que en su lugar convocó a votar al pueblo.49 Para poner en práctica lo prescrito en la Constitución de Cádiz, las Cortes emitieron un decreto el 23 de mayo ampliando la información para realizar las elecciones para integrar los ayuntamientos.50 En el inciso viii de este decreto se estipuló que los comicios para designar a los electores se realizarían en juntas parroquiales compuestas por los vecinos domiciliados en ellas, las cuales debían ser convocadas con anticipación. Cada una de estas juntas estaría presidida por una autoridad capitular como lo eran el jefe político, los alcaldes, los regidores y los procuradores síndicos. En las juntas se elegiría al número de electores que le correspondiera en proporción al total de la población.

En el caso de la ciudad de México, a partir de estas bases legales, en su sesión del 6 de noviembre el ayuntamiento dispuso los arreglos para llevar a efecto las elecciones.51 Se debía votar por 25 electores que elegirían a dos alcaldes, 16 regidores y dos procuradores síndicos. Los comicios tenían que realizarse en juntas parroquiales, así que el cabildo dispuso que “para que el acto de su elección sea con toda la publicidad y popularidad posible, se hará en aquéllas plazuelas de las parroquias, o en los sitios más cómodos y amplios inmediatos a ellas”. En la ciudad había 14 parroquias y cada una requería de una autoridad que presidiera las elecciones, así que el intendente, los regidores y alcaldes del ayuntamiento perpetuo se las repartieron por medio de un sorteo. En cada uno de los parajes públicos acordados, los presidentes tendrían a su disposición una mesa, un libro, recaudo de escribir y un escribiente (la distribución del número de electores por parroquia y las autoridades que presidieron el proceso puede verse en el cuadro anexo número 1). El día de las elecciones lo primero de todo sería elegir a un secretario de entre los primeros ciudadanos que acudieran a la cita establecida para el 29 de noviembre a las siete de la mañana. Enseguida se recibirían los votos para electores. Desde la reunión de cabildo se acordó que los ciudadanos podían llevar escrito el nombre o los nombres de los sujetos que querían elegir. Allí también se decidió que un día festivo anterior al de las elecciones, los curas de las parroquias de la capital debían reunirse con su feligresía para que los instruyeran sobre el objeto de la convocatoria a elecciones. Con este propósito, el intendente corregidor exhortó

a los señores curas párrocos de esta capital para que anticipadamente convoquen a sus respectivos feligreses para las juntas parroquiales que han de celebrarse el día 29 del presente a fin de nombrar electores que elijan después a alcaldes, regidores y procuradores síndicos para los que resta de este año y el próximo de 1813.

La idea era que el día 22 de noviembre todos los curas les explicaran a sus feligreses que la asistencia a la junta parroquial para votar era obligatoria; que los votantes, de acuerdo con lo que había declarado el virrey, eran los ciudadanos y estos eran los cabezas de familia o mayores de 25 años, que no hubieran perdido su derecho según el capítulo 4o. título 2o. de la Constitución o lo tuvieran suspenso. Ellos no podían concurrir a las juntas, como tampoco las mujeres, los niños ni los jóvenes que no tuvieran la edad prescrita. Se dejó, pues, en manos de la iglesia los primeros pasos en la capacitación para el ejercicio de la ciudadanía. No debe de extrañar en una sociedad cuya unidad y congruencia estaban fundadas en la profesión de la fe católica.

Se pidió a los curas párrocos que explicaran también a su feligresía en qué consistía el voto indirecto en un grado, es decir, que ellos, los ciudadanos, elegirían a los electores que a su vez votarían por los hombres que desempeñarían los empleos de alcaldes, regidores y procuradores síndicos. Debieron explicar también que para realizar su voto, los ciudadanos debían llevar en la mente o por escrito el nombre del sujeto a quien quisieran dar su voto como elector. Este debía ser un ciudadano en ejercicio de sus derechos, de probidad y con conocimiento suficiente de los individuos del vecindario, apto para desempeñar el encargo que se le daría. El intendente corregidor terminó el exhorto con estas indicaciones que envió a cada uno de los curas párrocos de la ciudad expresando su confianza en que el celo pastoral de cada uno, su fidelidad y patriotismo, contribuiría al cumplimiento de la Constitución.52

El 26 de noviembre se les mandó a los curas un segundo oficio en el que se les explicó que los fiscales no habían llegado a un acuerdo sobre la edad mínima de un ciudadano porque la misma constitución no lo determinaba, así que el bando se publicaría sin indicar la edad mínima y sólo excluiría a los menores, niños y jóvenes. En este oficio expresaron que supondrían que votarían los que tuvieran la edad “competente para el discernimiento del negocio de que se trata, conocimiento de las personas que han de ser nombradas para electores”. Pidieron a los curas párrocos que explicaran a sus feligreses en los días que faltaban para el domingo de las elecciones “lo que les dicte su prudencia.” 53

En reunión de cabildo también se discutieron pormenores del procedimiento a seguir en las elecciones. Se decidió que en todas las juntas parroquiales los presidentes debían quedarse en el tribunal (así se refieren a la mesa electoral en el acta) sin separarse hasta el anochecer y que el acta debía continuarse sin interrupción hasta la conclusión del acto. Se discutió también sobre el modo en el que debía realizarse el acta y se acordó que se elaboraría un machote que se repartiría a todos los presidentes para que cada uno lo diera a su respectivo secretario. Otro asunto discutido y que requirió que se consultase al virrey fue si los curas párrocos debían estar presentes o no y en caso de que sí, se discutió si se les daba asiento y en calidad de qué. Varios de los mismos curas pensaban que su presencia era necesaria: el señor Francisco Urrutia consideró que si bien los párrocos no eran “con jueces (sic)”, sí convenía que estuvieran presentes en su calidad de párrocos y para que los presidentes pudieran preguntarles lo que estimaran conveniente “por el mucho conocimiento que tienen de sus parroquianos”. En las reuniones de cabildo en las que se discutieron los pormenores de las electorales se consideró que las juntas parroquiales con sus mesas electorales eran tribunales y sus respectivos presidentes eran jueces. Una identificación natural en una sociedad política jurisdiccional como lo era la novohispana.54

El corregidor intendente Ramón Gutiérrez del Mazo publicó el 27 de noviembre de 1812 el bando en el que convocó a las elecciones. En él quedó dicho con claridad que la asistencia a las juntas parroquiales no era “un acto ceremonial sino obligatorio, por haberse jurado solemnemente la Constitución”.55 Pensando en la organización de un evento de esta naturaleza, el primero en la historia de la ciudad, el corregidor intendente previno que nadie que no tuviera derecho a votar debía presentarse así que no debían acudir “[…] ni por curiosidad las mujeres, niños y los jóvenes que no tengan la referida calidad de vecinos, ni los individuos que estén suspensos o privados de los derechos de ciudadanos”.56 En el bando se enumeraron los lugares donde se celebrarían las juntas parroquiales y las autoridades que las presidirían. Se expuso asimismo que las elecciones se celebrarían el día 29 a partir de las siete de la mañana:

con el objeto de nombrar electores, a cuyo fin cada uno llevará en la mente o por escrito el nombre del sujeto a quien quiera dar su voto, que sea también ciudadano en ejercicio de sus derechos y mayor de veinte y cinco años, de probidad y conocimiento, capaz de elegir Alcaldes, Regidores y Procuradores Síndicos, aptos, que desempeñen los empleos de Justicia y República que se les confíen, con exactitud y fidelidad, como que en esto se interesa el bien del Estado y del Público, sin que se entienda la concurrencia a las Juntas como un acto ceremonial sino obligatorio, por haberse jurado solemnemente la Constitución.57

De acuerdo con el tamaño de la población de la ciudad de México se calculó que debían nombrarse 25 electores en 14 juntas parroquiales. La parroquia del Sagrario, la principal y mayor de la capital, se dividió en cuatro mesas electorales, aunque no se fijó con claridad la parte del vecindario que correspondería a cada una. En otras se votó por dos electores y en las más pequeñas por uno (véase el cuadro anexo número 1).58

En principio se trató de un voto muy amplio,59 aunque restringido, desde luego, a los hombres, incluso los extranjeros con carta especial de ciudadanía, con excepción de los hombres de sangre africana y los sirvientes domésticos.60 También fueron excluidos los que hubieran perdido la ciudadanía por ser criminales convictos, deudores de la hacienda pública o haber residido cinco años en el extranjero sin comisión o licencia del gobierno español, pero el de Cádiz no fue un voto limitado por la propiedad ni la educación, así que pudieron votar indios, mestizos y españoles europeos y americanos, tanto ricos como pobres con empleo, oficio o modo de vivir conocido.61 Fuera de estos líneamientos generales, la calificación de la ciudadanía se dejó a criterio de las autoridades de cada una de las juntas parroquiales en las que se celebrarían las elecciones, lo que significó que se aplicaran criterios muy diferentes de un sitio a otro, lo que al cabo generó dudas sobre la legitimidad del proceso.62

Además de dejar abierta la acreditación de la ciudadanía, también quedaron abiertos al criterio de las autoridades de cada junta parroquial otros mecanismos operativos para expresar y contabilizar los votos. Esto, naturalmente, hizo vulnerables los resultados de las elecciones y dio pie a que todos los procesos pudieran ser cuestionados. En el caso de la ciudad de México, donde además el resultado fue totalmente contrario al gusto e interés de la alta jerarquía política del virreinato, provocó que los comicios se pusieran en entredicho y fueran sometidos al escrutinio judicial porque todos los elegidos como electores resultaron ser españoles americanos y varios de ellos reconocidos simpatizantes del movimiento insurgente.

Efectivamente, el día 29 de noviembre se celebraron las elecciones en las 13 parroquias de la ciudad de México. Los votantes acudieron a las juntas parroquiales y emitieron su voto, tanto de forma cantada como por escrito, tal y como lo había propuesto el corregidor intendente en su bando convocando a las elecciones cuando señaló que: “cada uno llevará en la mente o por escrito el nombre del sujeto a quien quiera dar su voto”, como se vio en la cita transcrita líneas atrás. Ese mismo día se concluyó el cómputo de los votos a las ocho y media de la noche y se declaró el triunfo de 25 electores americanos, ni uno solo de los elegidos fue europeo.63 Un resultado sin duda uniforme, pero que además provocó una extraordinaria y tumultuosa celebración popular. La gente salió a las calles y en grupos corrieron hacia la catedral y otras iglesias a tocar las campanas en repique general una y otra vez a lo largo de la noche. El clima de excitación se puede pulsar en lo que declaró Julián Roldán, receptor de la Real Sala del Crimen y auxiliar de la Junta de Seguridad y Buen Orden Público, sobre los movimientos populares de la noche del 29 al 30 de noviembre que:

vio venir muchedumbre de gente dando gritos de vivan los electores; que dividida esta gente, pasaron tomando rumbo para las casas de los electores, y como a cosa de media hora o tres cuartos ya volvían por las calles del Relox, la Moneda, con hachas de viento encendidas, armando grande algaraza, de manera que se fue haciendo acopio de más gente, que dividida en distintas pandillas, vagando por la ciudad y barrios, gritando vivan los electores, viva el Cura Morelos, vivan los insurgentes y mueran todos los carajos de los gachupines, sin poder observar el que certifica quiénes eran los que aconsejaban a aquellos muchachos y demás gente que en ello andaban por el crecido número que la componía […] pero sí advirtió que entre aquel murmullo de gente plebeya había también hombres decentes, aunque con las capas y capotones llevaban la cara tapada, de donde quedé vivamente persuadido de que la inocente plebe era seducida por los muchos insurgentes que hay en esta capital.64

Incluso un nutrido contingente se presentó ante las puertas del palacio virreinal y pidió que sacasen la artillería para hacer salvas, a lo cual se resistió el capitán Escusa que formó a la tropa bajo su mando y contuvo a los 800 ó 1 000 que se agavillaron frente al Real Palacio.65 Cabe advertir que en ninguno de los testimonios se hace referencia a actos violentos. En la declaración antes citada de Julián Roldán se percibe que las manifestaciones fueron tumultuosas, pero no agresivas. De otro modo Roldán no hubiera concluido su testimonio diciendo que se retiró a ver la manifestación a la distancia y a la sombra:

También certificó que a la mañana siguiente, después de celebrada la misa de gracias de los electores, cuando esa se acabó, había en el cementerio de Catedral más de dos mil hombres con plebe, personas decentes y de carácter; y no pudiendo ya permanecer allí por lo fatigado que estaba por el rigor del sol, me retiré a punto distante y observé [...]66

Si hubiera corrido sangre no se habría dejado de mencionar, no se hubieran celebrado misas de gracias y es poco probable que él se hubiera retirado con aparente calma a la sombra para descansar del sol. Otro indicio de que el alboroto de la noche del 29 al 30 de noviembre produjo sobresaltos pero no violencia física fue que el 1 de diciembre, en el acta de la reunión de cabildo ordinario en que se recibieron los libros con las actas de las elecciones, no quedó asentado nada respecto al alboroto y la impugnación de las elecciones.67 Sí debió ser impactante el repique de las campanas de la catedral, el cual no cesó hasta que el secretario del virrey subió en persona a la torre de la catedral para ordenar que se detuvieran,68 pero queda la impresión de que la manifestación popular celebrando el triunfo de los americanos más bien fue magnificada después, cuando fue descrita en la investigación que se realizó para preparar las elecciones de los diputados a Cortes.

En su crónica de los hechos y de los cuales él fue testigo presencial según dijo, Lucas Alamán cuenta que en la mañana del 30 de noviembre sí se celebraron misas de gracias con Te Deum en las parroquias y que a cada una acudieron los electores que habían sido votados en ellas. Una manifestación clara del regocijo popular fue que a varios de los electores el pueblo mismo los llevó en medio de aplausos hasta el presbiterio de la iglesia. Por cierto, que también Alamán confirma que en medio de la arrebatada alegría del pueblo no hubo desmanes alarmantes, pero que el virrey, temeroso de que ocurriese algún alboroto de mayores consecuencias, ordenó que la tropa se mantuviera lista y acuartelada. A las cuatro de la tarde el corregidor intendente fijó rotulones en los muros de la ciudad ordenando a todos que se retirasen a sus casas bajo amenaza de que si no lo hacían saldrían patrullas que “usarían de las armas” pero, por fortuna, “el pueblo obedeció y a la noche todo estaba sosegado”.69

Tras las elecciones, algunos de los electos fueron perseguidos, no directamente por lo ocurrido en los comicios y la manifestación popular, sino bajo otros argumentos, como le ocurrió a Carlos María de Bustamante, que tuvo que esconderse al anularse la libertad de imprenta para evitar que lo apresaran por su trabajo periodístico o a Juan de Dios Martínez, que sí fue encarcelado acusado de tener correspondencia con los insurgentes.70 Fuera de esto, parece que todo quedó en calma, aunque las autoridades sí se atemorizaron por el resultado de las elecciones y por ello suspendieron el proceso. No se realizó el siguiente paso, que los electores votaran por los concejales, así que el virrey Venegas ordenó que el ayuntamiento antiguo siguiera al frente del gobierno de la ciudad.

Las siguientes elecciones que debían celebrarse eran las de diputados a las Cortes de Cádiz, por lo que la alta jerarquía política del virreinato intentó prepararse mejor para evitar resultados tan amargos como los de las elecciones capitulares truncadas. En consecuencia, se abrió una averiguación coordinada por el corregidor intendente Gutiérrez del Mazo para entender qué había sucedido. Se pidió a todos los que habían servido como presidentes de juntas parroquiales que presentaran un informe sobre los defectos que habían observado en el proceso electoral y en particular les preguntaron acerca de “si dieron voto varios individuos que pudieron ser hijos de familia, algunos sirvientes domésticos o de origen africano, según su color y pelaje, y otros que duplicaron los indicados votos, dándolos escritos en diversos puestos o secciones”.71

Hubo varias coincidencias entre los presidentes de las juntas. La primera dificultad había sido no poder verificar realmente quienes eran ciudadanos, pues los únicos criterios que tenían era el aspecto físico y la opinión de los vecinos sobre el “sospechoso”. Un informante dijo:

se presentaron muchos jóvenes y entre ellos colegiales, que su aspecto manifestaba su menor edad y los repelí diciéndoles que eran hijos de familia y no podían votar […] Concurrió también multitud de individuos de color sospechoso e inferior pelaje a quienes preguntaba su calidad y respondían que eran españoles, lo que me obligó a estar repitiendo con mucha frecuencia a varias personas que estaban sentadas, que dijeran si conocían por castas o por sirvientes domésticos a los que iban a votar, porque yo no podía distinguirlos, y cuando no había repulsa del pueblo, les admitía los votos, desechando a un cochero y otros que dijeron eran sirvientes.72

Otro grave defecto fue que la misma persona votara varias veces, un fenómeno que se presentó sobre todo en el Sagrario, una parroquia que por su extensión se dividió en cuatro mesas electorales, pero sin que el vecindario hubiera sido distribuido claramente entre ellas. Pero además tres presidentes observaron un fenómeno interesante, la uniformidad de los votos y la utilización de boletas escritas con la misma letra. Ocurrió, por ejemplo, en la Junta de San Pedro y San Pablo, la cuarta celebrada en la Parroquia del Sagrario, en la que Fernández de San Salvador observó “que, casi sin cortar el hilo, se apersonaban vocales con el voto uniforme y no pude menos de admitir que sin discrepancia se hubieran propuesto los mismos en su imaginación tantos concurrentes”73, lo mismo que Del Zerro en la parroquia de San Miguel que notó

y vieron los que me asistieron, venir a votar con papeletas de una misma letra a los que por último reunieron mayor número de sufragios, que fueron el Br. Sartorio y Lic. Bustamante, manifestando en este hecho, sin género de duda, que les habían repartido aquéllos papeles, pues mucho no supieron decir los nombres que contenían.74

El mismo fenómeno se había presentado en la parroquia de San Sebastián, donde el regidor Pozo declaró que había ocurrido lo que él llamó un incidente ligero:

en el acto de la votación, se denunció públicamente que se estaban rompiendo los papeles en los que algunos de los votantes llevaban asentados los nombres de los sujetos que estimaban por bien elegir y en el acto se presentó el bachiller don Eusebio Bala, Teniente de cura de la misma parroquia, diciendo ser él quien había roto las cédulas, porque las halló todas de una letra y porque tenía noticia que las habían repartido en diversas casas”.

Cuando el regidor Pozo reconvino al teniente de cura haciéndole ver que no debió proceder sin haberle consultado, Bala le explicó que lo había hecho en su afán porque todo se hiciera legalmente y explicó cómo había ocurrido que se presentaran boletas escritas con una misma letra. Él había pedido a un vecino de la feligresía que convocara a todos sus vecinos para que se presentarán a votar al día siguiente. Bala pensó que muchos de los vecinos no sabrían por quién votar, así que se le ocurrió pedirle al mismo vecino que les llevara una lista con 20 nombres para que, de entre ellos eligieran libremente a dos. Sin embargo, el vecino que convocó a los ciudadanos de la feligresía les dio papeles sólo con dos nombres, los mismos dos nombres a todos. Estos papeles los escribió un ciudadano que dijo haberlo hecho a petición del fiscal de la parroquia con el argumento de que los votantes no sabían escribir. En el informe del regidor Pozo no dio sus nombres y al final calificó lo ocurrido como un hecho sencillo en el que no había habido colusión, fraude ni fuerza. Las palabras que utilizó el regidor Pozo para referir el caso fueron estas:

contestó que deseoso de que el acto se verificara con la legalidad y la libertad necesaria, había mandado en la víspera de la elección a una persona de la misma feligresía avisase a los mismos feligreses la hora en la que habían de asistir a dicha votación, y respecto a qué muchos de estos podían no conocer a los sujetos idóneos para ser electos, dijo al mismo que los convocó les propusiera veinte sujetos de la lista que les entregó con los nombres de ellos, para que libremente eligieran los dos que debían salir; que de aquí resultó que el mismo a quien encomendó la convocación de los feligreses repartió desde la víspera papeles en los que sólo se mencionaban dos sujetos que en ellos iban escritos. En este mismo acto, se presentó un ciudadano y dijo que los papeles estaban escritos de su puño y letra, que lo hizo a pedimento del fiscal de la Parroquia, quien le sugirió que los escribiera, porque los individuos ella los habían elegido de entre los veinte de la lista dada por el padre Bala y que no sabían escribir los que habían de votar: el padre Bala convino en ser los sujetos de los expresados en la lista que dio y a quien se la entregó el mismo fiscal de la Parroquia, e instruido el inmenso concurso de la sencillez del hecho, quedó acorde con que no había habido colusión, fraude ni fuerza y por lo cual se continuó la votación con la mayor tranquilidad.75

En esta parroquia se encontró esta explicación a la uniformidad de las boletas, una explicación que sin duda da cuenta de cómo se movilizó el voto y cómo en ello intervinieron hombres de la iglesia, pero fue, como se dijo, un fenómeno que sucedió en varias parroquias. Las ya dichas, San Miguel y San Sebastián, pero también ocurrió en la de San Pablo.

Se utilizaron también otras estrategias para inducir el voto como las que describió José María Galán en su testimonio que dijo:

en el puesto en que se hicieron las elecciones de la parroquia de San Miguel, advirtió un partido tan decidido por el licenciado don Carlos Bustamante y el bachiller don José Sartorio, que conoció que muchísima gente era seducida para que votasen por estos individuos: fundado este concepto, ya en que los demás y principalmente la gente pobre no conocían a los que votaban, según los expusieron muchos, preguntados sobre esto por el presidente don Manuel del Zerro, los cuales decían que votaban por los mismos que acaban de votar uno de capotito pardo; ya en que otro medio calvo de capote blanco andaba metiendo a empujones hasta los muchachos que fueron desechados y todos votaban por el licenciado Bustamante y padre Sartorio, y ya que en medio del murmullo de la gente oyó a un indio cargador que había tenido 18 reales por el repartimiento de papeles para la votación, que se le habían dado en la botica de la Monterilla.76

Por lo visto había consigna de votar según lo hiciera el del “capotito pardo”, además de que el calvo de capote blanco de plano los llevaba hasta la mesa de votación. En el mismo sentido, José Palacios Lanzagorta, alcalde del cuartel número 9, declaró que vio que el secretario de la mesa electoral situada en la Plazuela de la Paja, por cierto, también un clérigo, iba en persona a buscar a los ciudadanos en sus casas para llevarlos a votar:

fue llamado a declarar sobre los sucesos y dijo “que estando el declarante en la Plazuela de la Paja, en donde se estaban haciendo las elecciones de aquel barrio el domingo por la mañana, notó que el clérigo que hacía de secretario, se levantó, fue a la calle del Venero, que dista una cuadra, y entrando a una casa de vecindad sacó consigo una porción de desarrapados a quienes iba diciendo: “Hijos, venid conmigo, que yo os diré lo que habéis de hacer”; y los condujo al puesto donde se estaba haciendo la elección, y aunque de ello dio aviso al señor que presidía, lo vio con frialdad.77

Los oidores de la Audiencia de México escribieron una larga representación dirigida a las Cortes Españolas en la que incluyeron los informes de la investigación promovida por el intendente corregidor de la ciudad de México que hemos utilizado hasta aquí y su conclusión fue clarísima: se trató de una “confabulación”.78 A los oidores no les cupo la menor duda de que se habían efectuado maniobras para seducir a la inocente plebe, señal inequívoca de que los insurgentes se habían confabulado para lograr que los votantes eligieran a determinadas personas. No es que les preocupara en sí la manipulación del voto, sino que se hubiera utilizado para conseguir que todos los electos fueran americanos simpatizantes de la insurgencia.

Consideraciones finales

Muchos estudios toman como punto de partida la Constitución de 1812 para analizar los procesos electorales que fueron pilares del nuevo régimen liberal que dio forma al Estado-nación. Sin embargo, en este capítulo, la etapa gaditana es vista, no como el principio, sino como el final, pues la mirada está enfocada en la cultura política del antiguo régimen. Sin duda en esa etapa gaditana se operó un cambio trascendental, pero lo cierto es que cuando llegó ese momento, los ciudadanos ya sabían votar, ya sabían organizar unas elecciones y movilizar a la gente para que se expresara en las urnas. Este no fue un conocimiento revelado por la Constitución de 1812, sino que era un conocimiento antiguo, aprendido en la práctica, en el ejercicio regular de elegir a quienes los representarían y gobernarían en cada una de las corporaciones que integraban la sociedad novohispana. Se trataba, claro, de elecciones corporativas, no de elecciones liberales modernas, pero en unas y otras la mecánica, los procedimientos y prácticas de votar —materialmente hablando— fueron muy similares. El cambio trascendental ocurrió en lo que significó votar en una y otra etapa.

Dentro de ese viejo mundo corporativo casi todos —mujeres y hombres, indios y españoles, seglares y eclesiásticos— actuaban y se expresaban políticamente dentro de sus propias comunidades. De entre todos ellos, quizá los miembros de la iglesia fueron los más apasionados durante los procesos electorales, o por lo menos ha sido sobre ellos de quienes hemos encontrado las evidencias más claras. Tales fueron los casos de las monjas del convento de La Encarnación de Lima o las del convento de Jesús María de México, en el que hasta un demonio intervino, como lo describió Sigüenza y Góngora. Y sobre esto me parece que debe llamarse la atención, pues es muestra de que las mujeres sí que hacían política y, sin duda, continuaron en ello, aunque su actuación debiera ser —digamos— entre bastidores porque no se les dio la ciudadanía. Del papel que la gente de la iglesia representó en las prácticas electorales es interesante destacar que fue a los curas párrocos a quienes el corregidor intendente de la ciudad de México acudió para que explicaran a sus feligreses cómo se harían las elecciones de acuerdo a la Constitución de Cádiz, proceso que da cuenta de una movilización del voto hecha de manera clara y abierta. Asimismo, fue en ellos en quienes se confió para que dijeran si los votantes que acudían a las mesas electorales eran o no ciudadanos, pues nadie como ellos conocía a sus parroquianos. Y fueron también hombres de la iglesia quienes intervinieron en la votación propiciando que se repartieran cédulas escritas previamente para salvar el inconveniente de que muchos de sus feligreses no supieran escribir, procedimiento que habla de una movilización en la que pudo realizarse una seducción de los votantes, como se dijo en la época.

Ahora bien, entre las diversas corporaciones que existieron, los ayuntamientos de las repúblicas de españoles son en particular un microcosmos muy interesante para estudiar la historia de las prácticas políticas del Antiguo Régimen. La historia de cómo fueron constituyéndose los cabildos en Nueva España revela un camino oscilatorio. En el temprano siglo xvi se permitió que los vecinos eligieran a los regidores y a algún alcalde en su primer nombramiento, pero al final de ese siglo las regidurías ya pasaron a ser cargos vitalicios y patrimoniales, comprados en subasta a la Corona. A partir de entonces las funciones de alcaldes y procurador síndico serían desempeñadas por los regidores por designación en comicios celebrados en el propio cabildo cerrado. Una nueva oscilación se produjo en 1774, cuando se estipuló que cuatro de los cargos de regidor y el de síndico dejaran de ser comprados y pasaran a ser ocupados por vecinos elegidos por los concejales. El número de los cargos abiertos a elección se amplió a siete en 1806, pero el cambio más radical se produjo en 1812, cuando todos los cargos del ayuntamiento pasaron a ser ocupados por vecinos elegidos en comicios abiertos a toda la ciudadanía de acuerdo con la Constitución de Cádiz, el primer código que rigió sobre todos los súbditos de la Monarquía Católica, independientemente de su rango social, su calidad étnica o su oficio. Se comenzaron así a disolver los marcos corporativos y forales en los que se había repartido la sociedad y los individuos se convirtieron en el eje vector del sistema político. Cada uno, de manera individual, como ciudadano, expresó su voluntad política a través del voto —un cambio trascendental, sin duda— pero en realidad, la mecánica operativa de las elecciones siguió siendo la misma que la del Antiguo Régimen.

CUADRO 1

Disposición de lugar, organización y resultado de las juntas parroquiales, ciudad de México, 1812

Parroquia

Lugar de la Junta

Presidente

Elegidos

El Sagrario

Portales de la Diputación

Jefe político Ramón Gutiérrez del Mazo

Doctor y maestro José María Alcalá, licenciado Jacobo Villaurrutia, doctor y maestro José Julio García Torres y licenciado Antonio López Matoso

Plazuela de Santo Domingo

Regidor Manuel de Luyando

Atrio de San Pedro y San Pablo

Alcalde de Mesta Francisco Arcipreste

Plazuela del Colegio de las Niñas

Alcalde de Mesta Fernando Ermosa

San Miguel

Plazuela de las Pajas

Regidor honorario Manuel Francisco del Zerro

Bachiller Manuel Sartorio y licenciado Carlos María Bustamante

Santa Catarina Mártir

En la calle del Bautisterio

Regidor Manuel Gamboa

Juan de Dios Martínez y Francisco Arroyave

Santa Veracruz

Plazuela de la misma parroquia

Regidor honorario José María de Echabe

Licenciado Pedro Cardenal y Br. Luciano Castorena

Señor San José

Plazuela de la misma parroquia

Regidor Joaquín Caballero de los Olivos

Licenciado Juan de Dios Alanís y licenciado José Antonio Mendoza

Santa Ana

Plazuela de la misma parroquia

Regidor Antonio Méndez Prieto

Doctor Ignacio Sánchez Hidalgo

Santa Cruz

Plazuela de la misma parroquia

Regidor honorario Francisco Maniau y Torquemada

Bachiller José María Villalobos y Blas de las Fuentes

San Sebastián

Plazuela misma parroquia

Regidor honorario Domingo María Pozo

Licenciado Manuel Victorio Texo y José Ferradas

Santa María

Regidor Francisco José de Urrutia

Bachiller José Norzagaray

San Pablo

Plazuela inmediata a la parroquia

Alcalde ordinario Juan Antonio Covián

Bachiller Mariano Seca y doctor Marcos Cardenal

Acatlán

En su plazuela

Regidor León Ignacio Pico

Francisco Galicia, ex gobernador de Indios

Salto del Agua

Plazuela de Tecpam de San Juan

Regidor honorario José María Fagoaga

Doctor José María Torres Torija y Mariano Orellana

De la Palma

En su plazuela

Alcalde ordinario Juan Cervantes y Padilla

Dionisio Cano y Moctezuma, ex gobernador de Indios

San Antonio de las Huertas

En la pila de la Tlaxpana

Regidor Agustín del Rivero

Conde de Xala

Fuente: Acta del Cabildo, 7 de noviembre de 1812,  Actas de Cabildo, vol. 131-A, ff. 192v-194, 202 y 215-215v.

Fuentes consultadas

Archivos

ahcdmx Archivo Histórico de la Ciudad de México.

Bibliografía

Alamán, Lucas, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, México, fce, 1985, t. iii.

Alba, Rafael de, “La Constitución de 1812 en la Nueva España” en Luis González Obregón (dir.), Publicaciones del Archivo General de la Nación, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Tipografía Guerrero Hermanos, 1912, 2 tt.

Alfaro Ramírez, Gustavo Rafael, “Administración y poder oligárquico en la Puebla borbónica, 1690-1786”, tesis doctoral, México, unam, 2006.

Annino, Antonio, “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial. El 29 de noviembre de 1812 en la ciudad de México”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, Instituto Mora, núm. 24, 1992, México, pp. 121-58.

Arroyo, Israel, La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, México, Instituto Mora/buap, 2011.

, “Divisiones electorales y representación política: partidos y municipios, Atlixco 1820-1835” en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora/Conacyt/tedf, 2016, t. i, pp. 121-192.

Ávila, Alfredo, “La revolución liberal y los procesos electorales” en Gustavo Ernesto Emmerich (coord.), Las elecciones en la ciudad de México, 1376-2005, México, iedf/uam, 2005, pp. 123-177.

Benson, Nettie Lee, La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, Colmex/ Coordinación de Humanidades-unam, 1994.

Bernal Ruiz, Graciela, “El convento de Santa Teresa La Nueva de la ciudad de México, actores e institución religiosa en la Nueva España, 1704-1800”, tesis de licenciatura en Historia, México, uam-Iztapalapa, 2001.

Bustamante, Carlos María de, Cuadro histórico de la Revolución Mexicana iniciada el 15 de septiembre de 1810, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1961, t. ii.

Carmagnani, Marcello, El regreso de los dioses. El proceso de reconstrucción de la identidad étnica en Oaxaca. Siglos xvii y xviii, México, fce, 1988.

Castro, Felipe, La extinción de la artesanía gremial, México, iih-unam, 1986.

Christin, Olivier, Vox Populi. Una historia del voto antes del sufragio universal, Buenos Aires, sb, 2017.

Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, Cádiz, Imprenta Real, 1812.

Emmerich, Gustavo Ernesto (coord.), Las elecciones en la ciudad de México, 1376–2005, México, iedf/uam, 2005.

Escamilla, Iván, “Inspirados por el Espíritu Santo: elecciones y vida política corporativa en la capital de la Nueva España” en Gustavo Ernesto Emmerich (coord.), Las elecciones en la ciudad de México, 1376-2005, México iedf/uam, 2005, pp. 69-112.

García Ayluardo, Clara, “El comerciante y el crédito en la época borbónica en la Nueva España” en Leonor Ludlow y Carlos Marichal, Banca y poder en México (1800-1925), México, Grijalbo, 1985, pp. 27-50.

García Ruiz, Luis J., Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas. Veracruz: 1764-1810, Zamora, Mich., Colmich/Universidad Veracruzana, 2017.

Garriga, Carlos, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, Istor. Historia y derecho, Historia del derecho, cide, núm. 16, primavera, 2004, México, pp. 1-21.

Gortari, Hira de, “Ayuntamientos y ciudadanos. La ciudad de México y los estados: 1812-1827”, Tiempos de América, núm. 1, 1997, España, pp. 113-130.

Guarisco, Claudia, Los indios del Valle de México y la construcción de una nueva sociabilidad política, 1770-1835, México, El Colegio Mexiquense, 2003.

Guardino, Peter, “‘Me ha cabido en la fatalidad’, Gobierno indígena y gobierno republicano en los pueblos indígenas: Oaxaca, 1750-1850”, Desacatos, Ciesas, núm. 5, 2000, México, pp. 119-130.

, “‘Toda la libertad para emitir sus votos’. Plebeyos, campesinos y elecciones en Oaxaca, 1808-1850”, Cuadernos del Sur. Ciencias Sociales, año 6, núm. 15. 2000, Oaxaca, pp. 87-114.

Guedea, Viriginia, “Las primeras elecciones populares en la ciudad de México, 1812-1813”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, Universidad de California, vol. 7, núm. 1, 1991, Santa Bárbara, pp. 1-28.

Guerra, François Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, fce, 1993.

Guibovich Pérez, Pedro, “Velos y votos: elecciones en los monasterios de monjas de Lima colonial”, Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, 2003, Lima, pp. 201-212.

Hausberger, Bernd, “Las elecciones de prior, cónsules y diputados en el Consulado de México en la primera mitad del siglo xvi: la formación de los partidos montañeses y vizcaínos” en Hausberger, Bernd y Antonio Ibarra (eds.), Comercio y poder en América colonial. Los consulados de comerciantes, siglos xvii-xix, Madrid, Iberoamericana Vervuert/Instituto Mora, 2003, pp. 73-102.

Hespanha, António Manuel, Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio, Madrid, Tecnos, 2002.

Liehr, Reinhard, Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1787-1810, México, sep, 1976, 2 tt. (SepSetentas).

Lloyd Mecham, John, “El jefe político en México”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm. 4, enero-abril, 1986, México, pp. 143-156.

Ohgaki Kodama, Kishiro, “Ayuntamiento de la ciudad de México 1808-1821: la crisis política de 1808, el camino constitucional”, tesis doctoral, México, ceh-Colmex, 1979.

Pasquel, Leonardo, Estudio preliminar a Real Cédula de su Majestad para la erección del Consulado de la muy noble y muy leal ciudad de Veracruz de orden de su junta de gobierno, México, Citlaltepetl, 1959 (Suma Veracruzana, Serie Derecho).

Pérez Toledo, Sonia, Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 1780-1853, México, Colmex, 1996.

Recopilación de Leyes de los reinos de Indias, Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1774, 2 tt.

Rodríguez, Jaime, “Las instituciones gaditanas en Nueva España, 1812-1814”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Universidad Industrial de Santander, vol. 12, núm. 1, 2007, Colombia, pp. 363-384.

, The Independence of Spanish America, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

Rojas, Beatriz, Las instituciones de gobierno y la élite local. Aguascalientes del siglo xvi hasta la independencia, México, Colmich/Instituto Mora, 1998.

, “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privilegios”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm. 53, mayo-agosto, 2002, México, pp. 7-47.

, El “Municipio libre”. Una utopía perdida en el pasado. Los pueblos de Zacatecas, 1786-1835, México, Instituto Mora/Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas/Instituto Cultural de Aguascalientes, 2010 (Historia Política).

Roselló Soberón, Estela, “La cofradía de negros y mulatos: una ventana a la tercera raíz. El caso de San Benito de Palermo”, tesis de licenciatura, México, ffyl-unam, 1998.

Rubial García, Antonio, “Votos pactados. Las prácticas políticas entre los mendicantes novohispanos”, Estudios de Historia Novohispana, iih-unam, núm. 26, 2002, México, pp. 51-83.

Sigüenza y Góngora, Carlos, Paraíso occidental, plantado, y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy católicos, y poderosos reyes de España Nuestros Señores en su magnífico convento de Jesús María de México, México, Juan de Ribera, Impresor y Mercader de Libros, 1684.

Souto Mantecón, Matilde, “Las prácticas políticas en el Antiguo Régimen: las elecciones en el Consulado de Veracruz” en Guillermina del Valle (coord.), Mercaderes, comercio y consulados en la Nueva España en el siglo xviii, México, Instituto Mora, 2003, pp. 291-309.

, “1812: un año crítico. Violencia y elecciones en Veracruz” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… Violencia electoral. México: 1812-1912, México, Instituto Mora/Conacyt/Tribunal Electoral del Distrito Federal, 2016, pp. 37-69.

, “El primer ejercicio constitucional en Nueva España: la elección del ayuntamiento en la ciudad de Veracruz en 1812. Descripción de la mecánica electoral” en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora/ Conacyt /Tribunal Electoral del Distrito Federal, 2016, t. i, pp. 55-92.

Tank de Estrada, Dorothy, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, México, Colmex, 1999.

Valle, Guillermina del, “Gestión del derecho de alcabalas y conflictos por la representación corporativa: la transformación de la normatividad electoral del consulado de México en el siglo xvii” en Hausberger, Bernd y Antonio Ibarra (eds.), Comercio y poder en América colonial. Los consulados de comerciantes, siglos xvii-xix, Madrid, Iberoamericana Vervuert/Instituto Mora, 2003, pp. 41-72.

Warren, Richard, “Las elecciones decimonónicas en México: una revisión historiográfica” en José Antonio Aguilar Rivera, Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), México, Conaculta/fce, 2010, pp. 27-54.

capítulo ii

Movilización del voto y prácticas
electorales en los pueblos
de “Tierra adentro”: Yucatán, 1812-1821

Lorgio Cobá Noh

¿Elecciones sin votaciones?
El régimen colonial yucateco

Como en la Nueva España, en el Yucatán colonial existió una larga tradición de elecciones y nombramiento de autoridades locales. Con la división de la sociedad colonial en dos repúblicas (españoles e indios), en cada uno de estos espacios jurisdiccionales-administrativos se elegía a los integrantes para ocupar los cargos de gobierno local. En 1588, el visitador Diego García de Palacio sentó las normas formales que regirían las prácticas para la elección de los cabildos o repúblicas indígenas en los pueblos mayas coloniales, desde entonces estos órganos de gobierno fueron uniformados y estuvieron integrados por un gobernador (batab), alcaldes, regidores, mayordomos y alguaciles. A excepción del batab (cargo perpetuo), todos los demás integrantes del cabildo indígena debían ser renovados anualmente por medio de elección.79

De acuerdo con las ordenanzas que establecieron las bases de las elecciones, estas se desarrollaban en un solo día. El primero de enero, las autoridades de las repúblicas indígenas acudirían a la iglesia de sus pueblos (donde los hubiera) y “habiéndoles quien les diga misa, oigan y supliquen a nuestro señor les alumbre y encamine en la elección que pretenden hacer de oficiales que los administren”. Concluido el acto religioso, las autoridades indígenas se aislarían en la “casa de su cabildo o comunidad” para “tratar y comunicar sobre elegir y nombrar alcaldes, regidores, alguaciles y otros oficiales”. Los elegibles debían cumplir ciertas cualidades morales: “mayor entendimiento, buenos cristianos, cuidadosos en el beneficio de sus milpas y gobierno de sus mujeres e hijos y tales que se espere que miraran por el bien y provecho universal de aquel pueblo”; dicha elección concluía con la confirmación que haría el gobernador de la provincia.80 De acuerdo con las normas formales estaríamos ante elecciones corporativas y cerradas, en las que las autoridades salientes (sin participación del común) se reunían para nombrar a los relevos del año inmediato siguiente. En este rito formal tenía cabida el clero o, cuando menos, de los indígenas que se ocupaban de los servicios religiosos, caso de los maestros cantores.81

Estas elecciones cerradas (y “austeras”) contrastaban con las “prácticas festivas” y de “presentes” de los mayas de las primeras décadas de vida colonial. Las ordenanzas de García de Palacio intentaron modificar el comportamiento de los mayas yucatecos ante las autoridades políticas (indígenas y españolas) y eclesiásticas. Por ello prohibió a las autoridades mayas recibir dinero o cualquier otro “regalo”; por contrario, sus atribuciones las ejercerían sin costo alguno. En el mismo sentido, eliminó las costumbres que tenían los “principales y alguaciles” de recibir regalos; también buscó que estos no entregaran, en nombre del común o cabildo, gallinas, pescado, iguanas y otras cosas; sin embargo, los caciques y principales podrían entregarlos a título personal. Asimismo, eliminó la tradición de los esponsales de proporcionar a los principales presentes y regalos para poder recibir el consentimiento para el matrimonio. Quizá esta cultura de los “presentes” y festiva se entremezcló, al inicio de la conquista, con la relación que se estableció entre indios, autoridades civiles y religiosas; y que fue aprovechada para atraerlos.

Pero esta cultura política la rechazó García de Palacio. Por ello buscó limitarlos: prohibió obligar a los indios hacer “arcos triunfales, ramadas, tañendo trompetas y flautas y campanas” en el recibimiento de cualquier fraile, juez y aun alguacil, limitando estas prácticas a las visitas de obispos, oidores o gobernadores de la provincia.82 Todo apunta a que se empezaba a forjar una nueva cultura política que amalgamaba prácticas prehispánicas y españolas, aunque se intentara ordenar. Inclusive el traslado de indígenas: “hacer ir a los naturales a las fiestas u otras congregaciones lejos de sus casas cuatro o seis leguas” fue limitada a trayectos de dos leguas. En este contexto, la pregunta obligada es: ¿cuál fue la cultura electoral83 que emergió del contacto de estas dos culturas?

Los Diccionarios y Gramáticas mayas elaborados en el siglo xvi, xvii y xviii recogen las diversas voces para referir a la acción de elegir. Yeey,84 Tet, Tetaj o Tete son vocablos que refieren a la acción de “escoger o elegir”85. Pero no existe elección como sustantivo o cuando menos no se registra. Este hecho es importante porque nos permite contrastarlo con los procesos electorales para la conformación de los cabildos indígenas. Las actas de elección del cabildo indígena de Tekantó (siglo xvii y xviii), escritas en maya, nos arrojan luz sobre el nombramiento de sus integrantes. Lo primero que es importante destacar es que en el acta la palabra elección no encontró traducción, sino que se encuentra como tal en el discurso (elección). La no traducción de la palabra puede explicarse de dos maneras: no se encontró su equivalente o, para no confundirlo y vestirlo de otro sentido, se decidió mantenerlo en español, así se incorporaba una práctica que no estaba presente en dicha sociedad.86 Esta operación fue común en la negativa de la Iglesia de traducir la palabra Dios, pues de acuerdo con los cánones de aquel momento éstano tenía paralelo.

Pero las palabras que acompañan a “elección” también dicen mucho de la diferencia que existía entre los dos mundos en el problema del nombramiento de las autoridades. El concepto de elección que los mayas tradujeron lo transformaron en una locución: u thanil elección (u t’aanil elección), misma que encontramos en todas las actas, en términos literales significa “el habla de la elección”, un intento de traducción de “tratar y comunicar” sobre la elección, pero “tratar y comunicar” refieren a parte del proceso normado en las ordenanzas de García de Palacio y no al acto mismo. Pero el acta nos muestra el significado que adquirió la elección. Como hemos visto, de acuerdo con las ordenanzas, el día primero de enero debían reunirse en el edificio de la república el batab, los alcaldes (2), regidores (4), escribano y juez español para nombrar a sus nuevas autoridades. Según el acta de elección del pueblo de Tekantó del 15 de diciembre de 1687, todo parece indicar que los acuerdos para nombrar a las nuevas autoridades de república se habían hecho previamente, pues en ese día simplemente se reunieron en cabildo, en la casa real, los regidores Juan Balam, Jacinto Balam, Lucas Hix, Jerónimo Canché; los alcaldes Mateo Pool y Antonio Caamal y el escribano Mateo Couoh. También acudieron en ese momento las nuevas autoridades (alcaldes, regidores y mayordomos). Reunidos los integrantes del cabildo indígena en funciones y los nuevos, se presentaron ante Juan Dzúl, el cacique o batab.87 Juntos, incluido el batab, regresaron a la casa de la audiencia para firmar el acta y dar por concluida la elección.88 Por tanto, en ese día los miembros del cabildo trataron y comunicaron la elección con el batab, se formalizó una elección sin votación, de hecho, el acta no registra el número de votos recibidos por cada nueva autoridad, ni la deliberación para los nombramientos.

Como se puede apreciar, la elección abandonó el guion formal e introdujo la movilización electoral. Cuando menos, la elección ocupó dos días, pues previamente a la reunión en la casa del cabildo se habían logrado “los acuerdos” sobre los nuevos integrantes del cabildo, además en este momento de formalización de la elección no aparece el gobernador. El batab aguardaba en su casa. Como ha señalado Frank O’ Gorman para el caso inglés,89 el rito de la “procesión” de las autoridades del cabido saliente y las nuevas a la casa del batab supone involucrar a la comunidad no electoral en el del rito, pues si bien el acta no proporciona los pormenores de esta “peregrinación” es un hecho que no podía pasar desapercibida, cuando menos, una comitiva de más de 18 individuos caminando rumbo al domicilio del batab, y de ahí, juntos, al edificio de la república para solemnizar el acta la elección. Las autoridades que resultaron de aquella elección son enlistadas en el siguiente cuadro.

Cuadro 1.

Autoridades de la elección del pueblo de Tekantó, 1687

Alcaldes: Mateo Pool y Pedro Canul

2

Alcalde de Mesón: Francisco Koh

1

Regidores: Francisco Chale, Antonio Balam, Gregorio Dzib, Lorenzo Koh

4

Procurador: José Hau

1

Alguacil mayor: Antonio Canché

1

Mayordomo: Francisco Ek

1

Aguaciles: Pedro Kantu, Hau, Poot, Francisco Puch, José Canché, Francisco Dzib

6

Mandamiento de mesón: Diego May

1

Mandamiento de mesón: Juan May

1

Total

18

Fuente: agey, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1. exp. 1.

Es importante señalar el número de autoridades menores que forman parte de la república y cuyo nombramiento es producto de la elección (12 personas). Sin embargo, en las reuniones de cabildo únicamente tienen voz el batab, alcaldes y regidores (batab y 6 personas). Para el caso de esta elección, hay que destacar que las autoridades firmantes del acta se redujeron a alcaldes y regidores salientes y el batab.90 Lo que nos confirma que la elección es una atribución del cabildo indígena, y nos revela la ausencia del batab en el inicio del proceso, pero no en el cierre. A manera de hipótesis podemos señalar que, a pesar de las normas que suprimieron la movilización y agitación electoral, en el seno de cada una de las comunidades indígenas se llegaban a acuerdos sobre las personalidades que tendrían en sus manos el gobierno y administración de los asuntos del pueblo, una movilización que se hacía visible el día de formalizar la elección, cuando las autoridades salientes (regidores y alcaldes) acudían, junto con los nuevos, a casa del batab (en una especie de protocolo de “presentación de credenciales”) a clausurar el acto, previo a cumplir con las celebraciones religiosas. Sin duda que fueron días de “fiesta cívica” que llegaron a desbordar los ánimos, pues se tejían y entretejían intereses.

Quizá por lo anterior la Real Ordenanza de intendentes de 1786, que introdujo cambios en el gobierno y administración de la Nueva España, reformó las elecciones de las repúblicas indígenas. La Ordenanza conservó “el derecho y antigua costumbre” de los pueblos indios de elegir anualmente a sus gobernadores o alcaldes y demás oficiales de república, institución que mantuvo atribuciones en el “régimen” económico y la recaudación de tributos. Es probable que las autoridades virreinales estuvieran enteradas de las agitaciones que daban lugar los procesos de renovación de las autoridades indígenas, por ello la Ordenanza intentó eliminar las fiestas y agitaciones por motivo de elección, con el fin de evitar los “escándalos en las elecciones” que derivaban en “disturbios y pleitos”, por lo anterior, introdujo al juez español en sus juntas de elección como mecanismo de control.91

El caso de Tekantó nos ha mostrado cierto tipo de movilización o agitación electoral, lo que deja abierta la puerta a la posibilidad de conflictos electorales. Matthew Restall señala que en las elecciones de las comunidades mayas no parece haber un proceso electoral en la que se llamen a los votantes.92 Ciertamente, las actas ofrecen poca información del proceso electoral, pero en las repúblicas de indios y sus autoridades convergían muchos intereses. En primer lugar, en sus manos quedaba el éxito de la confección y actualización de matrículas tributarias; la solicitud de exenciones (malas cosechas y epidemia) y recaudación. El interés del clero también estaba implícito, pues esta misma matrícula servía como base para el cobro de las obvenciones mayores. Asimismo, en manos de la república estaba la recaudación y administración del medio real de ministros o Holpatan y los Bienes de comunidad. A finales de la época colonial estos dineros se convirtieron en jugosos recursos financieros para la deficitaria Real Hacienda provincial. Además, las repúblicas tuvieron en sus manos la facultad de disponer y distribuir entre los individuos de su república las tierras de comunidad. En segundo lugar, y de mayor importancia, al finalizar el siglo xviii la mano de obra era un bien codiciado que estaba en manos de las comunidades de indios.

Enclavada la península en un espacio geográfico considerado desde la conquista como estéril, pobre y sin posibilidades de riqueza, por el tipo de suelo y la ausencia de minerales, la población emergía como la fuente de riqueza, y las autoridades de las repúblicas tenían en sus manos la capacidad y atribuciones de distribuirla. Desde el siglo xvi las autoridades coloniales encontraron mecanismos para usufructuar la mano de obra. Los repartimientos o suministro de materia prima (algodón) entre los indígenas para la elaboración de mantas (pati) fue el mecanismo empleado para monopolizar la producción destinada para comercializar en el mercado interno y el mercado externo. Pero la forma más importante de uso de la mano de obra fueron los servicios personales. En su forma primaria, los servicios consistían en la asignación de indígenas (hombres y mujeres) a las casas de españoles para las tareas domésticas. A mediados del siglo xviii, con el desarrollo de las estancias y haciendas maicero-ganaderas la demanda de mano de obra para trabajar las milpas extensivas creció. Para asegurar la mano de obra, la legislación colonial introdujo la obligación de cada una de las comunidades indígenas de entregar, por turnos semanales, un tercio de su población para satisfacer las necesidades de mano de obra de las haciendas y estancias productoras de ganado, maíz y la incipiente industria de la caña de azúcar, tabaco y arroz. En estos repartimientos y servicios personales intervenían las repúblicas de indios. De hecho, en el protocolo que cumplían las repúblicas para entregar a las autoridades coloniales sus actas de elección, estas últimas aprovechaban el momento para entregarles sus repartimientos, es decir, las materias primas para la elaboración de manufacturas.93

En este con texto, los intereses que convergían en una elección no eran un asunto menor. En 1784, el obispo de Yucatán elaboró un informe sobre su diócesis en la que trató el asunto del gobierno de los pueblos indígenas. Señaló que estos estaban en manos de un cacique que, por medio de una terna, era elegido por el gobernador y “del mismo modo se procede al nombramiento que anualmente se hace de los alcaldes, regidores, tenientes y escribano que forman la república”;94 en otras palabras, el obispo conceptualizó un proceso electoral en la conformación del gobierno de los pueblos; aunque no usó ni la palabra elección ni votación, sino nombramiento. Un nombramiento que a finales del siglo xviii trascendía a la comunidad indígena, pues las autoridades reales y eclesiásticas tenían todo el interés en que aquellos puestos quedaran en manos de personas capaces de convergir con sus intereses.95 En 1790, en el contexto del escándalo denunciado contra Gregorio Quintana, abuelo de Andrés Quintana Roo, de hacer uso de los servicios personales para sus propios intereses, el cura de Oxkutzcab, Antonio Armas, lo señaló por intervenir en la elección de las repúblicas de indios y de obstaculizar la elección de los fiscales de doctrina.96

En 1812, en el contexto de la crisis dinástica, pero previo a la primera experiencia constitucional y sus prácticas electorales, el pueblo de Xcupilcacab propuso la renovación de su cacique. El documento en lengua maya, aunque breve, contiene importantes revelaciones. Como recordaremos, el obispo señaló que en la elección de los caciques mediaba una terna que era presentada al gobernador. En este caso, en la elaboración de esta terna intervinieron cuatro regidores y “u nuctacil uinicob” (literalmente personas respetables o mayores), esto es, el poder informal de las comunidades que Pedro Bracamonte y Gabriela Solís Robleda ha llamado consejo de chuntanes.97 En su argumentación sobre la terna, los postulantes señalaron que dos candidatos tenían experiencia en la administración por haber ocupado cargos de república; además, en el primero de la lista converge la cualidad de buen hombre (malob); en el segundo la característica de su amor al pueblo (yacun tic cah). El tercero, aunque carente de experiencia, era un buen hombre (malob uninic).98 Este caso muestra las fuerzas de poder informal de la comunidad que intervienen en las elecciones, que supone un proceso en el que se llegan a acuerdos y concesos, un proceso en que la práctica supera a las normas formales; pero además, existen criterios que rigen la elección, que deja de manifiesto el juego de poder para decidir el orden de prelación de la terna.

Estos ejemplos revelan la importancia que revestía para las autoridades intermedias la elección en las repúblicas de indios por la importancia de acceder a los recursos humanos e influir en la comunidad indígena. Este tipo de interacción, que trascendían las elecciones, pero que tenían su clímax en él, forjó una cultura electoral que normaron los comportamientos de los integrantes de la sociedad colonial. Justo Sierra O’ Reilly nos dejó un relato de esta cultura política que se había moldeado a lo largo de los siglos, una cultura que seguramente modelaba el comportamiento de autoridades indígenas, los criollos y los subdelegados; respecto al comportamiento de las personas en torno a la figura del subdelegado escribió:

Su casa era un verdadero taller de intrigas y manejos. Todos los pueblos del partido estaban en continuo movimiento para dirigirse al centro de acción, y recibir el impulso del subdelegado. No había otro esfuerzo que en tenerle complacido para obtener sus favores y protección. Decidía pro arbitrio todas las controversias: influía en las transacciones civiles y domésticas, su opinión en todo linaje de negocios era la voz de un oráculo, para él eran las fiestas de los pueblos, los bailes, las partidas de campo; todo el partido se deshacía en regocijos públicos cuando salían a practicar las visitas, y las orgias, los juegos y los desórdenes consiguientes venían en pos, todo bajo su sombra, y frecuentemente en su nombre, y algunas vez siendo el subdelegado mismo el héroe principal de estas bacanales.99

Así, indios, mestizos, mulatos y criollos convergían en la autoridad real con el mismo comportamiento. Reducido a las comunidades indígenas y la elección de su república podemos aducir que se había construido toda una maquinaría que pudiera responder a los intereses tanto de la república como de los subdelegados. En 1821, un observador contemporáneo señaló que en los días de fiesta patronal entre los indígenas corría el alcohol y la autoridad de la república encargada de controlarla era quien la distribuía: “en las puertas de los mismos obligados a evitar estos desordenes, muchas veces se encuentran con más frecuencia, porque ordinariamente, es donde salta con más abundancia, esta agua de muerte, y de donde debía esperarse el remedio del mal, sale su fomento”.100 Sin duda que estas fiestas eran la oportunidad para hablar (t’aan) sobre las autoridades y las elecciones.

De acuerdo con las cifras, al finalizar el siglo xviii más de 200 pueblos de indios tenían su república. Un censo de 1797 indica que para esas fechas había, entre gobernadores y alcaldes, 934 indígenas ocupando cargos de gobierno local, si a este dato le restamos el del gobernador o cacique que es perpetuo, entonces, cuando menos, 730 individuos de república eran elegidos y renovados anualmente.101 Sin duda que en toda la geografía provincial eran conocidas y practicadas formas de elección para el nombramiento de autoridades mayas. Por otra parte, una mirada a las autoridades de las repúblicas de indios de los pueblos de Ebtún y Tekantó revela que, en la segunda mitad del siglo xviii, el gobierno de estos dos pueblos habían quedado en manos de unas cuantas familias.102 Lo que nos conduce a proponer la hipótesis de que se había encubado una cultura política electoral entre los pueblos de indios que permitían organizar y movilizar la elección, prácticas en las que se establecían acuerdos y consensos entre los “principales de la comunidad” y los criollos para la formación de los gobiernos locales. Como muestra en su estudio Matilde Souto, estas elecciones corporativas son pieza fundamental para comprender las prácticas electorales en el contexto gaditano, pues las experiencias y aprendizajes electorales a lo largo de estos siglos se conjugaron con las elecciones gaditanas.

Voces constitucionales y electorales
en la lengua maya

La constitución Cádiz de 1812 extendió a los indígenas los derechos de ciudadanía pasiva y activa, lo que suponía participar directamente con su voto en la elección de las autoridades de gobierno local, provincial y nacional, y también ser votado para ocupar estos cargos, así que, a diferencia de las elecciones de corte corporativa, la elección quedó abierta a todos los nacidos y avecindados en territorio del imperio español, es decir, criollos, mestizos, españoles e indios, excluyendo a la población negra y sus descendientes,103 es decir, el número de electores creció. Antonio Annino ha argumentado que el sistema electoral de Cádiz no estableció la competencia entre individuos para ocupar los cargos: no se “votaba según sus opiniones políticas, sino sobre la base de la confianza que tenían en una persona”.104 Aunque Cádiz no diseñó un sistema electoral que incorporara mecanismos de movilización del voto (campañas, mítines, propaganda electoral, entre otros), planteó las condiciones para organizar y movilizar a la población en el contexto de las nuevas prácticas electorales;105 organización y movilización entendida como aquellas prácticas, estrategias y tácticas para localizar a los votantes en el lugar de la votación (o impedir que llegaran), con intensión de influir en los resultados de la elección.

La historiografía ha mostrado que la emergencia del proceso electoral gaditano, que privilegia al individuo, se entremezcló con las prácticas electorales corporativas del Antiguo Régimen.106 Característica que ha sido revelada para los casos de las primeras elecciones constitucionales de Veracruz y Cuernavaca (de consulado y de cabildos indígenas, respectivamente), elecciones en las que convergieron intereses económicos locales y prácticas electorales de Antiguo Régimen, prácticas electorales que sirvieron para llenar “las lagunas” (producto de ambigüedades y desconocimiento de la legislación) de las leyes electorales doceañista.107 En nuestro caso cobra particularmente relevancia, porque el espacio de estudio son las comunidades mayas, en el que el lenguaje común es el maya,108 y como hemos visto, en el pasado inmediato, el concepto de elección no se encontraba en la lengua, aunque las prácticas electorales eran comunes en el nombramiento de las autoridades indígenas y parte de la cultura electoral, ¿Cómo se relacionaron las comunidades mayas con la experiencia constitucional y electoral doceañista?

Hasta el momento no hemos encontrado documento alguno en lengua maya (1812-1821) que refiera directamente a la elección: convocatorias o actas de elección. Sabemos por referencias que fue traducido a lengua maya la constitución de Cádiz, “de modo que puedan entenderlo no solo los españoles sino también los indios”;109 todo parece indicar que la supresión de las repúblicas de indios y la aparición de ayuntamientos constitucionales uniformó el lenguaje de las actas de cabildo. Conocemos las actas de repúblicas de indios que se convirtieron en ayuntamiento (Caucel, Ucú, Kanasín, entre otros) y fueron escritos en español, por lo que es muy probable que el lenguaje oficial del constitucionalismo gaditano fuera el español.

A pesar de lo anterior, podemos argumentar que la cultura electoral de una comunidad, como la indígena, sin tradición del voto, fue sorprendida por la legislación gaditana que le otorgó este derecho. Como vimos líneas arriba, tampoco en su cultura existían tales prácticas, de manera que embonarlas sería todo un reto. Una representación del cacique de Tacdzibichen en la que se negaba a entregar los recursos de su pósito revela, por una parte, el desconocimiento de la norma gaditana, pero también la cultura política que se había construido en la época colonial. La importancia de esta representación radica en que primero fue escrito en lengua maya y posteriormente traducido. En el texto en maya, la demanda siguió los canales que acostumbraban, pues la dirigió al subdelegado con cabecera en Sotuta, y no a su ayuntamiento, o en última instancia a la diputación provincial. En su escrito la república de indios pidió al subdelegado (yum subdelegado) le informará si existían órdenes del Rey (Noh Ahau) y del gobernador (Halach Uinic) de entregar dichos dineros, pues el primer alcalde Juan Pacheco (in yuum alcalde —mi señor alcalde—) no exhibía orden alguna en su reclamo.110 El tracto seguido y el discurso carente de lenguaje constitucional muestran que la república de indios desconocía las nuevas instancias de gobierno constitucional, aunque paradójicamente haya participado en su elección.

El lenguaje denota la traslación de la relación paternalista colonial a las autoridades del nuevo ayuntamiento. En el ocaso de la época colonial, en la fórmula de los oficios de las repúblicas de indios el concepto Yum (literalmente señor, pero también denota respeto y autoridad) antecedía al título del Batab y las justicias: in yum batab, in yum justicias; y también al del subdelegado: yum subdelegado.111 Como podemos observar en el caso anterior, el concepto se trasladó de la república de indios a los ayuntamientos y sus integrantes: in yum alcalde. La persistencia de la figura del subdelegado en la estructura de la administración doceañista dio por entendido su continuación. El caso del Ayuntamiento de Chemax nos puede ilustrar este proceso; a la consulta de su lugar en la comunidad, la Diputación Provincial respondió:

2° El ayuntamiento constitucional debe usar de la sala o audiencia que ha sido de los indios. 3° que efectivamente han cesado los alcaldes y repúblicas de indios del régimen antiguo, y toda otra autoridad en administración de justicia económico administrativo, quedando únicamente en el actual alcalde y ayuntamiento constitucional, pero por ahora en los pueblos en los que son útiles y necesarios, los han conservado, no de gobernadores de indios, y así mismo los tupiles para la asistencia de los mesones por una justa y moderada paga.112

Sin duda que en el imaginario social operó un traslado de las atribuciones de las repúblicas a los nuevos ayuntamientos y quizá con ampliación. Pero este traslado no fue un simple remplazo de autoridades mayas, la permanencia de las repúblicas de indios en los pueblos en los que sean “útiles y necesarios” quizá fue el producto de los acuerdos entre los grupos de poder local, entre los que habían algunos indígenas. Pero también es posible que durante el primer período gaditano el lenguaje constitucional haya tenido poca difusión entre la población maya. En una circular del obispo de abril de 1813, escrita particularmente para los indígenas y con orden de ser traducido en lengua maya; el discurso paternalista puebla todo el texto; los únicos conceptos que asoman son el de ciudadano y constitución.113

En las fórmulas legales en lengua maya, pocos son los casos en los que se incorporó el lenguaje gaditano; por ejemplo, en 1814, la república de Ebtún obtuvo el estatus de ayuntamiento, y conserva dos documentos de su quehacer cotidiano; el discurso no muestra homogeneidad, de hecho un documento conserva la fórmula inicial del pasado inmediato: “Ten, justicias y regidores” (yo, las justicias y regidores), únicamente al final se encuentra la frase que evidencia su carácter constitucional: “alcalde constitucional” y las figuras de autoridades constitucionales: regidores, procurador y secretario. Aunque con el transcurrir del tiempo la fórmula se fue modificando para señalar desde el encabezado el carácter constitucional del ayuntamiento: “Ten alcalde constitucional” (yo el alcalde constitucional), y nombrar las otras figuras del ayuntamiento.114

La ambigüedad del lenguaje constitucional lo podemos encontrar registrado en los documentos en lengua maya que fueron producidos durante la restauración y en la que se filtran algunos vocablos gaditanos. Ambos documentos refieren a la restauración de las contribuciones indígenas; se caracterizan por ser escritos primero en español y posteriormente traducidos al maya. El primero fue elaborado por el Obispo en agosto de 1814. Con un lenguaje que recuperó el discurso de minoría del indígena, que suponía su protección de parte de las instituciones coloniales; el prelado empleó el concepto de “ciudadanos”, vocablo que fue vertido al maya en un enunciado (ma chembe he bix uinice), “no como personas comunes”, súbditos comunes (en la esfera de los criollos, mestizos o españoles peninsulares), sino como menores. Lo que importa destacar es el problema de encontrar palabras equivalentes en lengua maya para traducir el lenguaje constitucional, de hecho empleó la palabra libertad, pero no fue introducida, sino más bien explicada en una frase (si pit olal: permiso, licencia para realizar algo),115 pues en lengua maya no existe el concepto de libertad; en cualquier caso la traducción maya del obispo es autorización, como la que necesita un menor. En el mismo sentido, en noviembre de 1814, el gobernador escribió un largo discurso para restaurar los tributos, en el que sacó a relucir la palabra constitución. Y como era de esperarse, en su ausencia el concepto fue traducido con una frase: “hun constitucione”,116 aunque observamos un esfuerzo por adaptar el término a la lengua maya, en realidad la traducción es el papel o documento de la constitución, que no refiere a derechos y obligaciones, ni libertades.

Aunque en 1814 esta experiencia constitucional fue interrumpida con la restauración de la monarquía, sin duda el lenguaje constitucional y electoral dejó huella en la cultura política de los pueblos del interior de la provincia. A mediados de mayo de 1815 la república de indios de Takantó celebró la elección de las autoridades de su república. De acuerdo con el acta, en aquella ocasión se reunieron los “ciudadanos” (cinco individuos), para nombrar a alcaldes y regidores. Esta elección se hizo en “presencia del “ciudadano” alcalde y el cura párroco.117 Es preciso observar que ni ciudadanos ni alcaldes eran figuras políticas en las elecciones coloniales de repúblicas, mucho menos la reunión de cabildo como rito para nombrar a estas autoridades, el procedimiento anterior es el de Cádiz, pero sin el primer nivel de elección.

De hecho, la restauración constitucional gaditana revela la pujanza del lenguaje constitucional y electoral en los pueblos mayas, como lo denuncian los documentos en lengua maya, aunque con cierta ambigüedad y resistencia. Por ejemplo, una representación del pueblo de Tihosuco de 1822 fue encabezado por el segundo alcalde, los dos regidores, el secretario, dos testigos y dos regidores principales decanos, (“catul in yum dzuloob noh regidor decano”), la frase yum dzuloob noh refiere a una figura de mayor autoridad, (una autoridad moral). Cual fuera el caso, el hecho es que interviene una figura desconocida por el régimen gaditano, pero que tenía injerencia en los asuntos que despachaba el ayuntamiento constitucional. El problema denunciado en la representación es un enfrentamiento por el ejercicio de autoridad. El alcalde primero, Eleuterio Muñoz citó a los miembros del ayuntamiento en su domicilio; en el documento en maya el nombre de Muñoz tiene antepuesta la fórmula: in yum alcalde. Nótese el empleo del término yum que, como hemos indicado, supone subordinación, o reconocimiento de una jerarquía, que es usado para nombrar a Muñoz (alcalde primero) y, en principio, a la autoridad moral indígena (alcalde decano). Regresando al caso, el alcalde segundo, un indígena, acudió al llamado con la Vara de mando en mano (“machma in Vara”) y provechó para notificarle un oficio del subdelegado. Muñoz tomó como un desafió a su autoridad la forma en la que se había presentado el indígena, por lo que le reprochó:

Ca binen utial in uyc u thane in machac in Vara. Ka tu katah ten bax in bel. Ka tin ualahtie in tzicbenil yume, bicil comisión. Ca tialah ten ca in bin bes yilae. Ca tialahe bicil ma in chac in Varai tumen ma alcaldeene, ma yuntzileni, halili leyti yumtzile uchac u machic vara tumen tu cahal dzu than.118

Acudí a escuchar que tenía que decirme con mi vara en mano. Me preguntó para que era bueno, y, le presenté mis respetos y le dije que había ido de comisión. Me señaló que lo llevará [la orden] para que viera. Dijo que no debo portar Vara, porque no soy alcalde, no soy señor [autoridad], solo él es señor, y, por lo tanto, llevar la Vara.

Más allá del conflicto por la autoridad, la importancia del caso radica en que revela la ausencia del lenguaje electoral en el discurso indígena. En la traducción al español se empleó, cuando menos en tres ocasiones, palabras propias del lenguaje constitucional y de las elecciones. En primer lugar, Tomás Canche fue referido como alcalde segundo constitucional del ayuntamiento; además, el texto en español menciona una representación por motivo de las elecciones y el envío del acta de dicho proceso, un asunto que en lengua maya se omite, y solo se mencionan a los 21 individuos (21 u pol uinicoob) que representaron. El envío del acta es posible que se diera por entendido, pero también es cierto que es difícil de traducir. Además, es importante destacar que los indígenas que representaron contra el alcalde constitucional, que era encabezado por Muñoz (apellido criollo), lo hicieron como si fuera una corporación y en defensa de los agravios en contra de las autoridades mayas, es decir, actuaron como una corporación de antiguo régimen, quizá ello explique la ausencia del lenguaje constitucional. La dificultad de incorporar entre los mayas el lenguaje electoral queda en evidencia en la república de Ebtún y su acta de elección de 1823. Aunque el documento está escrito en español, y todo parece indicar que había adoptado el lenguaje electoral, lo que parece un error de dedo del secretario cuando escriben la palabra elegil en lugar de elegir;119 no es una errata, sino una muestra de la ausencia del fonema “r” en lengua maya, y las dificultades de incorporar una nueva palabra en el vocabulario indígena.

En abril de 1825, restablecidas las repúblicas de indios, pero con el propósito de recaudación, los integrantes de la república de indios del pueblo de Mani denunciaron a Luis Tun, “chichan alcalde”, en clara referencia a un rango menor de autoridad frente al “nuxi alcalde”, una autoridad mayor. Entre los cargos imputados estaba la agitación electoral con la que sembraba la división entre las autoridades de la república de indios. La agitación, aunque no en contexto electoral, la anclaba Tun en la idea de incumplir los acuerdos de la república (“ti chichic poltic lay a mektanex”) que había establecido para pagar contribuciones a la Iglesia. Además, agitaba a la comunidad difundiendo la idea de “realizar una nueva elección” (“u yuchul ulak Eleccion”); Tun hacía correr el rumor que de realizarse una nueva elección (ua ku yuchul ulak Eleccione) se dejaría de pagar tanto las contribuciones al estado como a la Iglesia.120

Es importante resaltar los dos términos usados para referir al proceso electoral: elección y eleccione. A diferencia del término analizado líneas arriba, correspondiente al período colonial, en la que la palabra elección aparecía sin traducción, en el segundo caso (eleccione) ha sufrido el proceso de incorporación a la lengua maya como un sustantivo, y aunque no traducido ha sido asimilado con su significado: un proceso electoral en la que se eligen autoridades, y en la que se emiten votos, y en cuya consecuencia puede devenir en un cambio (dejar de pagar contribuciones). A pesar de que esta revisión del lenguaje constitucional y electoral entre los mayas yucatecos revela ambigüedad y dificultades en su incorporación al vocabulario indígena, consideramos que, como en el pasado colonial, ello no supone que los mayas yucatecos hayan dejado de participar en los procesos electorales, la historiografía ha mostrado su papel en las elecciones, pero ¿cuáles fueron las prácticas y las formas de organizar y movilizar a los indígenas en los procesos electorales?

La organización y movilización electoral
en la primera experiencia constitucional

La historiografía nos ha reconstruido de forma consistente el sistema electoral indirecto de Cádiz y sus consecuencias.121 Para el caso de la elección de los nuevos ayuntamientos locales, el nombramiento de los alcaldes, regidores y síndicos procuradores serían anual, sin embargo, lejos de ser una elección directa (como era la práctica indígena en la elección de sus repúblicas), el diseño indirecto gaditano de elección estableció que, en un primer momento, se nombrarían electores, quienes tendrían en sus manos “nombraren el mismo mes a pluralidad absoluta de votos” a los integrantes del ayuntamiento.122 Una característica importante de este proceso de elección fue el requisito en los electores de ser residentes del pueblo para el que se nombraría ayuntamiento.123 La diferencia importante es la ampliación del electorado y la reunión de comunidades para formar ayuntamiento.

El decreto de la formación de los ayuntamientos del 23 de mayo de 1812 sancionó la logística para localizar a los votantes en el lugar de la elección. En términos formales estableció dos días de elección: en el primer “día festivo [primer día de elección]” se nombrarían los electores; como hemos indicado, este primer nivel suponía la participación de todos los vecinos con derecho a voto, de una o varias comunidades. Los electores agraciados con el voto de este primer nivel se reunirían en junta electoral “en otro día festivo [segundo día de elección], de dicho mes de diciembre, con la brevedad que lo permitan las circunstancias” para “conferenciar sobre las personas que puedan convenir para el mejor gobierno del pueblo, y no podrá disolverse sin haber concluido la elección”.124 De acuerdo con el Diccionario de autoridades, días festivos “son aquellos que se dedican a alguna celebridad o solemnidad”: todos los domingos y los días señalados para las festividades religiosas; en estas fechas “cesas el trabajo servil” y son días obligados de escuchar misa.125 Sin duda que el decreto se encaminaba a aprovechar estos “días de fiesta” en que se reunían los feligreses en sus pueblos a cumplir con sus obligaciones religiosas.

La organización de las elecciones para el caso de los pueblos menores fue un asunto que preocupó a las Cortes, un problema que enfrentaron muchas comunidades mayas. El mismo decreto citado contempló los problemas de reunión y/o traslado de los habitantes de algunos pueblos, que por su importancia se agregarían para formar ayuntamiento. La integración de un ayuntamiento por más de una comunidad suponía una movilización “natural” de los votantes en caso de que se estableciera un solo lugar para emitir el voto. El problema de pueblos o parroquias agregados se resolvió con establecer una junta electoral en cada una de ellas. Los casos distintos a estos la elección se haría en el pueblo que albergaba la casa consistorial, y los pueblos menores, adjuntos a él, acudirían a dicho lugar el día de la elección. El objetivo era reducir al mínimo el número de personas en movimiento el día de la votación.

La instrucción para el gobierno económico-político de las provincias delimitó las obligaciones de los ayuntamientos en el proceso electoral. El artículo 22 responsabilizó a los ayuntamientos de las elecciones anuales para la renovación de sus integrantes en tiempo, modo y forma; por ello les encomendó ocuparse de “que se avise a todos los vecinos con la anticipación suficiente al día de la elección por aquel medio que estuviere en uso, para que concurran a ella”.126 Esta atribución de los ayuntamientos embonaba con la obligación que tenían de ser los encargados de circular todas las órdenes del Jefe Superior Político; y con la vigilancia impuesta a este último de cuidar se efectúen las elecciones anuales para renovar los ayuntamientos.127 Queda entonces en manos de los ayuntamientos fijar el “calendario electoral”, con el visto bueno del Jefe Superior Político.

Sin duda la legislación emanada de las Cortes de Cádiz había puesto las bases que serían la plataforma para organizar la logística de las elecciones. Cádiz aprovechó los días festivos, que congregaban a los vecinos en sus pueblos, para asegurar la participación de los ciudadanos en el proceso electoral; también hemos constatado la preocupación por reducir las distancias para “facilitar” el traslado del ciudadano al lugar de la elección, como en el caso de aquellos pueblos que se reunirían para formar ayuntamiento, pero también llevaba implícita la idea de no permitir la movilización de “grandes masas”. Al encargar a los ayuntamientos las primeras elecciones, la primera experiencia doceañista excluyó a las comunidades indígenas hispanoamericanas de la organización del voto.

En Yucatán, el 14 de octubre de 1812 fue publicada la constitución de la monarquía española. De inmediato, el Ayuntamiento de Mérida presionó para que se hicieran las elecciones para nombrar a su ayuntamiento constitucional. El 20 de octubre fueron electos los integrantes de su cabildo y pidió que fuera publicada la constitución en los pueblos para proceder a elegir y formar los ayuntamientos.128 A mediados de diciembre, el síndico procurador, José Francisco Bates, expuso el problema que vislumbraba en las elecciones de los pueblos del interior; y atribuyéndole al ayuntamiento la tarea de ser un “cuerpo destinado para mirar por la felicidad pública” y guardián de la constitución, señaló la importante tarea del ayuntamiento de la capital ante las “elecciones de electores y juntas de parroquia de los pueblos”; sobre todo ante la inminente intervención del “poderoso influjo de los curas y subdelegados” en los pueblos del interior, por lo anterior propuso al ayuntamiento “remitir comisionados a los pueblos con el objeto de instalar los ayuntamientos, instruyendo a los vecinos que no podrán de otra manera obrar”.129 Los Sanjuanistas se preparaban para movilizar e influir en las elecciones del interior de la provincia.

De acuerdo con las evidencias todo el año de 1813 fue electoral. De enero a octubre se realizaron paulatinamente elecciones en los pueblos del interior. Para el mes de mayo todas las cabeceras de partido (17) tenían instalado sus ayuntamientos. Simultáneamente fueron formándose otros ayuntamientos en todo el espacio peninsular. Como hemos indicado, los decretos de las Cortes sobre las elecciones no establecieron los mecanismos para la formación de ayuntamientos en aquellos lugares que no lo hubieran tenido, como los pueblos yucatecos que únicamente tenían su república de indios. Nuestras indagaciones revelan que fueron los subdelegados los encargados de encabezar la formación de los nuevos ayuntamientos, como en los casos del pueblo de Sahcabchen y Chicbul. En ambos lugares el subdelegado colonial se encabezó la elección: “el 23 de junio me puse en marcha para el pueblo de Sabcahchen a poner en práctica la instalación de su ayuntamiento, que verifiqué el día 25 […] inmediatamente pasé al pueblo de Chicbul, y verificada igual operación el día 28”. En el caso de la elección en Chicbul, participó el cura interino. Así que los temores del ayuntamiento de Mérida de que los curas y subdelegados fueran los encargados de formar los nuevos ayuntamientos no eran infundados; en la jurisdicción de sus partidos, los subdelegados fueron los encargados de poner en planta los nuevos ayuntamientos. ¿Por qué le preocupaba al Ayuntamiento de Mérida la participación de los subdelegados?

A finales de la época colonial los subdelegados habían tejido redes familiares que habían organizado el flujo de la riqueza provincial en todo el interior de la provincia. Para poder gobernar, las autoridades con nombramiento real establecían lazos que les permitía desempeñar su cargo, pactando con las oligarquías locales acuerdos de donde emergían los subdelegados. En no pocas ocasiones estos funcionarios del interior de la provincia fueron acusados de monopolizar y utilizar su cargo para su beneficio personal.130 Los nuevos ayuntamientos constitucionales romperían aquellas redes construidas por los subdelegados o, cuando menos, era la oportunidad de cambiar el flujo del poder, o de restablecer las amplias jurisdicciones territoriales previas a las reformas borbónicas. Por ello, desde diciembre de 1812 el Ayuntamiento de Mérida señaló:

convencido […] de la necesidad conciliar la confianza de la provincia sobre sus intenciones que son las de procurar el progreso de los ramos de la agricultura, industria, artes y comercio convida a los regidores de los pueblos y demás lugares, como espera que cooperando a tan sagrados objetos pueda lograrse el fin para que fueron empleados, y dejar satisfechos a la nación, al público y a su consciencia.131

En otras palabras, el ayuntamiento de la capital provincial tenía fundadas esperanzas en que el nuevo orden político le permitiera establecer una nueva relación con los pueblos del interior, una nueva distribución de las fuerzas económicas que convirtiera a Mérida en la punta de lanza del comercio provincial. La cultura electoral practicada por los subdelegados en el nombramiento de las autoridades de las repúblicas de indios era un obstáculo a estos planes. Veamos el comportamiento de los subdelegados en un caso paradigmático que nos revela cómo se amalgamaron las prácticas de movilización electoral de Antiguo Régimen y constitucionales, y que tenían un claro efecto sobre el control de las comunidades.

En el ocaso colonial, Izamal era cabeza de partido, pero sin ayuntamiento. Las elecciones en esta jurisdicción nos permiten ver la movilización para la elección de electores (aunque entremezcla elecciones a la diputación provincial, diputado a Cortes y ayuntamiento, las condiciones de las primeras elecciones doceañistas son similares). Observemos la formación de su ayuntamiento. La norma empleada para organizar las elecciones fue el único ejemplar de Constitución que había sido remitido a aquel lugar para su publicación; así que “sin reglamentos, sin persona alguna próvidas en materias de esta naturaleza en nuestro pueblo, todo era nosotros confusión, cada paso era un tropiezo, cada punto un cerro impenetrable de dificultades”.132 Así que con la escasa información proporcionada por la constitución sobre la elección de ayuntamientos, la única norma informal a la mano era la cultura electoral colonial. Las elecciones fueron organizadas por Ignacio Rivas, militar y ex subdelegado, en quien los electores confiaron por su amplia experiencia en la administración y gobierno,133 y por supuesto, en cuestiones electorales por haber integrado el ayuntamiento de Valladolid. La actuación de Rivas nos muestra esa amalgama de la cultura electoral colonial y la doceañista, pues para movilizar a los votantes y lograr una votación que respondiera a sus intereses echó mano de gente cercana a él:

Se junta el vecindario para elegir su correspondiente número de electores, para nombrar alcaldes, regidores, y síndicos: cuanto hizo y trabajó por sacar a los que formamos esta corporación, nos constan en general, y a cada uno en particular, pues juntos y separados cooperamos a ello, según sus instrucciones, aunque siempre, por lo que soy yo, lo protesto con miras de prosperar este feliz pueblo. Como fuesen públicas, las intrigas, cohechos, y demás de que por sí, y por nosotros se valió […].134

A pesar del control que Rivas y su grupo tenían de la elección, y de todos los pasos que habían dado para lograr la votación del ayuntamiento a su modo, en los momentos más ríspidos en el que los ciudadanos pedían la nulidad de las votaciones y que amenazaban los resultados, acusó a los ciudadanos que reclamaban de tumultuosos y mandó traer a las tropas para excluirlos de la elección; así Rivas hizo valer su capital social, política y militar. La recompensa para aquellos que siguieron de cerca las ideas de Rivas, y que contribuyeron activamente a la movilización del voto, fue formar parte del ayuntamiento, y él logró integrar la primera diputación provincial. Pero esta forma de actuar de Rivas no fue única, el ex subdelegado de Hunucmá, Tomás Heredia, también usó su capital político y militar para controlar a las autoridades locales: “desde la instalación del ayuntamiento no tuvo otro norte sino desacreditar esta corporación y a su alcalde, intimidando al pueblo con el aparato mímico de la tropa y armas, valiéndose en fin de todas las mañosas arterías de los déspotas para evitar que se escape de sus manos el gobierno absoluto del desagraciado partido de Hunucmá”.135 Así que las corporaciones y las relaciones clientelares fueron clave en la movilización del voto en este primer momento. En realidad, las elecciones de Cádiz únicamente hicieron aflorar la cultura electoral de la época colonial. A manera de hipótesis podemos señalar que las elecciones gaditanas demostraron que en las “elecciones cerradas” de las repúblicas de indios, si bien no había votos, en los acuerdos para la formación de estas corporaciones participaban activamente criollos, mestizos e indígenas, tal y como nos dejó ver esta coyuntura electoral; la diferencia es que ahora el número de participantes se había incrementado.

En otros pueblos la organización de las elecciones se apegó a las normas gaditanas, inclusive tuvieron a la mano las normas para organizarlas (leyes constitucionales y decretos). En Ticul la organización para las elecciones de diciembre de 1813 siguió los líneamientos legales. La población de la cabecera y sus “anexos” (Nohcacab y Pustunich) fueron convocados para el primer domingo de diciembre (día festivo), y con el ritmo del “toque del ave María empiecen a congregarse en las casas consistoriales de esta población para las votaciones”; para hacer del conocimiento de los ciudadanos dicha convocatoria se ordenó anunciarlo por medio de carteles y por bando en las calles del pueblo,136 de esta manera se enteraba a la población alfabeta y no alfabeta. No sabemos más del desarrollo de esta elección, pero quizá no fue problema trasladar a los pueblos menores para votar, pues, como en todos los pueblos menores de la provincia, era habitual cumplir con sus obligaciones religiosas trasladándose al pueblo cabecera, como lo revela el obispo para esas mismas fechas: era una práctica y obligación “llevar y traer haciendas, ranchos o auxiliares para que les digan misa, administren los sacramentos”.137 Una práctica que embonaba con la organización de las votaciones y que abría camino para la movilización electoral; pues acudieron como corporación o bloque a la elección.

La formación del Ayuntamiento de Caucel revela los pactos entre los grupos. El domingo (día festivo) 20 de febrero de 1814, el alcalde de Mérida, Bacilio María Argaiz, se trasladó al pueblo, antes anexo a la ciudad capital, para encabezar la elección. Previa convocatoria, aquel día se reunieron los ciudadanos a nombrar a sus electores. En el proceso de elección de la mesa directiva quedó sembrado un indígena: escrutador Felipe Ek. El proceso de votación y su escrutinio arrojo los siguientes resultados.

Cuadro 2.

Elecciones del Ayuntamiento de Caucel, 1814

Votación para nombrar electores

Votación para elegir ayuntamiento

Votos

Votos

Duración

Felipe Ek

64

Sixto Barrera

Alcalde

9

2 años

Sixto Barrera

51

Felipe Ek

Regidor

15

2 años

Miguel Martín

49

Miguel Martín

Regidor

15

2 años

Victoriano Mena

48

Santiago García

Regidor

11

1 año

Mariano Ávila

47

Victoriano Mena

Regidor

12

1 año

Alejandro Aguilar

43

José García

Procurador

10

1 año

Leonardo Canul

43

Santiago García

37

Juan Rivero

37

Tomás Noh

34

Santiago Herrera

33

Santiago Canul

30

Juan García

29

Jose Urtecho

27

Apolonio Martín

23

Mariano Aguilar

22

Fuente: Libro de acuerdos de la municipalidad de Caucel, en Biblioteca Yucatanence, Fondo Reservado, lmep-170.

Las cifras nos pueden indicar algunos de los acuerdos previos a la elección. La elección de electores es un asunto que podría guardar cierto grado de “libertad” o cuando menos podría salirse de control.138 Como se puede apreciar, en el primer nivel de elección Felipe Ek, por su apellido, un indígena,139 fue el que obtuvo el mayor número de votos, una cuestión explicable en una comunidad compuesta en su mayoría de indígenas. Esta participación masiva de la población maya también explica que desde el inicio fuera parte de la mesa encargada de recibir los votos. En este mismo nivel recibieron votación favorable dos indígenas más.

Al siguiente domingo, (tiempo suficiente para la movilización electoral y establecer acuerdos y pactos) el resultado deja traslucir los acuerdos. Encabezada de nuevo por Argaiz; Felipe Ek y Santiago Herrera fueron nombrados escrutadores, pero en esta ocasión Ek no obtuvo la mayoría de votos para ocupar el cargo de alcalde, pero si encabezó la de regidor (aunque paradójicamente obtuvo 15 votos, mucho mayor que los 9 sufragios de Sixto Barrera). Si partimos del hecho de que en aquella elección estuvo ausente Victoriano Mena, es evidente que Ek fue capaz de pactar el voto de todos los electores a su favor para ocupar el cargo de regidor (ganó por unanimidad), más no el consenso para ser alcalde, este último un cargo de mayor importancia, como revela el estudio de Diana Birrichaga. De haber quedado sujeto su destino a un voto étnico, Ek no hubiera ocupado el cargo de regidor, pues en aquella junta solo había dos indígenas más. Pero el caso de Barrera demuestra que la junta no tenía un consenso en la elección de alcalde, y que quizá llegó a acuerdos previa a la elección para asegurar nueve votos, suficientes para ocupar el cargo. Después de todo, en aquella elección hubo tiempo para llegar a acuerdos, pues como nuevo ayuntamiento pasó por el proceso de solicitud, aprobación y elección.

La restauración constitucional
y las prácticas de movilización

La restauración constitucional de 1820 dejó ver la conformación de una nueva cultura electoral. La historiografía local ha revelado la movilización electoral de las fuerzas armadas que influyeron en los resultados de las elecciones,140 pero aún falta por conocer la dinámica electoral en aquellos pueblos de la provincia que no tenían unidad militar. La convocatoria emitida por la autoridad local en 1820 muestra las prácticas electorales que habían emergido de la primera experiencia constitucional:

En cada uno de los pueblos de la provincia aunque [no] sea cabecera de curato deben celebrarse juntas parroquiales para proporcionar a los ciudadanos la comodidad de votar en sus casas propias vecindades y evitar la molestia y prejuicios de caminar algunas leguas todos los habitantes de un pueblo para votar en la cabecera o la injusticia de privarlos por este medio del uso de mes [sic] derechos cuya resactado [sic] sería que las elecciones [fue]cen [sic] como debe ser el producto de la voluntad general de los pueblos, sino solo de las cabeceras que hacen la parte menor de la población por haberse puesto a la mayor de imposibilidad moral de concurrir con sus sufragios.141

La cita muestra que durante la primera experiencia constitucional se debieron trasladar una gran cantidad de ciudadanos de las comunidades menores a los pueblos mayores, una movilización con tintes electorales, pues como comunidades pequeñas acudían como cuerpos a las votaciones; sin embargo, muchas no participaban en las elecciones y además, los pueblos cabecera donde se asentaban los ayuntamientos eran los que nombraban al cuerpo capitular. La solución planteada en esta nueva etapa electoral fue instalar mesas de votación en todos los pueblos, sin importar si eran o no cabecera de curato, es decir, en los pueblos anexos, se movilizarían únicamente los pocos habitantes de ranchos y haciendas.

En este contexto, la instrucción enviada al Ayuntamiento de Izamal señaló que la convocatoria se haría por medio de “bando y carteles públicos, a todos los ciudadanos de ese pueblo y de los demás de su comarca”, es decir, a la cabecera se unirían los poblados de su jurisdicción que no tenían derecho a formar ayuntamiento; de manera que el territorio electoral del ayuntamiento de Izamal estaría integrado por Izamal (pueblo cabecera) y los poblados sin derechos de formar ayuntamiento: Pixilá, Xanaba, Sudzal, Kantunil y Sitilpech.142 Pero dejar en manos de los pueblos menores la elección no suponía sacar las manos de ella, pues se distribuirían los alcaldes y regidores para presidir la elección de cada lugar.143 El control sobre los resultados de la elección fue un asunto que atravesó el proceso electoral de 1820. Los interesados urdieron y conjugaron prácticas para lograr sus fines. Así, a pesar de que en la elección de los pueblos de Euan y Ekmul, que se unirían para formar ayuntamiento, se ordenó celebrar elecciones parroquiales en ambos lugares, y con ello reducir el traslado de las vecindades. Lo cierto es que 146 ciudadanos de Ekmul fueron movilizados para votar en Euan, que sería cabecera de ayuntamiento.144 Quizá el objetivo fuera demostrar su jerarquía, pero los traslados también suponían movilizar “cuerpos de votantes”.

En Dzemul la movilización electoral de parte de los grupos de poder no dejó lugar a dudas. Para las mismas fechas de las votaciones de Izamal, en el pueblo de Dzemul se enfrentaron “partidos”. El problema emergió cuando “seis u ocho genios díscolos a quienes desagrado la elección”, escandalizaron la junta para impedir la formalización del proceso. Al día siguiente, los inconformes con los resultados celebraron nueva junta parroquial “de solo ellos y unos pocos a quienes obligaron con amenazas y cárcel a votar por las personas que se les prescribían.” De acuerdo con el jefe superior político, aquellos hechos habían restringido la “libertad del pueblo” por “medios tan odiosos y tiránicos”. Días más tarde, la autoridad señaló que el problema no era la división del pueblo en “dos partidos”, sino la observancia de las normas electorales, lo de menos es “la animosidad con que se chocaron los partidos en las últimas elecciones de ayuntamiento, [aunque] ha enardecido sus espíritus y los tiene dispuestos a censurar con exceso los unos, las acciones y palabras de los otros, y talvez a fingirlas”.145 Luego, la movilización electoral era un asunto previsto, pero sin infringir las leyes ¿cuáles son los límites de la movilización? El caso de la elección del ayuntamiento de Espita, en el oriente de la provincia, nos puede dar una respuesta.

En las elecciones realizadas en aquel pueblo se negó el derecho de ciudadanía a varias personas por “protestas y tachas sobre defectos no mencionadas en la constitución”, además, Pablo Peniche se presentó “en el acto de las votaciones” a cobrar las contribuciones a los indígenas, “ahuyentándolos de este modo”; quizá el objetivo no era cobrar, sino evitar el voto. En ambos casos se impidió que los votantes ejercieran su derecho, es decir, se desmovilizaron a los votantes. Además: “Don Manuel Beitia, don Diego Rosado y don Manuel Esteban Rivas que se esparcieron por los ranchos de las comarcas a impedir que sus habitantes asistiesen a las elecciones prodigándoles licor y valiéndose de otros medios reprobados con los cuales y con sus arbitrios en la junta y la irresolución del presidente hicieron interrumpir las elecciones ya principiadas”.146

El problema con estas elecciones que obligaban a anularlas y a convocar de nuevo a los ciudadanos es la violación de “la libertad en las votaciones”, es decir, poner obstáculos a los ciudadanos para ejercer el voto, en ambos casos se impidió que el ciudadano se presentara a la mesa de votación, con una errada aplicación de la ley, pues en ambos casos, la probable acusación (suspensos de derechos —individuos con tachas y deudores de la Hacienda—) no era del todo comprobable. La elección del año siguiente de Valladolid nos puede ayudar a comprender mejor la movilización y sus límites. En la elección de 1821 varios vecinos acusaron que la elección estuvo viciada por el “soborno” para movilizar a los electores, prácticas de varios individuos que tuvieron como objetivo que los ciudadanos, en las juntas parroquiales y la junta de electores, “eligiesen a personas determinadas”. En el primer nivel de elección, la forma de soborno fue distribuyendo entre ellos aguardiente y “ofreciéndoles libertarlos de las cargas concejiles”. En el caso del segundo nivel, retuvieron a los electores “desde el mediodía del ocho, ya no les permitieron salir hasta el día siguiente para ir a las elecciones de los empleos municipales”. En este caso el problema no fue reunir a los electores y quizá convencerlos para que emitieran su voto a favor de cierta persona, sino “quitándoles con este hecho la libertad que deben tener de reunirse privadamente donde quieran para conferenciar antes de presentarse en la junta electoral”.147 Por tanto, llegar a acuerdos y consensos entre votantes y electores, o formar grupos para movilizar la elección, no fue un asunto prohibido ni desconocido en la primera experiencia constitucional. Pero dicha movilización tiene sus límites en el uso de medios y/o recursos para convencer a los votantes de sufragar en favor de alguien; pero depurada de esta mácula, la movilización electoral fue una práctica aprobada y común que explica, inclusive, el uso de papeletas con el nombre de los votados.

Así, el pueblo de Pich celebró sus elecciones en este mismo marco. El día señalado se reunieron los electores para nombrar al cuerpo capitular. Todo parece indicar que habían llegado a un conceso sobre los integrantes del nuevo ayuntamiento, pues el procedimiento inició con la entrega que hicieron de las listas con sus votos al cura fray Vicente Argaiz:

El párroco acostumbrado a entrometerse en funciones contrarias a su ministerio recibió los votos de los electores arrebatándolos de las manos de algunos de ellos las citadas listas, las que testó y entrerrenglonó, y despreciando las de los cinco primeros nominados porque no se acomodaron los sujetos elegidos, excepto los nombrados por los tres electores restantes […] seguidamente hizo publicación de los elegidos por estos, los juramentó y puso en posesión de sus empleos.

Al concluir el proceso el cura y los electores acudieron a la iglesia a celebrar la “misa de gracia y Te Deum de costumbre”. De vuelta a la casa consistorial, en vista de los procedimientos, el cura y el alcalde acordaron declarar nula la elección, fijando el domingo siguiente como fecha para celebrar nuevas votaciones. Aunque no se explica el motivo de la nulidad, podemos señalar que en un primer momento se dio por válido el uso de papeletas,148 y aventurar que la nulidad fue por no contabilizar los votos contrarios a los intereses del cura. Para el día de la nueva elección, el cura había llegado a acuerdos para que sus “electores parciales” fueran favorecidos.

En síntesis, la elección del pueblo de Pich había seguido los cursos normales hasta el primer nivel de elección, la complicación fue en el nombramiento de los miembros del cabildo. Como se pude deducir, los electores habían acordado previamente quienes serían los integrantes de la corporación; podemos presumir que sus listas traslucían los acuerdos; pactos en los que quizás no participaron el cura y el alcalde. Cuando estos descubrieron la “conspiración”, alteraron el procedimiento para declarar nula la elección y así celebrar una nueva para poner a sus correligionarios; artimaña electoral que también podemos presumir habían acordado antes. Así los agraciados “tienen colusión con dicho cura y por lo mismo se adhieren y sujetan a la opinión de este que los domina y maneja a su voluntad”.149

Como hemos indicado, una de las fuerzas políticas que movilizaron las elecciones en 1820 fueron las fuerzas armadas, como es el caso de la elección en el Carmen de 1820, pero importa de nuevo el caso porque en el proceso se emplearon papeletas. Desde la publicación de la convocatoria el alcalde constitucional inició la movilización para construir un ayuntamiento a su modo. Sin embargo, para llegar a dicho resultado era importante controlar una variable fundamental: aquel lugar era un presidio, por tanto, “la mayor parte de esta población es de militares”, el riesgo era crear un ambiente que enfrentara a la población y las fuerzas armadas. Más aún cuando la noche anterior a la elección, el alcalde había expresado “no necesitaba a las tropas para la elección”.

El día de las votaciones la casa consistorial estaba custodiada por “centinelas paisanos [que] privaban la entrada a los ciudadanos soldados”, es decir, milicianos intimidando a las tropas regulares, cuestión que recreaba un ambiente tenso. Ante aquella situación, Rafael Montalvo llamó en privado al alcalde en “un cuarto separado a presencia de viarios”. El alcalde explicó aquella medida como resultado de un acuerdo cabildeado en la madrugada entre Juan Álvarez, varios regidores, otros vecinos y el secretario del ayuntamiento, tras descubrir “cinco listas o papeletas” que circulaban entre los soldados por orden del teniente Ignacio Acal.

Con estas medidas el alcalde pretendió ordenar y controlar la elección, así que bajo un fuerte dispositivo votaron el alcalde, los integrantes de la mesa electoral, “la oficialidad, tropa y la mayor parte del paisanaje”. Sin embargo, al percatarse el alcalde que las votaciones resultaban contrarios a sus intereses, activaron el acuerdo de la madrugada y cuestionaron el uso de las papeletas que empleaban los militares, que eran idénticas a las descubiertas la noche anterior. En la junta rondó la propuesta de suspender sus derechos a los implicados directamente y hacer venir a los militares que habían votado con papeles para expresar “si era su espontánea voluntad la que acaban de hacer”. La situación se puso más tensa cuando el alcalde expresó: “protesto sres. contra la fuerza, que los militares me oprimen la libertad”. Ante esta situación, el teniente de dragones ordenó el retiro de las tropas a sus cuarteles, para conservar la tranquilidad, pero antes de marchar le indicó al alcalde “que en mi casa me tenía a su disposición”.150 Sin duda dejaba abierta la puerta para llegar a acuerdos.

En las averiguaciones sobre los hechos, el síndico procurador sacó a relucir que el objetivo del alcalde era obtener su reelección y las de sus correligionarios. Para dicho fin, el tiempo de la convocatoria (bandos y carteles) se redujo a tres días, “tiempo insuficiente” para que concurrieran los “vecinos de los ranchos comarcanos” y que impedía “bajasen los militares dispersos” en diversos pueblos menores. Pero la acción del alcalde no paró ahí, la noche anterior a las votaciones para nombrar al cuerpo capitular, reunión en el domicilio de Juan Álvarez a “mucha plebe” entre las que distribuyó “aguardiente que lo destila el mismo”, y en la que trabajó con la idea de arrancar por el “dinero en el estado de aquella embriaguez”.151 Cual fuera el motivo de la movilización de las dos facciones que se disputaban la elección, el dictamen dejó en claro que las papeletas eran reflejo de acuerdos y consensos, legítimos para movilizar la elección:

La circunstancia de haberse presentado muchos ciudadanos a votar llevando escrito en papeletas los nombres de las personas a quienes daban sus votos, aun junta con la de contener los papeles unos mismos sujetos, ni es razón para no admitir sus votos y menos para rechazarla los de los votantes que sin llevarlas proferían los nombres de los que elegían, aunque estos se hayan en dichas papeletas, pues bien pueden convenir muchos ciudadanos libre y espontáneamente en nombrar a unos mismos. Tampoco baste que algunos militares que la llevaban, hubieran dicho que la habían recibido de su cabo, era necesario que expresasen en la junta parroquial que no sea su libre voluntad votar los contenidos en ellas, en cuyo caso habiéndoles manifestar sus votos libres, debían ser excluidos al cabo que intentó cohecharlos y cualquier otro que hubiera intervenido en lo mismo, más no a los que espontáneamente quieran votar por las mismas listas o semejantes.152

La extensa cita muestra las diferentes tácticas que se pueden emplear para movilizar el voto. Por una parte, una elección sin candidatos supone la existencia de tantos votados como votantes, y en el menor de los casos, como tantas familias. Pero en los hechos no se presenta tal caso. Lo que supone que días previos a la elección (votación para electores o ayuntamientos), se llegan a acuerdos que permiten reducir el número de votados y estos se manifiestan en las papeletas o en la tendencia que muestren los votantes al enunciar en voz alta el nombre de sus votados, lo importante es que no sea obligado el votante; lo que supone que puede ser “convencido” de sufragar en favor de ciertas personas, aunque fuera impuesto puede converse, y al manifestarlo de viva voz elimina la coerción. Por otra, el consenso que puede movilizar el voto es la opinión pública. Lo anterior explicaría el papel de la prensa que construye y destruye figuras o “candidaturas”,153 pero en ausencia de esta; los espacios de sociabilidad pueden ser el vehículo para generar el consenso hacia una persona. Tal es el caso de las comunidades indígenas y como actuó en Izamal el ex subdelegado Rivas.

Pero en otros lugares las tácticas para nombrar a los electores omitieron las órdenes. En las elecciones de Ayuntamiento de Seybaplaya, los pueblos de Hool y Sihochac, anexos a la cabecera, debieron celebrar elecciones para nombrar a sus electores, sin embargo, el alcalde no “mando celebrar juntas parroquiales” en ellos. La actuación del alcalde y los resultados de la elección hicieron emerger sospechas sobre sus fines: “si no hubiera infringido el alcalde estos artículos, con tan poco temor, y con notables perjuicios de aquellos pueblos, no se diría que la idea que llevaba en esto fue la de hacer a los electores a su antojo, para que de este modo lo eligiera de nuevo alcalde”. Pero el reclamo a esta forma de movilizar el voto para obtener su reelección no revela un empoderamiento coyuntural sino una de larga tradición. De acuerdo con Pablo Crespo, el alcalde había ocupado el cargo de juez español, además, ejerció el mando en los seis meses que había transcurrido entre la restauración de los ayuntamientos y la nueva elección, “y si no es aventurar mucho en decir que si las elecciones posteriores se han de hacer a su arbitrio, cuando no resulte reelecto para de aquí a dos años, logrará poner un sujeto a su gusto que no haga otra cosa que lo que él quiera”,154 en otras palabras, se echaba mano del capital político para movilizar a los electores para influir en los resultados.

Consideraciones finales

La emergencia del régimen constitucional gaditano introdujo formas inéditas de nombrar a las autoridades para el gobierno de los pueblos. Aunque las elecciones no eran un asunto desconocido en la experiencia de los pueblos coloniales yucatecos, en ellos solo participaban directamente un reducido número de indígenas, que con el tiempo habían consolidado su poder local. Pero detrás de estas elecciones estaban ocultas las fuerzas locales, pues si bien se reducían al gobierno local, era clave para las elites criollas, pues de ellas dependía la producción de la riqueza local.

La constitución de Cádiz introdujo los ayuntamientos para el gobierno de los pueblos y amplió la base electoral, lo que hizo que toda la comunidad tuviera participación directa en la elección de sus gobiernos. En Yucatán, las prácticas para formar los gobiernos locales hicieron emerger las fuerzas criollas que se enfrascaron en disputas para ocupar los cargos de los ayuntamientos. Los criollos yucatecos sabían de la importancia de estos cargos para disponer de la fuerza de trabajo y de los medios de producción de riqueza, pues la misma constitución y la diputación provincial yucateca dejó en sus manos las facultades para disponer de la fuerza de trabajo (obligación mínima de trabajo), la venta y distribución de tierras, entre otros aspectos clave.155 Por lo anterior, en toda la geografía estatal (criollos y curas) echaron a andar mecanismos para movilizar a los votantes, tácticas que tocaban los linderos de la ilegalidad.

Nuestra revisión del discurso en lengua maya revela que el lenguaje constitucional y electoral fue ambiguo y que es muy probablemente que las comunidades mayas hayan visto en las prácticas electorales gaditanas una simple ampliación de la base electoral, lo que los convirtió en personas activas en los procesos electorales. Así que parafraseando a Matilde Souto, los mayas y criollos yucatecos radicados en los pueblos pusieron en práctica sus aprendizajes y experiencia electorales de Antiguo Régimen, que mezclaron con las normas gaditanas; por ello, trasladar pueblos menores a un pueblo cabecera no era una cuestión nueva, lo novedoso era llevarlos a la mesa electoral a depositar, registrar o pronunciar su voto, verdadera movilización de comunidades electorales, que sin duda llevaban consignas del voto. Para movilizarlos o desmovilizarlos se emplearon diversas estrategias: reparto de alcohol, uso de papeletas, reducir el período de elección, entre otras; mecanismos que a lo largo del siglo xix se irán transformando, para pasar del simple reparto de alcohol a banquetes electorales, como muestra el estudio de Edwin Alcántara, contenido en este mismo volumen. Paradójicamente, la emergencia de las fuerzas vivas de la política en los pueblos de la provincia yucateca terminó por excluir a los mayas de los puestos de gobierno, espacios que antes gobernaban a través de las repúblicas de indios.

Fuentes Consultadas

Archivos

agey ︱ Archivo General del Estado de Yucatán.

agn ︱ Archivo General de la Nación, México.

ahay ︱ Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán.

by ︱ Biblioteca Yucatanense.

Hemerografía

Alcance al Misceláneo, Mérida, 1813.

Bibliografía

Amaya Chumba, Liliana, “Las finanzas locales de la provincia de Yucatán: los propios y arbitrios y el fondo de comunidad (1766-1812)”, tesis de licenciatura, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2002.

Annino, Antonio (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica. De la formación del espacio político nacional, Uruguay, fce, 1995.

, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821” en Antonio Annino, (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica. De la formación del espacio político nacional, Uruguay, fce, 1995, pp. 177-226.

Augeron, Mickaël, “Las grandes familias mexicanas a la conquista de las subdelegaciones costeras: el ejemplo del clan Peón en Yucatán (1794-1813)” en Laura Machuca Gallegos (coord.), Grupos privilegiados en la península de Yucatán, siglos xviii y xix, México, Ciesas/Conaculta, 2014, pp. 91-120.

Arroyo, Israel, “Introducción: giros latinoamericanos y nueva agenda académica sobre el siglo xix” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana, México, Instituto Mora, 2016, pp. 17-51.

, Divisiones electorales y representación política. Partidos y municipios, Atlixco 1820-1835”, en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora/tedf, 2016, t. i, pp. 221-191.

Bellingeri, Marco, “Las ambigüedades del voto en Yucatán. Representación y gobierno en una formación interétnica 1812-1829” en Antonio Annino, (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica. De la formación del espacio político nacional, Uruguay, fce, 1995, pp. 227-290.

Bracamonte y Sosa, Pedro, Amos y sirvientes: las haciendas de Yucatán, 1789-1860, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1993.

Bracamonte y Sosa, Pedro y Gabriela Solís Robleda, Espacios mayas de autonomía. El pacto colonial en Yucatán, México, Universidad Autónoma de Yucatán, 1996.

Beltrán de Santa Rosa, Pedro, Arte de idioma maya reducido a succintas reglas de semilexicón yucateco, México, Con licencia en México por la viuda de Joseph Bernardo de Hogal, 1746.

Burke, Peter y R. Po-Chia Hsia (eds.), La traducción cultural en la Europa Moderna, Madrid, Akal, 2010.

Campos García, Melchor, “Faccionalismo y votaciones en Yucatán, 1824-1832”, Historia Mexicana, vol. 51, número 1, pp. 59-102.

“Que los yucatecos todos proclamen su independencia”. (Historia del secesionismo en Yucatán, 1821-1849), Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2013.

Campos García, Melchor y Roger Domínguez Saldívar, La diputación provincial en Yucatán, 1812-1823. Entre la iniciativa individual y la acción del gobierno, Mérida, México, Universidad Autónoma de Yucatán, 2007.

Castillo Canché, Jorge, “Primeros momentos del reformismo borbónico en Yucatán. La administración de Lucas de Gálvez”, Unicornio. Suplemento cultural de Por Esto!, Mérida, 12 de abril de 1998.

, “La pobreza en Yucatán. Ideas, instituciones y prácticas sociales, 1786-1856”, tesis doctoral, México, Colmex, 2002.

Chust Calero, Manuel, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz: (1810-1814), Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente/uned Alzir-Valencia/Fundación Instituto Historia Social, 1999.

Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortés generales y extraordinarias desde el 24 de septiembre de 1811 hasta el 24 de mayo de 1812, Madrid, Imprenta Nacional, 1820, vol. 2.

Constitución política de la monarquía española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Cádiz, Imprenta Real, 1812.

“Causas de la pobreza en Yucatán en 1821” en Víctor Suárez Molina (transcripción y nota preliminar), Estado de la industria comercio y educación en la provincia de Yucatán en 1802 y causas de la pobreza de Yucatán en1821, Mérida, Imprenta Suárez, 1955, pp. 73-105.

Diccionario maya Cordemex, México, Cordemex, 1980.

Diccionario de autoridades, Madrid, Gredos, 1990, 3 vols.

Farriss, Nancy, La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de supervivencia, Madrid, Alianza, 1992.

Güémez Pineda, Arturo, Mayas, gobierno y tierras frente a la acometida liberal en Yucatán, 1812-1847, México, Colmich/Universidad Autónoma de Yucatán, 2005.

Gantús, Fausta y Alicia Salmerón, “Introducción” en Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ine, 2015, pp. 11-25.

Lentz, Mark, “Castas, Creoles, and the Rise of a Maya Lingua Franca in Eighteenth-Century Yucatan”, Hispanic American Historical Review, Duke University Press, vol. 97, núm. 1, 2017, Carolina del Norte, pp. 29-61.

O’Gorman, Frank, “La cultura de las elecciones en Inglaterra: de la revolución gloriosa a la Ballot Act de 1872” en Alicia Salmerón y Cecilia Noriega Elío (eds.), Pensar la modernidad política. Propuestas desde la nueva historia política. Antología, México, Instituto Mora, 2016, pp. 215-235.

Pláticas de los principales mysterios de nuestra santa fe con una breve exortación al fin del modo con que debe excitarse el dolor de las culpas, hechas en el idioma yucateco, México, Imprenta Real, y más antiguo del Colegio de San Ildefonso, 1758.

Restall, Matthew, The Maya World. Yucatec Culture and Society, 1550-1850, Stanford, Stanford University Press, 1997.

Reyes Rodríguez, Cayetano, “La república de naturales del occidente de Michoacán” en Martín Carlos Paredes y Marta Terán (eds.), Autoridad y gobierno indígena en Michoacán. Ensayos a través de su historia, México, Colmich/Ciesas/inah/Universidad Michoacana de San Nicolás, 2003, vol. 1, pp. 105-130.

Reynoso Jaime, Irving, “El sistema electoral y haciendas azucareras en el distrito de Cuernavaca: de Cádiz al primer federalismo, 1812-1835” en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora/tedf, 2016, t. i, pp. 93-119.

Rodríguez O., Jaime, “Las instituciones gaditanas en la Nueva España, 1812-1814”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras´, núm. 12, 2007, pp. 363-384.

Roys, Ralph L., The Titles of Ebtun, Washington, Carnegie Institution of Washington, 1939.

Rubio Mañé, J. Ignacio, “Los sanjuanistas de Yucatán. I. Manuel Jiménez Solís, el padre Justis”, Boletín del Archivo General de la Nación, agn, tt. viii, xix y x, 1967-1969, México, pp. 141-143, 151-156.

Sabato, Hilda, Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas de América Latina, México, Colmex/fce, 1999.

Sánchez Santiró, Ernest, Documentos para la historia fiscal del erario de la Nueva España (1808-1821), México, Instituto Mora, 2018.

Sierra O’Reilly, Justo, Los indios de Yucatán, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1994, 2 vols.

Souto, Matilde, “El primer ejercicio constitucional en Nueva España: la elección de ayuntamiento en la ciudad de Veracruz en 1812. Descripción de la mecánica electoral” en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora/tedf, 2016, t. i, pp. 55-92.

Terán, Marta, “El liderazgo indio de Valladolid, la diversidad de gobiernos en los pueblos y la política indigenista borbónica (1786-1810) en Martín Carlos Paredes y Marta Terán (eds.), Autoridad y gobierno indígena en Michoacán. Ensayos a través de su historia, México, Colmich/Ciesas/inah/Universidad Michoacana de San Nicolás, 2013, vol. 1, pp. 361-382.

Thompson, Philip C. Tekanto. A Maya Town in Colonial Yucatán, Nueva Orleans, Tulane University, 1999.

Vista de Diego García de Palacio a Yucatán, 1853 en Inés Ortiz Yam y Sergio Quezada (edición anotada y crítica), México, unam, 2009.

Warren, Richard, “Las elecciones decimonónicas en México: una revisión historiográfica” en José Antonio Aguilar Rivera, Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), México, Conaculta/fce, 2010, pp. 27-54.

Warren, Richard A., Vagrants and Citizens. Politics and the Masses in Mexico City from Colony to Republic, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources, 2001.

capítulo iii

Facciones y movilización electoral
en Texcoco, 1820-1828

Diana Birrichaga Gardida

El dilema de las elecciones
en los pueblos

Al mismo tiempo que en la Nueva España se libraba la guerra de independencia, en España el rey Fernando VII enfrentaba un movimiento político que en marzo de 1820 lo obligó a jurar de nueva cuenta la constitución de Cádiz. En junio de 1820 los subdelegados de la Intendencia de México celebraron ceremonias para el juramento a la carta política de la monarquía española.156 El restablecimiento de la constitución de Cádiz abrió paso a la transformación de las repúblicas de indios en ayuntamientos. Los procesos electorales en los cabildos de indios fueron influenciados por el proyecto político de los liberales. Sin embargo, la emergencia de la ciudadanía y sus derechos políticos tuvo que adaptarse y convivir con prácticas electorales tradicionales del antiguo régimen. La noción de representación territorial estará presente en el discurso de la igualdad política en las nuevas instituciones políticas.

Este capítulo explica los cambios en la movilización electoral en el partido de Texcoco que fue en 1820 parte de la nueva Provincia de México y en 1824 del Estado Libre y Soberano de México. En particular, responde a las preguntas ¿cuáles fueron las prácticas políticas para las elecciones de las autoridades locales? ¿Cómo los líderes o notables movilizaban a los vecinos de estos pueblos para elegir a sus representantes? ¿Cómo cambiaron las formas tradicionales de elección de autoridades con la nueva normatividad político-territorial de ayuntamientos y municipalidades? ¿Qué estrategias de movilidad del voto implementaron los notables en los nuevos territorios políticos? El capítulo está dividido en tres apartados. Primero abordo la organización y movilización de los electores con el establecimiento de un gobierno representativo en los pueblos sancionado en la Constitución de Cádiz. En el segundo apartado explico que en 1825 se construyó un nuevo esquema político-territorial que creó tensiones entre los notables de los pueblos por la jerarquía territorial de las municipalidades debido a la intervención directa del ejecutivo en la representación del subprefecto. En la tercera parte presento la dinámica de la movilización electoral de las facciones políticas, en especial al control de las juntas de vecinos para dirigir la intención del voto.

La organización de los
ayuntamientos constitucionales157

En marzo de 1820 Fernando VII fue obligado por una revolución a restaurar la monarquía constitucional. El virrey Juan Ruiz de Apodaca ordenó restablecer las diputaciones provinciales, que cuatro meses después impulsaron las nuevas instituciones establecidas por las Cortes, por ejemplo, los ayuntamientos.158 Esta nueva institución política debía integrarse con alcaldes, regidores y un procurador síndico. El 5 de junio de 1820 Antonio de Elías Sáenz, subdelegado del partido de Texcoco, presidió el juramento a la constitución política de la monarquía española.159 El restablecimiento de la constitución de Cádiz abrió paso a la transformación de las repúblicas de indios en ayuntamientos. Las elecciones de los gobernadores en los pueblos habían consistido en que los electores dieran “su voto al oído” del amanuense o escribano, pero era frecuente que estos personajes estuvieran a favor de un candidato, al que aumentaba el “número de rayas” o votos en el registro. Este mecanismo de votación provocaba “sin número de disturbios y discordias”.160

La Diputación Provincial de México fue la institución encargada de sancionar el establecimiento de ayuntamientos, de disponer de los fondos públicos de los pueblos y de la distribución de los terrenos baldíos dentro de sus jurisdicciones.161 Los ayuntamientos darían paso a nuevos territorios político-administrativo conformados a partir de mil o más habitantes; e incluso en lugares de menor población con particulares circunstancias de agricultura o industria.162 Si bien, la Constitución menciona retomar la estructura de parroquias, en la realidad los límites territoriales de los ayuntamientos corresponderían a los territorios de los pueblos y barrios de indios.

El procedimiento para constituir un ayuntamiento fue que los pueblos presentaran ante la Diputación Provincial las certificaciones de población elaboradas por los sacerdotes de sus respectivas parroquias.163 Las autoridades locales (subdelegado, párrocos, administradores de alcabalas, entre otros) debían rendir un informe a la Diputación Provincial sobre los pueblos que reclamaban formar ayuntamiento constitucional. La Diputación aprobaba o no la instalación del ayuntamiento. El siguiente paso era que el jefe político ordenara a los subdelegados o jueces de letras “que siendo cierto el número instale el ayuntamiento”, pero “con la advertencia de que por ahora se limiten los naturales al territorio que están en posesión”.164 Para esta acción, la Diputación solicitaba informes a las autoridades militares o administrativas para establecer los límites de los pueblos “con la explicación de distancias y de vientos, calidades de colindantes, ya sea pueblos, ranchos o haciendas, y de ayuntamientos a que tocan”.165

Texcoco, como antiguo señorío indígena, tenía el nombramiento real para tener la categoría de ciudad con sus parcialidades.166 A partir de 1820 los derechos de Texcoco sobre sus sujetos dejaron de ser reconocidos por la Diputación Provincial, porque en el nuevo sistema político la población fue el elemento central para formar los ayuntamientos, y ya no los privilegios reales que garantizaban la subordinación de los sujetos. Entre septiembre de 1820 y abril de 1821 los pueblos de la Purificación, Papalotla, Santa María Nativitas Tlailotlacan, Cuanalá, Atenco, Tezayuca, Chipeltepec, Chinconcoac y Nexquipayac presentaron a la Diputación Provincial sus solicitudes para la instalación de sus ayuntamientos constitucionales.167 Para estas solicitudes el “común de los pueblos”, como se designaban los indígenas, otorgaron poderes notariales para que “conforme a la constitución política de la monarquía española” hicieran los trámites para la creación de ayuntamientos.168 La estructura de parcialidades dejó de funcionar como estructura político-territorial. Los ayuntamientos resultaban una opción más atractiva para los pueblos.

El 1o. de agosto de 1820 los gobernadores de la Purificación y Papalotla solicitaron autorización a la Diputación Provincial para establecer sus ayuntamientos separados de Texcoco. Este último se opuso argumentando que eran “partes integrantes de la parcialidad de la misma ciudad”.169 Sin embargo, para los diputados esta situación era irrelevante pues

Por tener Papalotla más de mil doscientas almas y el de la Purificación más de mil quinientas, distando legua larga de Texcoco, no podía entenderse suburbios suyos, y que por lo mismo estamos en el caso de que conforme al artículo 310 de la constitución, establezcan sus ayuntamientos, entendiendo que sus términos sean los que tienen reconocidos hoy los pueblos, ínterin se les señalan sus límites con más conocimiento y exactitudes.170

Las elecciones para ayuntamientos debían ser por voto indirecto. Para la elección de los funcionarios fueron formadas Juntas electorales de parroquia integradas por el juez de letras y funcionarios locales que se encargaban de la convocatoria a elecciones, incluso a dirimir las controversias del proceso electoral.171 La Junta electoral ordenaba convocar a Juntas de vecinos de parroquia para votar a los electores.172 La organización de este proceso tuvo como marco jurídico lo establecido en la ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de 1786 que señalaba que las Juntas debían ser presididas por un juez que fuera español.173

Las convocatorias para la Junta de vecinos de parroquias eran difundidas mediante avisos públicos llamados “rotulones”, que daban razón del día y la hora de las elecciones.174 Con base en las instrucciones del jefe político, los párrocos debían instruir a su feligresía de la importancia de las elecciones. El día indicado, los “ciudadanos españoles” debían acudir a las casas consistoriales, también llamadas casas comisariales, y un vecino tenía el oficio de pregonar “en altas e inteligibles voces” las disposiciones establecidas en la Constitución de la Monarquía Española sobre la elección de ayuntamientos.175 La elección se hacía mediante el sistema de mayoría, es decir, a pluralidad absoluta de votos. Cada votante debía emitir su intención del voto por un listado de nombres.176 Los vecinos debían entregar su voto en papeletas, dicha elección tenía un carácter popular ya que en los pueblos y barrios no existían padrones de votantes, sino que era permitido entregar los votos corporativamente señalando que se habían hecho “juntas de barrio” respetando el antiguo principio de representación territorial de los pueblos de indios. El jefe político debía ratificar los resultados de las elecciones y enviar una constancia a los electores para que pudieran elegir a las autoridades.

En 1820 las elecciones de ayuntamientos, además de las juntas de barrio, mantuvieron algunas antiguas prácticas políticas ejercidas en las elecciones de los cabildos de indios como la movilización de indígenas hacia las mesas electorales. La elección de electores resultaba la etapa clave del proceso, pues del grupo de electores casi siempre se elegían a los alcaldes y regidores mediante el sistema de pluralidad absoluta de votos. El 7 de diciembre de 1820 fue realizada la elección de electores del pueblo de Tlailotlacan en las casas del juez de primera instancia. Días antes habían sido fijados rotulones en la ciudad de Texcoco y en Tlailotlacan a fin de convocar a los vecinos a una junta. El juez también notificó al gobernador y demás oficiales de la república que aún estaba en funciones.

El día de la elección, llegó al lugar una cuadrilla de individuos capitaneada por Antonio Granada, Antonio Francisco y José Severiano Santiago, que iban a manifestar los votos de los vecinos de la cabecera de Tlailotlacan. El juez de letras que presidía la reunión sospechó que “intentaban nombrar todos los electores de su clase”. El juez solicitó las papeletas o cédulas que confirmaran los votos; Antonio Granada extrajo las papeletas y las repartió a los indígenas que lo acompañaban para acreditar su “voz activa y pasiva”. Los votos quedaron registrados a favor de dos vecinos que formaban parte de la comitiva. Una semana después, la junta electoral eligió a estas mismas personas cómo alcalde segundo y regidor. El 22 de diciembre se presentaron los cabecillas en las casas consistoriales “bastante ebrios seguidos de más de cincuenta individuos en estado asonado”, preguntando si ya habían llegado los documentos emitidos por el Jefe Político con los nombramientos de alcalde y regidor de su pueblo; “se les contestó que no, y luego que vieron llegar al correo repitieron en mayor número su comparecencia”.177 El comportamiento de las nuevas autoridades no siempre resultó del agrado de todos los vecinos. Los vecinos del barrio de Pentecostés, sujeto al ayuntamiento de Tlailotlacan, presentaron una queja porque el alcalde segundo no cumplía con sus obligaciones político-administrativas, pues prefería permanecer en las tabernas y vinaterías.178 Al año siguiente, en 1821, Pentecostés solicitó segregarse de Tlailotlacan y regresar al control administrativo de Texcoco. La Diputación dictaminó negativamente la solicitud de Pentecostés para agregarse al ayuntamiento de Texcoco. La respuesta indicaba que la separación resultaba perjudicial a Tlailotlacan porque vería disminuido su territorio.179 Finalmente, la Diputación Provincial ratificó la subordinación de Pentecostés a la cabecera política de Tlailotlacan.

Las numerosas solicitudes de conformación de ayuntamientos alarmaron a los vecinos principales de la ciudad de Texcoco. Los notables de esta ciudad buscaron ocupar los cargos concejiles para imponer sus propios intereses en las decisiones administrativas de la nueva institución. Si entendemos al grupo de notables como las familias o individuos que tenían el control económico y político dentro de una sociedad, veremos que en la jurisdicción de Texcoco los notables eran los comerciantes, hacendados y labradores. En 1820 también aparecieron los exgobernadores del cabildo de indios de la ciudad. Texcoco había tenido hasta ese momento varios privilegios y fueros. El más importante era el derecho a formar un cabildo de indios con los mismos derechos que los cabildos de las villas españolas. 180 Los notables rechazaron la idea de que los indígenas del común ocuparan el ayuntamiento de la ciudad, así que se organizaron para controlar la designación de electores. (Cuadro 1)

Cuadro 1.

Integrantes del ayuntamiento de Texcoco, 1820

Nombre

Cargo en el ayuntamiento

Ocupación

Calidad

Manuel Vivanco1

Alcalde de 1ª elección

Administrador de hacienda

Americano

José Gabriel Garrido2

Alcalde de 2ª elección

Comerciante

Americano

Miguel Cuevas

Regidor

Comerciante

Americano

Antonio Carrillo3

Regidor

Exgobernador (1819)

Indígena

Gaspar Vicario

Regidor

Exgobernador (1818)

Indígena

Mariano Durán

Regidor

Exgobernador (1812-1817)

Indígena

Miguel Arteaga

Regidor

------

Americano

Miguel Eguilar

Regidor

Comerciante

Español peninsular

Vicente Pontones

Regidor

Comerciante

Español peninsular

Fuente: ant, Protocolos de 24 de abril de 1819, 6 de octubre de 1819 y 21 de octubre de 1820; agn, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 397, exp. 3; ahem, Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Gobernación, vol. 9, exp. 10; amt, caja, 1, Ramo Industria y Comercio, leg. 27, año, 1810, 4 fs.

En la cabecera municipal existían 25 tiendas reconocidas, cuyas propiedades estaban en manos de españoles peninsulares y americanos.181 El interés de los notables radicaba en que la Constitución señalaba que correspondía a los ayuntamientos el manejo de la policía de salubridad, la conservación del orden público, la administración de los propios y arbitrios, cuidar los establecimientos de educación, vigilar los hospitales y demás establecimientos de beneficencia, la construcción y reparación de los caminos, puentes, cárceles, montes y plantíos del común. Asimismo, tenían facultades para promover la agricultura, la industria y el comercio, según las circunstancias de cada lugar.

José Gabriel Garrido organizó en su casa reuniones previas a la Junta de vecinos que debía elegir a los electores. En estas reuniones se elaboraron listas con los nombres de los electores, que probablemente, repartían en las tiendas.182 En las tiendas de Texcoco existía la costumbre de instalar algunas diversiones, como peleas de gallos o juegos de naipes, para atraer a los compradores. En estos espacios los comerciantes controlaron el proceso electoral al inducir al voto por sus candidatos.183 Además, las tiendas servían de punto de reunión para que el día de la elección los cabecillas reunieran y movilizaran a un grupo de vecinos hacia el lugar de la votación. En contraste, en la ciudad de Puebla fueron los artesanos quienes reunieron los votos para llegar al ayuntamiento desde la movilización electoral de los gremios.184 La organización de los ayuntamientos fue constantemente cuestionada por la injerencia de los gremios o notables en los resultados electorales.

El 25 de septiembre de 1821, Juan O’Donojú, jefe político y capitán general de la Nueva España, informó haber cumplido con el compromiso de hacer salir las tropas españolas de la ciudad de México, el último de los acuerdos del Tratado de Córdoba. Con ello, Agustín de Iturbide legalizó la independencia de México e inmediatamente instaló la Junta Provisional Gubernativa, que, hasta su desaparición en febrero de 1822 y, junto a la Diputación, fue rector de la vida política de los pueblos. El 21 de mayo de 1822 Agustín de Iturbide fue proclamado emperador de México. En el ámbito electoral los pueblos realizaron sus elecciones de ayuntamientos con un carácter popular. La Junta Gubernativa modificó el diseño electoral al establecer que los ayuntamientos tuvieran el control del proceso de organización de las elecciones.185 Es decir, las elecciones de ayuntamiento no requerirían del reconocimiento del jefe político, bastaba con el reconocimiento de las autoridades locales sobre los resultados electorales. Los alcaldes serían los responsables del proceso electoral, pero no estaban obligados a formar listas de votantes sino sólo a contar los votos recibidos de acuerdo con los usos y costumbres. Esta nueva práctica hizo que algunos vecinos pudieran controlar a los ayuntamientos “a su placer”, pues alcaldes y regidores podían imponer como electores a sus partidarios.186 La queja desde la Diputación Provincial era que “entre los que se denominaban indios, nunca falta algún díscolo que por aprovecharse de las contribuciones que sacan a los compañeros de ordinarios los andan moviendo por formar pleitos”.187

Meses después, consecuencia del Plan de Casa Mata, el 7 de marzo de 1823, Iturbide fue derrotado. Inmediatamente el Congreso Constituyente fue habilitado. El nuevo Congreso estableció el Supremo Poder Ejecutivo para determinar el rumbo político del país. El 7 de marzo de 1823 Agustín de Iturbide abdicó. En este ínterin político, la Diputación de México siguió ejerciendo funciones. El 9 de junio de 1823 Francisco Molinos del Campo, jefe superior político de la Provincia de México, presidió la sesión de la Diputación Provincial para examinar las dificultades que los ayuntamientos tenían para cumplir con sus obligaciones políticas. Molinos señaló que existían más de 400 ayuntamientos en la provincia, pero creía que solo unos cuantos cumplían con sus obligaciones, por la “poca ilustración” de sus integrantes.188 Los diputados decían tener noticia de que en los pueblos los asuntos públicos eran discutidos en juntas o reuniones no autorizadas por la Ley. El 10 de enero de 1824 Francisco Molinos determinó que estas reuniones constituían un crimen; la orden era castigar severamente a los “paisanos, eclesiásticos o militares” que aceptaran invitaciones para participar en juntas políticas,189 ya que esas juntas eran espacios para la movilización de la intención del voto.

El nuevo orden municipal

El 2 de marzo de 1824 fue erigido el Estado de México, uno de los 19 estados que conformaron la federación.190 En esta fecha quedó instalado el Congreso Constituyente del Estado de México. Un año después, el 9 de febrero de 1825, el congreso expidió una ley para organizar a los ayuntamientos del estado. En esta ley se determinó que podía haber ayuntamiento en los pueblos o comarcas con una población de 4 000 habitantes. Con esta medida se pretendió reducir el número de ayuntamientos creados con las reformas gaditanas. Los territorios que administrarían los ayuntamientos fueron designados como municipalidades. El Estado de México se dividió en ocho distritos gobernados por prefectos.191

El distrito del México estaba gobernado por el general Pedro Romero Terreros; su territorio comprendió los partidos de Chalco, Coatepec-Chalco, Coyoacán, Cuautitlán, Ecatepec, Mexicalcingo, México, Tacuba, Teotihuacán, Texcoco, Xochimilco y Zumpango. En cada partido debía establecerse un subprefecto. En febrero de 1825 Romero designó en la subprefectura de Texcoco el licenciado Juan Antonio de Arce y Acevedo.192 Desde su llegada, Arce se enfrentó al juez de letras del partido por competencias jurisdiccionales. José María Esquivel, juez de letras, informó a Pedro Romero de Terreros que la llegada del subprefecto Antonio de Arce había provocado el desencanto de los vecinos, pues:

El iris de paz que nos aguardábamos con la venida del Sr. Arce haciendo que los pueblos y todo el partido entrase en el orden y subordinación, por el medio de la dulzura, coordinando está con la justicia y rectitud conforme al sistema que hemos adoptado, lo ha trastornado todo contrapunteándose con las autoridades y metiéndose en atribuciones que no le tocan. Así es que los pueblos están en mayor subordinación que antes de su llegada, pues aquí no hay más autoridad ya que la suya.193

El malestar de Esquivel resulta comprensible si se considera que sus atribuciones políticas se veían mermadas con la imposición del sistema de subprefectura. La encomienda principal del licenciado Arce era reducir a los ayuntamientos en un nuevo esquema político-territorial para establecer los límites de las comarcas que formarían las nuevas municipalidades. En octubre, el subprefecto de Texcoco presentó un plan de reducción de los 19 ayuntamientos existentes hasta ese momento a siete nuevas corporaciones municipales. (Véase el cuadro 2).

Cuadro 2.

Plan de reducción del subprefecto de Texcoco, 1825

Municipalidades
creadas en 1826

Incorporación de ayuntamiento
creados de 1820-1824

Atenco

Atenco, Nexquipayac

Chiautla

Chiautla, Tezayuca, Chinconcuac, Tlaltecahuacan

Acolman

Acolman, Chipiltepec, Santa María, Cuanalá

Tepetlaoxtoc

Tepetlaoxtoc y Papalotla

Texcoco

Texcoco y los pueblos de la parcialidad del Monte

Chicoloapan

Chicoloapan, Chimalhuacán, Huexotla, Coatlinchán, Cuautlalpan

Calpulalpan

Calpulalpan

Fuente: amt, Fondo Independencia, Sección Elecciones, caja 1, año 1825: Informe de Juan Antonio Arce, subprefecto de Texcoco, sobre el plan de reducción de ayuntamientos, 25 de marzo de 1825.

Arce determinó la ubicación de los nuevos ayuntamientos, no tanto por un criterio geográfico, sino por la importancia de su comercio e industria y por la posición social de sus habitantes. El subprefecto también consideró la inclusión de las haciendas y ranchos para cumplir con el requisito de número. La reorganización geopolítica municipal, además de considerar un factor demográfico, incorporó la variable socioeconómica. La organización territorial que Arce proponía retomó diversos elementos que habían existido en los pueblos de indios: la jerarquía entre cabeceras y sujetos y los derechos restringidos de los barrios frente a los pueblos. Reestructurar el sistema jerárquico generó conflictos entre los pueblos. En noviembre de 1825 el ayuntamiento de Nexquipayac, ante la inminencia de su extinción, informaba al gobernador:

Este pueblo no resiste el cumplimiento de la ley, ella establece que las nuevas reducciones consten del número indicado, pero que no se forme agregando pueblos separados por la naturaleza, por el idioma, por la ilustración y las costumbres cuando hay otros reunidos por las mismas relaciones. Este superior gobierno previno que se buscase para residencia de las nuevas municipalidades los puntos más naturales de las nuevas reducciones, no tanto por su posición geográfica cuanto por el mayor reflujo de comercio, industria y demás relaciones sociales.194

Rechazaban quedar sujetos al pueblo de San Salvador Atenco. Argumentaban que por Nexquipayac:

[p]asa el camino principal a la capital, haciéndolo un lugar de conocida experiencia en el comercio, que se compone de vecinos civilizados y acostumbrados a tener un ayuntamiento de la flor de ellos, se ha sujetado según el nuevo plan al pueblo de Atenco cuyos habitantes por la mayor parte son rústicos sin conocimiento. Y sujetar un pueblo ilustrado a otro de inferior en esta línea ¿no es causarle el mayor daño que se le puede hacer?195

Dos cuestiones se plantean en esta situación. En primer lugar, la necesidad de valorar el comercio como factor de la preeminencia de un pueblo sobre otro. En segundo lugar, la visión de que un vecindario era superior socioeconómicamente a los residentes de otras localidades. En este punto, cabe mencionar que los vecinos que rechazaban la agregación eran los comerciantes de Nexquipayac, a los que el subprefecto consideraba marchantes, es decir comerciantes en pequeño. La oposición de Nexquipayac fue secundada por otros ayuntamientos suprimidos. En Chinconcuac se negaron a entregar los libros de propios y arbitrios; los de Tezayuca pedían que la hacienda La Grande no fuera segregada de su territorio para incorporarla al de Texcoco. La respuesta del subprefecto Arce fue decir que no existía otra forma de reducción, pero el subprefecto Arce también procuraba no subordinar a los españoles al control de los indios. Las grandes haciendas quedaron sujetas a cabeceras controladas por americanos y españoles. 196

El decreto del 9 de febrero de 1825 señala que el criterio demográfico determinaría el número de electores y de funcionarios en cada municipalidad. La norma establecía que por cada 500 almas se eligiera un elector.197 El 6 de noviembre de 1825, primer domingo de mes, fueron votados los electores en una junta de vecinos. El artículo 29 del decreto para la organización de ayuntamientos determinaba que “la votación de electores se hará llegándose cada ciudadano a la mesa y presentando lista o diciendo de palabra los sujetos que vota”.198 Unas semanas después, los electores, en otra junta electoral presidida por el alcalde saliente, votaron para designar a los funcionarios de los ayuntamientos para 1826.199 Luego del escrutinio y firma del acta, la junta debía disolverse de inmediato.200

Cuadro 3.

Número de electores y ciudadanos (1826)

Ayuntamiento

Electores

Población total

Ciudadanos

Texcoco

12

6 678

1 479

Chiautla

10

3 793

870

Tepetlaoxtoc

9

4 022

667

Atenco

7

3 344

665

Acolman

7

3 154

689

Chicoloapan

7

6 534

650

Calpulalpan

10

5 046

1 240

Fuente: amt, Fondo Independencia, Sección Elecciones, caja 1, 1825: número de los electores y funcionarios designados para la elección del año de 1826. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, 1825-1870, s/e, estado que manifiesta el censo general del partido de Texcoco con distinción de municipalidades y ciudadanos hábiles para votar, 1830.

El elector debía ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años o de 18 si era casado, “poseedor de una finca, capital o ramos de industria que baste para mantenerlo”, además de vecindad y residencia de dos años en la municipalidad.201 Vemos que en las municipalidades con mayor presencia indígena el número de ciudadanos era menor, quizá porque la principal actividad de los vecinos era de jornaleros. Y probablemente la riqueza de los vecinos fue determinante para definir el número de electores. (Cuadro 3)

La designación de los electores recayó en los comerciantes, artesanos y propietarios que dominaron las juntas electorales de vecinos. En lo cotidiano, las “juntas informales de vecinos” fueron el espacio de la disputa política por el control de los electores. La movilización electoral estaría acotada en este espacio.

Facciones y movilización
electoral. Españoles y americanos
en los gobiernos locales

En las elecciones de diciembre de 1825 se presentaron en la ciudad de Texcoco dos facciones políticas: los integrantes de la primera facción se identificaban como “los americanos”. La segunda facción era de españoles peninsulares, llamados despectivamente “gachupines” o “gallicoyotes”.202 Los panfletistas de la época recurrían a la animalización para criticar a los españoles, particularmente los equiparaban a coyotes, pues este animal se hacía “el zonzo delante de las gentes”, esperando atrapar su presa. En este sentido, prevalecía el argumento que no existía armonía entre mexicanos y españoles.203 Para ambas facciones resultaba indispensable intervenir el proceso electoral en la etapa de “votación de electores”, para así asegurar el control de una municipalidad.204

Veamos los mecanismos de movilización política de las facciones. El primer grupo reunía a la mayor parte de los españoles radicados en la ciudad de Texcoco, todos comerciantes y propietarios de fincas. Los integrantes identificados como los “gachupines” eran Nicolás Campero,205 Vicente Pontones,206 Ignacio Peñarroja, Ignacio Eguilas,207 Benito Díaz,208 Basilio Garrido, Rafael Labastida y Manuel Vivanco. El grupo de los “americanos” era dirigido por Mariano Campos, quien era el alcalde en funciones para el año de 1825. Sus principales miembros eran Francisco Posada, Manuel Montero, José Cruz Balcázar, José Luis González, José Uribe, Manuel Uribe, entre otros más.209

La elección de la municipalidad de 1826 fue intensa, pues las constantes impugnaciones llevaron el proceso electoral hasta el mes de marzo. En este proceso se realizaron padrones de los vecinos de Texcoco con sus barrios y haciendas. En total se registraron 1 358 hombres, 1 729 mujeres y 1 781 niños. Un total de 4 868 personas.210 El 13 de diciembre de 1825 tuvieron lugar las elecciones para la integración de la Junta Municipal que determinaría a los alcaldes, regidores y síndico del ayuntamiento. Días después, el subprefecto Arce anuló la elección a solicitud de varios ciudadanos de la ciudad de Texcoco. El alcalde en funciones Mariano Campos no fue imparcial en la organización del proceso de votación, pues intervenía directamente en la elección del nuevo cabildo.211 La acusación era que Campos reunió en su casa a sus partidarios para alentar la votación de los ciudadanos por electores de su grupo. La movilización electoral del alcalde Campos consistió en llevar votantes a la casa consistorial para emitir el voto a favor de una planilla de electores.

La movilización electoral retomaría la estructura de reclutamiento laboral que consistía en formar cuadrillas de indígenas organizados por un vigilante, llamado mandón o tlacualero.212 Este tipo de movilización para lo electoral utilizaba cuadrillas que se agrupaban bajo el principio de territorialidad, es decir, cada cuadrilla representaba un barrio. Cada cuadrilla llevaba su lista de electores. Con este esquema de movilización la Junta Municipal fue controlada por los americanos Manuel Montero, Ángel Ramírez, Ignacio Ximénez, Mariano Alveira, Bernardino Rodríguez, Miguel Uribe y Mariano Cipriano. Solo los electores Basilio Garrido y Rafael Labastida eran afines a la facción de españoles. (Cuadro 4).

La Junta Municipal otorgó los cargos principales de alcaldes y seis regidurías al grupo de americanos. Los españoles solo ocuparon la primera y segunda regiduría. Inmediatamente, Basilio Garrido y Rafael Labastida pidieron la nulidad de la elección en las designaciones de Manuel Montero, José Cruz Balcázar y Luis González. El argumento era que Montero no contaba con capital, además de ser alcalde segundo electo en 1825, mientras Balcázar no cumplía el tiempo de residencia en el pueblo estipulado en la ley; y desconocemos las causales de la tercera impugnación. El subprefecto Arce ordenó a la Junta Municipal reponer los cargos impugnados con otros candidatos.

El 10 de febrero de 1826 fueron electos como alcalde primero Esteban Tinoco, como alcalde segundo Mariano Córdova y Marcelo Buendía como octavo regidor.213 Estos nombramientos causaron gran escándalo entre los españoles, pues los electos tenían oficios menores. El prefecto Arce realizó una indagatoria y descubrió el mecanismo para elaborar la lista de electores que las cuadrillas debían elegir. Arce señalaba que previo a reponer la elección de funcionarios municipales se “reunió la facción de anárquicos en casa del síndico Posada para ver como estorbaban, pues votaron por Tinoco que es un sastre, el segundo Córdova es un carnicero, cuyo patrimonio es matar los sábados en Papalotla y los domingos en Texcoco”.214

El subprefecto Arce ordenó formar una nueva Junta Municipal y realizar una nueva elección de ayuntamiento. En este nuevo proceso, el subprefecto Arce participó apoyando a la facción de españoles. En la ciudad aparecieron anónimos criticando la injerencia de Arce. En pequeños papeles (un cuarto de hoja) se escribió: “Lista de los sujetos que el gallicoyote de Juan Arce manda se pongan de electores el día de hoy para sacar el ayuntamiento de su mero gusto y acabar de dejar de Texcoco como merece”. La lista tenía los nombres de: Nicolás Campero, Vicente Pontones, Padre Guridi, Félix Guerard, Ignacio Peñarroja, Ignacio Aguilar y Manuel Vivanco.215 Ninguno de estos personajes formó parte del gobierno municipal, pero si apoyaban a los españoles.

Cuadro 4.

Elecciones de funcionarios
en la municipalidad de Texcoco, 1826

Cargo

1ª Junta Municipal

Oficio

2ª Junta Municipal

Oficio

1º alcalde

Manuel Montero

Alcalde 1° (1825)

Juan Antonio Manrique

Comerciante

2º alcalde

José Cruz Balcázar

Empleado

José Herrera

Comerciante

1º regidor

Basilio Garrido

Comerciante

Basilio Garrido

Comerciante

2º regidor

Juan Antonio Manrique

Regidor 2° (1825)

Comerciante

Mariano Aveleira

Comerciante

3º regidor

José Uribe

Comerciante

José Uribe

Comerciante

4º regidor

Martín Montes de Oca

Propietario de fincas

Martín Montes de Oca

Propietario de fincas

5º regidor

Juan José Martínez

Comerciante

Juan José Martínez

Comerciante

6º regidor

José María Sánchez

-

José María Sánchez

-

7 regidor

José Mariano Romero

-

José Mariano Romero

-

8º regidor

José Luis González

-

José Luis González

-

Síndico procurador

Francisco Posada

Comerciante

Francisco Posada

Comerciante

Fuente: amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, año 1825, acta de elección del Ayuntamiento de Texcoco. Texcoco, 13 de noviembre de 1825. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja, 1, año 1825, anulación del nombramiento de tres regidores del ayuntamiento de Texcoco. Texcoco, 3 de febrero de 1826.

El síndico Francisco Posada respondió la acusación de injerencia en el proceso electoral que hizo el subprefecto diciendo que acusaban a los electores de escoger “unos alcaldes imbéciles”, “pero [en realidad] escogieron a ciudadanos liberales más que ricos o sabios”. Además, Posada acusaba a los españoles de ser unos revoltosos que se quedaron a la sombra del subprefecto.216 No contamos con la lista de electores de la segunda Junta Municipal, pero debió existir mayor participación de los españoles. (Cuadro 4). En marzo, en una Junta extraordinaria nombraron al alcalde primero al actual (en ese momento) 2o. regidor Juan Antonio Manrique; como alcalde 2o. a José Herrera, y por la promoción de Manrique a Mariano Aveleira. Si bien los americanos eran mayoría en ayuntamiento, los españoles tenían los cargos de alcaldes.

En 1826 la facción de los “gachupines” mantuvo una presencia activa en la escena política, pero el siguiente año la situación fue diferente. En agosto de 1826 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Elecciones. Las Juntas de municipalidad se celebrarían el día que determinara el Gobierno, y serían presididas por el alcalde respectivo. La Junta Municipal estaría dividida en las secciones que determiné el Ayuntamiento, en consideración a la distancia a que se hallan los pueblos de la cabecera. En cada sección sólo votarían los vecinos de ellas y que la base para fijar el número de electores de partidos sería la población respectiva a cada municipalidad.217 Esta organización favorecía a la facción política de los americanos, pues sus integrantes provenían de distintos pueblos y barrios de la demarcación de Texcoco. Mientras, los españoles estaban concentrados en la ciudad. El anuncio del traslado de la capital del Estado de México a la ciudad de Texcoco fue el detonante de una lucha más encarnizada entre americanos y españoles.218 La municipalidad de 1827 quedó integrada por los alcaldes José Mariano Camacho y José Cruz Balcázar, por los regidores Marcelo Buendía, Mariano Aveleira, Vicente Anaya, Ignacio Vera, Juan Solórzano, Miguel Arteaga, Manuel Montero, Cruz Jordán y el síndico procurador Ignacio Eguilas. Encontramos que el grupo de los “americanos” logró imponer a los ciudadanos impugnados en la elección de 1826.219 ¿Cuál era el interés de españoles y americanos por el control político del municipio?

El 4 de enero de 1827 el congreso decretó el traslado del gobernador y su consejo, el tribunal supremo de justicia, la tesorería y contaduría general con sus respectivas oficinas a la ciudad de Texcoco. Los empleados fueron apoyados económicamente para el cambio de residencia.220 La orden del Congreso era que para el 1o. de febrero ya se hubiera verificado el cambio de residencia de los supremos poderes del estado, el congreso, el gobernador y su consejo, el tribunal supremo de justicia, la audiencia, la tesorería y contaduría, de manera conjunta con todos sus empleados y funcionarios.221 El gobernador Melchor Múzquiz dictó varias medidas para mejorar los edificios de la ciudad de Texcoco. En un informe de José María Puchet, comisionado del gobernador para el traslado, informaba que el alcalde de Texcoco había prometido pedir a los demás ayuntamientos el envío de artesanos y albañiles de los pueblos cercanos.222 Entre enero y abril de 1827 se inició la construcción de los edificios para albergar a las autoridades.223 Al concretarse el traslado los comerciantes empezaron a invertir en las obras públicas que requería la nueva capital. El cambio de residencia de la capital del estado requirió la erogación de más de 60 000 pesos destinados a formar una nueva infraestructura para la ciudad. Dos proyectos resultaban atractivos: un canal de navegación en el lago de Texcoco y la fábrica de puros y cigarros.224

La lucha entre facciones políticas en la ciudad de Texcoco terminó muy pronto. Dos causas podemos señalar, la primera la expulsión del país de algunos miembros del grupo de “gachupines”. En 1827 aumentó el sentimiento antiespañol en todo el país, provocado por el descubrimiento de una conspiración financiada por España. El 20 de diciembre de 1827 fue promulgada una ley para expulsar a los españoles, con excepción de aquellos que demostraran su adhesión al sistema republicano.225 Este conflicto de carácter nacional permitió catalizar las pugnas de ambos grupos, pues la expulsión de españoles creaba un espacio político para resolver los conflictos locales. En Texcoco los contrarios a la facción de españoles presentaron denuncias contra varios de ellos diciendo que eran “desadictos a la independencia, desafectos al actual sistema de gobierno y odiosos a los vecinos”.226 Algunos de los “gachupines” fueron expulsados, pero algunos otros, como Nicolás Campero, Vicente Pontones, Ignacio Peñarroja y Manuel Vivanco consiguieron permanecer en México, aunque no participar en la política local.227

La segunda causa fue el fracaso de Texcoco como la capital del Estado de México. En abril de 1828 las autoridades estatales decidieron trasladar, de nueva cuenta, la capital a otra población, pues por la falta de caminos adecuados no veían un futuro halagüeño a la ciudad de Texcoco. El ayuntamiento, ante el posible abandono de los poderes del estado de la ciudad, pedía que se cumpliera con el mandato de los legisladores de fomentar la industria y comercio. Pese a la inconformidad de los vecinos, el 15 de junio de 1828 la capital del estado fue trasladada provisionalmente a la villa de San Agustín de las Cuevas y de manera definitiva a la ciudad de Toluca.228 El control político sobre los ayuntamientos del partido de Texcoco dejó de interesar a los grandes comerciantes de origen español. Sin embargo, para los comerciantes “del pueblo” el control de los municipios siguió siendo atractivo.

Ahora bien, la elección de los funcionarios de los municipios excluyó a los indígenas por no demostrar ser propietarios de bienes raíces.229 El 14 de febrero de 1827 fue promulgada la primera Constitución Política del Estado de México. En esta Constitución, como en la ley electoral de 1826, se indicaba que el ciudadano era el natural o naturalizado y vecino del estado, también se consideraba al habitante reconocido como tal mediante una carta de ciudadanía. El reconocimiento como vecino de la municipalidad requería demostrar un año de residencia en el estado y demostrar estar “ejerciendo algún, arte, industria y profesión.230 Con este requisito se pretendía restringir la participación de los indígenas y los artesanos, que eran los grupos sociales con menores ingresos y que por el carácter comunal de sus tierras no podía acreditarse como propietario.

Este proceso de exclusión de los indígenas por los mestizos dedicados al comercio lo encontramos en Papalotla. En 1826, un grupo de vecinos del pueblo de Papalotla pidieron al gobernador formar un municipio separado de Tepetlaoxtoc. El 2 de mayo de 1827 el Congreso del Estado decretó que Papalotla contara con ayuntamiento separado del de Tepetlaoxtoc.231 En la lista de electores de Papalotla, promotores de la separación, destaca la presencia de comerciantes y labradores.232

Cuadro 5.

Alcaldes de Papalotla, 1820-1834

Nombre

Ocupación

Alcalde (años)

Mariano Balcázar

Administrador del correo, Comerciante

1820, 1825

Luis Molina

Comerciante

1823, 1834

Francisco Torices

Labrador

1827

Secundino Alonso

Fiel contraste del tabaco, comerciante, labrador

1828, 1830

Fuente: ant, Protocolos 1823-1824; ahem, Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Municipio, vol. 1, exp. 1 y 2: Actas de cabildo de Papalotla de 1832-1837.

La movilización electoral continuó siendo asunto de facciones políticas locales. Si bien no era común dejar registros documentales sobre la intención del voto, logramos encontrar un caso. En el pueblo de Papalotla se formaron dos bandos que desarrollaban campañas de proselitismo entre el vecindario para ganar las elecciones. Estas facciones estaban encabezadas por dos familias: los Alonso233 y los Balcázar.234 El proselitismo de estas familias consistió en organizar en sus casas reuniones donde repartían pulque y comida a fin de ganar la intención del voto de algunos vecinos. Una vez convencidos el día de la elección trasladaban a sus votantes a las casas consistoriales para que manifestaran su voto. El beneficio que buscaban estos grupos era la prerrogativa de estar exentos de “los pagamentos que hacen todo hijo del pueblo”, es decir, las contribuciones cívica y directa, además de apropiarse de los bienes de propios.235

En suma, en 1828 en el partido de Texcoco había una población total de 33 882 personas, pero sólo 6 519 tenían reconocidos derechos políticos. El 19.5 por ciento de la población eran ciudadanos con derecho al voto. En los casos presentados encontramos que en la ciudad de Texcoco estaban registrados 1 479 ciudadanos con derecho a elegir 12 electores (22.2 por ciento) y Papalotla sus 259 ciudadanos nombraban 7 electores (19.8 por ciento).236 Sin embargo, este universo de nuevos ciudadanos no votó de forma libre sino de forma corporativa, pues acudían a las casillas conducidos por líderes locales para la entrega de las papeletas de voto, previo haber registrado el nombre de la persona a obtener el cargo de elector. Si era una votación “activa” se emitía el voto en voz alta. En este escenario, el número de votantes se reducía a los vecinos-ciudadanos que pudieran movilizarse hacia las urnas. Finalmente, los electores decidían a los funcionarios municipales. Lo común era que los electores nombraran a los alcaldes y regidores propuestos por las facciones.

Consideraciones finales

En este trabajo examinamos la política y dinámica de la movilización electoral en el contexto de la conformación de gobiernos locales (ayuntamientos y municipalidades) entre los años de 1820-1828. Las estrategias de movilización desarrolladas por los notables de los pueblos estuvieron sustentadas en las relaciones corporativas de los pueblos. La evidencia empírica lleva a entender las variables políticas y sociales que existieron detrás del proceso de movilización estuvieron soportadas por los usos y costumbres. Hipotéticamente, en el partido de Texcoco la tasa de participación de votantes estaba en casi el 20 por ciento. En la elección de 1820 encontramos que la movilización de los votantes estuvo controlada por los notables o principales de los pueblos que tenían la capacidad de organizar y dirigir a los vecinos al centro de votación. El número de votantes efectivos era menor al porcentaje señalado, pues los registros solo mencionan a una decena de participantes asistiendo a las urnas.

En Texcoco los comerciantes realizaron esfuerzos estratégicos para apoyar a sus candidatos. Destaca que el proceso electoral con base en la Constitución gaditana debía ser organizado por el jefe político y los jueces de primera instancia. Los jueces debían convocar a las juntas de vecinos de parroquia para la votación de los electores y el jefe político debía sancionar los resultados de la elección. La elección era con voto individual para que los vecinos electos fueran por la pluralidad de votos, es decir se elegía a los alcaldes y regidores por el número de votos recibidos. Pero la intención del voto se daba bajo el principio de los usos y costumbres, es decir, los votantes llegaban de forma corporativa para entregar o manifestar sus votos por un solo candidato. Con este mecanismo no era posible manifestar una abstención del voto, pues no existían candidatos formales, sino que el resultado final era determinado por las personas que recibieran la mayoría de los votos.

En 1822 la junta gubernativa alteró el modelo electoral en los pueblos al dejar que los ayuntamientos en funciones sancionaran el proceso electoral del siguiente año. Esta nueva política electoral polarizó rápidamente a los grupos políticos. Los intereses de cada grupo dieron nacimiento a facciones políticas que organizaban actividades para movilizar la intención del voto. Los notables utilizaron las redes de organización política preexistente en los pueblos, así, la movilización corporativa requería convocar a juntas informales en casas a fin de convencer a algunos votantes a manifestar su voto por el candidato o candidatos designado por una facción política. La propaganda focal fue la estrategia de los notables para el control del voto, pero siempre existía el riesgo de que otra facción convenciera al votante de cambiar de candidato. Así, que la mejor estrategia de movilización era llevar a los votantes de forma corporativa ante la mesa electoral.

En 1825 una reforma municipal en el Estado de México derivó en una nueva subordinación jerárquica entre pueblos. El eje articulador de esta reforma fue privilegiar la instalación de cabildos en los pueblos que se destacaran por su posición socioeconómica. En el partido de Texcoco los nuevos municipios agruparon a distintos pueblos; las facciones políticas que vieron como desaparecían sus ayuntamientos se opusieron al plan de reducción del subprefecto Juan Antonio de Arce. El subprefecto, como nuevo actor político, incorporó una nueva variable política en el proceso electoral. Las elecciones de 1826 en la ciudad de Texcoco implicaron la confrontación de dos facciones, que peleaban no sólo el control del gobierno municipal sino el aspecto ideológico sobre los privilegios que habían ostentado los peninsulares en detrimento de los americanos. Destaca el hecho de que las dos facciones tenían la capacidad para reunir a sus votantes: así lo demuestra el resultado de la elección de funcionarios municipales. Españoles y americanos estuvieron representados en el gobierno local.

Destacamos que, en los primeros años del gobierno federalista, los resultados de las elecciones para funcionarios municipales solo requerían la intervención del alcalde como responsable de organizar las elecciones. Sólo en caso de impugnación de los resultados electorales el subprefecto debía reponer el proceso de votación. Encontramos que rápidamente se dio un quiebre con la forma de organización de elecciones locales que la Constitución de Cádiz impuso en los pueblos. En 1820 la organización y revisión de resultados electorales debía realizarse en el ámbito judicial con el juez de primera instancia, para 1825 tanto la organización de las elecciones como el dirimir las disputas electorales entre facciones eran asuntos sólo del poder del ejecutivo.

Finalmente, en los años de estudio vemos cambios en la rutina de votación derivados de ciertas coyunturas políticas como la expulsión de los miembros de la facción de los españoles. Si bien, la movilización del voto deriva de prácticas electorales de los antiguos cabildos españoles e indígenas; si encontramos una nueva forma de organización política en las facciones de los notables que respondían a sus intereses socioeconómicos o familiares. Los votantes reaccionaron a los esfuerzos partidistas de estos notables que diseñaron estrategias de movilización directa y focal de la intención del voto.

Fuentes consultadas

Archivos

agn ︱ Archivo General de la Nación, México.

ahem ︱ Archivo Histórico del Estado de México.

amt ︱ Archivo Municipal de Texcoco, Texcoco.

ant ︱ Archivo Notarias de Texcoco, Archivo de Notarias Estado de México.

bcem ︱ Biblioteca del Congreso “José María Luis Mora”.

Bibliografía

Actas del Congreso Constituyente del Estado Libre de México, México, Imprenta del Gobierno, 1829, t. viii.

Actas constitucionales mexicanas (1821-1824): i: diario de sesiones de la soberana Junta provisional gubernativa del imperio mexicano, instalada según previenen el plan de Iguala y los tratados de la villa de Córdova, México, unam, 1980.

Actas de cabildo de la Ciudad de México en “Colección Actas de Cabildo del Archivo Histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México”, vol. 139-A y 140-A, en línea: <http://www.bib.uia.mx/gsdl/cgi-bin/library?e=d-01000-00---off-0actas--00-1--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-es-1000---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&c=actas&cl=CL2&d=HASH01f66b885df0a4a502c0f55f> [Consulta: 6 de mayo de 2018].

Actas de la Diputación Provincial de la Nueva España, 1820-1821, introducción, sumario y transcripción de Carlos Herrejón Peredo, México, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, LII Legislatura, 1985.

Ajofrín, Fray Francisco, Diario del viaje a la Nueva España. México, Secretaría de Educación Pública, 1986.

Annino, Antonio, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821” en Antonio Annino (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo xix, Buenos Aires, fce, 1995, pp. 177-226.

Arroyo García, Israel, La arquitectura del Estado Mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, México, Instituto Mora/buap, 2011.

Arroyo, Israel, “Divisiones electorales y representación política: partidos y municipios, Atlixco, 1820-1835” en Fausta Gantús (coord.) Elecciones en el México del siglo xix: Las prácticas, México, Instituto Mora, 2016, pp. 121-191.

Ávila Rueda, Alfredo, “Las primeras elecciones del México independiente”, Política y Cultura, uam-Xochimilco, núm. 11, invierno, 1999, Distrito Federal, pp. 29-60.

Benson, Nettie Lee, La Diputación Provincial y el federalismo mexicano, México, Colmex/unam, 1994.

Birrichaga Gardida, Diana, “Administración de tierras y bienes comunales. Política, organización territorial y comunidad de los pueblos de Texcoco, 1812-1857”, tesis doctoral, México, Colmex, 2003.

, “Los espacios del poder local. (Re)configuración de los grupos políticos en los pueblos texcocanos, 1820-1850” en Brian Connaughton (coord.) Prácticas populares, cultura política y poder en México, siglo xix, México, uam-Iztapalapa, Juan Pablo, 2008, pp. 221-257.

, “Entretelones de la guerra de Independencia: política y comercio en el centro de México (1810-1826)” en Fradkin, Raúl, (editor), Conflictos, negociaciones y comercio durante las guerras de independencia latinoamericanas, New Jersey, United States, Gorgias Press, 2010.

Colección de decretos y órdenes del congreso constituyente del Estado Libre y Soberano de México, Toluca, Imprenta de J. Quijano, 1848.

Colección de decretos y órdenes de los congresos constitucionales del Estado libre y soberano de México, Toluca, Imprenta de J. Quijano, 1850.

Constitución política de la monarquía española, Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, México, M.A. Valdés.

“Constitución política del Estado de México, sancionada por su congreso constituyente en 14 de febrero de 1827” en Constituciones del Estado de México 1827, 1861, 1870 y 1917, México, Enciclopedia del Estado de México, 1974, pp. 13-55.

Hale, Charles, El liberalismo mexicano en la época de Mora, México, Siglo xxi editores, 1997.

Instrucción para el gobierno, “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, 23 de junio de 1813, pp. 105-126, en línea <http://legishca.edu.umh.es/1813/06/23/1813-06-23-instruccion-para-el-gobierno-economico-politico-de-las-provincias/> [Consulta: 5 de julio de 2019].

Iturbide, Agustín, Sus memorias escritas desde Liorna (27 de septiembre de 1823), México, D.F., Editorial Jus, 1973.

Macune, Charles, El Estado de México y la federación mexicana 1823-1835, México, fce, 1978.

Mayagoitia y Hagelstein, Alejandro, “Aspirantes al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México: extractos de sus informaciones de limpieza de sangre (1760-1823)” Ars Iuris, Universidad Panamericana, núm. 21, 1999, México, pp. 408-542.

Moreno Gutiérrez, Rodrigo, “El ayuntamiento constitucional de la ciudad de México en la llamada “Consumación de la Independencia” (1820-1821)” en Memoria del Simposio hacia el Bicentenario de la Independencia. Antiguo Estado de México, uaem /El Colegio Mexiquense/Gobierno del Estado de México, 2007, pp. 253-282.

Nickel, Herbert J. El peonaje en las haciendas mexicanas. Interpretaciones, fuetes, hallazgos, México, Arnold Bergstraesser Institut Freiburg / Universidad Iberoamericana, 1997.

Noriega Elío, Cecilia, México, Instituto Mora/Colmich/El Colegio Mexiquense, 2007, 2 tt.

Real Ordenanza, “Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y provincia en el reino de la Nueva España”, 1786 en <https://ia801302.us.archive.org/29/items/realordenanzapar01nvguat/realordenanzapar01nvguat.pdf> [Consulta: 3 de marzo de 2018.]

Padrones 1770-1771, 1782-1825, 1776-1816, en línea: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-7X87-G?cc=1837908&wc=MG26-JWL%3A166225601%2C164305602%2C169151601 : 21 May 2014> San Antonio de Padua >image 321 of 861> [Consulta: 5 de junio de 2018].

Pani, Erika, “De coyotes y gallinas: hispanidad, identidad nacional y comunidad política durante la expulsión de españoles” Revista de Indias, csic, vol. lxiii, núm. 228, 2003, Madrid, pp. 355-374.

Pastrana Reyes, Jorge, Los Congresos del Estado de México en el Siglo xix y en los Albores del Siglo xx. Cien Años de Órganos legislativos Mexiquenses (Cronología 1814-1914), Toluca, Estado de México, Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México, 2012.

Pérez Zamarripa, Abisai, “Los albores de la ciudadanía en México: sociedad y cultura política en México: sociedad y cultura política en Puebla, 1780-1834”, tesis inédita de maestría en historia internacional, cide, 2016.

Representación que hizo el ayuntamiento de la ciudad de Texcoco, al congreso del Estado de México el día 26 de abril del presente año, Texcoco, Imprenta de Martín Rivera, 1827.

Salinas Sandoval, María del Carmen, Política y sociedad en los municipios del Estado de México (1825-1880), Toluca, El Colegio Mexiquense, 2000.

capítulo iv

Alianzas, banquetes y otras estrategias
de movilización del voto:
la elección presidencial de 1850
en la ciudad de México

Edwin Alcántara Machuca

Desde principios de 1850 comenzó en México una efervescencia política y una agitación periodística inusitadas en torno a quién sucedería al general José Joaquín de Herrera en la silla presidencial. La elección de ese año para elegir al próximo presidente fue quizá una de las más competidas e impetuosas en la vida independiente del país hasta ese momento pues, de las anteriores, acaso sólo la de 1828 provocó una contienda y una movilización del voto tan intensas. Aún están por estudiarse las elecciones presidenciales en la primera mitad del siglo xix, pues se ha creído que buena parte de esos comicios estaban predeterminados por las grandes figuras militares o políticas que llegaban al poder tras un movimiento armado y que las votaciones sólo eran un medio de legitimación de su presidencia.237 Mucho ha tenido que ver en esta visión la creencia de que las elecciones eran controladas por las élites políticas o económicas, mientras que la mayoría de ciudadanos, iletrados, eran sólo manipulados para votar por algún candidato. Los capítulos de este libro que anteceden al presente muestran que los distintos actores sociales que participaban en los procesos electorales no eran pasivos y, por el contrario, estaban involucrados en dinámicas de movilización en las cuales las prácticas electorales corporativas y tradicionales se adaptaron y transformaron bajo las nuevas formas de elección del México independiente para defender intereses políticos y económicos locales. La elección presidencial de 1850 representó un momento en el que, al lado de las prácticas existentes, comenzaron a emerger novedosas formas de movilización del voto en las que se vislumbraba el germen de lo que serían, en décadas posteriores, las campañas electorales.

La mañana del 29 de septiembre de 1850, día de las elecciones primarias para elegir un nuevo presidente de la República, la ciudad de México vivió un ambiente de intensa movilización electoral. Según los relatos de algunos periódicos, los partidarios del general Mariano Arista, ministro de Guerra y acaso el más fuerte aspirante presidencial, tomaron muchas casillas electorales haciendo uso de amenazas o de violencia, las instalaron antes de tiempo y nombraron funcionarios. Se habló de gente que votaba en tumulto en varias casillas, de compra de votos, de repartición de boletas con nombres de electores afines al candidato, de sufragio a modo por funcionarios, miembros de la guardia nacional y gente que se hizo pasar por vecinos de manzanas que no les correspondían. Pero algunos diarios acusaron al ayuntamiento capitalino de favorecer a los conservadores y a su candidato, Nicolás Bravo, con argumentos semejantes: casillas instaladas antes de tiempo y en lugares ocultos, nombramiento de funcionarios afines a los “monarquistas” para intervenir en la elección, así como la omisión de ciudadanos en los padrones.

Esta batalla de denuncias en torno a los comicios capitalinos formó parte de un momento culminante y decisivo en la elección presidencial de 1850, una de las más competidas que se realizaron en México hasta ese momento de su vida independiente y que provocó una intensa movilización política en todo el país, pues se postuló una cantidad inédita de candidatos, quienes contaron con el apoyo de diversos partidos, facciones o bandos por entonces muy divididos por la crisis que vivían tras la guerra con Estados Unidos. La falta de unidad entre los moderados —el partido gobernante—, así como entre unos federalistas puros debilitados durante el conflicto bélico, provocó una fragmentación política que derivó en la ausencia de consensos amplios en las postulaciones. Nunca antes una contienda presidencial como la de ese año enfrentó a las candidaturas a tantas personalidades políticas relevantes: Nicolás Bravo, Valentín Gómez Farías, Manuel Gómez Pedraza, Antonio López de Santa Anna, Mariano Arista, Juan N. Almonte y Luis de la Rosa, entre los más destacados. La sucesión presidencial fue objeto de un intenso debate público en la prensa durante todo el año de 1850 que se intensificó durante las votaciones, efectuadas entre agosto y octubre.

Contra lo que muchos de sus opositores creían y proclamaban al afirmar que Arista contaba con recursos muy superiores, influencia militar y política por ser ministro de Guerra del presidente José Joaquín de Herrera, el general Arista tuvo que enfrentar una intensa competencia electoral en muchos estados donde los votos fueron fuertemente disputados por sus principales competidores —Juan N. Almonte, Nicolás Bravo, Manuel Gómez Pedraza y Luis de la Rosa— quienes ganaron importantes elecciones locales, principalmente en las capitales. Si bien Arista aventajaba en los comicios locales sobre sus competidores, las victorias obtenidas por éstos en su conjunto no permitían al ministro de Guerra asegurar la mayoría de estados que necesitaba para ganar la presidencia. De manera que ganar en los comicios del Distrito Federal —los cuales se habían pospuesto a falta de Ayuntamiento que los organizara— se convirtió en un objetivo estratégico y casi en una cuestión de honor para el general Arista, pues esto le permitiría consolidar y legitimar las victorias obtenidas en los estados ante sus oponentes.

Con el fin de asegurar este triunfo en la capital del país, Arista debió recurrir a todo tipo de estrategias. La principal de ellas fue una alianza con los liberales puros de la ciudad de México en la que se desarrollaron diversas tácticas de movilización del voto: reuniones, banquetes, compra de votos, sobornos, ofrecimiento de empleos, amenazas y apoyo de grupos populares. No obstante que estas prácticas fueron denunciadas por los bandos opositores a Arista, especialmente los conservadores y los almontistas, éstos también echaron mano de sus propias tácticas. Los primeros, como se ha mencionado, fueron también acusados de intervenir en los preparativos de la elección y movilizaron a sus adeptos entre la población urbana a las sesiones del colegio electoral para provocar abucheos contra la elección de Arista.

Este capítulo tiene el propósito de explicar y analizar el significado de estas prácticas electorales puestas en marcha durante de la contienda presidencial de 1850 en la ciudad de México en el contexto de las impetuosas y violentas controversias de la prensa, en las que tuvieron lugar fuertes acusaciones y denuncias entre partidarios de Arista, conservadores y almontistas. Al respecto, es de destacarse que la elección capitalina fue la que más atención mereció en la prensa en el contexto del proceso presidencial y propició un debate periodístico que, por una parte, ilustra de manera prolija el conjunto de prácticas electorales usadas por los grupos políticos en disputa para movilizar, presionar, negociar o inducir el voto, y por otra, ofrece una interesante muestra del uso estratégico de la prensa para denunciar y descalificar a los grupos y candidatos enfrentados en la contienda electoral.

¿Cómo influyó la negociación de Arista con los liberales puros para movilizar el voto popular a su favor? ¿Eran los banquetes o reuniones políticas parte de lo que podría considerarse como el inicio de una práctica emergente de realización de campañas electorales? ¿Representaban estos “actos de campaña” un recurso para movilizar electores, pactar y negociar votos? ¿Fueron la compra de votos, los sobornos, el sufragio de empleados públicos y otras acusaciones, un conjunto de prácticas que podían ser consideradas solamente como tácticas clientelistas o que actuaron más como incentivos para movilizar el voto? ¿Cuál fue el sentido de las movilizaciones populares de los diferentes bandos durante las sesiones de colegio electoral: pretendían incidir en la decisión de los electores, presionarlos, impedir la elección de Arista, legitimar el triunfo de este? ¿Actuaron, en fin, estas prácticas en distintos momentos del proceso electoral como tácticas movilizadoras del voto? Estos son algunos de los cuestionamientos que busca discutir este capítulo.

Partidos, candidatos y postulaciones

No es fácil caracterizar a los partidos políticos al mediar el siglo xix en México tras la guerra con los Estados Unidos, pues además del efecto disruptivo que ésta tuvo en la clase política, los partidos eran grupos políticos muy cambiantes, que podían estar más o menos articulados en torno a ciertas ideas o concepciones políticas como la forma de gobierno, la representación política, la soberanía popular o el sentido de las reformas que requería el país, pero también podían integrarse alrededor de ciertas personalidades políticas que no necesariamente compartían sus creencias políticas o un programa. No obstante, entre los miembros de la clase política se identificaba a cuatro partidos principales: liberales moderados, puros o radicales, conservadores —también llamados “monarquistas” por sus rivales— y santanistas. Con frecuencia, la publicación de un periódico también constituía un eje de articulación de los grupos políticos y en él expresaban sus ideas, posiciones e intereses. Frente a las elecciones, en los partidos se ensamblaban intereses muy heterogéneos de tipo local o regional que a menudo poco tenían que ver con las comuniones políticas, pero sí con las negociaciones, conveniencias u ofrecimientos que pudieran concretarse entre los partidarios de los candidatos, los grupos políticos locales, las élites sociales, grupos de poder económico o las figuras mediadoras que actuaban como agentes movilizadores del voto a favor de los aspirantes.

Pese a que en la prensa ya se hablaba de la necesidad de organizar reuniones públicas para elegir candidatos, en esta época la única forma de promover las candidaturas considerada como válida y aceptable por las prácticas políticas vigentes era a través de la prensa, ya que se creía que los candidatos presidenciales no podían postularse a sí mismos y mucho menos promoverse en actos públicos o “meetings”, pues debían esperar a que la “opinión pública” los proclamara por sus méritos —reales o supuestos—, su trayectoria, antecedentes o servicios prestados a la nación, de tal manera que ellos no aparecieran como personajes ambiciosos, con intereses políticos o personales. De este modo, el periódico, y en alguna medida los folletos, cartas, manifiestos o impresos sueltos, eran el vehículo idóneo para tratar de demostrar que, supuestamente, era la voz de los ciudadanos, representada por los distintos órganos de prensa, la que postulaba a un determinado candidato, el cual, generalmente, fingía desinterés por el cargo e incluso aparentaba resistirse a aceptar la elevada postulación por considerarse carente de méritos. Así, se pretendía que entre más periódicos postularan a un candidato, se daba una mayor impresión de ser aclamado por la “opinión pública” y, por lo tanto, de contar con mayores adeptos y votos.

Al ser la ciudad de México el centro de la actividad política nacional, sus periódicos tenían un enorme peso e influencia en el debate público. En 1850 dominaban la escena periodística El Siglo Diez y Nueve y El Monitor Republicano, de tendencia liberal moderada, así como el conservador El Universal, editados, respectivamente, por tres de los más importantes empresarios periodísticos del momento: Ignacio Cumplido, Vicente García Torres y Rafael de Rafael. Desde marzo de 1850 comenzó con una efervescencia política inusitada y una intensa agitación periodística en torno a la sucesión presidencial. Asimismo, se desató un alud de nuevos periódicos y aspirantes en todo el país acaso nunca antes visto en el México independiente ya que llegaron a sumar más de 20 los aspirantes presidenciales. Tan sólo en la ciudad de México aparecieron ocho nuevos periódicos para apoyar a los candidatos, cinco de los cuales respaldaban la candidatura de Arista. El diario El Universal calificó a esto como una “epidemia” de periódicos, aludiendo a la enfermedad del cólera que azotó al país en ese año. Fueron 46 los periódicos tanto establecidos como de nueva aparición a los que apoyaron al menos una candidatura.

Entre mayo y julio de 1850, los principales periódicos de la ciudad de México hicieron públicos a sus candidatos. Los conservadores postularon en El Universal al general Nicolás Bravo. La Palanca, periódico redactado por santanistas, propuso a su dirigente, Antonio López de Santa Anna. Los moderados no fueron capaces de llegar a un consenso para postular una sola candidatura, por lo que El Siglo Diez y Nueve presentó la del general y senador Manuel Gómez Pedraza; El Monitor Republicano postuló al general Mariano Arista; El Demócrata, un periódico de reciente fundación, nominó a Luis de la Rosa, entonces ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos. Los puros tampoco lograron postular a un solo candidato, por lo que un periódico de Toluca, Temis y Deucalión, propuso a varias personalidades menores: Ramón Adame, Domingo Ibarra, Gregorio Dávila y Francisco Berdusco; El Federalista de Querétaro postuló a Valentín Gómez Farías y a Juan Almonte, y El Tribuno del Pueblo, también queretano, apoyó a Gómez Farías. El Mensajero, otro nuevo periódico de la capital, postuló a Juan N. Almonte.

La emergencia de nuevos candidatos se hizo incontrolable, pues fueron postulados personajes de diversos colores políticos y de distinta relevancia. Entre estos se encontraban el gobernador de Chihuahua, Ángel Trías, propuesto por El Defensor de Tampico; el político e historiador José Fernando Ramírez, nominado por La Opinión, de Guanajuato; Bernardo Couto, abogado de larga trayectoria legislativa en diversos congresos, fue el candidato de La Oposición, de Guadalajara; La Reforma, también de la capital de Jalisco, propuso al general Tomás Requena; incluso Agustín de Iturbide hijo fue nominado por La Palanca. Gobernadores que gozaban de popularidad local, pero que no tuvieron un órgano de prensa que los respaldara, fueron candidatos presidenciales, como fue el caso de Juan Múgica, de Puebla; Mariano Riva Palacio, del Estado de México; Juan Álvarez, de Guerrero; y Benito Juárez, de Oaxaca. Esta multiplicidad de periódicos y candidaturas configuraba ya un ambiente político muy fragmentado, sobre todo al interior de los liberales moderados y radicales, situación propicia para las alianzas, negociaciones y componendas.

Los periódicos fueron el escenario de una puesta en escena donde se sucedían violentas discusiones en torno a las incongruencias, fracasos o episodios vergonzosos en el historial público de los candidatos. A Bravo se le criticó haber decretado en 1842, como presidente sustituto, la disolución del Congreso Constituyente para establecer una Junta de Notables por orden de Santa Anna, y se le atribuía ser “juguete” de Lucas Alamán y de la “facción monarquista”. De Gómez Pedraza se decía que nunca mostró su capacidad como hombre de Estado, sobre todo cuando ocupó la presidencia en 1833, y también se le atacó por haber firmado como comisionado mexicano, el 23 de junio de 1850, un tratado con Estados Unidos sobre la construcción de una vía interoceánica en Tehuantepec que se consideraba riesgosa para la soberanía nacional. Sobre de la Rosa se afirmaba que servía a los intereses de los Estados Unidos, pero sobre todo se calificó a su candidatura de inconstitucional por residir fuera del México como representante diplomático en Washington. De Almonte se dijo, con razón, que había pertenecido a todos los partidos y sólo buscaba satisfacer su ambición presidencial pues, efectivamente, intentó ser presidente en varias ocasiones entre 1845 y 1848. Arista fue quien recibió los ataques más agresivos, pues fue acusado de su levantamiento contra el sistema federal en 1833, sus derrotas militares al iniciar la guerra con Estados Unidos en 1846, de no contar con el apoyo de partido alguno, de desviar recursos del erario para pagar periodistas y diarios que lo apoyaban, así como de contar con un “ejército” de agentes y espías a su servicio en los estados.

Las reglas del proceso electoral

Antes de abordar los sucesos de la elección en la ciudad de México, conviene explicar brevemente la forma en que, de acuerdo con la legislación electoral vigente, se desarrollaría el proceso electoral presidencial. Conforme a la Constitución, el Acta de Reformas de 1847 y el decreto electoral emitida el 13 de abril de 1850 para celebración de la elección presidencial —misma que se basaba en leyes electorales de 1841 y 1847—, en las elecciones primarias votarían todos los ciudadanos varones, mayores de 20 años, que tuvieran un modo honesto de vivir, que no tuvieran una causa criminal pendiente, no hubieran cometido una “quiebra fraudulenta” o tuvieran sus derechos suspendidos por ser ebrios consuetudinarios, vagos o tahúres.238

Para llevar a efecto las elecciones, los estados se encontraban divididos en partidos electorales o distritos, delimitaciones que correspondía hacer a los ayuntamientos o a los jueces de paz. Los ciudadanos con derecho a voto, empadronados por los comisionados electorales designados por los cuerpos municipales, se reunirían en juntas primarias para votar por un elector por cada 500 habitantes. El sufragio se emitiría a través de una boleta expedida por los comisionados electorales con la que acreditarían su derecho a votar; en ella estaría escrito el nombre del candidato a elector y sería depositada en una urna. Al final de la votación se mencionarían en voz alta los nombres de los electos en las boletas y se registraría el conteo al final con base en el cual el presidente de la junta declaraba a quienes hubieran obtenido más votos; se redactaba el acta y se extendía al ganador la “credencial” que lo validaba como elector secundario.

En la cabecera de cada partido electoral se integraría una junta secundaria o colegio electoral donde se reunirían los electores secundarios para elegir al presidente de la República. En estas juntas se debía integrar una mesa que presidiría la votación a la cual entregaban sus credenciales los electores. Al comenzar la sesión para emitir el voto, el presidente de la junta interrogaba a los electores si alguno deseaba exponer una queja sobre “cohecho o soborno” para favorecer a un candidato.239 De haber quejas, debían ser resueltas por la mesa que presidía la junta electoral. En caso de no haber denuncias, los electores emitían su voto por escrito mediante cédulas para elegir al presidente de la República. En seguida se hacía el cómputo de los votos, al cabo del cual el presidente de la junta debía anunciar al candidato ganador y se elaboraba el acta respectiva. Las actas electorales de las juntas secundarias serían enviadas al Congreso del estado, el cual debía efectuar el cómputo de los votos, calificar la elección y declarar al ganador.

El candidato que hubiera reunido la mayoría absoluta de votos de los electores secundarios en cada entidad sería declarado ganador por la legislatura local y, en caso de que ninguno de los aspirantes la obtuviera, se nombraría al ganador entre quienes tuvieran una mayoría relativa.240 Las actas con el resultado serían enviadas por las legislaturas al Congreso general, al cual le correspondería hacer el cómputo de votos y calificar la elección. Este órgano legislativo declararía presidente a quien reuniera la mayoría absoluta de votos de las legislaturas de los estados, esto es, que operaría el principio previsto en la Constitución de “un voto un estado”.241 En caso de que ninguno alcanzara dicha mayoría, el Congreso elegiría entre los dos candidatos que contaran con el mayor número de votos.242

Era este el mecanismo definido por el marco legal bajo el cual se desarrollaría la elección presidencial de 1850 que, en el caso de la ciudad de México, sufriría un retraso en su celebración, razón por la cual, además de la relevancia política que tenía la capital del país, se convertiría en un proceso en torno al cual había gran expectación, pues su resultado contribuiría a definir el triunfo de alguno de los candidatos presidenciales.

Una disputada elección presidencial

Para comprender la importancia que tuvo la contienda presidencial en la ciudad de México es necesario explicar que las elecciones primarias y secundarias en los estados del país representaron un proceso sumamente disputado. Como ya se dijo, lejos de lo que habían anticipado las descalificaciones de la prensa opositora al proclamar que los recursos financieros, la influencia en el gabinete presidencial, la “compra” de diarios y periodistas, así como los adeptos militares y políticos de que disponía el general Mariano Arista como ministro de Guerra le darían un triunfo fácil, ese candidato tuvo que enfrentarse a una fuerte competencia en diversos estados y, en no pocos casos, a votaciones muy combativas en donde no le fue posible evitar la derrota.

Los resultados de las elecciones secundarias, que se efectuaron el 8 de septiembre de 1850, dieron cuenta de una diversidad de tendencias en el voto donde si bien Arista aventajaba sobre sus competidores, las victorias obtenidas por éstos en su conjunto no permitían al ministro de Guerra asegurar la mayoría de estados que necesitaba para ganar la presidencia. Puede tenerse una idea significativa de las tendencias del voto tras los comicios secundarios con base en los estados en los que cada uno de ellos obtuvo una mayoría de partidos electorales. Arista se colocaba en primer lugar al obtener la mayoría de partidos en nueve estados (Chiapas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas). En segundo sitio se colocó Almonte quien ganó más partidos en cinco estados (Guerrero, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Zacatecas); Gómez Pedraza aventajaba en tres estados (Michoacán, Coahuila y Veracruz), mientras que Bravo y De la Rosa iban adelante en un estado cada uno (Puebla y Durango, respectivamente). Otro dato significativo es que, de 16 capitales de los estados sólo en tres triunfó Arista, mientras que sus opositores ganaron el resto. Las tendencias no eran del todo favorables al ministro de Guerra, pues la suma de las entidades en que sus opositores aventajaban era de 10 contra 9 de Arista. Como se advierte, la reñida competencia electoral en las entidades representó un factor influyente en la contienda, tanto así que la ciudad de México podía inclinar el fiel de la balanza en el resultado de la elección.243

No obstante que aún faltaba que los congresos estatales calificaran la elección el 4 de octubre —proceso donde la elección daría un viraje importante a favor de Arista—, en aquel momento para el ministro de Guerra era importante tratar de apuntalar y asegurar su victoria. Por otro lado, en la ciudad de México los conservadores habían logrado importantes victorias electorales recientes, pues en 1849 habían conquistado el Ayuntamiento en las elecciones municipales —al cual renunciaron a fines de ese año por un conflicto electoral por cierto orquestado en gran parte por Arista—, además de que los votos les habían favorecido en la capital en la elección para diputados al Congreso general en aquel mismo año. Es posible, por lo tanto, que Arista se quisiera asegurar de detener el avance o la amenaza de los conservadores en la capital. Por otra parte, la ciudad de México era el centro de la actividad pública y de la clase política nacional, así como el asiento de los poderes federales, por lo que triunfar en la ciudad de México significaba no sólo un objetivo estratégico con el fin de consolidar sus triunfos, sino que, además, le daría una legitimidad que fue cuestionada por sus opositores desde antes y durante todo el proceso electoral.

Diputados locales de varias legislaturas arguyeron que los candidatos opositores al ministro de Guerra no habían alcanzado la mayoría absoluta, por lo que tuvieron que decidir al ganador entre los aspirantes con más votos. De esta forma, se declaró ganador a Arista en estados donde sus opositores parecían adelantar o estar en una reñida disputa como Coahuila, Estado de México, Guanajuato y Veracruz. No obstante que estos triunfos en apariencia le despejaban el camino a la presidencia a Arista, en tres entidades ―Coahuila, Jalisco y Querétaro―, legisladores locales habían presentado impugnaciones y aún faltaba la elección en el Distrito Federal, así como la calificación de la elección que haría el Congreso nacional, el cual tendría la última palabra.

Descalificaciones, reuniones y brindis

Los comicios presidenciales en el Distrito Federal se celebrarían el 4 de octubre, esto es, casi dos meses después de las elecciones primarias en los estados efectuadas el 11 de agosto, debido a que la capital del país se encontraba sin ayuntamiento —que era el cuerpo organizador de las elecciones— a causa la renuncia del cuerpo edilicio formado por conservadores en protesta porque el Congreso les impidió ejercer sus atribuciones en la organización de las elecciones municipales de diciembre de 1849. Se trató de un movimiento en el que se unieron legisladores moderados y puros, y que contó con manifestaciones de sectores populares encabezada por un personaje cercano a Mariano Arista, del que se hablará aquí más adelante. Luego de intensos debates sobre el tema en la Cámara de Diputados, por fin se acordó llamar a ejercer su funciones al cuerpo municipal que estuvo a cargo del ayuntamiento hasta julio de 1849, presidido por Miguel González de Cosío,244 mismo que se instaló el 19 de septiembre de 1850 y que de inmediato se abocó a los preparativos de la elección presidencial en la capital cuya etapa primaria se efectuaría el 29 de septiembre.

A través de El Monitor Republicano, los adeptos del general Arista, temerosos de cualquier manejo que perjudicara la elección de su candidato, iniciaron la ofensiva acusando a los concejales de trabajar secretamente a favor de los conservadores pues, decían, no informaban quiénes serían los empadronadores, los comisionados que repartirían las boletas ni los funcionarios de casilla. El senador Ponciano Arriaga y el diputado Francisco Banuet, decididos partidarios del ministro de Guerra, dirigieron una “enérgica” protesta al gobernador del Distrito Federal, Miguel María Azcárate, en la que denunciaban los “medios ilegales” y los manejos “deshonestos” del ayuntamiento al que llamaron “instrumento del partido conservador” y, en un tono amenazante, afirmaban que el pueblo sabría dar una “lección de moralidad” a ese cuerpo municipal,245 con lo que parecían amenazar con acciones populares violentas. En respuesta a las acusaciones, el alcalde González Cosío publicó un escrito en el cual defendía la legalidad y la debida publicidad que se dio a los preparativos de la elección.246

Aunque en el ayuntamiento figuraba Alejandro Arango y Escandón, futuro consejero de Maximiliano en el Segundo Imperio mexicano, no es muy clara la filiación política de ese cuerpo pues al parecer no lo integraban los hombres cercanos a Lucas Alamán.247 No obstante, para desprestigiar a los conservadores y encender los ánimos, El Monitor Republicano pintó a esta contienda como una lucha de “monarquistas” contra “republicanos” y publicó un manifiesto firmado por “Unos amigos del pueblo” que llamaba a defender el sistema federal, así como a derrotar y humillar en el terreno electoral a los “vasallos de la monarquía”.248 Con esta campaña los partidarios de Arista seguramente buscaban anticiparse a cualquier forma de intervención del ayuntamiento a favor de los conservadores y descalificar de antemano la legalidad de los comicios por si éstos no les favorecían.

Pero pronto los acusadores se convirtieron en acusados, pues en los días previos a las elecciones primarias los conservadores hicieron un duro contraataque en El Universal al acusar que los aliados de Arista se lanzaron “por toda la ciudad” a negociar votos por medio sobornos, amenazas, compra de sufragios y ofertas de empleo. Aseguraban también que miembros de la guardia nacional de otros lugares eran introducidos a casas de diversas manzanas para que sufragaran haciéndose pasar por vecinos. Se informó sobre reuniones en casas particulares en las que se daban cita los puros, pero también gente del pueblo, oficiales de policía, integrantes de la guardia nacional y, según El Universal, los hombres “más desprestigiados y aborrecidos de la capital” con el fin de hacer sus planes para ganar los comicios primarios “a toda costa”.249

Una de las acciones que más escándalo causó a los conservadores fue la organización de banquetes a los que fueron convidados “hombres del más bajo pueblo” a quienes se les entusiasmaba con discursos y brindis, con promesas “disparatadas” y “absurdas”, pero también “con el influjo del licor”.250 Más tarde se sabría que una de las casas en las que tuvieron lugar las reuniones fue la de Romualdo Ruano, quien había ocupado diversos cargos en el gobierno de la ciudad, como administrador de correos. Al último de esos “opíparos” banquetes, previo a la elección, asistió el mismo general Arista, quien hizo promesas de lo mucho que deseaba hacer por la nación y agradeció de antemano que lo honraran con su voto, el cual fue ofrecido de forma unánime por los convidados “en medio del estrépito de los brindis y aclamaciones”. En el convite también estuvieron empleados públicos que iban a votar “de orden superior”.251

Aunque las reuniones políticas y los banquetes no estaban prohibidos por la legislación electoral, los adversarios de Arista buscaron mostrarlos como actos en los que se compraba la voluntad de los electores y en los que se fraguaban planes de fraude, compra o coacción del sufragio. Las pintorescas escenas descritas por El Universal eran parte de la estrategia de los conservadores para desacreditar al ministro de Guerra. Es de destacarse que en esta elección los banquetes fueron toda una táctica novedosa empleada por Arista y sus seguidores como parte de una estrategia para agasajar al “pueblo”. Debe recordarse que en este momento no existían las campañas electorales ni tampoco mítines o actos públicos en los que algún aspirante promoviera su candidatura.252 Es por ello que, para este momento, resultaba algo innovador que se realizaran reuniones privadas donde el candidato declarara sus principios, hiciera promesas a sus seguidores y éstos pudieran sentirse cerca del aspirante. Seguramente para muchas de las personas que asistían a estos convites, representaba un privilegio departir con el ministro de Guerra y candidato presidencial y brindar con él —pues las bebidas eran parte del ritual persuasivo—, todo lo cual seguramente propiciaba adherencias entre los asistentes.

Pero las reuniones políticas no eran privativas del bando de Arista, pues El Monitor Republicano contraatacó afirmando que en casa de un hombre de apellido Andrade había tenido lugar una reunión de “monarquistas” presidida por Lucas Alamán, a la que también asistieron algunos liberales partidarios de Almonte, con lo cual ambos bandos se dieron “un abrazo” con el fin de que ese aspirante fuera electo.253 En contraste, la prensa partidaria de Arista sostenía que en las reuniones del “partido liberal” privaba la franqueza y la tolerancia pues incluso en una de ellas dos de los asistentes desistieron de apoyar a Arista, uno por su lealtad a Santa Anna y otro por preferir a De la Rosa. No es imposible que se fraguara la alianza entre conservadores y almontistas, pues hubo intensos rumores sobre esta negociación e incluso, más adelante, un diputado conservador defendería el triunfo de Almonte cuando el Congreso calificó la elección presidencial. Además, ambos bandos trabajaron juntos en la capital para descalificar a Arista y sus tácticas electorales en sus respectivos periódicos. Por otro lado, cabe preguntarse: ¿qué hacían santanistas y partidarios de Luis de la Rosa en una reunión de apoyo a Arista? En el ambiente de mascarada que privaba, cualquiera podía cambiar de candidato con facilidad.

Aunque los banquetes y reuniones políticas fueron sólo algunas de las diversas tácticas de negociación y movilización del voto, es importante destacar su relevancia en el contexto específico de esta elección en la ciudad de México, pues representaron, para esta época, formas novedosas de hacer proselitismo electoral, como parte de lo que Frank O’Gorman describe como las “formas” y “rituales” de la cultura electoral, los cuales comprendían prácticas muy variadas como “escenas de aclamación popular”, “procesiones de la población local”, ceremonias de nominación de candidatos, “rituales de negociación” como cenas y brindis, discursos, desfiles, etc.254 En la elección presidencial de 1850, un acercamiento entre personas del “pueblo” y Arista, el candidato con la posición política más favorable, fue una práctica inédita que fortalecía un vínculo más directo no sólo entre los electores y el aspirante, sino entre los sectores populares que tomarían parte en otro tipo de movilizaciones a lo largo del proceso. Las reuniones políticas privadas como las descritas en las casas particulares de los seguidores de Arista o de sus adversarios, los conservadores y partidarios de Almonte, representaban importantes espacios de negociación donde se podía pactar todo tipo de apoyos de acciones de movilización y, por supuesto, fraguarse alianzas entre partidarios de diferente filiación política.

En medio de estas polémicas, el diario conservador El Universal y El Mensajero, —partidario éste de Almonte—, comenzaron a hablar de que la intensa movilización a favor de Arista fue resultado de una alianza que el ministro de Guerra y sus hombres pactaron con los liberales puros de la capital, en la cual un hombre fue la pieza clave: Eligio Romero, hijo del también radical Vicente Romero (en ese momento diputado federal por Zacatecas), ex legislador del Congreso en 1847, combatiente en la guerra contra Estados Unidos, duro opositor al tratado de paz,255 así como organizador de manifestaciones populares violentas que provocaron la renuncia de los conservadores en diciembre de 1849.256 El perfil de Romero era, por tanto, el de un agente movilizador que seguramente echaba mano de sus redes con grupos populares locales.

Entre “nubes” de agentes
y casillas en oscuros rincones

El día de las elecciones primarias, 29 de septiembre, según los relatos de conservadores y partidarios de Almonte, los hombres de Romero cometieron toda clase de prácticas ilegales e incluso actos de violencia electoral: verdaderas “nubes” de “agentes” de Arista se derramaron por toda la ciudad e instalaron casillas antes de la hora señalada por la ley o se apoderaron de ellas por medio de amenazas o violencia; imponían como funcionarios de casilla a sus adeptos; enviaban a votar a electores a secciones que no les correspondían; personas que ya habían votado en una manzana iban en tumulto a votar en varias más; hombres “bien conocidos” incluidos “algunos licenciados”, ofrecían dinero por votos a gritos “desde cuatro reales a tres pesos cada uno”.257

Otra de las maniobras utilizadas por Eligio Romero, quien aspiraba al cargo de senador, fue que sus hombres repartieron boletas electorales con su nombre, como lo denunciaron los vecinos de una manzana en una protesta escrita al gobernador del Distrito Federal, Azcárate, a quien pedían que éstas y “otras muchas infracciones” fueran averiguadas.258 El papel de Romero resultó decisivo en esta elección pues mostró una capacidad de movilización seguramente debida a sus vínculos con grupos populares urbanos. Pero Romero no fue el único puro que se alió con Arista en la capital pues, de acuerdo con un corresponsal del gobernador del Estado de México, Mariano Riva Palacio, varios “puretes” obraban “con siniestro” a favor de Arista, entre ellos, Bernardino Alcalde, de quien afirmaba que antes fue su “mayor enemigo” y ahora era su “partidario principal”.259

Por su parte, los partidarios de Arista siguieron su estrategia de denunciar las supuestas maniobras ilegales por parte del ayuntamiento. Por ejemplo, acusaron que se habían omitido nombres de muchos ciudadanos en los padrones, que éstos no fueron fijados en los parajes públicos, así como casillas instaladas antes de las 9 de la mañana y en lugares ocultos como “en el rincón más oscuro de una tocinería”; ello con el fin de que los funcionarios de casilla fueran hombres afines a los conservadores que pudieran operar en la elección a favor de éstos.260

No obstante, estas acusaciones, la movilización y las tácticas de los hombres de Arista en las elecciones primarias parecieron rendir sus frutos y ello se vio reflejado en la conformación del colegio electoral que tuvo bastantes electores afines al ministro de Guerra. En el colegio electoral figuraban aliados de Arista como Eligio y Vicente Romero, Ponciano Arriaga y Bernardino Alcalde; pero también había santanistas como Antonio de Haro y Tamariz e Ignacio Serra y Rosso, así como conservadores o personas cercanas a ellos como Joaquín Velázquez de León, José Ramón Malo, Teófilo Marín, Juan Bautista Alamán y Pedro Díez de Bonilla.261 La composición de la junta electoral prometía que este espacio se convertiría en una arena de una intensa disputa entre los principales bandos contendientes, esto es, los conservadores y partidarios de Arista. Del “¡muera el general Arista!” al “¡Viva nuestro presidente el general Arista!”.

El colegio electoral de la capital se reunió el 4 de octubre en el recinto de la Cámara de Diputados para elegir al presidente y a un senador por el Distrito Federal. No obstante, el dominio que ahí tuvieron los seguidores de Arista, se trató de una elección donde dieron una fuerte batalla los electores afines a los conservadores. Un análisis de los resultados de esta elección muestra que el voto finalmente se polarizó entre Arista y Bravo. De acuerdo con el acta de los comicios, Mariano Arista obtuvo 142 votos; Nicolás Bravo, 90; Juan N. Almonte, tres; Melchor Ocampo, Manuel Gómez Pedraza y Antonio López de Santa, uno cada uno; hubo además cuatro cédulas en blanco. Sin embargo, la diferencia entre Bravo y Arista fue considerable ya que éste ganó con el 58 por ciento de los votos mientras que Bravo alcanzó 37 por ciento. No obstante, las acusaciones contra el ayuntamiento del manejo de padrones y casillas para favorecer a los conservadores, Arista fue el triunfador, por lo que, si hubo tales prácticas, éstas no tuvieron el efecto esperado. Al parecer los intereses locales a los que el ayuntamiento podría representar tuvieron menos peso que la capacidad de movilización del voto de Arista y sus aliados.

Esta sesión del colegio electoral estuvo marcada por la hostilidad entre los asistentes de grupos populares que apoyaron a ambos bandos en las galerías. Los afines a los conservadores tomaron aquí la ofensiva pues cada que se emitía un voto a favor de Arista lo abucheaban y cuando era para Bravo lo aclamaban. Pero cuando la mesa anunció el contundente triunfo de Arista resonaron “vivas” y otras aclamaciones de los seguidores de ese candidato, las cuales fueron respondidas con gritos de “¡Muera el general Arista!” y “¡Muera el colegio electoral!”.262 El triunfo para los llamados “aristarcos” fue doble, pues en la misma sesión sus candidatos a senadores, Joaquín Navarro y Eligio Romero, fueron electos como propietario y suplente, respectivamente. Los seguidores de Arista salieron eufóricos a las calles a celebrar con música, banderas, tambores, cohetes y gritos de “¡Viva nuestro presidente el general Arista!”. Arista y Romero salieron a un balcón del Palacio Nacional a saludar a su grupo de adeptos.263 Tras estos festejos un grupo de electores que votaron por Arista pidieron ser recibidos por éste en su ministerio para felicitarlo, expresarle sus esperanzas en que sería el “salvador de la patria” y aseguraría su libertad y progreso. El candidato contestó agradeciéndoles su voto y con la promesa de proteger con su “sangre” las instituciones republicanas y el “sistema representativo popular federal”.264

Importa observar aquí las formas de intervención de los grupos populares. Las dos principales fuerzas contendientes —conservadores y aliados de Arista— apelaron a la participación popular para respaldar a sus candidatos, atacar a los adversarios, presionar a los electores y, eventualmente, defender los votos conseguidos. Las exclamaciones, abucheos y vítores eran la expresión de grupos populares urbanos que formaban parte del elenco en el drama electoral con fines de legitimación o descalificación de candidatos y de resultados electorales. Seguramente la experiencia que habían tenido los conservadores en la suspendida elección de diputados federales en la capital, en septiembre de 1849, cuando tuvieron que huir del colegio electoral ante las manifestaciones violentas de los seguidores de los liberales puros, les hizo aprender la lección y ahora preferían contar con el apoyo de sus partidarios entre los grupos populares.265 Para Arista y sus aliados, la presencia de gente del “pueblo” era el ingrediente principal de movilización que estuvo presente en todos los momentos de la campaña y el proceso electoral. Las expresiones de júbilo en las calles, las felicitaciones al triunfador y el discurso de éste, completaban un ritual con el que se buscaba bajar el telón tras el último acto y con lo que se buscaba dar el tiro de gracia a los adversarios.

La prensa tuvo, por supuesto, interpretaciones enfrentadas de estos hechos. Para El Monitor Republicano, las aclamaciones y vítores con que se recibió el triunfo de su candidato en el colegio electoral y las manifestaciones de regocijo de los “ciudadanos” en las calles eran el presagio de que Arista traería la felicidad de la República.266 El Daguerrotipo, que antes había simpatizado con la candidatura De la Rosa, ahora celebraba de forma oportunista la victoria de Arista y la derrota de los conservadores ya que subrayaba que el ministro de Guerra “es el enemigo jurado” y “antagonista implacable” de todo viso de la “monarquía” y de las “ideas retrógradas”.267 En contraste, para El Universal, la elección había sido una “farsa ridícula”, pues decían haber visto de cerca las “intrigas” y afirmaban que Arista debía su triunfo a puros que nunca habían tenido principios y a santanistas desertores.268 El Mensajero lamentó la “inacción y la apatía” con que se habían conducido los habitantes de la capital en las elecciones.269 El Siglo Diez y Nueve eligió una posición intermedia pues comentó que ambos bandos habían recurrido a las intrigas, al fraude y a la fuerza para alcanzar el triunfo.270 En suma, las opiniones de la prensa variaban en función del interés de los actores involucrados. De cualquier forma, el triunfo de Arista en la capital del país era ya un hecho y significó obtener la joya de la corona para definir su triunfo electoral.

Días después de la elección capitalina, el diario conservador volvió a la carga al denunciar los tratos de Arista con los puros de la capital a los cuales llamó “el club socialista” o “socialistas de Palo Alto”, debido a su alianza con los “proletarios” de la capital271 y a que pronosticaban que su gobierno se sometería al de los Estados Unidos y continuaría el anexionismo impulsado por el polémico militar al ser derrotado en las batallas de Palo Alto y La Resaca.272 Satirizaban incluso con versos esta situación aludiendo al triunfo de Arista:

Por fin el hombre eminente
De la Resaca y Palo-Alto
Ha de tomar por asalto
La silla de presidente.273

Tampoco dejaron de insistir los conservadores en que la victoria de Arista se debió a la intervención de personajes como Eligio Romero y Romualdo Ruano quienes se habían granjeado al “alto proletariado” y habían llevado a votar a la gente en “rebaño”. Sobre Romero, ironizaban en torno su nuevo cargo:

El Eligio de quién te hablo
En mi epístola anterior,
Por intervención del diablo
Resulto de senador.274

Pero el sarcasmo de El Universal llegaba al extremo al burlarse de la comisión de “resaquistas” que fue a felicitar a su “héroe” por la victoria electoral. Y remataba:

De socialismo con caldo
Y con su algo de resaca,
¡Huy! ¡qué sopa tan bellaca,
La sopa de don Romualdo!275

En un editorial, El Universal volvía al argumento de que Arista no fue postulado ni por moderados ni por puros, sino por la “facción-Arista”, que estaba compuesta de la “escoria de todos los partidos”, entre ellos “traidores”, vendidos a los norteamericanos que trabajaban por la anexión y venta del resto del país a Estados Unidos, y que buscaban el despojo de las propiedades y la venta de los bienes de la Iglesia.276

El Monitor Republicano contestó a El Universal burlándose de que ahora quisiera llamar “socialistas” a los adeptos del ministro de Guerra, lo cual, además de ser una calumnia, demostraba que los conservadores ignoraban lo que era el socialismo, pues los liberales se oponían a las máximas “anárquicas” que constituían a esa doctrina. Aseguraban que Arista no tenía por qué proclamar ideas y teorías, pues sus actos demostraban que defendía las instituciones federales. Argüían que lo que sus colegas llamaban partido de Arista era en realidad el de la mayoría de los liberales y si el ministro era rechazado por puros, santanistas, moderados y conservadores, como lo afirmaba El Universal, ¿cómo era posible que hubiera ganado la elección en la mayoría de los estados en las elecciones presidenciales?277

Consideraciones finales

Como se anotó anteriormente, en la elección presidencial capitalina Mariano Arista triunfó al obtener 142 votos frente a su rival más cercano Nicolás Bravo, que obtuvo 90, y muy lejos había quedado Juan N. Almonte, con tres votos. A nivel nacional, el triunfador de la elección presidencial fue también Arista, en un proceso que no estuvo libre de impugnaciones y que generó controversias en el Congreso nacional cuando éste calificó la elección.278 Al final, el Congreso declaró a Arista triunfador en 12 entidades (Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz); Almonte ganó en tres (Guerrero, Yucatán y Zacatecas); De la Rosa en dos (Durango y Nuevo León); y Gómez Pedraza en una (Michoacán).

Uno de los pasos decisivos que requería dar Arista para apuntalar y asegurar sus triunfos en la elección presidencial a nivel nacional fueron las elecciones en la ciudad de México, no sólo por lo que en términos simbólicos significaba ganar en la capital como centro político del país para legitimar la victoria que lo llevaría a la silla presidencial en enero de 1851, sino porque la capital había sido el escenario reciente de importantes triunfos electorales de los conservadores desde 1849. Seguramente eso motivó a Arista y a sus aliados puros a desplegar una importante actividad para asegurar una victoria que involucró toda una colección de estrategias movilizadoras del voto. Sin embargo, los conservadores emplearon también algunas tácticas como las reuniones políticas y la presencia de sus adeptos en el colegio electoral.

Cabe entonces una reflexión sobre las principales formas de movilización del voto empleadas en la elección presidencial en la capital del país, que pueden ser consideradas como parte de una cultura electoral del México independiente.279 En el contexto de las prácticas electorales de la época, la elección presidencial de 1850 presentó la novedad de lo que puede considerarse como una incipiente forma de campañas electorales, cuyo eje, más que los partidos, sus programas o sus principios, fueron las figuras de los candidatos presidenciales. Su imagen pública, sus antecedentes, su trayectoria política o militar, eran las credenciales que mostraba la prensa para lograr la simpatía y la eventual movilización de los electores o de los sectores populares que tenían incidencia directa en el proceso a través de sus acciones de apoyo a los candidatos en las diferentes etapas del proceso. En el caso concreto de Arista, esto fue más claro: su plan para movilizar el voto incluyó rasgos novedosos: apeló directamente a personas del “pueblo”, lo que incluyó convivir con ellos y hacerles promesas, un hecho que lo acercó al modelo moderno de las campañas políticas y que seguramente le valió un importante apoyo popular en la capital.

Las reuniones políticas, los banquetes y brindis representaban espacios de sociabilidad en los que se aprovechaba la atmósfera de festividad, alegría y entusiasmo para persuadir a los electores o ganar las simpatías de la población urbana. La convivencia y cercanía de un candidato con personas del “pueblo” y sus líderes, empleados públicos, era percibida como una deferencia y formaba parte de un mecanismo de seducción que garantizaba adhesiones, y en su caso, acciones de apoyo como manifestaciones públicas dentro y fuera de las juntas electorales.

Los casos denunciados de venta de votos, ofrecimiento de empleos, promesas de diverso tipo o soborno —concediendo que eran ciertas las acusaciones de la prensa opositora a Arista— más que formas de controlar o inducir el voto, seguramente actuaban como incentivos o estímulos movilizadores del sufragio, pues representaban la moneda de cambio entre la clase política y los sectores sociales que tenían demandas concretas que buscaban satisfacer, lo cual no exime que estas prácticas convivieran con otras formas coercitivas como la presión o la amenaza, por ejemplo, para movilizar a empleados públicos, miembros de la guarda nacional o de la policía.

La presencia de los grupos sociales populares en las sesiones del colegio electoral con sus andanadas de gritos, vítores, abucheos o condenas, servía para dar la impresión de apoyo o desaprobación popular a un candidato o partido, para mostrar ante los rivales la fuerza social con la que se contaba e incluso enviar el mensaje a los adversarios de que tenían seguidores dispuestos a actuar por la violencia en caso necesario. Contar con el respaldo popular no podía ser dejado de lado en todos los actos políticos cruciales, como había ocurrido desde los albores de la independencia en las galerías de los Congresos.

Los personajes que podríamos considerar como agentes movilizadores del voto, eran políticos y miembros de partidos —como en el caso del liberal puro Eligio Romero—, quienes seguramente contaban con el apoyo líderes locales o gremiales, mediante los cuales podían movilizar a una cierta clientela política a la cual podían convencer de la causa que defendían o de las bondades que traería que tal o cual candidato llegara a la presidencia.

En este escenario, los periódicos tuvieron un lugar destacado durante proceso electoral pues fueron actores centrales del proceso electoral desde cuyas páginas, además de representar a los bandos enfrentados en la capital —conservadores, almontistas, partidarios de Arista—, se anticipaban a acusar la intervención de los adversarios en los comicios, cuestionaba la legalidad de las elecciones, descalificaban las estrategias de los adversarios para movilizar ciudadanos y ganar votos, y se denunciaban las diversas prácticas destinadas a controlar el sufragio. Los diarios también fueron influyentes movilizadores electorales en tanto disponían los ánimos del público contra un candidato o partido, o justificaban las acciones destinadas a legitimar un triunfo electoral.

En la elección presidencial de 1850, la ciudad de México fue escenario de prácticas tradicionales para movilizar votantes y negociar su voto, pero al mismo tiempo tuvieron lugar nuevas formas de movilizar el sufragio, en particular las reuniones, banquetes y brindis celebrados por Mariano Arista y sus aliados políticos, que dibujaron un modelo de proselitismo más próximo al de las modernas campañas pues acercaban más al candidato con sus posibles electores y con sectores populares. Se perfilaba un incipiente cambio en la cultura electoral que aún tomaría un largo tiempo para traducirse en campañas abiertas en espacios públicos y no sólo en comidas durante reuniones privadas en las que fluían la bebida y las promesas.

Fuentes consultadas

Archivos

ahcdmx ︱ Archivo Histórico de la Ciudad de México.

ammrp ︱ Archivo de Manuscritos de Mariano Riva Palacio.

Hemerografía

El Daguerrotipo, ciudad de México, 1850.

El Mensajero, ciudad de México, 1850.

El Monitor Republicano, ciudad de México, 1850.

El Siglo Diez y Nueve, ciudad de México, 1850.

El Universal, ciudad de México, 1850.

Bibliografía

Alcántara Machuca, Edwin, “La elección de Lucas Alamán y los conservadores como diputados al Congreso en 1849”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ine, 2014, pp. 27-54.

, “La hiel de una elección frustrada con ayuda de un Congreso hostil; la violencia de una movilización popular y una prensa dispuesta a justificarla: la caída del ayuntamiento conservador en 1849”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede…Violencia electoral. México: 1812-1912, México, Instituto Mora, 2016, pp. 147-176.

Arroyo García, Israel, La arquitectura del Estado mexicano. Formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, México, Instituto Mora/buap, 2011.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824.

Costeloe, Michael P., “Mariano Arista y la élite de la ciudad de México, 1851-1852”, en Humberto Morales y Will Fowler (coords.), El conservadurismo mexicano en el siglo xix, Puebla, buap/University of Saint Andrews/Gobierno del Estado de Puebla, 1999, pp. 187-212.

García Orozco, Antonio (comp.), Legislación electoral mexicana, 1812-1977, México, Comisión Federal Electoral, 1978.

González Navarro, Moisés, Anatomía del poder en México (1848-1853), México, Colmex, 1977.

Malo, José Ramón, Diario de Sucesos Notables (1832-1853), México, Patria, 1848, 2 tt.

Mateos, Juan Antonio, Historia parlamentaria de los Congresos Mexicanos, México, J. V. Villada, 1877, 25 tt.

O’Gorman, Frank, “La cultura de las elecciones en Inglaterra: de la Revolución gloriosa a la Ballot act de 1872”, en Alicia Salmerón y Cecilia Noriega (eds.), Pensar la modernidad política. Propuestas desde la nueva historia política, México, Instituto Mora, 2016, pp. 217-235.

Olavarría y Ferrari, Enrique, “México independiente, 1821-1855” en Vicente Riva Palacio (coord.), México a través de los siglos, México, Cumbre, 1962, 9 tt.

Santoni, Pedro, Mexicans at Arms. Politics of War, 1845-1848, Fort Worth, Texas Christian University Press, 1996.

Sordo Cedeño, Reynaldo, “El Congreso y la guerra con Estados Unidos de América” en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), México al tiempo de su guerra con Estados Unidos (1846-1848), México, Colmex/Secretaría de Relaciones Exteriores/fce, 1998, pp. 47-103.

Tapia, Regina, “Competencia, honor y prensa. México en 1857” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en México, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 55-77.

Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-2005, México, Porrúa, 2008.

capítulo v

De la calle a la urna.
Espacio público y movilización
al voto en Campeche, 1857-1910

Ivett M. García Sandoval

Quienes llegamos a la mayoría de edad en la segunda mitad del siglo xx y en mayor medida quienes lo hicieron en el presente siglo, nos hemos habituado a la utilización del espacio público para las campañas electorales y las celebraciones o protestas posteriores. Damos por descontado la ocupación de plazas y calles, por mítines y propaganda de candidatos y partidos políticos. Como todas las manifestaciones sociales, esta presencia de lo electoral en el espacio público es el resultado de un proceso histórico, bastante largo y complejo, una de cuyas fases podemos ubicarla en el período que va de la segunda mitad del siglo xix a la primera década del xx. Durante estos poco más de 50 años, la ocupación del espacio público, como herramienta de propaganda y movilización al voto, fue transformándose hasta prefigurar las formas electorales contemporáneas. Si bien, actualmente se argumenta que las redes sociales y los medios virtuales tienen una influencia decisiva a la hora de definir las intenciones al voto, basta con mirar a nuestro alrededor, para notar la importancia que el uso del espacio público conserva como agente de movilización y legitimidad electoral.

Hoy la oferta de mejoras o adiciones en la infraestructura pública, en particular la urbana, ocupa un lugar central en las campañas políticas. Dichas promesas generalmente van acompañadas de su contraparte, la crítica o alabanza a lo realizado por gobiernos anteriores. A lo largo del siglo xix, la oferta de adelantos en la infraestructura fue apareciendo, cada vez con mayor fuerza, hasta ocupar un lugar central en la propaganda electoral. Lo anterior derivó directamente de la idea del progreso, imperante en la centuria decimonónica, entendido como un avance civilizatorio, líneal hacia un estado de mayor desarrollo, merced la ciencia, la tecnología y la industria.280 Dicho avance podía medirse desde distintos parámetros, para el caso de las ciudades, aspectos como la circulación del aire, el ornato, el trazado de calles, el drenaje, el transporte y la construcción de nuevos edificios públicos o la adecuación de los ya existentes serían los elementos más importantes a ser tomados en cuenta por habitantes y políticos. En este sentido los ofrecimientos de mejoras urbanas o la crítica a las obras realizadas anteriormente, pueden considerarse una forma de movilización al voto, pues mediante la exaltación o denostación de lo hecho, se busca, aún hoy, incidir en las intenciones y preferencias electorales de la ciudadanía.

El acto mismo de votar es también una forma de marcar presencia en el espacio urbano, sin duda representa la movilización definitoria de todo el proceso electoral. Por ello desde mediados del siglo xix, decidir por quién votar y acudir a las urnas fue presentado no sólo como un deber cívico apremiante, sino también como un acto de patriotismo y amor por el terruño. Una forma pacífica de dirimir las diferencias políticas e influir en el futuro común, los llamados a que los buenos ciudadanos cumplieran con su deber fueron multiplicándose conforme avanzaba el siglo.

Los mecanismos de movilización al voto, arriba mencionados y otros igualmente significativos, analizados en otros capítulos de esta publicación, formarían parte de procesos más amplios. A nivel nacional estarían la consolidación de los comicios como el momento más importante de participación ciudadana y negociación política, así como el posicionamiento del espacio público, por una parte, como la arena en la que los grupos, que disputaban los cargos de elección, mostraban su capacidad de movilizar simpatizantes y por la otra, en el lugar privilegiado para la expresión de la ciudadanía y la voluntad política. A nivel local estaríamos, frente al surgimiento y fortalecimiento de los grupos de poder campechanos y su disputa por el control político de la entidad, proceso que inició con la creación del estado de Campeche en 1857 y culminaría en las primeras décadas del siglo xx. Sin olvidar la larga y complicada construcción de la capitalidad281 campechana, agravada por las difíciles condiciones económicas por las que atravesó la nueva entidad federativa.

En la ciudad de Campeche el espacio público,282 sobre todo a partir de 1857,283 se utilizó para demostrar la popularidad y el respaldo logrado por alguna candidatura, para celebrar el triunfo electoral o como discurso para evidenciar las fallas o aciertos en la administración y el gobierno. Los periódicos de la época, consignaron reuniones y bailes en apoyo a diferentes candidatos, tertulias callejeras, marchas y mítines por diferentes calles de la ciudad; sin olvidar el debate sobre la capacidad de unos y otros para impulsar a Campeche por la senda del progreso. A partir de lo anterior, el propósito de este trabajo es reconstruir y analizar en la capital campechana, la forma en la que los diferentes actores electorales fueron apropiándose física y simbólicamente de calles, plazas, teatros, etc., convirtiendo la ocupación de estos lugares en una herramienta de movilización electoral. Me interesa también explorar la idea del espacio público, en un sentido más amplio que su estricta dimensión física, pretendo analizarlo como un elemento simbólico-discursivo, estrechamente vinculado a la construcción del buen ciudadano, el progreso y el bien común, como argumentos utilizados para movilizar el voto y como herramientas de propaganda política propia de los comicios. El período elegido puede parecer demasiado amplio, sin embargo, dicha extensión es necesaria para apreciar cómo fue cambiando la forma en la que se ocupó y concibió el espacio público a lo largo de múltiples procesos electorales.

El espacio público, un telón
de fondo cada vez más protagónico

En el esquema de la ciudad occidental, en el que nos desenvolvemos, las calles, plazas y otros sitios están cargados de significados la mayoría de las veces ligados a su emplazamiento, entorno o usos asignados, de manera que al pensar en nuestras ciudades lo hacemos con todas las relaciones humanas que se desarrollan en ellas. De ahí que en la última década, a través de los medios informativos nacionales y locales, hemos sido testigos de la disputa que sostienen los partidos políticos por realizar sus mítines o cierres de campaña en ciertos lugares. Al mirar con atención los sitios mencionados y tomar nota de su ubicación, estilo arquitectónico, época de construcción y otros aspectos, podemos notar que existe una relación entre ellos y los discursos enarbolados por los candidatos y facciones políticas.

Como cualquier espacio habitado por una comunidad, Campeche es el resultado de una construcción social simbólica, posee una existencia que va más allá de la traza urbana propiamente dicha. Existen una serie de lugares, calles, servicios, infraestructura, etcétera, cargados de diferentes significados, que en conjunto dan forma al paisaje urbano y conforman la ciudad representada.284 Algunos de estos lugares emblemáticos son comunes a casi todas las ciudades, como el palacio de gobierno, porque ahí tiene su sede el poder político. Sin embargo, como resultado directo de la interacción de sus habitantes, cada ciudad posee lugares específicos cuyo significado, puede pasar desapercibido para los de fuera, pero es evidente para quienes en ella habitan. Si bien es cierto que la ciudad representada puede tener varias posibilidades, para los fines de este trabajo, interesa la articulada a partir de la presencia física o discursiva de los grupos que detentaban y luchaban por el poder político y económico, durante la segunda mitad del siglo xix y la primera década del xx en Campeche.

El espacio al que nos referimos, se articularía sobre un eje que sigue la línea costera, de norte a sur (plano 1), formado por cuatro barrios: San Francisco, que fungía como puerta de entrada a la ciudad desde el norte, es decir para el Camino Real y Mérida; Guadalupe, habitado por comerciantes, en su mayoría descendientes de la inmigrantes provenientes de las Islas Canarias, cuya influencia fue aumentando a lo largo del siglo xix;285 el Centro, sede de los recintos emblemáticos del poder político y económico, tales como: el Palacio de Gobierno, la aduana, el muelle, el cuartel, el mercado, la parroquia, los comercios, el teatro y la plaza principal, ahí también era donde habitaban quienes contaban con mayor prestigio social, comerciantes, hacendados y alta burocracia; al sur San Román, donde se ubicaban los astilleros, una de las actividades económicas más importantes de la época. Esta línea paralela al mar articulaba prácticamente todo el flujo de personas y mercancías, legales e ilegales, provenientes del interior del estado, del vecino Yucatán y de los otros puertos del Golfo.286

Dada la importancia económica, social y política del Centro, no es de extrañar, que ahí ocurrieran la mayoría de los actos públicos vinculados a la política y las elecciones. Lo cual en buena medida sigue ocurriendo, si bien han surgido espacios alternos, más acordes a las formas de movilización electoral propias del siglo xx.287 Aun cuando en la segunda mitad de la centuria decimonónica ya se había establecido con bastante claridad la diferencia entre el espacio público y el privado, algunas características del segundo, como el sitio de residencia revisten de importancia pública. El domicilio particular está cargado de significados, quizás el más importante sea el de pertenecer a un determinado grupo social y/o económico. Parafraseando el conocido refrán popular, podríamos afirmar dime dónde vives y te diré con quién e incluso en qué andas. Por ejemplo, los candidatos a diferentes puestos de elección, en particular aquellos que aspiraban a ser gobernador de la entidad, en su mayoría tenían su casa en el centro de Campeche, tal fue el caso de Tomás Aznar, José Castellot, José Trinidad Ferrer, Joaquín Kerlegand. Los pocos ejemplos de candidatos de origen extramuros, provenían del barrio de Guadalupe, considerado el otro asentamiento español de la ciudad. Tal fue el caso de Pantaleón Barrera, electo gobernador de Yucatán en 1857, mediante unos polémicos comicios, que culminarían con la separación del distrito campechano y su posterior reconocimiento como otro estado federal.

Incluso quienes regularmente vivían en otras ciudades como Pedro Baranda y Joaquín Baranda,288 mantenían una casa en el recinto intramuros que servía de referencia para los festejos y ceremonias que sus simpatizantes organizaban con motivo del arribo, de alguno de los dos, al puerto campechano. Tal como podemos leer en esta nota de 1857:

D. Pedro de Baranda

Ayer a las ocho de la mañana desembarcó del vapor Unión de regreso de la capital de la República el Sr. D. Pedro de Baranda, digno representante de Yucatán en el congreso constituyente. Sus numerosos amigos fueron a felicitarle y a la noche le dieron una magnífica serenata recorriendo en seguida las calles de la ciudad la música con una gran concurrencia animada de la mayor alegría.289

Casi 15 años más tarde, el centro de la ciudad mantenía su papel como lugar simbólico. Era tal su importancia, que obviar la presencia en dicho espacio, fue también una forma de descalificar, al contrario, de minimizar su papel en la contienda electoral. En este sentido la pertinencia política de las personas que apoyan a un candidato parece estar estrechamente vinculada a su presencia dentro de la ciudad, aun cuando se tratara de comicios a gobernador, que revestían una importancia estatal. Al menos eso podemos deducir de lo publicado en 1871, por el periódico La Urna Electoral, que apoyaba a Joaquín Baranda, respecto a la candidatura de su opositor Alejandro García a la gubernatura del estado.290

Gacetilla

El C. General García

Ayer a las primeras horas de la mañana llegó a la quinta Orotaba hasta donde fueron a encontrarlo sus amigos y partidarios, habiendo entrado a esta plaza a las cuatro de la tarde del mismo día. Nos felicitamos de su venida, porque ya se habría persuadido de quiénes y cuántas son las personas que lo postulan para la primera Magistratura del Estado y de la política restauradora que pretende desarrollar.291

Como podemos observar, a diferencia de las otras manifestaciones públicas realizadas en la zona intramuros de la ciudad, a luz pública y con participantes entusiastas; la reunión arriba consignada se lleva a cabo en un sitio que pareciera estar a las afueras de la ciudad, las palabras que se utilizan al llamarla quinta y la mención de que García realizó su entrada a la plaza más tarde fortalecen esta idea. Sin embargo la quinta Orotaba se encontraba en Santa Lucía uno de los barrios urbanos, aun cuando no formaba parte del espacio simbólico que hemos mencionado anteriormente. Si bien, la cita menciona que hizo su “entrada a la plaza” no aporta más detalles respecto al recorrido o al punto de llegada e insinúa una escaza participación de personas para recibir al General García. Los argumentos vertidos en La Urna Electoral nos muestran que minimizar la capacidad del oponente para ocupar física y simbólicamente a través de sus seguidores y el apoyo de la población los principales espacios de la ciudad, fue un mecanismo de argumentación electoral que buscaba descalificar a priori al contrario, presentándolo como un participante menor en la contienda. Lo anterior evidencia la importancia que para entonces había cobrado la ocupación de determinados lugares como mecanismo de movilización al voto y legitimación política y electoral. En este sentido los seguidores de Joaquín Baranda parecen apostar a que el fracaso, ya fuera real o narrado, en el espacio público presupone la derrota de Alejandro García en los comicios.

A pesar del protagonismo creciente de la arena pública, su ocupación por parte de grupos numerosos de personas seguía despertando desconfianza y ambivalencia, al parecer todo mitin corría el riesgo de convertirse en un tumulto difícil de controlar. Como lo deja entrever, el que en Campeche, ya entrado el último tercio del siglo xix, la apropiación político-electoral del espacio urbano ocurriera en medio de llamados, por parte de la prensa sin importar su filiación, para que tanto las manifestaciones de apoyo como el acto mismo de votar se desarrollaran en orden, con calma y obedeciendo las reglas. En 1871 el periódico La Urna Electoral, en una nota de la redacción sobre las elecciones señala “… el pueblo sin agruparse en las plazas públicas sino con toda tranquilidad, con el reposo inherente al derecho que ejerce, y observando el orden…”.292 Los reiterados llamados a mantener el orden se encontraban en consonancia con el discurso de civilidad y progreso vigente, pero también podemos pensar que esta constante apelación al buen comportamiento propio de todo pueblo “civilizado”, y en especial al de Campeche “que en todas las épocas se ha conducido con la mayor cordura”,293 así como el hecho de que continuara dieciséis años después, muestra una clara desconfianza hacia las manifestaciones multitudinarias y la posibilidad de que estas se convirtieran en disturbios. En apariencia el desorden y la violencia eran una posibilidad cercana, lo cual podemos explicar no sólo por lo convulsionado del siglo xix mexicano, sino también por la Guerra de Castas peninsular, que para entonces continuaba apareciendo con frecuencia en la prensa.

En septiembre de 1887, dentro del marco de las elecciones para gobernador y presidente de la República, el Partido Liberal Porfirista, que postulaba respectivamente a José T. Ferrer y a Porfirio Díaz para ocupar dichos cargos, organizó “una suntuosa serenata en honor de su candidato para el gobierno del Estado, y del Sr. Presidente de la República”.294 Aunque es probable que el evento se llevara a cabo en la plaza de la Independencia, el mal estado de los números subsecuentes de la publicación, hace que no sea posible afirmarlo. Sin embargo, se reseñaba ya la convocatoria a manifestarse en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Podríamos considerar este episodio como el punto medio entre la aclamación en las puertas del domicilio privado y la toma de las calles por la muchedumbre.

Sólo un año después se daba la bienvenida y se celebraba la presencia de la multitud, al parecer, si quienes habían sido convocados asistían por sectores específicos y se garantizaba que su participación fuera pacífica y ordenada, no había inconveniente en que ocuparan el espacio público. Tal como ocurrió con la recepción organizada en el muelle de la ciudad para recibir a Pedro Baranda que regresaba a ocupar nuevamente la jefatura militar de la plaza, en sustitución de Joaquín Kerlegand.

Tan pronto como el buque de guerra fue avistado, unos cohetes lanzados desde el muelle dieron la señal a los vecinos de los diferentes barrios de la Ciudad, que a su turno la fueron transmitiendo, como por vía de alerta. Esa señal tenía por objeto convocar a todos aquellos que habían manifestado sus deseos de saludar y felicitar al General en el acto mismo en que desembarcara, para que se reuniera en un solo punto, en el citado muelle […] Una salva de quince cañonazos y el pabellón nacional arriado hicieron saber a los de tierra que el Gral. había dejado el buque.

Como un eco de artillería, o como contestando a la voz estruendosa del cañón, multitud de cohetes estallaban en los cinco barrios de la Ciudad y en diferentes puntos céntricos de la misma. Era que el Gral. pisaba el muelle. […]

Aquello no fue una recepción simple; fue una verdadera ovación. Mil personas, poco más o menos, cubrían en toda su extensión el muelle, cuyo suelo hacían desaparecer bajo sus pies […] el Gobernador del Estado, acompañado de sus Srios. y empleados inferiores; los Diputados al Congreso del mismo, residentes en esta capital, los Magistrados del Tribunal Superior de justicia; los funcionarios federales y los alumnos de la Escuela Náutica, con su Director a la cabeza […] A tan gratos acordes sucedieron las manifestaciones siempre ruidosas de la efervescencia popular […] durante el trayecto del muelle a la casa habitación del referido General. Llegando que hubo a este lugar, disolvióse la comitiva, despidiéndose los que la componían del General y dejándolo rodeado de sus amigos íntimos.295

El retorno del general Baranda se celebró por todo lo alto, con elaborados preparativos, que involucraban a los diferentes barrios de la ciudad e incluso a algunas embarcaciones. Esto último es revelador porque supone una expansión de la ciudad hacia el mar y por consiguiente la inclusión del mismo dentro del espacio público y los rituales políticos que en él se desarrollan. Setenta años después se realizaría la apropiación física del espacio con el argumento de “ganarle terreno al mar”.

Si bien, por lo menos formalmente, no se trató de un evento de tintes electorales, puesto que Pedro Baranda no competiría en los próximos comicios, me parece que el texto resulta pertinente para este trabajo, debido a sus múltiples implicaciones políticas. Por una parte, apenas dos meses después Kerlegand se convertiría en el presidente del Partido Liberal del Estado de Campeche y ese mismo mayo, sería postulado por dicho organismo político como candidato a gobernador. Lo anterior indicaría su cercanía con el grupo político próximo a los Baranda. Por otra parte, en números anteriores de La Opinión Pública, es posible notar un distanciamiento del barandismo con el gobernador en funciones José Ferrer, a quien el periódico descalificó en repetidas ocasiones, utilizando distintos argumentos e insistiendo en su poca viabilidad como candidato a la reelección. Con base en lo anterior podemos pensar que lo que a simple vista parecía la recepción de una autoridad, de fondo era un acto político encaminado a mostrar fuerzas antes de la contienda electoral. En este sentido, al menos en la narración, que en todo caso pretendía mostrar una especie de “instantánea” del momento político, esta concentración multitudinaria implicó a todos los sectores sociales de la ciudad de Campeche, en lo que quizás fuera el sitio más emblemático de todos, dadas sus implicaciones económicas e identitarias. Se trata de un acto en el que se prefiguran varios de los elementos, que se convertirán en estrategias recurrentes para los mítines políticos a lo largo del siglo xx, tales como la inclusión de burócratas y estudiantes prácticamente llevados de la mano por sus superiores, juegos artifíciales, música, etcétera.

La práctica de convocar cada vez mayor cantidad de personas se desarrolló de la mano del surgimiento y fortalecimiento de los “clubes políticos”. Al parecer las reuniones en teatros, fueron de las primeras manifestaciones en las que se convocaba a un número de personas más alto del habitual, generalmente eran organizadas por diferentes “clubes”. Algunos tenían como motivo de su fundación la celebración de alguna fiesta cívica, pero al margen de dicha festividad, generalmente entraban a la arena electoral con alguna postulación. Un ejemplo fue el Club 2 de Abril, que tenía como objetivo conmemorar el veintiún aniversario de la toma de Puebla por Porfirio Díaz y que en la misma sesión en que se instaló su junta directiva, propuso como candidato a la gubernatura estatal a Joaquín Z. Kerlegand.296

Aquellos clubes establecidos en la ciudad de Campeche al principio, del período estudiado, solían convocar mayoritariamente a sus socios, cuando no en exclusiva, pero conforme avanzó la década de 1870, los periódicos comenzaron a consignar reuniones “espontáneas” de simpatizantes, que querían expresar su apoyo a la candidatura propuesta por la sociedad o club, lo que en la década siguiente se convirtió en una práctica habitual.

Reunidos los ciudadanos que componen “El Club 2 de Abril” en el Palacio del Congreso del Estado donde celebran sus sesiones […] había convocado esta reunión para procurar que se unificara la opinión por su candidato y al efecto, por medio de las sucursales respectivas, había reunido a todo el pueblo de esta Capital con el objeto que dieran su parecer los Ciudadanos sobre la referida candidatura.297

Algunos como el Club 2 de Abril, al parecer contaban con el apoyo de las autoridades en turno, ya que como podemos observar en la cita anterior, entre otras prerrogativas les permitían utilizar el palacio del Congreso del Estado para sus reuniones y mítines. Lo anterior resulta ser un dato interesante, si tomamos en consideración que la agrupación se había distanciado del gobernador del estado, en dichas circunstancias podríamos considerar la realización de las sesiones en el palacio del Congreso, como una forma de los barandistas de mostrar poderío político y control sobre la ciudad.

El surgimiento de los clubes como formas de organización electoral se relaciona con la lucha de facciones, que atravesó buena parte del siglo xix, la cual creó una imagen negativa de los partidos políticos como agentes de conflicto y división social, conforme la estabilidad porfiriana logró encauzar los conflictos políticos por la vía “pacífica”, los temas vinculados al desarrollo económico y la buena administración pasaron a ocupar el centro de los discursos políticos electorales.

En Campeche, por fortuna, cesó desde hace muchos años la lucha de los principios, quedando el campo a favor de la democracia y de la libertad [...]; La lucha política de este Estado, no es por cuestión de principios, si siquiera de personas: es sencillamente —pena da confesarlo— por cuestión de administración.298

En este clima formal de serenidad, los contendientes buscaron alternativas para manifestar e impulsar sus proyectos políticos, surgieron entonces los clubes como organizaciones que, al menos en principio, buscaban generar unidad más que dividir.299 ¿Quiénes integraban estos clubes? Si bien en el caso de Campeche el estudio demográfico está por hacerse, en función de las listas de firmantes a una postulación publicada por la prensa de la época, podemos adelantar, que estas agrupaciones solían estar encabezadas por personajes de influencia en la política local, generalmente con algún cargo público y destacada posición social y económica, a su alrededor lograban reunir funcionarios menores, pequeños comerciantes y profesionistas, en suma brindaban un espacio a la incipiente clase media.300 Algunos clubes más cercanos a la autoridad gozaban de mayores privilegios, otros no eran tan afortunados y debían sesionar en domicilios particulares o en cualquier local disponible.

La Unión Fraternal de Campeche. La sociedad que lleva este nombre continúa haciendo rápidos progresos. Sus trabajos marchan con toda regularidad y hemos sabido que principiará a celebrar sus sesiones en el hermoso local que ocupa la R. Log. “Regeneración” núm. 1, debido esto a la benevolencia de los respetables miembros de esta. Reciban ambos cuerpos nuestra enhorabuena.301

En los años cercanos al siglo xx, los clubes abandonaron el esquema de celebrar alguna fecha o acto histórico en particular y se fueron creando directamente para participar en la contienda política, sin más objetivo que apoyar alguna candidatura, compitiendo entre sí, por mostrar su capacidad para convocar cada vez mayor número de personas.

El miércoles en la noche, ante numerosísima concurrencia, quedó instalada la Junta Directiva del “Circulo Liberal Campechano” que tiene por objeto organizar los trabajos para la elección de un Gobernador constitucional que termine el período gubernativo hasta el 16 de septiembre de 1903.302

En el último tercio del siglo xix, fue apareciendo en la prensa, cada vez con mayor fuerza, la figura del “pueblo” como elemento legitimador de los movimientos políticos. A lo largo de estas décadas, el término fue tomando un significado cada vez más amplio, que incluyó a mujeres y jóvenes, años después “el pueblo” posee una presencia más específica, incluso está dividido en varios sectores. En 1902 el semanario Unión y Progreso reseña una reunión del Círculo Liberal Campechano, apuntando que “concurrieron […] todas las clases sociales de Campeche, sin distinción ninguna: comerciantes, agricultores, empleados, industriales, profesionales, artesanos y obreros”.303 Esto evidencia, no sólo un cambio en el concepto de ciudadano, sino una ampliación del mismo, en cierta forma prefigura la idea de que la sociedad está compuesta por diferentes sectores, agrupados según sus actividades. Desde luego no es una idea nueva, ya en el antiguo régimen los vecinos se reunían en gremios y corporaciones, dotadas de cierta representatividad; sin embargo, la idea del ciudadano le dio un significado completamente distinto a dichas agrupaciones, puesto que destacaba la presencia de individuos y no de gremios. Es poco probable que concurrieran todos los sectores enumerados, aún no se afinaba la maquinara de las manifestaciones públicas, tan socorrida en el siglo xx. Lo que interesa resaltar es una mayor especificidad en el concepto de ciudadanos, entendidos como aquellos mayores de 18 años si estaban casados y de veintiuno si eran solteros, que cumplieran con los requisitos legales tales como tener un modo honesto de vivir y residencia probada,304 y por tanto con legítimo derecho a ocupar la vía pública para expresar su apoyo. Quiero señalar que tratándose de un puerto y teniendo dicha actividad tanto peso en la construcción identitaria de la ciudad,305 prácticamente no existen menciones a los hombres de mar. ¿Acaso los liberales campechanos consideraban que marinos y pescadores no reunían los requisitos para ser ciudadanos? La respuesta sería objeto de otro trabajo.

El 13 de abril de 1902, incluso los hombres de mar debieron participar en la marcha que partió del teatro Francisco de Paula y Toro, y tras recorrer varias calles del centro, llegó a casa de José Castellot, con el objetivo de proclamarlo candidato a gobernador, para el período que concluiría el 15 de septiembre del siguiente año, ya que según consigna el semanario Unión y Progreso:

El “Círculo Liberal Campechano” agrupación política creada hace poco más de un año en esta ciudad, convocó a sus miembros y al pueblo todo para una asamblea solemne que tuvo lugar en el Teatro “Francisco de P. Toro” […] concurrieron el miércoles en la noche al Teatro “Francisco de P. Toro” todas las clases sociales de Campeche, sin distinción ninguna […] Invitada la concurrencia a acompañar a la directiva a las casas de los Sres. Aznar y Castellot se organizó el cortejo y se puso en marcha.

La 2ª y 3ª calles de Colón fueron ocupadas en su totalidad por los manifestantes. Como descubierta iban todos los vecinos de los barrios de la ciudad, también provistos de faroles y hachones; luego una Banda de Música y en seguida, con la Junta Central, la numerosas y respetables personas que correspondieron a la invitación.

¡Hermoso e imponente aspecto presentaba aquella inmensa multitud compuesta como de dos mil individuos!

[…] El desfile iluminado por la trémula llama de los hachones, continuó por las calles de “Hidalgo”, “Morelos” y 4ª de América hasta la habitación del Sr. T. Aznar. […]

Después de repetidas aclamaciones y vivas el pueblo, la comitiva siguió por la 3ª y 2ª calles de América y 5ª, 4ª y 6ª del comercio hasta llegar frente a la casa del Candidato.306

Existen varios elementos que considero vale la pena destacar, como que se esgrimiera el argumento de una participación total del “pueblo” campechano, de acuerdo al semanario se trata de una aprobación unánime, pero los asistentes no sólo acuden como pertenecientes a grupos sociales, cada presencia es la expresión concreta de una voluntad individual, juntas conforman la multitud, la cual está lejos de ser la “masa” revolucionaria. Quizás el giro más importante que podemos apreciar sea el cambio en el tono, al hablar sobre la numerosa concurrencia en las calles. Lejos de los tratamientos ambiguos o de los llamados al orden, la nota califica de “hermoso espectáculo” la toma de las calles por la multitud, que se había duplicado desde 1888, cuando se hablaba de mil individuos. Lo anterior da cuenta de la transformación en la forma de pensar la presencia de los ciudadanos en el espacio público. Al despuntar el siglo xx, observamos una visión sobre las movilizaciones “populares” ya más cercana a los mítines masivos, que se volverán una constante décadas después.

En la medida que el siglo avanzó los rituales políticos fueron modificándose, sin que el centro de la ciudad perdiera importancia como sede de los mismos. Si en 1857, la recepción de Pedro Baranda y la posterior serenata en su honor aparecían como un acto casi privado, organizado por sus amigos en el espacio público. Cincuenta años después los clubes políticos dominaban el panorama y la movilización de simpatizantes por las calles se había convertido en una práctica reiterada.

Algunos lugares, por su propia naturaleza, fueron sitios recurrentes para estas reuniones político-electorales. Cualquiera que fuera su filiación, un buen número de las marchas, bailes y mítines, que los clubes organizaban, partieron del teatro de la ciudad Francisco de Paula y Toro. Ubicado en el primer cuadro de la ciudad, fue construido en 1834 bajo el mando político del coronel Toro, de quien tomó su nombre. Su edificación, de estilo neoclásico, como la mayor parte de los teatros republicanos del país, estuvo a cargo del arquitecto Teodoro Jurnot. Este teatro, a pesar del surgimiento de nuevos espacios, se mantuvo vigente como punto de reunión política y social a lo largo de todo el siglo xix y las primeras décadas del siglo xx. Desde su inauguración ocupó un lugar destacado en la vida social de la ciudad, a lo largo del año diferentes compañías teatrales hacían ahí breves temporadas. Ya entrado el siglo xx307 continuó alojando bailes y tertulias. A partir de entonces se convirtió en cine y sufrió un lento proceso de deterioro. En 1990 fue restaurado y puesto nuevamente en uso, pero esta vez como recinto público vinculado al proyecto de ciudad patrimonio cultural, lo cual restringió su utilización para mítines políticos y reuniones sociales. Sin embargo, fue la sede del informe del gobierno estatal en agosto de 2018, lo que nos habla de la importancia que aún conserva, como un referente simbólico dentro la ciudad.

Su único competidor, llegó más tarde y ha tenido una existencia más entrecortada, sin alcanzar el peso simbólico de su antecesor. En junio de 1906 se inició la construcción del Circo-Teatro Renacimiento, en el barrio de San Francisco, al norte de la ciudad. Fue inaugurado el 3 de febrero de 1907, el lugar estaba destinado a “toda clase de espectáculos […] se invirtió en su construcción e instalación de su alumbrado eléctrico la suma de $ 47,000 aproximadamente”.308 Si bien está ubicado fuera del primer cuadro de la ciudad, el lugar parece haber cobrado pronto cierta relevancia como sede de manifestaciones políticas. En junio de 1909, se realizó ahí el mitin de Francisco I. Madero, como parte de su campaña por el partido Antirreeleccionista, “con una concurrencia más bien reducida que escuchó de boca de Félix Palavicini, acompañante de Madero, la famosa afirmación de que la ciudad de Campeche se había convertido en una suerte de ‘cementerio de espíritus’, después de una larga agonía económica y política”.309 En octubre del mismo año, el Círculo Liberal Campechano, llevó a cabo en el lugar un acto reeleccionista en apoyo a la candidatura Díaz-Corral, sin que al parecer los organizadores corrieran con mejor suerte, de acuerdo con El Amigo del Pueblo, “se vio poco concurrido el Circo-Teatro, tal vez debido a que en público se decía que en el mitin se harían alusiones ofensivas a la política local”.310

Dos eventos de partidos opuestos para las elecciones locales y presidenciales de 1910, realizados en un lapso de cinco meses. Lo anterior nos hace pensar que el Circo-Teatro, como espacio privado simplemente se rentaba a cualquiera que así lo solicitara y puesto que era el recinto más “moderno” de la ciudad, ya que contaba incluso con luz eléctrica, no resulta extraño que fuera la elección evidente de los encargados de organizar los respectivos mítines. Dos elementos ameritan un mayor análisis y reflexión, el primero es su ubicación excéntrica, que puede haber jugado un papel en la escases del número de asistentes; el segundo son sus propietarios, al momento de su construcción pertenecía a Rafael Alcalá y Cenobio Inclán, posteriormente seguiría siendo propiedad del primero y de Salvador Dondé, su suegro.311 Ambos personajes destacados en los ámbitos económico y político de la ciudad de Campeche, particularmente el último, quien además de haber ocupado la gubernatura por poco más de seis meses, entre julio de 1870 y agosto de 1871,312 fue el propietario de la compañía de tranvías Dondé,313 este medio de transporte que modificó radicalmente la movilidad dentro de la ciudad de Campeche. Sin duda se trataba de un personaje con gran influencia en la vida pública campechana.

Lo que no hemos encontrado hasta ahora, son evidencias de que tras las reuniones en el circo-teatro se organizaran comitivas que recorrieran las calles de la ciudad. Esto puede deberse a la novedad del lugar y que los eventos consignados no lograron atraer mucho público. Por otra parte es posible que su posición alejada del centro y por tanto de las sedes tradicionales del poder político, hicieran poco atractiva esta posibilidad para los organizadores.

Al iniciar el siglo xx, con mayor o menor número de asistentes, mítines y marchas por calle y plazas, se habían convertido en una de las principales formas de mostrar presencia y fuerza política de cara a los procesos electorales. Ya fuera para enseñar que se disponía de numerosos votantes antes de las elecciones o para probar a posteriori que se había contado con ellos, la presencia de simpatizantes en la plaza pública se convirtió tanto en una herramienta de movilización electoral, como en un argumento de legitimidad posterior. Por ello descalificar o minimizar la presencia del contrincante en el espacio público fue una práctica a la que recurrieron las diferentes facciones en la entidad, acusándose entre sí de presentar como concurridos eventos que en realidad habían contado con escasa participación.

La descalificación podía ir más lejos e incluso negar al otro el derecho a utilizar calles y plazas para manifestarse, en este sentido, usurpaba el espacio público al pueblo, su legítimo ocupante. Tal fue la acusación lanzada contra Pantaleón Barrera en 1857 con motivo de la marcha organizada para celebrar su victoria en las elecciones para gobernador de Yucatán, como mencionamos anteriormente, estos comicios marcaron el inicio de la disputa que llevaría a la creación del estado de Campeche.

El paseo fue reseñado por El Espíritu Público, periódico que surgió como medio para dar voz a los rebeldes campechanos; más tarde se convertiría en el órgano semioficial del nuevo estado. Podemos apreciar que los redactores como parte de su campaña para deslegitimar el triunfo de Pantaleón Barrera, negaban que “el pueblo” hubiera participado en la marcha, titularon al episodio paseo militar, aunque en el texto no se percibe una presencia importante de tropas; de acuerdo con los personajes enumerados, casi de forma individual, acudieron al paseo empleados públicos y el comandante militar de la plaza, acompañados de funcionarios menores, quienes no pertenecían a la burocracia fueron llamados caciques, lo que descalificaba su participación, el periódico sólo reconoció la presencia de algunos particulares, quienes serían los únicos manifestantes ciudadanos propiamente dichos. Los vítores fueron dados por muchachos, podemos suponer que el apelativo refiere a que no tenían la edad legal para votar, además solo acudieron por divertimento y abandonaron la comitiva cuando se tornó solemne al llegar a la sede del cabildo.

Paseo militar

El domingo último, el señor jefe político y comandante militar del distrito, acompañado de cinco individuos del R. Ayuntamiento, el secretario del mismo, el señor promotor fiscal de hacienda, el juez de primera instancia del ramo criminal, el señor administrador de la aduana marítima, el vista, y dos o tres celadores del resguardo, cuatro oficiales de la guardia de esta plaza, dos caciques y algunas particulares, cuyo número no pasaba de diez, pasearon con música y voladores la carrera acostumbrada del bando, y se dirigieron, bajo de mazas,314 llegando a la casa que habita la familia del Excmo. Sr. D. Pantaleón Barrera en el barrio de Guadalupe. Por las calles iban vitoreándolo un ingente número de muchachos llamados por la novedad, hasta que el paseo militar se rindió en las casas consistoriales.315

No es objeto de este análisis la veracidad de la nota, lo que interesa es la vinculación entre los conceptos de legitimidad, pueblo y espacio público. Sobre todo, la forma en la que un grupo político utilizó esta relación para descalificar al adversario. Desde la óptica del artículo, la prueba de que no se ha respetado la contienda electoral, residía en la falta de participación “popular” en el paseo, lo cual ponía en evidencia que los organizadores de la marcha habrían ganado las elecciones de forma fraudulenta. Si bien los redactores de El Espíritu Público no explicaron quienes integraban el pueblo, si dejaron en claro quienes no lo hacían. Conviene señalar que sectores que aquí son descalificados como parte del pueblo: militares, funcionarios, jóvenes, en otros momentos concurren a las marchas sin que su presencia fuera cuestionada. Al parecer en otras circunstancias formarían parte del pueblo, pero por sí mismos no serían suficientes. En este sentido, para que una marcha o manifestación política fuera legítima, debía contar con la participación de todos los sectores sociales o por lo menos que así lo consignara la prensa de la época.

Además de su existencia física la ciudad también está representada en objetos, tales como los emblemas, escudos, etc. Se trata de un conjunto de símbolos, que aun cuando no necesariamente remiten a elementos visuales o arquitectónicos específicos, por sí mismos refieren a la ciudad. En este sentido formarían parte del espacio público y por tanto serían susceptibles de ser utilizados de manera fraudulenta como herramienta para buscar legitimidad. De lo anterior acusa la nota del periódico a los seguidores de Pantaleón Barrera, quienes estarían haciendo un uso indebido de las insignias del cabildo, al desfilar bajo mazas, cuando no tenían derecho a tal privilegio; puesto que, al no ser el cabildo en pleno, carecían de la representatividad necesaria para ello.

Acerca de esta función pública, única deslucida que se ha visto en esta ciudad desde hace algún tiempo, se ha criticado, primero la informalidad de la R. corporación municipal, habiendo salido las mazas con un número de individuos que no formaban cuerpo, puesto que cinco no es la mayoría de quince. A primera vista parecía que del R. Ayuntamiento sólo había salido una comisión; pero como las comisiones por caracterizadas que sean nunca han tenido el privilegio de salir bajo de mazas, de aquí es que la crítica ha mellado sus filos contra los capitulares que tan poco respeto muestran a las insignias de la ciudad puestas bajo su custodia.316

En suma, podemos observar como en un solo relato periodístico, los inconformes campechanos, le niegan a la facción contraria cualquier derecho a utilizar el espacio público, ya sea físico o representado. Dadas las implicaciones que tuvo este conflicto electoral para el reordenamiento de la península de Yucatán y lo que estaba en juego para el grupo encabezado por Pablo García, podemos sostener que El Espíritu Público estaba planteando a sus contemporáneos expulsar de la ciudad y de sus espacios, a una facción política, presentada, a partir de entonces, como un enemigo externo y, por tanto, sin derecho a ocupar legítimamente el espacio público campechano.

Un elemento del que no hemos hablado, pero que vale la pena señalar, dada su creciente importancia en la actualidad, es la ocupación del espacio público por la propaganda electoral. Más o menos estridente y más o menos numerosa, esta presencia de carteles, letreros, etc., modifica también las relaciones en la ciudad y sin duda alguna busca influir en los votantes. Sabemos por referencias indirectas que durante el siglo xix, se fijaron carteles en diferentes puntos de la ciudad para apoyar las candidaturas. Lamentablemente al menos en Campeche, no se conserva ninguno, lo cual se explica por la naturaleza misma del documento. Sin embargo, contamos con algunas menciones de la prensa al respecto: “No nos importa que venga D. Alejandro: que venga, y se avergonzará de ver sucias las paredes de las principales calles de Campeche, con su postulación acompañada de mueras y de palabras obscenas e indecentes”.317 Esta cita nos deja entrever que la lucha por la voluntad de los votantes entre 1857 y 1910, se expresó también en los muros y postes de la ciudad, a través de carteles impresos y la intervención sobre los mismos de los habitantes campechanos; al consignar que los carteles de postulación han sido intervenidos con palabras de rechazo y animadversión se estaba planteando el rechazo de la población a dicha candidatura, al mismo tiempo que se descalificaba la ocupación del espacio público por parte del adversario, incluso en esta forma de presencia indirecta que representaría la propaganda.

El pueblo, los ciudadanos y el progreso

Con la instauración de los sistemas democráticos-electorales la legitimidad del gobernante comenzó a emanar de la “voluntad del pueblo”, la cual se expresa sobre todo en el derecho a votar y ser votado. A partir de ese momento esta expresión de la voluntad popular se convirtió en el principal elemento de discurso político y en esa misma medida en un instrumento de propaganda y movilización al voto. En cada elección se llamaba al “pueblo” a ejercer su derecho soberano a elegir a sus gobernantes. La prensa hizo hincapié en las graves consecuencias que podía acarrearle al ciudadano no cumplir cabalmente con dicha obligación. En cada elección se decidía el destino, desde su expresión más concreta, a los términos más generales. Lo anterior fue un discurso que los diferentes grupos políticos repitieron una y otra vez, utilizándolo como argumento para convencer a la población de acudir a las urnas a depositar su voto, tras haber reflexionado cuidadosamente sobre cuál era la opción que mejor convenía a sus intereses individuales y de la sociedad en general.

Acto racional

El ciudadano debe abandonar aquel día su tranquilo hogar para acercarse a las urnas electorales a depositar su voto, meditado ya y bajo impresión de interés propio.318

En estos procesos electorales la voluntad popular, entendida como la suma de las decisiones individuales de cada ciudadano, no sólo elegía gobernante, a través de dicho acto, tomaba la decisión de garantizar que la ciudad y el estado o incluso el país avanzaran por la senda del progreso, de lo contrario apostaba al estancamiento, incluso retroceso y todo ello implicaba, en cuanto a la economía, el orden público y la paz. Desde esta perspectiva era mucho lo que estaba en juego, nada menos que el progreso y el desarrollo de la persona, la ciudad, el estado y el país.

El pueblo es el soberano, él es el que manda, él es la fuente de donde emanan la libertad, el progreso y el orden, o el despotismo, el retroceso y la relajación de los vínculos sociales. Haga uso en los próximos comicios de los medios que deben conducirlo a conservar y desarrollar en el Estado los tres bienes que acabamos de nombrar, y habrá cumplido realmente con su hermosa consigna de pueblo digno de los derechos que han recibido de la sabiduría de la naturaleza y le han garantizado nuestras libres instituciones.319

Otro elemento al que se apelaba, para que los ciudadanos acudieran a votar, era al patriotismo, entendido como el amor que todo campechano debía sentir por su estado, sentimiento que lo obligaría a asistir a las urnas, para evitar que nuevas desgracias agobiaran a la entidad.

Nuestros conciudadanos todos, convencidos de lo que hemos expuesto, mirarán con detenimiento el asunto de las elecciones y tomarán en él la parte que les corresponde. Piensen en que acaso de ellas dependen la existencia de nuestro Estado y de la República; piensen en que son de más gravedad que cuántas se han verificado hasta hoy, y no dudamos que sea por un día se consagrarán a su país y a su patria.320

Este llamado a votar, con un sentido de urgencia porque se trataba de un proceso electoral decisivo, a partir del cual se definiría el futuro de todos los campechanos, fue también un tópico recurrente:

La evolución política en Campeche

[…] a qué se debe el decaimiento general en que nos encontramos y se procura levantar a Campeche de su postración, hacerlo capaz y digno de tomar parte activa en el movimiento progresivo que se observa en toda la nación.

[El indiferentismo] De allí el enervamiento de las actividades individuales, de allí la depresión de las energías de la colectividad, y, como resultado inmediato de todo esto, la insignificancia, el raquitismo de nuestra personalidad política, la cual parecía condenada a desaparecer del hermoso cuadro en que figuraban las demás entidades de la República.321

En esta lógica, quienes contendían debían reunir en su persona las cualidades necesarias para sacar adelante tan difícil misión, por ello las diferentes facciones se esmeraban en presentar a sus candidatos como personas íntegras, honradas, pero sobre todo con la experiencia, capacidad y visión suficientes para impulsar el desarrollo de sus gobernados. En suma, como poseedores de todas las cualidades necesarias para llevar a buen puerto la delicada empresa de sacar adelante al estado, en el caso de los comicios para gobernador.

Nuestro candidato

Actualmente por el voto público ocupa una curul en el Senado de la Unión donde goza de general aprecio por las muchas y muy buenas cualidades que forman el distintivo de su carácter franco, sincero y cordial.

Inteligencia clara, generoso corazón, lealtad a toda prueba y honradez sin tacha, tales son los dotes del candidato que presentamos para el gobierno de Campeche.

Postulaciones

[…] El ciudadano a quien se confíe la dirección del Estado en el próximo cuatrienio electoral, dadas las condiciones difíciles que atraviesa, debe estar decidido a aprovechar todos los elementos del país para conjurar la crisis actual y encaminarlo por la verdadera vía de su progreso y engrandecimiento.322

Al mismo tiempo que ponderaban las virtudes de su candidato trataban de desprestigiar al contrincante presentándolo como alguien que se dejaba llevar por las pasiones, que privilegiaba sus intereses personales y que por tanto, no tenía interés en el progreso, ni las virtudes y la capacidad necesarias para sacar adelante al estado.

D. Marcelino Castilla […] hombre inhábil para gobernar, hizo lo que hace el que no puede otra cosa, y fue enriquecerse con los dineros del Erario y dar un puesto en ese banquete inmoral a algunos amigos suyos.323

En contraparte la búsqueda del progreso y el desarrollo de la economía se convirtieron en un ofrecimiento constante. Los grupos políticos aseguraban en cada ocasión que tras un cuidadoso análisis estaban postulando al candidato ideal, capaz de administrar la riqueza natural del estado, a partir de lo cual podría conducir a los campechanos por la senda del progreso. Tal era el caso de Joaquín Baranda, postulado a la primera magistratura del estado en 1886, “Salga el Sr. Baranda electo Gobernador y Campeche habrá adelantado un gran paso en el camino del progreso, en la senda de la ilustración”.324

Para Campeche que sufría una prolongada crisis económica, los temas vinculados al comercio, la industria y la explotación de recursos naturales se convirtieron en los principales tópicos a discutir, reproducidos en la prensa casi sin pausa, en las dos últimas décadas del siglo xix y la primera del xx. Los grupos dominantes y las clases medias campechanas pensaban, con sobradas razones, que el estado había progresado poco, sobre todo comparado con el vecino Yucatán donde la explotación de henequén generaba una derrama económica sin precedentes en la península.325

El estado de Campeche organizado por leyes adecuadas a la índole de sus habitantes, sin más impuestos que los necesarios para cubrir las exigencia de un presupuesto económico y equitativo, que a la sombra de un gobierno paternal favorezca el trabajo y la honradez, deprimiendo la ociosidad y vicios que ella engendra, será próspero y feliz como lo es hoy Yucatán.326

El discurso se tornó cada vez más combativo, a medida que las facciones políticas se disputaban los puestos de elección, unos y otros esgrimieron el argumento de la defensa de los legítimos derechos. Vale la pena hacer notar que, a partir de la segunda parte de la década de 1880, escuchamos cada vez menos llamados genéricos al pueblo o a los ciudadanos y cada vez más interpelaciones directas a los campechanos, lo cual formaría parte del proceso de construcción y fortalecimiento de la identidad local.

¡A las urnas! Este es el grito que debe sustituir hoy al buenos días, con motivo de las elecciones de Diputado al Congreso del Estado.

¡Pueblo campechano! ¡intransigencia y escrúpulo al dar tu voto! ¡haz que se lleve a cabo como es debido, el “Libre Sufragio”, porque de esto depende el respeto que se merecen tus derechos! ¡¡¡Que no sea un mito la ley electoral!!!327

La búsqueda del progreso podía también utilizarse en el sentido opuesto, para desprestigiar al adversario, acusándolo de no cumplir sus obligaciones y más bien obstaculizar la marcha de los campechanos. Lo cual era más fácil de argumentar cuando se podía citar un ejemplo concreto de tal descuido, como un edificio público.

Nos causa verdadera pena el estado en que se halla la casa de Gobierno. Deteriorada por todas partes, sucia por todas partes, asquerosa por todas partes, no es, en esa situación, el lugar que debía ocupar un Gobierno. Si eso era un palacio para D. Pablo, deploramos su gusto, y si eso todo lo que D. Tomas hacía en su afición a las mejoras materiales, para maldita de Dios la cosa sería su referida afición. Si así tejes vale más que lo dejes.328

Las notas que hacían referencia a la necesidad de la obra pública o a la falta de ella se multiplicaban en los tiempos electorales, ya fuera para alabar lo mucho que la ciudad y el estado habían avanzado, o para quejarse del estado de atraso que guardaba. La elección se tomaba también como la oportunidad de poner en duda la honestidad de la administración en turno. En la medida que el siglo avanzaba aumentaban las insinuaciones sobre que los recursos públicos se habían empleado mal, para un propósito diferente al original o que no habían llegado a su destino como argumento electoral.

El tiro por la culata

¿Qué se hicieron de los ladrillos que debieron invertirse en la conclusión del parque de San Román? Corremos traslado de tres días de esta pregunta […].329

Dadas las características de inmediatez, las tareas encomendadas al ayuntamiento, aún hoy, suelen ser las que reciben mayor atención por parte de la prensa y la ciudadanía. Por tanto, su cumplimiento o lo contrario suele esgrimirse como argumento político en cada proceso electoral. Este mecanismo, como lo conocemos actualmente, fue tomando forma a lo largo de la segunda mitad del siglo xix. Si bien las quejas y observaciones referidas a las necesidades de la ciudad eran más o menos permanentes, conforme se acercaban las elecciones comenzaba a hablarse de ellas con mayor regularidad y a menudo con un cambio de tono, las notas se volvían cada vez más apremiantes.

Fueron varios los temas que la prensa puso en la mesa de discusiones de cara a los procesos electorales, uno de los más frecuentes fue el orden público, se trataba de una preocupación fundamental de la época, por lo mismo se exponía como el requisito mínimo a cumplir por la autoridad. Si ésta no era capaz de mantener el orden entre los transeúntes de la ciudad, mucho menos lo sería con problemas más complejos. A menudo se acusó a la autoridad de ser omisa, demasiado complaciente o de no ejercer con la suficiente fuerza sus atribuciones.

En la última fiesta de San Francisco hemos vuelto a notar la ausencia de aquella señora, la policía. […] Pero nosotros, aunque exaltados anti-intervencionistas, creemos que la policía municipal podría y debía intervenir, como hemos dicho, en ciertas cosas; por ejemplo, para evitar que los carruajes se amontonen en las bocas-calles o en las entradas principales de las plazas en donde se reúnen la mayor parte de la concurrencia.330

El alumbrado público fue otra de las preocupaciones recurrentes, farolas fundidas, en mal estado, falta de mantenimiento, fueron fallos denunciados una y otra vez. Si la deficiencia llegaba al centro de la ciudad, el problema ya adquiría mayores proporciones y era la autoridad quien debía tomar cartas en el asunto para exigir a las compañías encargadas de prestar el servicio, que lo hicieran en las condiciones debidas.

Mal Servicio

Con profundo sentimiento hemos venido observando hace algunas noches, que los focos eléctricos de muchas calles importantes de esta ciudad, no llenan enteramente su objeto, pues permanecen apagados dejando así a las calles referidas en completa obscuridad.

Bueno sería que el H. Ayuntamiento dictase enérgicas medidas a fin de evitar estos entorpecimientos que ya se repiten con mucha frecuencia.331

Aunque se tratara del mismo problema, si la nota la publicaba un periódico afín al grupo político que se encontraba en el ayuntamiento, el tono cambiaba radicalmente y la responsabilidad del fallo caía sobre todo en los contratistas encargados del servicio que no cumplían su cometido a cabalidad, si bien no se eximía completamente a la autoridad de su papel como agente rector.

También por aquí nosotros, coleguita, aunque estamos tan a oscuras, no dejamos de sufrir algo de eso, sin más que no podemos culpar al Honorable sino a los encargados de ese ramo tan importante que según noticias positivas no carecen de los elementos respectivos para llenar necesidad tan precisa.332

En contraparte los diferentes grupos consignaron los logros y el buen desempeño que las autoridades afines habían tenido con respecto a la obra pública de la ciudad y los resultados que ahora pueden ser disfrutados por todos. Creo necesario reiterar la idea de que si bien estas notas, la mayor parte de las veces, no eran presentadas directamente como parte de la campaña a favor de algún candidato, y por el contrario aparecían como noticias referentes a la ciudad; es necesario tomar en consideración que se volvían más nutridas cuanto más cerca las elecciones y aparecían en las mismas páginas en las cuales se exaltaba o denostaba a los candidatos de la contienda en turno. En este sentido, las denuncias sobre el estado que guardaba la ciudad, podríamos leerlas como la expresión concreta del progreso, el término tenía alcances más amplios y generales, pero su expresión inmediata y material serían las mejoras o el decaimiento en que se encontraba el espacio público. En este sentido, las notas sobre la condición de las calles, el alumbrado, el muelle, los edificios, etcétera, serían una forma de mostrar a los pobladores la capacidad de gobierno de los candidatos propuestos o la incapacidad del adversario. Por ello, aunque aparezcan en paralelo pueden ser consideradas como parte de las estrategias para movilizar e influir a los votantes.

No todo podían ser críticas, era necesario también resaltar las buenas obras que se hacían finalmente, ahí radicaba la diferencia entre los buenos y malos gobiernos. La capacidad de llevar a cabo las mejoras necesarias se usaba como un elemento legitimador a posteriori, inmediatamente después que tomaba posesión algún alcalde o gobernador, la prensa afín se apresuraba a consignar cuanto había cambiado la ciudad a partir de tan acertadas gestiones gubernamentales.

[…] Muchas calles de esta capital se hallaban positivamente intransitables, los mejores paseos públicos notablemente desmejorados. Todo se ha remediado; las calles y los paseos se han compuesto y hoy se hallan en un estado de buen uso y perfecta conservación.333

Mejoras materiales

El H. Ayuntamiento continúa ocupándose con dedicación en mejorar las calles más importantes extramuros de esta ciudad.

Merece verdaderamente esta conducta un elogio público. Semper et Semper [sic].334

Las notas periodísticas no dicen cuáles son las calles que se reparaban, sin embargo, puesto que hablan de las principales o las más importantes de la ciudad, sin especificar algún barrio, podemos suponer que se trataba de aquellas que estarían en el eje paralelo al mar, que planteamos al principio de este trabajo. Incluso las referidas como extramuros, ya que entrarían en la parte correspondiente a San Román, Guadalupe y San Francisco.

Si bien con el arribo de la revolución y los gobiernos emanados de ella se modificaron los elementos a partir de los cuales se construía la legitimidad, la promesa del progreso y la obra pública atravesaron todo el siglo xx como promesas de campaña esgrimidas, para llevar a los votantes a las urnas. Por otra parte, el llamado al ciudadano para cumplir con su obligación cívica, de acudir a las urnas por el bien del país, el estado y la ciudad, jugó un papel importante en la alternancia partidista y aun hoy continua siendo invocada por las diferentes fuerzas políticas.

La ciudad y la urna

La ciudad simbólica a la que hacíamos referencia al principio del texto, no sólo fue la receptora de los rituales y las residencias de los grupos en el poder, también fue la principal destinataria de la obra pública, lo que en buena medida se mantiene hasta hoy. Por una parte, puede deberse a un sentido práctico, puesto que es el área con mayor tránsito de personas, transportes y mercancías, y por tanto, la que mayor requerimiento de infraestructura genera; pero por otra parte también está cargada de significados que la convierten en “la ciudad”, es el espacio común por excelencia, por tanto las obras o la ausencia de la mismas en esa área constituyen, en buena medida, un discurso político cargado de intenciones, entre las que destaca la electoral. En los poco más de 50 años que van de 1857 a 1910 vemos como la condición que guarda la ciudad de Campeche fue ocupando un lugar cada vez más central en las notas periodísticas en general y en los llamados a votar en particular. Desde luego no es una característica exclusiva del puerto, procesos y dinámicas similares se repiten en prácticamente todo el mundo. En la actualidad “una buena gestión” de un funcionario al frente de una ciudad, puede significarle, y lo hace con frecuencia, una plataforma de cara a futuras contiendas electorales.

Como suele ocurrir con aquellos procesos que terminan por modificar las prácticas políticas, el uso con fines electorales del espacio público ocurrió de forma gradual y con frecuencia convivieron más de una fórmula de uso intermedia, antes de que se modificara la práctica habitual. El peso simbólico, los usos y las regulaciones del espacio fueron definiéndose a medida que los protagonistas de la contienda política asumían roles y funciones cada vez más específicos y aumentaban su participación y presencia en la ciudad.

Plano 1.

Plano del centro de la ciudad de Campeche

Fuente: Elaboración de la autora. Plano de la ciudad de Campeche, 1902. Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa. Colección general. Estado de Campeche, núm. clasificador 291-cge-7263-a.

Fuentes consultadas

Hemerografía

La Nueva Era, Campeche, 1884, 1887.

El Amigo del Pueblo, Campeche, 1909, 1910.

La Discusión, Campeche, 1875.

El Espíritu Público, Campeche, 1857, 1860, 1863.

El Giro, Campeche, 1888.

La Opinión Pública, Campeche, 1886, 1887, 1888.

La Tentación, Campeche, 1871.

La Urna Electoral, Campeche, 1870, 1871.

El Pensamiento Libre, Campeche, 1903.

El Sarpullido, Campeche, 1886.

Unión y Progreso, Campeche, 1902.

Bibliografía

Alcalá, Carlos, Fausta Gantús y Laura Villanueva, Campeche. Historia breve, México, fce/Colmex/fha, 3a. ed., 2016.

Alcocer Bernés, José Manuel, “Glorias y penurias del Teatro Toro de Campeche”, en Bicentenario el Ayer y Hoy de México, núm. 21, octubre-diciembre de 2013, pp. 22-29.

Álvarez Suárez, Francisco, Anales históricos de Campeche, H. Ayuntamiento de Campeche, 1991.

Ávila, Alfredo y Alicia Salmerón (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo xix, México, fce/Conaculta/iih-unam, 2012.

Gantús, Fausta, “De votantes y electores: dinámicas electorales en el partido de Campeche (1800-1900)”, en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el siglo xix. Las prácticas, Instituto Mora/tedf, 2016, pp. 155-206.

García Sandoval, Ivett, “La construcción cultural de la identidad: espacios urbanos y representación”, en Raúl Alcalá y Mónica Gómez (coords.), Construcción de identidades, unam-fes Acatlán, 2008, pp. 163-172.

, “Campeche y el puerto, la construcción de un pasado mítico”, en García Ivett (coord.), Campeche una ciudad en la península, Campeche, Conaculta/Comité Bicentenario y Centenario, 2010, pp. 151-176.

, “Languidece un puerto: Campeche en la segunda mitad del siglo xix”, en Ivett García, Marisa Pérez y José Ronzón (coords.), Puertos y comercio en el Golfo de México (siglo xix), Campeche, apicam/Ediciones Morbo, 2014, pp. 21-40.

Lefebvre, Henry, Espacio y política, Barcelona, Península, 1976.

Le Goff, Jacques, Pensar la Historia, Barcelona, Paidós, 2005.

Negrín Muñoz, Alejandro, Campeche, una historia compartida, Gobierno del Estado de Campeche, Instituto Mora, México, 1991.

Novelo Sánchez, Humberto, Construir el vecindario señorial: la conformación del barrio de Guadalupe en los siglos xviii y xix, Gobierno del Estado de Campeche, 2014.

Pérez Galaz, Juan, Diccionario geográfico e histórico de Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 2000.

Pérez, Marisa y Franco Savarino, El cultivo de las élites. Grupos económicos y políticos en Yucatán en los siglos xix y xx, México, Conaculta, 2001.

Rocher Salas, Adriana, Intramuros, Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 2015.

Romero, José Luis, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo xxi, 2001.

Salmerón, Alicia, “Prensa periódica y organización del voto. El club político Morelos. 1892”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/Conacyt/ife, 2014, pp. 159-190.

Weinberg, Gregorio, La ciencia y la idea de progreso en América Latina, 1860-1930, Buenos Aires, fce, 1998.

capítulo vi

Una planta exótica
en la política zacatecana.
Las primeras elecciones
directas en 1869

Mariana Terán Fuentes335

Las próximas elecciones van a tener su verificativo.
Preparémonos a trabajar.

“Manifiesto”, 1869.

De liderazgos locales
y círculos políticos

La historiografía política sobre el periodo de la Reforma y la restauración de la república en Zacatecas ha centrado su interés en el protagonismo de batallas, caudillos y jefes militares como Jesús González Ortega, Trinidad García de la Cadena o Miguel Auza. El común denominador de este tipo de interpretación es que se trató de una época de gran movilización militar, del protagonismo de caudillos locales y regionales con capacidad de control y dominio político en el manejo de lealtades y traiciones o en su calidad de promotores de pronunciamientos con impacto en nuevas fórmulas políticas. El caudillo representó el foco central de esa historia política. Esa visión se ha renovado con una historiografía dedicada a explicar, más que sucesos políticos y militares de relumbrón, formas de representación, procesos de ciudadanización, redes sociales y asociacionismo. Es en este campo de interés en que se vuelven significativos los actores y los procesos que están detrás de los caudillos a través del análisis de su discurso, de sus mecanismos de confrontación o de consenso, de sus relaciones políticas y sociales. Para el caso que nos ocupa, el acontecimiento de las batallas y relatos épicos hizo oscurecer prácticas políticas que tendieron a la institucionalización de procesos con la convergencia e interacción de distintos sectores sociales como el tema electoral donde es posible observar, como lo sostiene Marcello Carmagnani, “el nuevo espacio político”.336

Entre 1867 y 1876 se desataron numerosas rebeliones lo que a primera vista pudiera caracterizar aquellos años como el colofón de la anarquía decimonónica; para fines de este capítulo destaca el Plan lanzado por el gobierno de San Luis Potosí el 30 de diciembre de 1869 que puso de manifiesto los excesos de poder en que había caído Juárez al no rendir cuentas durante 11 años, abusar de la confianza de los gobernados cuando convocó a reformar la constitución para hacerla pedazos, hacer uso de la pena de muerte. El plan desconoció a Juárez como presidente, determinó la soberanía absoluta de los estados, la amnistía a los presos políticos, la vigencia de la Constitución de 1857 y estableció la urgencia de volver al congreso constituyente para trabajar en sus reformas.337

En Zacatecas, el gobernador Trinidad García de la Cadena se sumó a las autoridades potosinas y el 8 de enero de 1870 publicó el Plan restaurador del orden constitucional de la república: desconoció también a Juárez de quien denostó su papel en el uso discrecional de las facultades extraordinarias, al tiempo que reconoció que el presidente de la república debería ser quien ocupara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en ese momento a cargo del general Jesús González Ortega; estableció la defensa de la soberanía de los estados y la prohibición de la pena de muerte por delitos políticos.338 La respuesta de Juárez fue la suspensión de garantías, la declaratoria de estado de sitio para Zacatecas y el nombramiento de Gabriel García Elías como gobernador de la entidad, quien estuviera en el cargo como provisional y constitucional entre febrero de 1870 y octubre de 1871.339

El nuevo ejecutivo estatal sustituyó a funcionarios que habían guardado lealtad a García de la Cadena por otros de su confianza, en particular puso atención en los nuevos jefes políticos. La legislatura se desintegró por el apoyo que habían otorgado los diputados al Plan de García de la Cadena por lo que las elecciones programadas para autoridades del estado tuvieron que aplazarse. Gabriel García derogó el Reglamento económico y político de los partidos recién aprobado por los diputados en mayo de 1869 para regresar al de 1852, donde los jefes políticos eran nombrados directamente por el gobernador,340 quienes tendrían entre sus facultades designar a los presidentes municipales. Otra medida criticada fue el restablecimiento de la pena de muerte. Ese conjunto de decisiones fue directamente contra las impulsadas por su antecesor quien decretó la abolición de la pena de muerte, promovió la nueva ley electoral de 1869, propuso la reforma al artículo 50 de la Constitución estatal al modificar el requisito de población para erigir ayuntamiento, de 2 000 habitantes exigidos por la Constitución de 1857 se aprobó el rango entre 500 y 2 000 habitantes residiendo en propiedad particular con derecho para adquirir por venta tierra para sus ejidos, constituirse en congregación y regirse por junta municipal341 con lo que se permitió la instalación de seis nuevas juntas entre 1868 y 1872.342

Las diferencias entre distintos grupos liberales tenían una historia que contar. Trinidad García de la Cadena había sido partidario y colaborador directo de Jesús González Ortega; fue quien solicitara a Juárez su renuncia con el fin de que el primer magistrado de la Suprema Corte lo ocupara, tal como lo indicaba la ley. En 1866 el Valiente entre los valientes, Miguel Auza, fue nombrado por Juárez gobernador de la entidad al tiempo que García de la Cadena lo desconocía y se autonombraba gobernador.343 Auza fue diputado por Zacatecas en el constituyente de 1856, gobernador interino en 1861, provisional y constitucional entre julio de 1866 y agosto de 1868. En esa elección los resultados le favorecieron con 318 frente a su principal opositor, Trinidad García de la Cadena, con 225 votos. Trinidad García fue gobernador interino y constitucional de agosto de 1868 a enero de 1870. Entre ambos líderes políticos, Severo Cosío ocupó la primera magistratura por 15 días.

Alrededor de los líderes se formaron círculos expresados en logias masónicas, tertulias, redes académicas forjadas en el Instituto Literario, sociedades literarias, en la Junta Patriótica, como integrantes de la Sociedad de Geografía y Estadística, en su participación mayoritaria o minoritaria en diferentes legislaturas, como magistrados del Tribunal Superior de Justicia o fundadores e integrantes de distintos periódicos locales. Estas redes fueron trampolín para la formación de círculos políticos con miras a la lucha electoral.

Se parte de la idea de que la movilización es el conjunto de prácticas y estrategias orientadas a favorecer a un determinado candidato en una contienda electoral. Implica el conocimiento por parte de sus actores del corpus legal electoral, de las etapas de la convocatoria, del rol de las instituciones involucradas. El conocimiento de la normatividad, las inercias derivadas de procesos electorales previos, la apreciación sobre la correlación de fuerzas políticas en juego, son la base en la organización y planeación de las distintas estrategias para orientar a los ciudadanos por algún contendiente. Planear para movilizar el voto presupone un proceso con distintos ritmos y etapas: previo a la publicación de la convocatoria, entre la convocatoria y la jornada, la jornada electoral, el conteo de votos, la publicación de los resultados y las reacciones. El conjunto de prácticas movilizadoras, a su vez, fue gestando una cultura electoral mexicana que ayudó a la construcción de la legitimidad de los distintos grupos en el poder.

El capítulo tiene como propósito explicar la incidencia de los círculos políticos y sus diferentes estrategias para organizar y movilizar el voto en las primeras elecciones directas de Zacatecas en 1869. Con esta edición electoral caracterizada por el voto directo, se promovieron en Zacatecas estrategias como la creación de círculos políticos, la fundación de periódicos con fines proselitistas y las reuniones masivas. Para explicar la nueva plataforma electoral, se hará una revisión general sobre las principales reformas a la ley electoral estatal, el protagónico papel de la prensa para alentar o satanizar candidaturas y procedimientos en la elección, el momento electoral, sus resultados en el verano de 1869 y la detallada tarea que se dieron los integrantes del círculo opositor al gobierno para planear y organizar la elección en función de sus intereses políticos, sociales y económicos.

La reforma a la ley
electoral de Zacatecas

Con los ayuntamientos liberales a partir de la Constitución de 1812, la agenda que se fue formando en la cultura política local fue en torno al margen de autonomía con respecto a las autoridades estatales. Esto orilló a que algunos ayuntamientos consideraran la posibilidad de agregarse a otra entidad o formar un territorio independiente. A principios de la década de 1860, sin dejar lo anterior, los ayuntamientos y sus representantes en el congreso local se preguntaron por otros temas como el de la democracia asociada a los procesos electorales: “aquí y en otros lugares del estado, se agita, se discute, se indaga con empeño el estado de la cosa pública, principalmente en el campo de las elecciones”.344 La participación directa en las elecciones fue un rasgo considerado por algunos diputados como la principal incidencia para lograr la representación política: “tiempo es ya de que los ciudadanos, depositando sus votos en la mesa del sufragio, designen a las personas que ejecuten su voluntad consignada en la ley fundamental que con tantos heroísmos han defendido y que tan sabiamente conservarán intacta”.345 Sobre el problema que podría representar la existencia de pocos hombres con conocimiento para ocupar los cargos de elección popular, se argumentaba que en todo caso se podría denunciar la nulidad de procesos particulares.

Tanto la discusión en el recinto legislativo en torno a la democracia vinculada a las elecciones desde los primeros años de la década de 1860, como la publicación de las constituciones estatales entre 1857 y hasta 1869 son elementos a considerar para explicar la necesidad de reformar la ley electoral proponiendo la elección directa. A partir de 1868 el tema de la participación de todos los ciudadanos con derecho a votar se fue haciendo cada vez más presente en la prensa, por lo que los diputados, a inicios de 1869, emprendieron los trabajos legislativos para su reforma.346

La cuestión había generado gran interés desde un año anterior; la prensa oficial publicaba las razones por las que se justificaba promover por primera vez en la entidad la elección directa, pese a lo establecido en la Constitución de 1857 sobre el método indirecto en primer grado prescrito en los artículos 55, 76 y 92 correspondientes a elección de diputados, presidente y ministros. Aseguraban que la elección indirecta no correspondía con el espíritu democrático de Zacatecas, “al falsear y desnaturalizar el sistema representativo”.347

Quienes impulsaron la reforma a la ley electoral en 1868 partían de dos premisas: la soberanía popular no podía limitar el ejercicio de los derechos políticos, todos los ciudadanos debían ser considerados electores; México era una república, como tal el sufragio debía ser libre, los electores —en su libre decisión— elegirían a quien consideraran sus mejores representantes sin mediadores. Sopesaron las décadas anteriores de procesos electorales indirectos donde se prestaba al monopolio de los cargos públicos causando el desinterés de la mayoría al contener su participación política; ese “mecanismo artificial” dejaba de lado la voluntad popular.348 En opinión de los diputados, con la elección directa se ensanchaba el círculo de acción y con ello se confirmaban los derechos políticos de los ciudadanos. Valoraron la novedad de la elección de autoridades judiciales para la entidad zacatecana, pues “el pueblo debe elegir a los representantes de su juicio”,349 el poder judicial representa una parte de la soberanía en calidad de regulador y administrador de las leyes, por lo que debía organizarse y elegirse con independencia de los otros dos poderes para eliminar ese viejo vicio de aparecer como mero agente del ejecutivo o legislativo.

En la tradición constitucionalista zacatecana sólo las constituciones de 1869 y 1910 establecieron la elección directa también para las autoridades judiciales. Las constituciones de 1918, 1921, 1980 y 1984 dispusieron que su elección sería a cargo del congreso del estado; las constituciones de 1944 y 1946 modificarían el procedimiento pues sería considerada una terna propuesta por el ejecutivo estatal y por mayoría absoluta de votos de los diputados se elegiría a los tres magistrados propietarios y sus suplentes (anexo 1).

Varios asuntos levantaron suspicacias entre los diputados al momento de aprobar la ley electoral: la primera fue que se le otorgaban demasiadas atribuciones al empadronador —nombrado entre los vecinos de la sección respectiva— al hacer de manera exclusiva la calificación de los individuos con derecho a votar. ¿Debía ser el empadronador o una autoridad superior “más caracterizada”350 para tal efecto, tal vez las propias asambleas municipales? se preguntó Joaquín Román. Gregorio Castanedo reconoció que esto podía representar un problema, pero en su opinión era inadmisible trasladar esa facultad a las asambleas o juntas municipales por la imposibilidad de estar en todas las mesas dada la lejanía de algunas respecto a sus cabeceras; no era el empadronador quien realizara la calificación, sino la ley. La discusión se prolongó: ¿la ley o los individuos? El diputado Castanedo argumentó que la aplicación de aquella la hacen los individuos; en caso de yerro o dudosa intención, el recurso que le quedaba a los ciudadanos era presentarse a la mesa para reclamar sus derechos. El diputado Román no quedó conforme, su preocupación se centraban en qué tanto este individuo conocía los vecinos que tuvieran derecho a votar, lo que en sus palabras “podría traer muchos errores trascendentales”.351

Otro punto de debate fue el de la portación de armas. Según la redacción del artículo 12, no podrían emitir su voto los militares que fueran jefes, oficiales, sargentos o cabos si portasen armas. ¿Pero los paisanos podrían portarlas en la elección? Recordaron el artículo 10 de la Constitución general relativo al derecho que tiene todo hombre de portar armas para su seguridad, ¿por qué ahora prohibirles en la elección de sus autoridades, si en ningún momento se había registrado algún evento de violencia electoral en el estado de Zacatecas? Justo por eso no se había regulado esta cuestión, pero podría darse el caso, reconocieron. Si a los militares se les prohibiese, al resto de los ciudadanos también, sabiendo de antemano que los integrantes de la junta electoral no podrían darse cuenta si alguien entrase ocultando un arma.

Una de las preocupaciones de los diputados para transformar la ley electoral fue evitar los abusos y engaños que habían prevalecido hasta entonces por parte de ciertos funcionarios sobre la población que no sabía leer ni escribir. Así como quedó prohibida cualquier injerencia de los miembros de la mesa para inducir el voto a favor de algún candidato, se discutió la cuestión de aquellos que sin saber leer ni escribir acudían para ejercer su derecho al voto y podrían dejarse auxiliar por uno de los dos secretarios. Era un problema de extrema desigualdad con los que sí contaban con aquellas capacidades, lo que traía además un problema de incertidumbre para los votantes. Se propuso que los que estuvieran en esta condición no recurrieran necesariamente al secretario, sino a alguien de su plena confianza: “yo creo que al votante se le debe dejar en libertad para que se dirija a quien guste a efecto de que le escriba su voto”,352 propuso el diputado García Elías. Era un asunto de desigualdad e incertidumbre. Si el votante iletrado acudía al secretario o a otra persona, podía ser igualmente engañado; una posible solución era que se escribiera el nombre seleccionado por el votante frente a los cinco miembros de la mesa. El tema era delicado porque el engaño se había probado una y otra vez, comentaba el diputado Castanedo:

yo he visto en algunos pueblos que los integrantes seducen a una gran parte del pueblo, escribiéndoles anticipadamente en las cédulas los nombres de los individuos a quien se proponen sacar electo; y todos estos abusos si no se consigue desterrarlos del todo con el artículo que se discute, al menos se logrará algo y esto será mucho.353

Una solución planteada a propósito fue que en los casos de votantes iletrados, se eliminara la condición de voto secreto y se pudiera decir en voz alta frente a la concurrencia y en los que demostraran leer y escribir su voto no necesariamente lo escribirían en la mesa, sino que lo podrían hacer en cualquier lugar y llevarlo ese día por escrito y firmado. A final de cuentas, sostenía el diputado Acosta, ese es un derecho de los ciudadanos, no una obligación. La redacción del artículo 15 se aprobó con algunas de las modificaciones sugeridas:

Al emitir sus votos, los ciudadanos lo harán en presencia de los individuos que forman la mesa, poniendo al reverso de las boletas el nombre de los individuos a quienes den su voto, y firmarán. Los que no sepan escribir, presentarán las mismas boletas a uno de los secretarios de la mesa, diciendo en voz alta el nombre de las personas a quienes votaren. El secretario firmará a nombre del votante.354

Con la nueva ley electoral buscaron evitar abusos que se venían registrando en experiencias electorales anteriores. Constataron los tiempos del voto indirecto y los graves problemas que derivaban de prácticas coactivas y violentas sobre todo en poblaciones numerosas “excitadas de antemano por el choque de las facciones políticas”.355

Aquellas fueron las preocupaciones de la legislatura que el 23 de febrero de 1869 aprobara la nueva ley electoral de Zacatecas. La principal innovación respecto a la ley electoral orgánica general fue la elección popular directa para diputados locales, gobernador, magistrados del Tribunal Superior, asambleas municipales y jefes políticos. Se trataba de una planta exótica, así llamada en el recinto legislativo, porque su tradición electoral había sido indirecta desde la Constitución de 1812. El interés por el voto directo como posibilidad a futuro se manifestó desde el segundo constituyente mexicano hasta las discusiones encabezadas por Mariano Otero para elaborar el Acta de Reformas de 1847, que en su artículo 18 presentó como viable las elecciones directas. La crítica al método indirecto en 1824 era que se asociaba a la aristocracia y no a la república, pero sus defensores argumentaron que representaba un mecanismo efectivo para contener el desenfreno del pueblo. En 1842 Otero, Espinoza de los Monteros y Muñoz Ledo defendieron la tesis de que cada estado tenía la facultad de sancionar su propia ley electoral, lo que así se definiera en el congreso del estado de Zacatecas en 1869. En el constituyente de 1856, Zarco y Ramírez defendieron el voto directo permanente y obligatorio para la elección de todos los poderes. En la misma idea de asociar voto directo con república, Israel Arroyo muestra la argumentación de Zarco: entre más grados “más se separarían del espíritu público”.356

Los zacatecanos impulsores del método directo sostuvieron que una república no podía usar formas restrictivas de representación; la semántica de república fue asociada a la mayoría de las voluntades. El discurso celebratorio hacia la nueva ley electoral no se hizo esperar: “Esta es la vez primera que nuestro estado ofrece al mundo el grandioso espectáculo de la elección directa llamando a todos los ciudadanos que lo componen a la urna electoral, para que libremente escriban o hagan escribir en una cédula los nombres de las personas de su confianza para el desempeño de los cargos públicos”.357

La ley de 1869 definió un nuevo mecanismo para los jefes políticos, pues las constituciones estatales anteriores prescribían que serían designados directamente por el gobernador, considerando las ternas presentadas por los ayuntamientos; la Constitución de 1832 estableció que el jefe político podría estar en dicho cargo de manera indefinida,358 pero la Constitución de 1857 dio un importante giro en su artículo 47: el jefe político ya no sería designado por el ejecutivo, sino “nombrado popularmente” sin derecho a inmediata reelección.

La ley orgánica electoral firmada el 23 de febrero de 1869 y publicada el 3 de marzo por el gobernador Trinidad García de la Cadena, siguió los líneamientos de la ley general orgánica electoral, dividida en tres partes: la primera (artículos 1 al 7) relativa a la división de municipios y congregaciones para la delimitación de secciones electorales compuestas por 500 personas de ambos sexos. Las instituciones a cargo de esta tarea fueron las asambleas y juntas municipales, que debían nombrar dos comisionados para formar el padrón y presidir la junta primaria. El primero estaba obligado a publicar en paraje conocido todos aquellos nombres de hombres que tuvieran derecho al voto y entregarles las boletas con ocho días de anticipación. Se definían los requisitos para ejercer el voto activo y pasivo y los que no pudieran hacerlo (naturalizados en otro país, ebrios, tahúres, vagos, condenados por sentencia o los que tuvieran suspendidos sus derechos por causa criminal). Esta etapa se realizaría durante todo el mes de julio.

En la segunda parte (artículos 8 al 20) se detallaban las previsiones para la instalación de la mesa que organizaría la junta primaria compuesta de un presidente, dos secretarios y dos escrutadores. Detalla el curso de la jornada electoral a celebrarse el último domingo de julio. El presidente la iniciaría preguntando si hubiese soborno o cohecho para votar por un candidato en particular. En caso afirmativo, ahí mismo se haría “pública averiguación verbal”359 y, de comprobarse se perdería el derecho a participar. Se advertía sobre la prohibición para que cualquier integrante de la mesa hiciera algún comentario al votante. Éste pondría el nombre de su candidato en la boleta y la firmaría. De no saber hacerlo, uno de los secretarios escribiría el nombre emitido en voz alta por el votante y firmaría la boleta. Se aclaraba en esta sección el número de boletas según las autoridades a elegir (gobernador, diputados, magistrados, asambleas municipales y jefes políticos). El presidente de la mesa las recibiría para entregarlas a los escrutadores quienes las depositarían en las cinco ánforas y formarían la lista de los votados. En caso de reclamos, ahí sería el momento, sin posibilidad de otro recurso.

La última parte (artículos 21 al 28) prescribió el procedimiento del cómputo, la publicación de los resultados y las instancias involucradas. Después de la jornada electoral, se organizarían los paquetes integrados por las boletas, el padrón, la lista de votantes y el acta respectiva para ser remitidos por el jefe político al gobierno y éste al congreso que haría el cómputo y declararía los resultados. Este procedimiento se verificaría cada año para autoridades municipales, cada dos años para diputados, magistrados y jueces de letras y cada cuatro años para gobernador y jefes políticos.

La prensa oficial alentó a los ciudadanos a ejercer sus derechos políticos. El espectro de la participación electoral se había ensanchado desde el Acta de Reformas de 1847 al reducir los requisitos para ser elector eliminando la exigencia de vecindad y residencia.360 A partir de la Constitución de 1857 todos los hombres que fuesen considerados ciudadanos podían votar y ser votados (anexo 2). Desde la tradición constitucional iniciada en 1812, los requisitos para ser considerado ciudadano fueron disminuyendo, lo que comprueba en este trayecto, como lo analiza Alicia Hernández, la “expansión de la ciudadanía y la de mayor contenido popular de la representación política”.361

Los procesos electorales representaron un eficaz mecanismo para lograr la legitimación de los grupos políticos. El gobernador Trinidad García de la Cadena se valió de la prensa oficial para dar cuenta de los beneficios del método directo; por otra parte, era también un recurso para divulgar entre la ciudadanía que durante su gestión se innovó la ley electoral del estado de Zacatecas. Entre las bondades de practicar el método directo se eliminarían abusos, falsificaciones y los votantes tendrían confianza en el proceso. Los editoriales de la prensa oficial promovieron la idea de que no había necesidad de recurrir a amenazas, cohechos ni a cualquier tipo de soborno porque era el ciudadano libre el que tenía la condición y capacidad para emitir su voluntad.

Por su parte, el grupo opositor al gobierno encabezado por Miguel Auza dio a conocer ―un año antes de la publicación de la ley electoral de 1869― su opinión sobre la utilidad de las reuniones para tratar cuestiones políticas haciendo uso del derecho de asociación. Esta serie de argumentos se publicaron por los convencionistas en 1868, cuando el tema de la elección directa entró a debate en el recinto legislativo.

La prensa: arma para
movilizar el voto

La nueva ley electoral se publicó en marzo, y en abril se utilizaron los espacios editoriales de la prensa oficial para divulgar las ventajas del método directo: la contienda entre distintas opciones favorecía la capacidad de discernimiento del pueblo en el momento de emitir su voto. Los círculos políticos representaban una gran ventaja para este ejercicio ciudadano. La reciente historiografía sobre procesos electorales ha explicado la multiplicación de los clubes políticos a partir de la Revolución de Ayutla, y sobre todo con la Constitución de 1857. A lo largo de la segunda mitad del siglo xix y los primeros años del xx fueron los clubes políticos las asociaciones por excelencia para participar, organizar y movilizar el voto.362 Su vínculo con la prensa fue directo, en algunos procesos como el que se analiza en este capítulo, los clubes fundaron periódicos para alentar el voto, en otros, los periódicos fueron los creadores de los clubes. En el caso del análisis propuesto en el presente capítulo, la prensa jugó un importante rol al caracterizar no precisamente a los contendientes en sí, sino a los líderes de quienes dependían o con quienes se les asociaba. En la elección de 1869 no participaron candidaturas para gobernador, sino para diputados federales y estatales, los primeros por elección indirecta y los segundos por elección directa. La prensa enfrentó al gobernador en turno, Trinidad García de la Cadena, con el que fuera su antecesor, Miguel Auza; de uno y otro se resaltaron sus cualidades como gobernadores, así como sus debilidades. Esto es significativo pues la prensa no dio a conocer los nombres de los contendientes para ocupar la representación en la legislatura y en la cámara de diputados.

Los opositores al gobierno de Trinidad García de la Cadena fundaron el periódico La Convención con el fin de dirigir la opinión en su contra y deslegitimarlo. Los editoriales de la prensa oficial consignadas en El Defensor de la Reforma pugnaron, por su parte, por desacreditar las propias descalificaciones de la prensa emergente del círculo político opositor; en ese sentido, las críticas recibidas fueron reutilizadas para justificar su posición. Es por eso que una de las premisas del grupo de García de la Cadena fue que la política no se hacía descalificando, sino promoviendo la libre elección popular.

Los círculos políticos eran una expresión de los distintos grupos sociales que entendían, a partir del uso de redes y sociabilidades, la vida democrática. La democracia, entonces, tuvo una semántica particular al vincular, mediante el nuevo proceso electoral, al ciudadano individual con la posibilidad de expresar su elección de forma directa y garantizar la confianza en el procedimiento; representó una manera de ser selectivo y manifestar con su voto la convicción en alguna de las opciones que se presentaban. Sin embargo, en las publicaciones preparatorias a la elección del verano de 1869, los editoriales de la prensa oficial alertaban sobre las posibles trampas en el proceso previo a la ejecución del voto popular. Como la reciente historiografía sobre la incidencia de la prensa en procesos electorales lo ha analizado, más que anotar su sobre o infra valoración, fue un mecanismo de formación de opinión para promover candidatos, expurgar y comparar sus trayectorias políticas, alentar y denostar entre quienes la leían, la circulaban, la recomendaban.363 En el caso que exponemos, la prensa representó un mecanismo de promoción y movilización del voto que ayudó a definir, posicionar y defender los argumentos y contraargumentos de los grupos en disputa a través de focalizar a los líderes.

En abril de 1869 apareció el primer número del periódico La Convención. Entre sus socios principales estaba el exgobernador Miguel Auza. La prensa oficial celebró el hecho y reconoció el derecho de otros círculos políticos a promover a sus candidatos:

nada más natural que cualquier insinuación en ese sentido encuentre eco en todas las clases de la sociedad; proponga, pues, La Convención, candidatos que reúnan aquellas circunstancias y si ellos merecen llamar la atención del pueblo por sus honrosos antecedentes, es seguro que obtendrán el triunfo reuniendo la mayoría de los sufragios.364

Los editoriales previos a las elecciones ―de aquel título― sirvieron para denostar las acciones del gobierno: lo criticaron de comunista, de paralizar la economía de la entidad, de deteriorar la minería, de desalentar la agricultura y el comercio. Fueron tratados con el mismo rasero para caracterizar la paupérrima situación económica los agricultores, operarios de minas, artesanos y oficiales; la administración hasta entonces no había logrado el más mínimo bienestar para sus habitantes. La respuesta de la prensa oficial fue inmediata:

Comunismo: he aquí una palabra que no tiene aplicación alguna en las presentes circunstancias. Obligar al propietario a vender un pedazo de terreno para establecer una población en la que los habitantes no sean una horda de esclavos sujetos al bárbaro capricho de un amo indolente […] no es por cierto, sancionar el comunismo.365

La tesis de que la administración de García de la Cadena había promovido el comunismo por impulsar la instalación de nuevos ayuntamientos municipales en propiedad privada no era comunismo, sino la aplicación de las leyes que convirtieron

las manos muertas en manos vivas […] los que atacan el poder municipal no quieren tener autoridades que los vigilen, ni instrucción pública en los municipios y seguridad en los caminos […] ¿A esto se llama comunismo? Pues entonces la administración pública del estado se declara comunista y bien puede la aristocracia romana apoderarse de Sila para asesinar a los Gracos.366

El mismo periódico reconoció el decreto del 16 de septiembre de 1866 de Maximiliano concediendo terrenos a los pueblos que no los tuvieren. Si el emperador había mostrado políticas liberales, con mayor razón las autoridades zacatecanas lo harían dada su tradición federal municipalista.

Sobre cada ramo de la administración se ponderó lo logrado por el gobierno de García de la Cadena, la supresión de la pena de muerte era uno de sus rasgos más sobresalientes, pero sus detractores la igualaron con el encubrimiento para garantizar la libre acción a los delincuentes. Títulos como El terror a la orden del día fueron usados por los opositores al gobierno para aglutinar el rechazo de los votantes hacia sus candidatos. Más que dejarse sorprender por las denostaciones, el uso de la prensa oficial previo a las elecciones se caracterizó por concentrar la discusión en la relación voto directo y república, en el derecho de asociación, en las evaluaciones que distintas expresiones hicieron de la administración pública.

Las elecciones de 1869

Los diputados celebraron los resultados de la elección de autoridades del verano de 1869 bajo el nuevo método: 66 000 votantes emitieron su voluntad de forma directa, es decir, la sexta parte de la población del estado, “aun comprendiéndose en ésta mujeres, niños y los que no tienen derecho a votar”.367 Es notable el dato si se considera que del total de la población del estado de Zacatecas (397 945), 195 716 eran hombres;368 de éstos el 33 por ciento acudió a las urnas, lo que muestra que el círculo se había ensanchado.

Los diputados aseguraron que aquellos comicios se habían efectuado en la mayor tranquilidad con la instalación de sus mesas hasta “en los suburbios más escondidos y en las aldeas más miserables”.369 Afirmaron que por encima de la confrontación, se había desarrollado con regularidad el proceso electoral y la entrega de las boletas. Según la información sistematizada por la legislatura, se trató del primer ejercicio con la participación de la “mayoría absoluta de voluntades”370 para el logro de la “uniformidad republicana”.371 No hubo ya necesidad de “sacar el gallo paseando una farola con el nombre de los candidatos”.372 Eso había pasado a la historia, aunque sí se dieron eventos aislados de la “chusma armada” que sin ser vecinos de las municipalidades, pretendieron asaltar las mesas para dirigir la elección.

Al ver la manera en que ha sido practicado el voto electoral, no podrá menos que lisonjearse todo buen zacatecano de mirar en ese suelo ya adoptada una planta exótica y que haya comenzado a germinar sin los grandes embarazos que se temían. Se ha despertado el patriotismo, se ha movido en algunos puntos hasta el entusiasmo y el interés de las localidades, todas han tomado un incremento notable cuando se han visto llamadas para señalar ellas mismas directamente las personas que hayan de procurar su dicha y bienestar en todas las escalas que por ahora ha podido comprender la convocatoria; es ya innecesaria la representación ajena para el ejercicio de funciones que pueden desempeñar los ciudadanos por sí. La elección directa es una conquista hecha por nosotros felizmente en estos días.373

No hubo protestas, quejas, solicitudes de nulidad, ni conflictos o desavenencias mayores entre los votantes y los que representaron las mesas electorales. En la información de los resultados de las votaciones para diputados locales, en donde la dinámica era que en cada partido se elegía a un diputado para su representación (anexo 3), se observa que la estructura de votación quedó definida por la anterior jurisdicción de partidos. La participación de ciudadanos por partido respecto a la población general representó una fluctuación entre el 21 por ciento, donde se registró el mayor número de votos en la capital de la entidad seguido por Fresnillo y Nochistlán con el 19 por ciento, hasta el 10 por ciento de votos respecto a su población en el municipio de Ciudad García. En municipios con menos población como Mazapil, el 13 por ciento de sus habitantes participó en el proceso electoral. Los datos expresan la ampliación de la participación ciudadana donde de manera proporcional, se fueron reduciendo los requisitos para ser considerado ciudadano.

El grupo convencionista ganó los partidos de Ciudad García, Villanueva y Ojocaliente con una fluctuación de entre el 10 por ciento y el 18 por ciento de ciudadanos que emitieron su voto; el resultado puede explicarse porque entre los integrantes más destacados de aquel club político se encontraban las familias García y Elías que llegaron a vincularse a lo largo del siglo xix a través de redes matrimoniales haciendo valer su poder económico y social como propietarias de haciendas y ranchos en aquellos partidos y ejerciendo control político por ser parte de la élite gubernamental con el caso más ilustrativo de Francisco García Salinas en el ejecutivo estatal entre 1829 y 1834.

Son significativos los datos sobre los resultados de los opositores a los candidatos propuestos por el grupo de García de la Cadena. Es claro que, pese a que su grupo ganó en términos generales, en los partidos de Fresnillo, Sombrerete y Nieves, la competencia haya sido tan cerrada con más del 40 por ciento para el conjunto de los contendientes; pero lo más sorprendente es el partido de Tlaltenango, donde el general González Ortega había tenido una importante presencia a través de la prensa, la suma de sus opositores se llevó el 41 por ciento de los votos.374 Esto nos habla por una parte de que en términos de participación de los ciudadanos hubo un ejercicio efectivo en el proceso electoral; por otro lado, la información del anexo 3 evidencia que los dados no estaban cargados a los líderes que tradicionalmente ha colocado la historiografía como los caudillos por antonomasia. Insisto: el general González Ortega, con todo y su labor administrativa en Tlaltenango, de haber publicado sus periódicos en aquel partido, como El Pobre Diablo, y de que el culto a su figura lo hubiese monumentalizado en lo que restó del siglo xix, enfrentó un 41 por ciento de votos que decidieron manifestarse no precisamente por el héroe de Calpulalpan.

Detrás de la ley electoral y de los sentimientos de satisfacción de algunos diputados, se dieron prácticas para movilizar el voto que terminaron en un conflicto que rebasó al ámbito electoral y a las autoridades estatales. El voto directo no necesariamente garantizó el apego a la legalidad vigente, pero mostró por otro lado, que podía ser un flanco para atender, organizar y movilizar a los ciudadanos.

El arte de planear una elección

El 23 de junio de 1869 el gobernador Trinidad García de la Cadena ordenó prohibir las reuniones públicas previas a las elecciones. El decreto obedecía a que los dos círculos políticos en Zacatecas, La Convención y el Liberal Progresista, se habían radicalizado a través de la prensa. Unos cuantos días antes de la orden del gobernador, se celebraron varias reuniones populares con la participación de personas armadas. El hecho hizo que la fuerza armada estuviera alerta, más aun sabiendo las estrategias planeadas por los convencionistas que podían crear una situación de caos en la capital zacatecana.

Los convencionistas solicitaron amparo al juzgado de distrito contra la orden del gobernador del 23 de junio porque atentaba contra el derecho de asociación. En su solicitud dieron cuenta de las continuas amenazas a los socios por parte de los empleados de la Secretaría de Gobierno.375 El juez concedió el amparo. De inmediato convocaron a una reunión en la plaza de toros de San Pedro, después se supo que era su sexta reunión donde se escucharon varias proclamas incendiarias. Por su parte, el Círculo Liberal Progresista (ganador en las elecciones) también convocó a una reunión con el fin de acordar algunas estrategias de ataque a sus opositores.

El gobernador no pudo contrariar la sentencia del juez, publicó que se trataba de un juicio donde había privado la parcialidad, confirmó que su instrucción de llevar a la fuerza pública a aquella reunión no tenía por objeto impedirla, sino enfrentar las situaciones emergentes de desorden como ocurría con las funciones de toros, circo y acrobacia. El resultado fue la aprehensión de un integrante de La Convención que pretendían hacer uso de sus armas. El juez dio la instrucción al gobernador García de la Cadena de liberarlo porque se habían violado sus garantías individuales. La tensa situación fue utilizada por el gobernador para evidenciar el favoritismo del juez hacia los convencionistas. García de la Cadena aclaró que la orden del 23 de junio no iba contra las reuniones públicas, pues era considerado un derecho constitucional, sino contra las reuniones con personas armadas “que no han estado ni podido estar bajo el amparo del artículo 9 de la Constitución federal, la que prohíbe expresamente que ninguna reunión armada tenga derecho deliberativo”.376 Dos mensajes envió García de la Cadena al juzgado de distrito: el gobierno no mandó disolver la reunión de los convencionistas y el sujeto aprehendido fue por haber sido irrespetuoso, por lo que nada tenía que ver ni hacer en este tema el juzgado de distrito; hacerle reclamos a un gobernador por hacer aprehensiones según el artículo 16 de la Constitución de la República “es no conocer la dignidad de la jurisdicción que se ejerce y ponerla en el más evidente ridículo”.377

La noticia de que el gobernador había actuado con arbitrariedad fue publicada en El País. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, en El Siglo Diez y Nueve y en uno de los rotativos de San Luis Potosí bajo la siguiente redacción: “se hizo uso de la fuerza armada, por orden del gobernador de Zacatecas, para interrumpir una sesión de La Convención, amparada por el Juez de Distrito”.378

Los miembros de La Convención redactaron el Plan para organizar los trabajos en las elecciones que habían de verificarse el último domingo del mes de julio, firmado el 6 de julio de 1869 por Miguel Ruelas y el secretario Julián Torres. Representa un excelente documento que permite observar algunas de las estrategias empleadas por aquel círculo político para movilizar el voto. Fue reproducido como folleto con varias notas explicativas de los intereses de sus miembros, pero también lo publicó el Periódico Oficial de Zacatecas el 27 de julio para remitirlo a los editores de El Siglo Diez y Nueve y de La Opinión Nacional, con el propósito de evidenciar sus acciones más allá del radio político de la entidad. La preocupación de las autoridades fue tal que, al cierre de la edición del Periódico Oficial del 25 de julio (día de las elecciones), se integró el plan para su inmediata publicación.379

El plan proponía varias estrategias enmarcadas en un solo proceso con el fin de inducir el voto para favorecer a sus candidatos: el primer paso sería nombrar comisiones de cuartel integradas por cinco ciudadanos de reconocido prestigio con la tarea de moverse en cada uno de los cuarteles en que se dividía la ciudad; esas comisiones se numerarían según su pertenencia al cuartel. Su función sería investigar el número de secciones en que se dividía el cuartel y nombrar las comisiones de mesa según las secciones investigadas. Las comisiones de mesa estarían compuestas por siete individuos que supieran leer y escribir, con residencia en la sección y leales a La Convención. En caso de no alcanzar a los siete integrantes, podrían funcionar con cuatro.

La maquinaria electoral propuesta por La Convención se complejizaba dado que las comisiones de cuartel debían nombrar a su vez dos agentes de mesa para cada sección. Debían ser ciudadanos “activos, enérgicos, conocidos en el cuartel y adictos a La Convención”.380 Al momento de recibir su nombramiento todos debían movilizarse entre los ciudadanos para uniformar el voto a favor del candidato de aquel círculo político. Fue muy significativo el papel de estos operadores del voto para la vigilancia en general de las elecciones: en ellos descansaba la responsabilidad de verificar las listas de los ciudadanos con derecho a votar para hacer el reclamo al empadronador en caso de omisiones; si en esta primera etapa no había resolución, haría valer el derecho de inclusión del ciudadano ante el presidente municipal; esta cadena de reclamos terminaba con la información detallada al presidente de La Convención quien exigiría la revisión de los padrones.

Los comisionados, que eran el nudo de la maquinaria electoral subsidiada por La Convención, debían asegurarse de que todos los que tuvieran derecho a votar contaran con sus boletas ocho días antes de la elección; de constatar que alguno no la tuviese, los comisionados se encargarían “enérgicamente” de reclamarlas. En caso de que no prosperara su exigencia, tal como lo establecía la Ley electoral, lo harían en la mesa durante la jornada electoral “en la inteligencia que los individuos nombrados para formar las comisiones de mesa, deben procurarse a todo trance sus boletas antes del domingo 25 día de la elección, pues sin boleta no pueden desempeñar los oficios de la mesa según el artículo 8”.381 El plan garantizaba la vigilancia del proceso con la participación de los presidentes de las comisiones de cuartel (nombrados por haber sido los primeros en registrarse), quienes informarían de manera continua a los integrantes de la mesa de La Convención (los lunes 12 y 19) y al licenciado Agustín López de Nava directamente en su casa el sábado 24.

La pulcritud y detalle del plan fue posible porque quienes lo elaboraron leyeron con sumo cuidado la ley electoral que a su vez publicaron en su Manifiesto. Como se puede observar, tal como se dividía la ley electoral, el plan se dividió según las etapas de la elección. El día de la jornada electoral, todas las comisiones de mesa debían acudir desde las primeras horas de la mañana para “apoderarse” de la mesa constituyéndose en presidente, escrutadores y secretarios, conforme el artículo 8”.382 Se advirtió que los comisionados no podrían separarse en ningún momento del comisionado por la municipalidad, lo vigilarían todo el tiempo y se cuidarían de que si se decidía cambiar la mesa de sede, no se dejarían burlar con “supercherías semejantes”.383

Los agentes de mesa estarían entre el grupo de los votantes para incidir en la orientación del voto hacia el candidato de La Convención; tendrían el conocimiento suficiente para lograr su cometido porque se les haría llegar la noche anterior las listas de los candidatos; los agentes se encargarían de entregarlas entre los votantes en el transcurso de la jornada electoral “al tiempo de estarse recibiendo los votos”.384 Esta parte del proceso sería vigilada por las comisiones de cuartel para que tanto las comisiones de mesa como los agentes cumplieran sus encargos “para mantener vivo el espíritu público a favor de La Convención”.385 En caso de que alguna de las comisiones de mesa presentara problemas para su instalación, deberían permanecer para evitar que se “falseara el voto público”. Y para no dejar cabos suelos, los vigilados serían vigilados a su vez por una comisión general integrada por ciudadanos “caracterizados, enérgicos y populares para que el día de la elección recorran los diferentes cuarteles de la ciudad, a fin de que cuiden de que se dé cumplimiento exacto a este plan, protejan a los comisionados subalternos si lo necesitan y aviven en todas partes el espíritu público a favor de La Convención”.386 Al término de la jornada, las comisiones de mesa levantarían el acta de resultados con una copia para la mesa de la comisión.

Según la opinión de los diputados locales afectos al gobernador, el llamado “planecito” fue “acompañado de una chusma armada, sin ser vecinos siquiera de la municipalidad, pretendiendo con verdadero escándalo, asaltar las mesas para dirigir la elección al tenor de su consigna”.387 Se trataba de la usurpación de la representación popular. Esa fue la sentencia que quedó registrada en las actas de sesiones de los diputados. En el balance, uno de los diputados reconoció no sorprenderse por la uniformidad del tipo de letra impuesto en las boletas electorales en las nuevas congregaciones que antes dependían de los propietarios de haciendas que seguramente escucharon a sus “bienhechores”388 para orientar su voto.

Con todo y su meticuloso plan, los convencionistas perdieron las elecciones. El Círculo Progresista resultó favorecido en los partidos de Zacatecas, Nieves, Tlaltenango, Mazapil, Fresnillo, Sombrerete, Pinos, Juchipila y Nochistlán. Los convencionistas se quedaron con la representación de Ciudad García, Villanueva y Ojocaliente. Gabriel García, que había sido diputado por el partido de Zacatecas en la anterior legislatura, ahora pasó a representar a Jerez; Luis G. García repitió en el partido de Ojocaliente y Rafael Ferniza se mantuvo en el partido de Villanueva.

El calendario cívico no podía esperar por más que las inusuales y exóticas jornadas electorales hubieran enturbiado la paz pública de Zacatecas. El grito de Dolores era día obligado para conmemorar, subir a tribuna, tal como se había realizado desde 1825. Ahora tocó su turno para pronunciar su oración cívica a Tomás T. Obregón. Pese a ser el día de los insurgentes, el foco se centró en la segunda independencia. Los héroes de la patria se continuaron en Zaragoza, Arteaga, Salazar y Chávez. El discurso cívico colocó en versión monumental a Jesús González Ortega, era de esperarse por ser tan allegado al gobernador García de la Cadena. Era septiembre de 1869, habían pasado las elecciones, se habían evidenciado las estrategias de los convencionistas, los dados estaban tirados. El juez de distrito había desconocido la autoridad del gobernador evidenciando su alianza con Miguel Auza, la prensa ejercía su papel como promotora de opiniones y confrontaciones. La descripción de Obregón el 15 de septiembre fue para iluminar al héroe de Calpulalpan que ayudó a derrocar al imperio de Maximiliano.389 Ni una sola alusión a Juárez. En el silencio a Juárez se expresaba el apoyo a Trinidad García de la Cadena.

Los intereses en juego
y el derecho de asociación

Pasadas las elecciones, los convencionistas decidieron publicar un folleto integrado con el llamado de los convencionistas a sumarse y crear células en otros puntos de la entidad, los nombres de los socios, la ley electoral estatal, el plan para movilizar la votación, la solicitud de amparo al juez de distrito, su respuesta, la evidencia de las irregularidades. De éstas, destacaron que las mesas que pretendían instalar, ya habían sido ocupadas por personal de gobierno acompañados por sujetos desconocidos que no pertenecían a las secciones electorales. Al momento de protestar, los empleados de gobierno solicitaron la presencia de la fuerza armada para que abandonaran el lugar amenazando que de no hacerlo, serían llevados a la cárcel. Según la opinión de los convencionistas, ante su protesta y con la ley en la mano, los empleados de gobierno, envalentonados, dijeron que no había más ley que la de ellos y las instrucciones que llevaban consigo390 al desconocer el decreto del 31 de mayo de 1868 relativo a la ubicación de poblaciones en distritos electorales. Se estableció que los nuevos municipios o congregaciones erigidos, al no tener una demarcación territorial y desconocer el número exacto de habitantes, podrían emitir su voto en la municipalidad de la que formaban parte.

El momento electoral representó para los convencionistas la oportunidad de cuestionar a García de la Cadena y sus seguidores y promover a sus candidatos. Sus intereses económicos y políticos chocaban con la política del gobernador, en particular, la que amplió la posibilidad de crear juntas y asambleas municipales con menos requisitos de población en propiedad particular, como lo establecía la Constitución del estado de 1869 en su artículo 50. Con su establecimiento el gobernador se enfrentó a los intereses de grandes propietarios como la familia Gordoa en la hacienda de El Maguey y los García, herederos del que fuera gobernador de la entidad, Francisco García Salinas (1829-1832) con las haciendas de San Pedro Piedra Gorda, La Salada y Trancoso. Se dieron dos procesos simultáneos: disminuir los requisitos para ser ciudadanos y disminuir los requisitos para establecer asamblea municipal. Desde la Constitución de Cádiz de 1812 con el requisito de los 1 000 habitantes para erigir ayuntamiento constitucional, se establecieron para la provincia zacatecana en las capitales de partido; con el primer federalismo, el proceso continuó al grado de que al término del gobierno de Francisco García Salinas había 44 municipalidades. Con el centralismo no sólo se contuvo, sino que se redujeron los ayuntamientos para aquellas poblaciones que demostraran 8 000 habitantes. Sin embargo, la tendencia hacia la representación municipal se incrementó a partir de la Constitución de 1857. La tendencia de favorecer el derecho de los pueblos por contar con su órgano de representación municipal a partir de 500 habitantes fue una de las principales líneas que siguió el gobierno de Trinidad García de la Cadena. Esto permitió afianzar sus ligas a nivel municipal, pero se enfrentó con los grandes propietarios que aprovecharon las primeras elecciones directas de 1869 para cuestionar esa forma “comunista” de hacer gobierno.

Favorecer la creación de nuevas asambleas y juntas municipales en propiedad particular representó el motivo central de la reacción opositora encabezada por Miguel Auza; se trataba de dos principios distintos sobre el derecho de propiedad: el reconocido como derecho natural y el limitado por la acción del Estado para la utilidad pública. El momento electoral no había expresado sólo las diferencias de opinión entre facciones políticas manifiestas en sus discursos y prácticas, sino los enconos por dos posiciones respecto a la propiedad. A partir de la Constitución de 1812 se había incrementado el número de ayuntamientos constitucionales, pero la diferencia con el momento político de Trinidad García de la Cadena es que el derecho de instalar asambleas municipales en propiedad particular estaba formalizado en la Constitución de 1869 y en su reglamentación secundaria, donde se precisaba, además, la prohibición de involucrarse en negocios políticos en calidad de órgano municipal o de alguno de sus integrantes, aunque sí les era permitida esa participación en su condición de ciudadanos.391

Ese afán por establecer el “comunismo” en Zacatecas, en opinión de sus opositores, tenía que ser contenido, por eso se organizaron los convencionistas para participar en las primeras elecciones directas de 1869. Además de su “planecito” que ya hemos desglosado, en su primera reunión pública acordaron dirigirse a todos los habitantes de los partidos para que formaran células convencionistas en sus municipalidades y partidos de tal manera que se crearon esas filiales en Vetagrande, Guadalupe, Trancoso, Juchipila, Tlaltenango, San Miguel del Mezquital y San Pedro. Según su folleto, fueron numerosas las solicitudes de adhesión en la capital y en los partidos para ser admitidos como socios. Conocida la prohibición por parte del gobierno de hacer reuniones públicas, defendieron su derecho constitucional a solicitar amparo ante la justicia federal frente a los actos de las autoridades estatales. Era su derecho y así lo publicaron en el Manifiesto, de tal manera que con la resolución del juez de distrito, convocaron a su sexta reunión el 22 de junio a las 4 de la tarde. La hora llegó y los convencionistas mostraron de inmediato su preocupación por ver la fuerza armada que rodeaba el lugar. Aun así, la mesa directiva de La Convención ocupó sus asientos. El presidente inició su discurso diciendo que estaban en su pleno derecho de celebrar la reunión, amparados por la justicia federal: “Zacatecas era patria de demócratas donde las leyes no callan en presencia de las armas”.392 El socio Trinidad Acuña subió a tribuna y de manera frontal pidió explicaciones al jefe de las fuerzas armadas sobre el motivo de su presencia en aquella reunión. Contestó que tenía la orden de llevarse a todo aquel que hablara mal del gobierno. El orador continuó su discurso: “no vivimos en un país de otentotes”,393 frase que desde luego enfureció al jefe de las fuerzas armadas diciendo que se llevaría de inmediato al orador. El presidente de La Convención le indicó que si se había excedido, esperara entonces la publicación para denunciarlo. El jefe de las fuerzas armadas apuntó a los integrantes de la mesa y mandó apresar al orador. Dos asuntos declararon los suspendidos: la desobediencia de las autoridades estatales frente a la justicia federal y la violación a la libertad electoral.

Y sobre el plan, desde luego participaron en su defensa. En nada atacaba a la ley electoral, había sido elaborado para respetar el voto popular; lo diseñaron en función del nuevo método de elección libre y directa.394 Entonces narraron la contraparte de la historia: denunciaron que un día antes de las elecciones, el comisario del cuartel enviado por el jefe político del partido de Zacatecas recorrió la zona para advertir que todo aquel que votara por los convencionistas, sería reducido a prisión. Llegado el día de la jornada electoral los escoltas de la fuerza de gobierno se presentaron desde temprana hora para recorrer todas las mesas de la ciudad. Desde las 8 de la mañana aparecieron hombres armados en las mesas autonombrándose oficiantes de mesa. Frente a las numerosas denuncias, las celdas de la cárcel pública se fueron llenando. Los convencionistas que se presentaron en las mesas fueron violentados y amenazados con cárcel. A los que votaron por algún candidato convencionista les fue arrancada su boleta.

Dieron a conocer los nombres de los socios por partido en el estado de Zacatecas donde se constataba, según su valoración, que pertenecían a diferentes grupos sociales, sabiendo que los más allegados al gobierno estaban impedidos por causa justificada de su empleo. Los convencionistas se sinceraron al confesar que algunos de sus miembros se integraron al círculo político por las expropiaciones decretadas por las autoridades estatales para establecer juntas municipales, amenazando su derecho a la propiedad: “Organizose al efecto un gran círculo político denominado Convención Zacatecana cuyo programa se redujo a llamar a todos los hombres honrados, sin distinción de creencias políticas, para trabajar en las elecciones, en el sentido de que el sufragio popular recayese en hombres dignos, por sus ameritados antecedentes, de la confianza pública”.395 Decidieron formar el círculo político haciendo uso de sus derechos de asociación establecido en el artículo 9 de la Constitución Federal y de tratar asuntos políticos del país según el artículo 35. De la primera reunión celebrada se decidió convocar al resto de los partidos de la entidad “Excitándolos a secundar sus programa y cooperar a sus trabajos, estableciendo asambleas convencionistas”,396 poniendo énfasis que no era un llamado a la conspiración, sino a seguir por los cauces legales que el proceso electoral les permitía.

Entre otros estaba Gabriel García Elías, hijo de Francisco García Salinas, propietario de la hacienda de Trancoso. También denunciaron ante la opinión pública que los que manifestaron su oposición a La Convención habían sido amenazados en sus empleos. Los convencionistas decidieron valerse de la lucha electoral para dar la pelea “frente a frente del poder y bajo el filo de su espada que podía hacer caer sobre nuestras cabezas, siempre que quisiera, pues nunca hemos tenido armas qué oponerle”.397

Uno de los mecanismos utilizados para la movilización del voto por los convencionistas fueron las reuniones porque aseguraban que la democracia debería ponerse en marcha a partir de este tipo de prácticas colectivas “que tenían por objeto nada menos que preparar (al pueblo) para ejercitar la más importante prerrogativa de su soberanía: nombrar sus representantes en las elecciones”.398 Las reuniones celebradas los domingos a las 4 de la tarde para que los trabajadores pudieran libremente acudir y discutir asuntos políticos, tuvieron como término motines encabezados por autoridades estatales que apedreaban las casas de los particulares. En opinión de los convencionistas, en lugar de denunciar, prefirieron cerrar viviendas y comercios, sabiendo que la ciudad se preguntaba “si aquello se hacía en nombre de la autoridad o por qué lo toleraba ésta”.399 Acusaron a las autoridades de utilizar libelos y hojas sueltas para descalificarlos antes de las elecciones.

Cuando estaban por celebrar su quinta reunión, supieron que un empleado del gobierno convocó a los operarios de minas a la misma hora por medio de “una excitativa impresa”400 para reunirse en la plaza mayor del estado para presionar a los propietarios mineros a que les pagaran un mejor salario. Los convencionistas desnudaron las intenciones de los convocantes: una reunión con ese motivo era atractiva a todo aquel que pretendiera mejorar su situación, esa reunión llamaría a la

clase barretera a hacerla entender que las clases acomodadas la tiranizaban, que tenían derecho a las riquezas que sacaban de su trabajo corporal de las entrañas de la tierra y que de grado en grado irían sublevándose los ánimos, primero contra algunos convencionistas empresarios de minas, y después contra toda La Convención.401

Aun así, divulgaron la convocatoria en los lugares públicos para reunirse en la plaza de toros a las 8 de la mañana, toda vez que los empleados de gobierno aún dormían. Ese mismo día fue la reunión convocada por el gobierno para los operarios de minas por la tarde al pie de los balcones de gobierno. Finalizada ésta, se desataron las arengas contra los empresarios mineros y contra los propietarios cerrando con mueras a La Convención.402 Después vino la suspensión del gobierno del 23 de junio para celebrar cualquier reunión pública. Citaron la violación a los artículos 9 y 35 de la Constitución Federal. Aludieron a que el jefe político estaba avisado de las reuniones y había constatado que se llevaban en orden y tranquilidad pública.

Por las investigaciones sobre masonería en Zacatecas403 podemos identificar quiénes estuvieron dentro de los círculos políticos y los que desde otros espacios institucionales convergieron con sus intereses. El líder de La Convención, Miguel Auza, había sido gobernador, diputado en el constituyente de 1856, participó en la logia “Francisco García Salinas” junto con algunos de los más activos convencionistas como Miguel Ruelas, Rafael Ferniza, Cayetano Escobedo, Isidoro Epstein y los militares Marcelino Murguía, Eugenio Castro y Francisco Alatorre. La logia reanudó sus actividades después de la guerra de Reforma. Durante el segundo imperio prefirieron reunirse en la casa de Eduardo Pankhurst para sus tertulias literarias.

Algunos de los convencionistas fueron destacados catedráticos del Instituto Literario como el mencionado geógrafo Isidoro Epstein quien diseñó el primer plano del estado de Aguascalientes y el doctor Ignacio Hierro, ensayador, ingeniero en minas y metalurgia, fundador de la Escuela Práctica de Minas en Fresnillo. El director del Instituto Literario en 1867 fue el convencionista Manuel G. Solana, presidente del congreso del estado. En la legislatura otros miembros de La Convención fueron los diputados Gabriel García Elías por Zacatecas, Luis G. García por Ojocaliente, Rafael Ferniza por Villanueva, Ramón Talancón por Mazapil y Julián Torres por Ciudad García.

Alumnos del Instituto formaron la sociedad literaria El Crepúsculo, donde Eduardo Pankhurst participó, pronunció varios discursos en eventos cívicos y fue nombrado corresponsal de la Sociedad de Geografía y Estadística para el estado de Zacatecas. Fue redactor del periódico oficial El Defensor de la Reforma, gracias a la invitación que le hizo el gobernador Jesús González Ortega. Fundó los periódicos El Álbum Zacatecano y El Porvenir. Después fue invitado por el gobernador Miguel Auza a impartir la cátedra de Derecho en el Instituto Literario de García. Por razones que desconocemos, decidió integrarse el círculo progresista. Fue diputado local y federal y secretario de Gobernación con Porfirio Díaz entre abril de 1879 y enero de 1880. Ocupó la gubernatura del estado de Zacatecas en el periodo 1904 a 1908.

Los apellidos de mayor peso político y económico que figuran entre los convencionistas son los García y los Elías. Propietarios de haciendas, empresarios textiles, ganaderos. La dinastía García colocó a lo largo del siglo xix a cinco gobernadores. Durante el porfiriato los García llegaron a ser los propietarios de la hacienda más próspera de la entidad, Trancoso, ejemplo de diversificación productiva y alto rendimiento. Participaron en la creación del Banco de Zacatecas, en las compañías eléctrica, ladrillera y automovilística de la región.

En el Círculo Progresista se concentraron alrededor del general Jesús González Ortega. Las primeras experiencias de González fueron en la burocracia estatal en el partido de Tlaltenango como escribano y jefe político. Desde ese partido al sur de la entidad, fundó el periódico Pobre Diablo. Fue, junto con Miguel Auza, diputado en el constituyente de 1856, dos años después ocupó la gubernatura de Zacatecas pero en 1860 Juárez lo nombró comandante en jefe del ejército. Esto es lo que le permitió pasar a la historia y ser reconocido como el héroe de la batalla de Calpulalpan, en Puebla. Fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, de quien se esperaba, ocupara la presidencia de la república. Juárez no lo permitió.

Las tensiones en la cúpula del poder se reflejaron en los procesos electorales y en la formación de círculos políticos. Si bien estaba latente la violencia en el proceso electoral expresada en amenazas, portación de armas en reuniones, denostaciones en la prensa y motines, los convencionistas vieron en su solicitud de amparo y en la vía legal para defender su derecho a reuniones públicas de carácter político, la mejor vía para contener al gobernador.404

Su principal aliado fue Trinidad García de la Cadena,405 quien junto con otros seguidores del general González Ortega como el licenciado Benito Palacios, el profesor Rómulo de la Rosa, el oficial del congreso del estado, Felipe Ávalos y el pagador en la brigada de La Libertad, Pedro Nafarrete, formaron la logia “Santiago Loshe” del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.406 Entre los más allegados a Trinidad estaban su hermano Mariano, diputado por Juchipila, Francisco Acosta, diputado por Sombrerete y Manuel Ortega, diputado por Fresnillo, reelegido para el mismo partido con la elección directa de julio de 1869. Estos tres diputados cercanos al gobernador García de la Cadena fueron los que participaron en la reforma a la ley electoral al innovar con el método directo.

Benito Juárez, en uso de sus facultades que le confería la ley de 21 de enero de 1860 y la ley del 17 de enero de 1870, publicó la convocatoria a participar en elecciones populares directas para renovar autoridades legislativa y ejecutiva en el estado de Zacatecas “en virtud de que las personas que antes los ejercían perdieron su carácter por haberse sublevado contra la constitución y las leyes”.407 Era el gobierno federal el que organizaría por esta ocasión el proceso electoral estatal; otra planta exótica en la historia electoral de la entidad, pues sólo se tenía en la memoria la designación de gobernador por parte del presidente en los tiempos de la república central.

Gabriel García, nombrado directamente por Juárez, dejaría el cargo una vez que tomara posesión el nuevo gobernador elegido popularmente. Cómo se haría el escrutinio de los votos directos si la legislatura no era reconocida por haber participado en el pronunciamiento encabezado por Trinidad García de la Cadena, ese fue parte del problema con el que se enfrentó Juárez quien al mismo tiempo reconocía “el principio democrático de dar la mayor extensión a la libertad electoral y procurar para mejor garantía la mayor representación en el sufragio en actos tan trascendentes […] como el derecho electoral”.408 ¿Quién contaría los votos? La convocatoria también contempló la elección de un ciudadano elector en cada sección de los distritos electorales. Tres boletas, tres expedientes, tres elecciones: gobernador, diputados y electores escrutadores.

El gobernador Gabriel García reconocía la publicación de la convocatoria a elegir diputados (que en ese momento no existían) y gobernador, que debería ser electo directo y popularmente. La paz se había restablecido. Los “esbirros del dictador” Trinidad García de la Cadena le habían dado la espalda al voto popular. Réprobos, espurios, desleales, malvados, torpes, insensatos partícipes de actos turbios y escandalosos. El desfile de adjetivos denostativos caracterizaron el discurso del gobernador impuesto por Juárez a su predecesor.

En su arenga, aquel pronunciamiento del 8 de enero de 1870 encabezado por García de la Cadena había desafiado a las autoridades generales al trastocar los derechos del pueblo mexicano. El ahora llamado dictador, se había valido de las elecciones directas para colocar a sus esbirros en los cargos de la administración pública: “no fueron electos popularmente, sino impuestos por el dictador”.409 El momento convocante para elegir diputados y gobernador fue un ajuste de cuentas contra los pronunciados y sus métodos disfrazados de elección directa. Ahora tocaba el turno de participar en la “elección de una verdadera libertad estando muy lejos del personal del gobierno toda idea de coacción o engaño protestando éste, de manera franca y leal, que no tiene candidatos ni hará recomendaciones especiales, dejando al pueblo en la más amplia y cumplida independencia”.410 Se mantenía la elección directa. No había marcha atrás. En el ejercicio de la responsabilidad del derecho electoral en su modalidad de voto directo, se garantizaría la estabilidad en Zacatecas. En su decisión libre estaría la responsabilidad de no volver a colocar tiranos que sólo representan “intereses bastardos”.411

Según la publicación del editorial dedicado al resultado de las elecciones de 1870, el pueblo había pasado la prueba. No se dejó seducir por unos cuantos funcionarios que se valieron de la coacción, de las publicaciones anónimas, de órdenes reservadas a las autoridades subalternas, de recomendaciones para favorecer a algún candidato. En defensa del gobierno encabezado por Gabriel García, se argumentó que los resultados electorales, a diferencia de los anteriores, habían arrojado “tantas mayorías relativas”.412 Según el editorial, los enemigos del gobierno se valieron de distintas estrategias para ensuciar el proceso; pero el pueblo no se dejó seducir como sí lo hizo en el pasado proceso electoral:

la hora deseada llegó y ese pueblo tan noble como desgraciado, nombró para que le administren sus intereses, a los ciudadanos de su confianza […] las elecciones, pues, las hizo el pueblo y solo el pueblo que hace mucho tiempo no ejercía ese acto de su soberanía.413

Consideraciones finales

El estudio de caso permite observar cómo se pusieron en juego las reglas electorales. Las elecciones de 1869 potenciaron el conflicto según la interpretación de cada uno de los círculos políticos al grado de haber fracturado la gobernabilidad en la entidad, pero el conflicto es parte sustantiva de la formación de una comunidad política.414 Con la violencia manifiesta, la vía electoral no dejó de representar en el espectro político una fórmula consensada por los grupos políticos para lograr la legitimidad ante la sociedad. Esa vía implicó el conocimiento de la ley y la planeación de estrategias para conseguir sus fines.

El caso de la planta exótica zacatecana representa un parteaguas en la historia electoral de la entidad en el siglo xix, al introducir el voto directo, de ahí su exotismo, pero este ejercicio ya se había ensayado en otros estados de la república entre 1858 y 1869: en Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora en algunos cargos de elección de manera diferenciada y en otros como Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán se prescribió la elección directa para gobernador, diputados y ayuntamientos. En el contexto nacional, la Ley electoral de Zacatecas de 1869 planteó la elección directa para todos los cargos, lo que sí la distinguió del resto.415

Alicia Salmerón analizó el club político Morelos en la ciudad de México para realizar la tercera reelección del general Porfirio Díaz en 1892. Encontró un documento para organizar y movilizar el voto similar al que yo encontré. En el caso estudiado por Salmerón se trata de elecciones indirectas, para el caso zacatecano de 1869, elecciones directas. El procedimiento fue similar en ambas situaciones. Sin embargo, en Zacatecas el documento propuesto por el círculo político de La Convención representó el primer intento en la historia de procesos electorales que correspondió con la nueva forma directa de elección de autoridades de aquella entidad al planear una elección, al programarla, al sistematizarla, al imaginar sus etapas electorales y sus modos de incidir en los ciudadanos votantes que por primera vez, sin intermediarios, elegían a sus autoridades de manera directa.

Gracias a las aportaciones de la nueva historia política y, en particular, de las renovadas propuestas para historiar los procesos electorales, han quedado superadas varias tesis: la primera sobre el divorcio entre la ley y la práctica social presentándolas como dos realidades no sólo diferentes, sino opuestas (el marco jurídico y la “realidad real”); la segunda sobre la extrema focalización en los líderes como si se tratara del país de un solo hombre; la tercera, con fuerte carácter valorativo, decidió que no era importante el estudio de las elecciones porque se trataba de un conjunto de prácticas corruptas que sólo ayudaban a legitimar al gobierno en turno.416

Los análisis de caso de procesos electorales y los balances historiográficos en el tema han arrojado interesantes reflexiones y perspectivas para explicar, más que el caos y anarquía del México decimonónico, los procesos de institucionalización en la construcción de la esfera política donde la violencia y el conflicto son también sus elementos configuradores.417 En ellos, las elecciones representan un nudo de análisis donde convergen varios hilos.

El presente ensayo no tuvo como interés explicar resultados electorales, sino ver cómo se jugaron los dados a partir de la organización y movilización del voto, cómo los círculos políticos —principales agentes en esta historia— entendieron la importancia de planear el voto y formalizarlo en un documento, de analizar en qué momentos incidir sobre los votantes. Importó qué entendían por democracia, comunismo, libertad, elección, voluntad popular, constitución. Por eso es que se vuelve tan significativo el lenguaje político de la época. Detrás del ejercicio electoral había intereses económicos y políticos qué defender; lo que resulta significativo es que los convencionistas pudieron haber preferido una acción política como el pronunciamiento contra el gobernador, pero se decidieron por la vía legal que representaba las elecciones. Las primeras con voto directo, exóticas, pero enmarcadas en prácticas políticas para organizar y movilizar el voto que respondían a la cultura política de entonces.

Anexo 1.

Formas de elección y designación de autoridades
en el estado de Zacatecas, 1825-1918

Año

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

1825

Cada cuatro años los ayuntamientos nombrarían terna que remitirían al congreso. En sesión secreta se elegiría a quien reuniera pluralidad absoluta de votos

Indirecta por juntas primarias y secundarias

Nombrados por el gobernador

1832

Mismo procedimiento que en 1825.

Indirecta. Su número debe ser igual al de los partidos del estado.

Nombrados por el gobernador.

1850

Electores secundarios. Los votos se emitirán individualmente y no por juntos.

Electores secundarios. Los votos se emitirán individualmente y no por juntos.

Nombrados por el congreso a propuesta en terna de los Ayuntamientos.

1852

Mismo procedimiento que en 1850.

Mismo procedimiento que en 1850.

Mismo procedimiento que en 1850.

1857

Indirecta en primer grado.

Indirecta en primer grado.

Nombrados por el gobierno a propuesta en terna del congreso.

1861*

Indirecta en primer grado.

Indirecta en primer grado.

Nombrados por el gobierno.

1863*

Indirecta en primer grado.

Directa en primer grado.

Nombrados por el gobierno.

1869

Directa en primer grado.

Directa en primer grado.

Directa en primer grado.

1870

Directa en primer grado.

Directa en primer grado.

Una vez instalado el congreso, designaría a magistrados.

1875

Directa en primer grado.

Directa en primer grado.

Directa en primer grado.

1910

Directa en primer grado.

Directa en primer grado.

Directa en primer grado.

1918

Directa en primer grado.

Directa en primer grado.

Electos por el congreso.

Fuente: Constituciones del Estado de Zacatecas 1825, 1832, 1852, 1857, 1869, 1910, 1918. Acta de reformas a la Constitución de Zacatecas de 1850.

*Reglamentación secundaria sobre elecciones en Zacatecas.

**Juárez decreta estado de sitio para Zacatecas, nombra gobernador. La siguiente convocatoria a elección popular de gobernador y diputados del congreso del estado fue convocada como elección popular directa.

Anexo 2.

Requisitos para ser ciudadano en Zacatecas, 1825-1869

1825

Art. 15. Sólo los ciudadanos en ejercicio de sus derechos, podrán elegir y ser elegidos.

Art. 11. Primero. Nacidos y avecindados en el estado.

Segundo. Ciudadanos de los demás estados y territorios, luego que sean vecinos

Tercero. Nacidos en países extranjeros de padres mexicanos, avecindados.

Cuarto. Los radicados en la confederación con algún empleo, profesión o industria productiva, cuando se pronunció su emancipación política, continúen viviendo en el estado y permanezcan fieles a la independencia de la nación y a su forma de gobierno.

Quinto. Los extranjeros que adquieran carta de ciudadanía.

1832

Art. 15. Igual a la Constitución de 1825.

Art. 11. Igual al anterior.

1852

Art. 15. Igual a la Constitución de 1825.

Art. 11. Se eliminó la cuarta condición.

1857

Art. 5. Son ciudadanos zacatecanos los habitantes del estado que residen habitualmente en él y tienen los requisitos que exige la Constitución de la República en la Sección iv, art. 34: 18 años si son casados, 21 si son solteros, con un modo honesto de vivir. El art. 35 establecía como derechos del ciudadano:

Primera. Votar en elecciones populares.

Segunda. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular.

Tercera. Asociarse para tratar asuntos políticos del país.

El art. 36 estableció como obligación del ciudadano votar en las elecciones populares en el distrito que le corresponda.

1869

Igual que la Constitución de 1857.

Fuente: Constituciones de Zacatecas, 1825, 1832, 1852, 1857, 1869; Constitución Política de la República Mexicana, 1857.

Anexo 3.

Resultados de elecciones directas para diputados
en el congreso del estado de Zacatecas, 1869

Partido

Población

Votantes efectivos

%

Relación de ganador / opositores /perdidos

Resultados

Zacatecas

68 655

14 984

21.8

98/.2/.9

Jesús González Ortega

14 819

Severo Cosío

30

Perdidos

135

Fresnillo

55 157

10 483

19

42/42/.6

Manuel Ortega

4 425

Rafael Gómez

140

Francisco P. Rodríguez

1 626

Severo Cosío

130

Sixto Dena

1 993

José Ma. Vázquez

340

Juan Amador

133

Santiago Acevedo

50

Pedro Nafarrete

44

Perdidos

70

Sombrerete

35 745

5 311

14

50/46/2

Tomás de la Parra

2 688

Jesús Ma. Castanedo

1 519

Canuto Tostado

770

Emigdio Alatorre

99

Jesús Sánchez

94

Perdidos

141

Nieves

28 821

5 180

18

40/42/3

Francisco Tinoco

2 086

Francisco Fernández

523

Manuel M. Soto

138

Rodrigo Rodríguez

416

Rafael Gámez

506

Pedro Barrios

489

Francisco de P. Rodríguez

85

Miguel Canales

45

Perdidos

165

Cd. García

44 123

4 480

10

76/18/5

Gabriel García Elías

3 412

Roque González

311

Julián Torres

288

Manuel Berriozábal

141

José Ma. Escobedo Nava

28

Santiago Acevedo

37

Remigio Zamora

40

Perdidos

223

Pinos

39 036

6 483

16

89/10*.1

José Ma. Delgado

5 803

Gabriel García Elías

673

Perdidos

7

Juchipila

18 106

2 629

14

42/56/.3

Mariano G. de la Cadena

1 127

Agustín López de Nava

1 039

Lázaro Núñez

454

Perdidos

9

Mazapil

7 951

1 088

13

87/6/6

Pantaleón Sanromán

949

Cayetano Arteaga

34

Severo Cosío

23

Julián Torres

16

Perdidos

66

Nochistlán

15 022

2 905

19

36/61/1

Manuel Castanedo

1 069

Gregorio Castanedo

66

Secundino Gámez

400

Abraham Ruvalcaba

460

Wenceslao Yáñez

224

Francisco Medrano

45

Perdidos

36

Villanueva

40 892

6 132

15

75/23/.4

Rafael G. Ferniza

4 634

Faustino Michel

1 396

Ignacio Sandoval

46

Apolonia García Cadena

13

Atanasio Rodríguez

13

Perdidos

30

Ojocaliente

12 345

2 257

18

61/37/1

Luis G- García

1 382

Eduardo Pankhurst

770

Valentín Salinas

31

Agustín Fuertes

14

Julio Márquez

30

“Insignificantes minorías”

30

Tlatenango

27 831

3 316

12

58/41/.2

Jesús González Ortega

1 925

Antonio Delgado

1 216

Antonio Castellano

166

Perdidos

9

Total

398 877

65 248

16

Fuente: Libro de actas del Congreso del estado de Zacatecas, 1869.

Fuentes consultadas

Archivos

ahez ︱ Archivo Histórico del Estado de Zacatecas.

ahcez ︱ Archivo Histórico del Congreso del Estado de Zacatecas.

Hemerográficas

Defensor de la Reforma, El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, 1868, 1869, 1870.

Bibliográficas

Arroyo, Israel, La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, México, Instituto Mora, 2011.

, “Introducción: giros latinoamericanos y nueva agenda académica sobre el siglo xix” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana, México, Instituto Mora, 2016, pp. 17-51.

Camacho, Julián, “Bandidos o revolucionarios? La criminalización de movimientos inconformes con los resultados electorales. 1867-1876” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora, 2014, pp. 79-101.

Carmagnani, Marcello, “Élites políticas, sistemas de poder y gobernabilidad en América Latina” en Alicia Salmerón y Cecilia Noriega (eds.), Pensar la modernidad política. Propuestas desde la nueva historia política. Antología, México, Instituto Mora, 2016, pp. 236-247.

Delgado Aguilar, Francisco J., “Por el honor y los votos. Prensa, sátira y violencia en las elecciones en Aguascalientes, 1869” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede... Violencia electoral en México, 1812-1912, México, Instituto Mora, 2016, pp. 225-269.

Enciso Contreras, José, “Zacatecas en tiempos de la república restaurada, 1870-1874” en José Enciso (coord.), Juárez: su obra, su tiempo y mundo jurídicos, Zacatecas, Tribunal Superior del Estado de Zacatecas, 2007, pp. 138-146.

Gantús, Fausta y Alicia Salmerón, “Introducción”, Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora, 2014, pp. 11-22.

, “Introducción. La violencia como parte del juego político electoral” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede...Violencia electoral en México, 1812-1912, México, Instituto Mora, 2016, pp. 7-37.

Hernández Chávez, Alicia, La tradición republicana del buen gobierno, México, fce/Colmex/ Fideicomiso Historia de las Américas, 1993.

Huitrado Trejo, Guillermo (comp.), Zacatecas y sus constituciones, 1825-1996, Zacatecas, Gobierno del Estado de Zacatecas/uaz, 1997, pp. 47-81.

Flores Zavala, Marco A., El grupo masón en la política zacatecana, 1880-1914, Zacatecas, Asociación de Investigaciones Filosóficas Francisco García Salinas, 2002.

Manifiesto de la Convención Zacatecana a los pueblos del estado y a todos los de la República, sobre los sucesos que han tenido lugar en Zacatecas con motivo de la lucha electoral en que ha tomado parte la Convención como círculo político que se organizó para trabajar en las elecciones, Zacatecas, Imprenta de Néstor de la Riva, 1869.

Obregón, Tomás T., “Discurso pronunciado en la ciudad de Zacatecas en la solemne festividad de la noche del día 15 de septiembre de 1869”, El Defensor de la Reforma, 25 de septiembre de 1869.

Plan político proclamado el 30 de diciembre de 1869 por el gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las fuerzas federales residentes en el mismo.

Plan restaurador del orden constitucional, Trinidad García de la Cadena en 8 de enero de 1870.

Preciado de Alba, Carlos Armando, “Agentes de desacreditación: prensa oficial y otros impresos en los comicios para gobernador de Guanajuato en 1867” en Gantús y Salmerón (coords.), Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede... Violencia electoral en México, 1812-1912, México, Instituto Mora, 2016, pp. 201-224.

Reglamento para el gobierno económico político de los partidos del estado libre y soberano de Zacatecas, Zacatecas, Imprenta del Gobierno, 1852.

Reglamento para el gobierno económico político de los partidos del estado libre y soberano de Zacatecas, Zacatecas, Impreso por Francisco Villagrana, 1869.

Rosa Trejo, Ricardo de la, “La construcción de la ciudadanía en Zacatecas. Cultura cívica y elecciones, instrumentos de socialización política, 1867-1876”, tesis doctoral, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009.

Salmerón, Alicia, “Prensa periódica y organización del voto. El club político Morelos. 1892”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/Conacyt/ife, 2014, pp. 159-190.

Vidal, Salvador, Continuación del Bosquejo Histórico de Zacatecas, del Señor Elías Amador, tomo iv, primera parte (1867-1877), Aguascalientes, Imprenta de Álvarez, 1959.

capítulo vii

“¡Deteneos! ¡Fijad la atención!”
El rol de los cartelones en las elecciones
para gobernador de Guanajuato en 1871418

Carlos Armando Preciado de Alba

Decididamente: lo que le falta al General Antillón de popularidad, le sobra de papelaridad.

El Obrero del Porvenir, 1871

Los comicios que se realizaron a mediados de 1871 en Guanajuato para renovar a los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales obedecieron a dos lógicas claramente diferenciadas en la Ley Orgánica Electoral de Guanajuato.419 Para la elección de gobernador se establecía una forma directa, en una sola etapa; mientras que en lo concerniente a la renovación del Congreso local, los comicios eran indirectos en dos fases. Esto representaba ―entre muchas cosas más― distintas maneras de concebir a la representación política, de construir a la ciudadanía y de legitimar a las autoridades.

Las votaciones para gobernador de ese año serían las terceras en las que se ensayaba en la entidad una elección directa y universal. Los primeros comicios se realizaron en junio de 1861, tan sólo un mes después de aprobada la referida Ley Orgánica. En aquella ocasión el ganador fue Manuel Doblado, quien fungía entonces como gobernador interino. En octubre de 1867 se llevó a cabo una nueva la elección para jefe del Ejecutivo en la cual resultó ganador Florencio Antillón quien, al igual que Doblado, también hacía las veces de interino.420

El sistema directo y universal implicó para las autoridades estatales nuevos retos en la organización de comicios concentrados en una sola jornada. Además de ello, para el caso de Guanajuato es perceptible una paulatina complejización en las formas como se fueron postulando a los candidatos en cuestión, así como las estrategias para su promoción. En efecto, como parte de las dinámicas de movilización en este nuevo esquema de votaciones es notoria la presencia cada vez más protagónica de los papeles impresos, los cuales ya no solamente tenían la función de socializar convocatorias, explicar los mecanismos a través de los cuales se llevarían a cabo los comicios y ofrecer los resultados. Ahora se sumaría una función que es justamente la que abordaré en este estudio: la movilización del voto para obtener triunfos electorales. La vida pública guanajuatense adquiría en términos de representación política un dinamismo no experimentado hasta entonces. Desde el propio gobierno del estado se idearon e implementaron estrategias en ese sentido. Además de la creación de una gran cantidad de prensa de coyuntura, se concibieron otro tipo de impresos que tenían por intención postular candidatos, destacar sus virtudes, plantear y forjar ideas, destacar símbolos, imágenes y referencias históricas y denostar a los adversarios políticos.

En lo que respecta a las elecciones de 1871, a través de la prensa y de otros medios impresos se postuló a tres candidatos para el Ejecutivo estatal: Florencio Antillón, gobernador constitucional en ese momento y quien buscaba la reelección;421 así como a los abogados Remigio Ibáñez422 e Ignacio Ayala.423 En las semanas previas a la votación, jornada programada para el 30 de julio, encontramos una abundante prensa de coyuntura; esto es, se fundaron y circularon varios periódicos locales cuyo principal propósito fue su incidencia en el voto de los electores. La mayoría de estas publicaciones desaparecieron a finales de julio o principios de agosto de ese año; es decir, en las vísperas o algunos días después de la votación.424 El Obrero del Porvenir, primer periódico en publicarse, expresó su rechazo a la reelección de Antillón y dio su apoyo a la candidatura de Ibáñez. Algunos días después de su publicación aparecieron sucesivamente diferentes periódicos antillonistas, todos ellos con una diferencia no mayor a diez días entre uno y otro.425 Una de las cuestiones más notorias de este boom periodístico en la ciudad de Guanajuato es que a partir de este momento la emergente prensa “independiente” se pronunció sistemáticamente a favor de la reelección de Antillón,426 quien por cierto, había roto con Juárez y ahora apoyaba la candidatura a la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada.427

Una sugerente historiografía ha demostrado a través del análisis de la prensa y de una variada producción impresa (folletos, bandos, hojas sueltas) que es posible acercarse a diversos rituales propios de las prácticas electorales durante el largo siglo xix. Tal producción constituyó un importante medio de difusión incluso entre diferentes facciones y distintos intereses. Así es, “fue foro de múltiples opiniones y debates, lugar de definición de lenguajes y proyectos, escuela de lectores y escenarios de luchas por posiciones de poder”.428 De este modo, a partir y a través de los periódicos encontramos plasmadas distintas formas de movilización del voto. No obstante, sin soslayar el incuestionable protagonismo que jugó la prensa, creo necesario el abordaje de otras estrategias para movilizar a los votantes.

Dicho lo anterior, en este ejercicio me interesa centrarme en un tipo distinto de producción impresa. Papeles que por su propia naturaleza resulta más difícil dar seguimiento, pero que sin duda estaban concebidos para que sus textos llegaran a una población mucho más amplia que los periódicos. Me refiero a los cartelones cuyos contenidos promovían a un candidato en particular o que denostaban a otros, y que se colocaban (pegados, sujetados o colgados) en distintos espacios públicos de diversas poblaciones. Así, el propósito de este trabajo será analizar cartelones durante el proceso electoral para gobernador en 1871, los cuales fueron concebidos como estrategias de promoción y movilización del voto.

La intención de no concentrarme únicamente en la prensa como un actor central, ni en dinámicas electorales que ya han abordado otros autores para el siglo xix mexicano, hace que mi trabajo tenga líneas de convergencia con el capítulo “Alianzas, banquetes y otras estrategias de movilización del voto: la elección presidencial de 1850 en la ciudad de México” de Edwin Alcántara Machuca, incluido en este libro. Alcántara no fija su atención en el análisis de la prensa como protagonista, ni en los discursos oficiales, tampoco en la normatividad electoral. En su lugar, se enfoca en otro tipo de estrategias movilizadoras tales como la realización de banquetes organizados para algún candidato o la arenga popular celebrada en espacios públicos también con el objetivo de mostrar apoyo. Para ello, discute los planteamientos de “cultura electoral” propuestos por Frank O’Gorman.429

Es importante señalar que las observaciones a partir de las cuales O’Gorman construyó la categoría “cultura electoral” se ubican en la Inglaterra de los siglos xvii, xviii y xix. No obstante, considero que algunas de sus afirmaciones pueden discutirse teniendo a la vista ciertas prácticas electorales del México decimonónico, en particular una de especial interés en este capítulo. Se trata de la mancuerna formada por la paulatina politización del ritual electoral y la visibilidad que se le dio a la organización y movilización del voto a través de “la palabra impresa”. Esto último los tenemos reflejado en el uso de periódicos, panfletos y otros impresos, entre los que podríamos colocar a los cartelones. De esta manera, señala O’Gorman, se posibilitó a la población en general, con o sin derecho al voto, para involucrarse en las dinámicas electorales. Los comicios se convirtieron en “sucesos abiertos”, en “espectáculos públicos”, incluyentes.430 Lo anterior tiene una alta significación en el análisis de los cartelones que se hará más adelante.

Por otra parte, para Elías Palti el periodismo mexicano de mediados del siglo xix aparece como “un modo de discutir y, al mismo tiempo, de hacer política”.431 Alicia Salmerón comparte con Palti este señalamiento, pues da a la prensa “un lugar central en tanto protagonista y no sólo como difusora de propuestas políticas y generadora de opiniones […] no sólo exponía ideas, sino que exaltaba, denigraba, expandía rumores demoledores, movilizaba y podía derribar gobernantes”.432 Así, en los siguientes párrafos también me guiaré en algunas de las perspectivas expuestas por Palti y Salmerón. Pero insisto, en lugar de abordar a la prensa, propongo aplicarlas en el análisis de los cartelones a los que me refiero líneas arriba.

De este modo, vislumbraré y trataré de reconstruir algunos mecanismos atribuibles a la confección y colocación de los cartelones, explicar sus contenidos y motivaciones, así como discutir a quiénes estaban dirigidos. Para tales operaciones, será necesario hacer un abordaje que trascienda el ámbito textual de lo que en ellos se dice y percibir escenarios políticos y sociales más amplios. Esto es, contextos electorales. Dicho análisis deberá considerar éstas y otras variables aún más alejadas del pensamiento formal, tales como: los imaginarios, los prejuicios y las representaciones colectivas.433

Antes de iniciar con el análisis de los cartelones, considero necesario presentar algunos elementos legales en los que estaba sustentada la elección de 1871. Esto nos dará ciertas pautas que, así sean muy generales, permitirá contextualizar el ambiente político del Guanajuato de esos años.

Contexto político y marco
legal en la elección

En marzo de 1871, pocos meses antes de que se realizaran los comicios para gobernador del estado, Florencio Antillón pronunció un optimista discurso en la apertura del cuarto período de sesiones ordinarias del Congreso de Estado. En él, destacaba el ambiente de orden y paz que se vivía en Guanajuato. Señalaba el significativo descenso de la actuación de algunas gavillas en el sur del estado; asimismo, se enorgullecía del progreso de los pueblos de la entidad, mismo que se reflejaba en una notable serie de obras públicas. Con reciprocidad, la respuesta que dio el diputado Jesús Garibay, presidente del Congreso, fue de total beneplácito. A nombre del poder Legislativo se comprometió a trabajar de cerca con el Ejecutivo para salvaguardar la paz y el orden en el estado.434

Estos visos de estabilidad en la entidad fortalecieron la lealtad que desde 1867 tenía el Congreso del Estado con el gobernador. Así, un año antes de los comicios para renovar al Ejecutivo, Antillón propuso la modificación de la Constitución estatal vigente desde 1861, la cual impedía la reelección de forma consecutiva. Sin mayores contratiempos la iniciativa fue aprobada por los diputados.435 Como ya se mencionó, conforme al artículo 56 de la Constitución la elección de gobernador era “directa”. Esto es, no se nombraban electores, sino que éstos serían todos aquellos a quienes la Constitución contemplase como ciudadanos.436 La emisión de su voto la harían en las secciones respectivas de su municipalidad. Mientras tanto, la elección de diputados era indirecta. Según el artículo 32 de la Ley Orgánica, las juntas compuestas por los electores de las secciones debían congregarse en las cabeceras de los partidos respectivos para ejercer sus funciones en los días designados.

La supresión del artículo 60 constitucional no fue la única reforma instrumentada desde el despacho del gobernador para preparar el terreno de su inminente reelección. También a mediados de 1870 modificó la estructura administrativa del estado; dividió a la entidad en departamentos, los cuales a su vez se subdividían en partidos y en municipalidades. Esta disposición reformaba el artículo 23 de la Constitución estatal, en el cual se contemplaba solamente la existencia de partidos y municipalidades. Los jefes de los departamentos eran nombrados y removidos al completo arbitrio del Ejecutivo estatal.437

Con esta lógica, los cinco nuevos departamentos (Guanajuato, Celaya, León, San Miguel de Allende y Sierra Gorda) estarían a cargo de un “Jefe Político”, los partidos serían administrados por un “Jefe de Partido” y un ayuntamiento integrado por un número variable de regidores y procuradores. Una característica importante es que las municipalidades no contaban con un ayuntamiento propio, por lo que dependían de los ayuntamientos de partido. De las municipalidades se encargaba un alcalde y uno o más síndicos procuradores nombrados por elección popular.438 Es claro que se trataba de una estructura vertical, aún más jerarquizada que la que se tenía. Así, Antillón apostaba por un mayor control político, militar y electoral en cada punto de la entidad.

Los cartelones, protagonistas ausentes

En su número publicado el domingo 30 de julio, día de la jornada electoral, El Obrero del Porvenir informó acerca de la existencia de diversos cartelones cuyos contenidos apoyaban la candidatura de Antillón. Éstos, señalaba, habían sido colocados en sitios públicos de distintas ciudades del estado. A través de una nota titulada “Popularidad” se acusó que “todos los días con sus noches de la presente semana” habían “estado sudando las cuatro imprentas” existentes en la ciudad de Guanajuato, apuradas en producir grandes cartelones de todos los colores de papel, postulando la reelección de Antillón. Señalaba además que “entre viernes y sábado a imitación de un plano de banderas”, la ciudad había sido cubierta con multitud de ellos.439 La amplia presencia de este tipo de impresos no se ha observado en procesos electorales anteriores. En mi opinión, se trató de una situación hasta ese momento inédita en la entidad.

Si bien se ha documentado la existencia de cartelones elaborados para postular y apoyar a Remigio Ibáñez y a Ignacio Ayala, la gran mayoría de estos impresos se usaron para promover y movilizar el voto a favor de Antillón. Respecto a los casos de los cartelones de apoyo para los otros candidatos, El Obrero del Porvenir denunció que en poblaciones como Silao e Irapuato habían sido arrancados por las fuerzas del orden, quienes recibían órdenes directas de funcionarios públicos. Del caso de Silao, se afirmó que la orden fue dada por Bartolo Antillón ―hermano de Florencio― administrador de la aduana en dicha población. Lo mismo ocurrió en Irapuato con impresos que apoyaban la candidatura de Ibáñez.440

Las noticias relativas a este tipo de acciones son realmente escasas. Pero más limitante aún podría resultar el hecho de que no localicé físicamente ningún cartelón; la búsqueda en distintos archivos y bibliotecas del estado fue infructuosa. También ignoro las cantidades que se imprimieron, sus distintos tamaños, los colores del papel, los tipos de tinta que se utilizaron y sus características tipográficas. Incluso, desconozco los sitios exactos en los que se colocaron. Respecto a las reacciones que pudieron suscitar entre la población, puedo decir que tampoco encontré demasiadas noticias en ese sentido.

No obstante el aparente panorama desalentador, confío en que el abordaje a partir de los contenidos de los cartelones,441 analizando sus textos y vinculándolos con los contextos electorales. Construir explicaciones acerca de quiénes, desde dónde y con qué propósitos se generaron, así como las posibles recepciones de los lectores, abonará a los elementos de discusión en torno a las distintas estrategias de movilización del voto en los años previos a la proliferación de clubes electorales.

Es preciso hacer un par de señalamientos más respecto a las fuentes documentales. La mayoría de los cartelones consignados por la prensa se colocaron en la ciudad de Guanajuato. Este dato no debería sorprendernos, pues se trata de la capital del estado, sede de los poderes políticos, con una cantidad de población notable y un dinamismo importante. Lo que genera cierto asombro es que no se haga referencia a la existencia de este tipo de cartelones en alguna de las otras ciudades importantes del estado: León, Celaya o San Miguel de Allende. Lo que quiero decir es que dudo que no se hayan presentado este tipo de manifestaciones en dichas poblaciones. Más bien, considero que los periódicos de la ciudad de Guanajuato tenían acceso limitado a lo ocurrido en otras latitudes de la entidad.

El segundo señalamiento tiene que ver con el periódico que aporta mayor cantidad de información relativa a los cartelones: El Obrero del Porvenir. Como lo establezco líneas arriba, se trató del primer periódico fundado en el contexto de estos comicios. Pero no sólo eso, fue el único que no apoyó la reelección de Antillón y que a lo largo de sus 21 números ―dejó de publicarse hasta diciembre de ese año― se mostró como un severo crítico del gobernador. No habrá que perder de vista esta condición, pues en su afán por cuestionar la figura de Antillón, focalizó su atención en él y muy probablemente perdió de vista mucho de lo que ocurría a su alrededor. Un apunte más con relación a este periódico. Resulta paradójico que, al denunciar la proliferación de cartelones a favor de la reelección de Antillón, de forma involuntaria movilizara el voto a favor del gobernador.

Ahora bien, incorporándonos al análisis de los cartelones, pero antes de abordar propiamente sus contenidos, es necesario plantear una primera reflexión. Su colocación y difusión se realizó en las vísperas de la jornada electoral. La aparición de la prensa de coyuntura ocurrió, en promedio, dos meses antes del día de las elecciones. Por su parte, en lo que respecta a los cartelones, éstos se fijaron en el transcurso de la semana previa a las votaciones; algunos de ellos incluso con dos días de antelación.442 Si bien podríamos pensar que tales tiempos obedecen solamente a una lógica que tiene que ver con la preservación de los cartelones, tratando de evitar que su retiro y destrucción se hiciera semanas antes de las elecciones, creo que la cuestión va más allá. Los tiempos de su colocación fueron premeditados por quienes los concibieron. Siguiendo a Darnton, uno de los principales objetivos que se persigue con la difusión lo constituye el acto de “fijar ideas” a través del “movimiento líneal de la causa hacia el efecto”.443 De este modo, mientras más próxima estuviese la jornada electoral, la población tendría mayor claridad las virtudes o defectos de los candidatos en cuestión. Es decir, los momentos de difusión obedecen a una estrategia de movilización.

Los destinatarios

Una línea analítica que es fundamental abordar tiene que ver con los sectores de la población a quienes estaban destinados los cartelones. La extensión de los textos contenidos en ellos variaba. Existen algunos muy breves, mientras que otros gastaban grandes cantidades de tinta. No obstante, en todos es posible encontrar interesantes muestras de elocuencia. Los sectores a los que se dirigen de forma explícita son: a “los Guanajuatenses”, al “Pueblo”, a “los hijos del pueblo”, a “todas las clases de la sociedad”, a “nuestros hermanos artesanos”, a “la juventud guanajuatense”, a “los mineros y beneficiadores de metales”, a “los industriosos” y “al bello sexo de Guanajuato”. Podemos observar que la movilización en torno a la elección de Antillón involucraba a diversos actores colectivos, más allá de su origen social y su condición de ciudadanos. El discurso de estos cartelones no sólo se dirigía a ciertos grupos “acomodados” o “privilegiados” económicamente hablando; buscaba permear además en los sectores trabajadores.

Sin ser llamados de manera explícita, los extranjeros radicados en Guanajuato era una población sin derecho al voto al que también se hacía alusión en ciertos cartelones. Se sabe que alrededor de 280 extranjeros vivían en la entidad en aquellos años. De ellos, más de la mitad se concentraban en la ciudad capital. La mayoría eran españoles que se dedicaban predominantemente a actividades comerciales, y en menor cantidad a la agricultura y la minería. Seguían a los ibéricos los ciudadanos franceses e ingleses, quienes también desempeñaban labores relativas al comercio. Asimismo, radicaban en menor número: italianos, alemanes, portugueses, norteamericanos, suizos, irlandeses y prusianos. Sus actividades eran diversas; encontramos comerciantes, mineros, operarios de maquinaria y hasta músicos.444

Estos perfiles generales nos permiten inferir que cuando el contenido de los cartelones se dirigía a “los mineros y beneficiadores de metales” y a “los industriosos”, se estaba contemplando además a un significativo número de extranjeros que, aun sin la posibilidad de emitir su voto, podrían incidir en la participación y decisión de sus trabajadores. Lo anterior podría indicarnos que las excitativas se dirigían a “un público más general con el doble propósito de captar voluntades nuevas y, sobre todo, de incidir sobre la opinión pública en formación, convertida en un factor de peso creciente en la vida política local”.445

En este orden de ideas, ha llamado poderosamente la atención el contenido de un cartelón que en seguida transcribo íntegramente: “¡Mirad! ¡oíd! Entended: el bello sexo de Guanajuato suplica ruega y encarece que se reelija de Gobernador del Estado, al bravo elegante y exquisitamente educado, C. Gral. Florencio Antillón”.446

Es plenamente conocido que en las sociedades decimonónicas en términos normativos las mujeres no tenían derecho al voto. Sin embargo, esto no implica que fuesen ajenas a la vida pública y estuviesen totalmente excluidas de las mecánicas electorales. Hilda Sabato ha demostrado que su presencia fue visible así sea como “figuras marginales” en las actividades concebidas y encabezadas por los hombres. Es decir, este tipo de acciones sobrepasaban las barreras construidas para diferenciar aquellos que legalmente tenían derecho al voto: los ciudadanos.447 De este modo, podemos entender y explicar la inclusión del “bello sexo” como destinatario del mensaje, ya que el texto no permea de manera estrictamente vertical. En su lugar, debemos plantearlo a partir de una diferenciación de etapas que forman parte de dos procesos: producción y distribución, los cuales apelan a que las mujeres, a su vez, transmitan el mensaje a aquellos que legalmente podían votar.

La desacreditación de Ignacio Ayala

El 24 de julio, a menos de una semana de la jornada electoral, se hizo pública la postulación de Ignacio Ayala para el gobierno del estado. La noticia se dio a conocer a través de cartelones colocados en diversos puntos de Guanajuato capital.448 Los periódicos antillonistas no perdieron la oportunidad de mofarse de lo que para ellos representaba un disparate, el cual atribuyeron “a la poca cordura y sensatez” de quienes postulaban a Ayala. De hecho, señalaron que en dicho acto se seguían las huellas de los partidarios de Ibáñez: “tratar de exhibirlo en pantomima”, como éstos habían presentado a don Remigio.449

Un par de días después fue colocado otro cartelón en el cual se criticaba ferozmente tal candidatura. El texto fue dirigido al “pueblo” (así, en mayúsculas), a quien le piden que no se deje engañar. En seguida, presenta una semblanza de la trayectoria política de Ayala en la que se destacan, a decir de sus detractores, bastantes actos “enemigos de toda administración de orden y de moralidad”. Se enumera el puesto que tuvo en la judicatura guanajuatense durante el último gobierno de Santa Anna, su negativa para jurar la Constitución de 1857, así como su participación a nivel local en las administraciones de Zuloaga, Miramón y Maximiliano. Con tales antecedentes, continuaba el texto, Ayala sería un candidato deshonroso, un hombre que llevaba sobre la frente la “negra mancha de la traición”.450

En otro cartelón contrario a la postulación de Ayala, se contrapone la trayectoria de éste con las virtudes del entonces gobernador. Se destacan cualidades de Antillón tales como “sus buenos y desinteresados servicios”, la paz lograda y continuada, así como las garantías de cuatro años más en ese tenor. Por otra parte, el texto enfatiza que lo que destaca de Ayala “es una traición”. El cartelón finaliza diciendo: “No consentirás nunca que te gobierne tu pueblo de Guanajuato, el pueblo demócrata por excelencia. A un lado la chicana y la intriga. ¡Viva la democracia, la ilustración y el progreso! ¡Viva el partido liberal y progresista! ¡Viva el Gral. C. Florencio Antillón!”451

Los señalamientos vertidos en contra de Ayala eran, si nos atenemos a sus acciones, ciertos. Al igual que un importante número de miembros de la clase política guanajuatense, en su momento se negó a jurar la Constitución de 1857. Sin embargo, es preciso señalar que ello no implica necesariamente que en aquel momento se opusiera al régimen republicano; mucho menos a una forma de gobierno federalista. De hecho, en 1846, cuando se restableció el federalismo en el país, Ayala ―siendo aún estudiante de la carrera de Derecho― defendió con vehemencia dicha forma de gobierno. Para 1852, durante un acto de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia en Guanajuato, pronunció un discurso a través del cual se vislumbran rasgos de su pensamiento, pues apela a la necesidad de leyes “sabias y prudentes”. Alerta además sobre el riesgo de aquellos sistemas de gobierno que son “inútiles cuando la aplicación es imposible”. Al destacar la importancia de “mantener el equilibrio entre la ley de los pueblos, entre la sociedad y el individuo”, ofrece elementos de su concepción política que tal vez nos ayuden a comprender su reticencia a reconocer la Constitución de 1857.452

Es cierto también que durante el régimen imperial Ayala fue regidor del ayuntamiento de Guanajuato.453 Pero otro dato significativo es que en 1867, una vez que se restauró el sistema republicano, fue un cercano colaborador de León Guzmán en su efímera estancia al frente del gobierno de Guanajuato. Ahí le correspondió el diseño de la primera ley de enjuiciamiento civil que hubo en el estado, la cual se conoció como “Ley de Ayala”.454 Asimismo, meses después, ya con Antillón al frente del Ejecutivo estatal, fue colaborador del periódico El Máscara, el cual era crítico y se oponía al gobernador.455 ¿Sería acaso la cercanía de Ayala con Guzmán, serio adversario político de Antillón, una razón más que sumó considerablemente al desprestigio construido en torno suyo?

Julián Camacho ha analizado el “discurso criminalizador” generado desde el interior de los gobiernos hacia sus adversarios políticos y rivales militares. En este sentido, son muy claras las acciones a través de las cuales se buscaba desacreditar y deslegitimar. Estas estrategias de criminalización, señala Camacho, “presentaban las acciones subversivas como ofensas a la sociedad, no tanto a la autoridad”.456 En esto encontramos varias convergencias con el trato hacia la figura de Ayala, pues se le acusa el contubernio con el régimen imperial, y el riesgo social que propició tal acción; transgresión a un orden establecido, “una ofensa a la sociedad en su conjunto”.457 Ayala era presentado como un “traidor”; es obvia la intención de minar el apoyo que pudiese generar. Un punto central en el análisis de Camacho es su énfasis al señalar que “quien delinque, quien transgrede una ley, atenta directamente contra la sociedad y no sólo, ni siquiera principalmente, contra la autoridad”.458 En los cartelones se soslaya de algún modo la “ofensa” que Ayala pudo hacer contra el gobierno, y se pone en un primer plano la inmoralidad que esto representa para toda la población guanajuatense.459

La figura y el legado de Antillón

A partir de la información plasmada en la prensa de esas semanas, así como de las ideas expresadas en los cartelones es posible destacar la evidente intención de legitimar la reelección de Antillón en la gubernatura. Según sus líneas argumentativas, no se trataba solamente de su continuidad en términos políticos, sino que estaba en juego la consolidación de la estabilidad económica, así como el fortalecimiento de la paz. Otro propósito evidente —como se vio en la sección anterior— fue el desprestigio que se buscó construir en torno a la figura de Ignacio Ayala teniendo como principal fundamento sus antecedentes políticos: haberse negado a jurar de Constitución de 1857 y colaborar con el régimen imperial.

Como ya lo he planteado en otro estudio460, para Antillón la prensa tenía una alta significación, pues representaba varias funciones. Su principal virtud era que no solamente fungía como un espacio para transmitir noticias; sino que se trataba además de un instrumento, un actor esencial para trabajar las cuestiones públicas. Los voceros de Antillón expresaban que, si bien se reconocía la existencia de otros medios para la discusión política entre los ciudadanos, como “los clubes o las reuniones populares”, en los cuales se procuraba instruir a sus miembros sobre tales o cuales asuntos de interés, sus resultados eran “lentos y muy restringidos”, pues fácilmente se olvidaban las ideas “que se oyen una sola vez en un discurso, aunque se escuche al orador con mucha atención”. En su lugar ―continuaban argumentando― la prensa llevaba

la palabra no sólo a los presentes, sino también a los ausentes, despertando ecos por todas partes, y cuyos resultados son más extensos, más prontos y más seguros, porque las ideas estampadas en el papel, llegan a gravarse profundamente en el espíritu del más desmemoriado, a fuerza de repetirse la lectura.461

Con estos antecedentes inmediatos, considero que para la elección de 1871 Antillón sumó al papel que daba a la prensa como un agente de movilización electoral, la utilización de cartelones. Esto es, fue él quien instrumentó una estrategia electoral dirigida a sectores más amplios de la población.

Algo que se detecta muy bien en los contenidos de los cartelones, es el sentido que se le da a quien habla; es decir, al emisor de tales mensajes. A los lectores se les mandan señales de que los discursos contenidos en los impresos no se tratan de una promoción generada desde una institución de gobierno. Tampoco es el propio Antillón el que se promueve y habla en primera persona. Las voces de apoyo que invitan, movilizan y tratan de convencer para que se vote por el entonces gobernador, presuntamente se generan ―y en algunos casos se dice explícitamente―, desde sectores de la población que no participan directamente en el “juego político”.462

En el contenido de cartelón más extenso que se ha encontrado se ofrecen a los lectores las claves del origen de los postulantes. Se identifican “ajenos a la política y dedicados sólo al trabajo”, condición que, no obstante, no merma en pos “del derecho que a todos nos asiste, elevar nuestra débil voz para manifestar nuestro sentir sobre el particular”. Señalan además, anteponiendo un dejo de humildad, que a pesar de “carecer de las luces que son necesarias para dirigirse al público [y sin] aspiraciones de ningún género, con la mejor intención y buena fe”, trazan unas “desaliñadas líneas” para postular a Antillón. Asimismo, como parte de esa misma condición humana, recuperan la principal institución social, pilar de toda comunidad: la familia. En este sentido, se asumen como padres ―seguramente también como madres― y se proyectan hacia un mejor futuro: “ya nuestros hijos no vivirán en una completa ignorancia.463

De Antillón se destaca su figura, su trayectoria militar, su experiencia al frente del gobierno del estado, así como su legado en el marco de las instituciones políticas.464 Los cartelones apelan a conceptos como “democracia”, “ilustración” y “progreso”; esto es, se recurre a un lenguaje moderno.

Respecto a su labor como gobernador, en un cartelón se parte de una descripción del lastimoso estado en que se encontraba la entidad al asumir la gubernatura en 1867:

el Erario del Estado se encontraba exhausto, los pueblos agobiados, por continuas exacciones, los campos talados, la agricultura, el comercio, la minería y todos los ramos de la industria humana en absoluta decadencia; la instrucción pública abatida, la fuerza armada desmoralizada, y los caminos plagados de numerosas gavillas de salteadores y plagiarios; fue necesario pues organizarlo y casi crearlo todo: administración, hacienda, paz y seguridad.465

Una vez planteado lo anterior, se destaca además su tenacidad personal, su capacidad para gobernar:

Hoy la faz del Estado se encuentra cambiada completamente. La administración de Justicia, la hacienda pública, la fuerza armada, en una palabra, todos los ramos de la administración se encuentran perfectamente organizados; la instrucción pública extendida; las garantías individuales respetadas y la paz y seguridad completamente afianzadas […] Él ha plantado el sistema penitenciario, ha establecido escuelas de artes y oficios, ha mejorado y aumentado nuestras vías de comunicación.466

Con este informado panorama de la situación política, económica y social del Guanajuato de los cuatro años previos, en un “humilde concepto” ―a decir de los postulantes― se invitaba “al pueblo” a votar por Antillón para que siguiera rigiendo los destinos de estado.467

La lectura, el saber ¿quién lee? es una cuestión sumamente difícil de demostrar y de aprehender. En casos como éste podemos intuir o tener vagas aproximaciones acerca de las formas como los lectores construían sus textos. ¿Lo hacían de manera individual o colectiva, alzando la voz o en silencio? No hay manera contundente de responder. No obstante, la falta de información sobre la recepción no quiere decir que debamos abandonar esta inquietud. Acudo nuevamente a Darnton, quien señala que:

la noción relativa a la captura de la experiencia de la lectura […] adquiría su forma a lo largo de todo el sistema de comunicación; y en la medida en que el sistema era permeable en cualquier punto a las influencias externas, podemos estudiar todos los ingredientes que participaron en su formulación […] Lo que sabemos sobre la producción y la distribución [de los impresos] puede compensar, hasta cierto punto, las limitaciones de nuestro conocimiento sobre la recepción.468

De esta manera, propongo que es posible que los contenidos tan extensos de algunos cartelones hubiesen generado inquietudes diversas y abierto la puerta a debates públicos en torno a las experiencias de gobierno y actuaciones políticas de los candidatos implicados.

Consideraciones finales

El 17 de septiembre de 1871, una vez que se instaló la legislatura estatal, se realizó la calificación de los comicios para gobernador. La comisión respectiva, según las atribuciones contenidas en el artículo 48 de la Constitución local, no encontró ninguna causa de nulidad. Así, de 122 679 votos contabilizados en todo el estado, Antillón obtuvo 101 958; es decir, una mayoría absoluta. Estos resultados fueron la antesala de la formalización de Antillón como gobernador constitucional para el cuatrienio 1871 a 1875. Por su parte, para Ayala se computaron 8 718 votos, mientras que Ibáñez sumó 3 164.469 Llama la atención que dos ciudadanos, de quienes ni la prensa ni otro tipo de impresos dio noticia de sus postulaciones o simpatías, superaron los 1 500 votos; se trató de Florencio Soria, con 1 663 y León Guzmán ―gobernador interino en 1867―, con 1 566.470 Si comparamos estos resultados con los presentados en la elección para gobernador de Guanajuato realizada cuatro años antes (Antillón 63 000; León Guzmán 32 000 y José de la Luz Rosas 8 000 votos),471 podemos advertir un notable crecimiento de Antillón en las preferencias del electorado.

A través de este análisis de las formas de movilización del voto a partir de la utilización de cartelones, es posible sugerir que distintas formas de representación política ―una elección directa y otra indirecta― así como su instrumentación, implicó que se recurriera a estrategias diferenciadas para tratar de incidir en el voto de los ciudadanos. No es aventurado afirmar que, en efecto, existe una relación directa entre la acción de fijar cartelones en espacios públicos, concurridos con el objetivo de movilizar el voto, con la reducción de los niveles de la elección. La prensa no llegaba a todos los votantes potenciales y demás involucrados, así que se necesitaba recurrir a otras formas de organización y movilización electoral.

Incluso sin tener noticias relativas a la realización de reuniones, discursos, lecturas en voz alta o, por qué no, manifestaciones de rechazo con respecto a los contenidos de los cartelones, me atrevo a decir que la creación y difusión de éstos implicó una significativa transmisión de ideas y símbolos. Esto es, su colocación, ubicación y permanencia en distintos espacios concurridos o transitados puede ser considerado en sí mismo como actos públicos, pues es evidente que se buscaba dar a la población una prueba contundente de la solidez del candidato en cuestión, así como el respaldo, la popularidad y la trayectoria que éste tenía.

Si bien es cierto que para estos comicios no contamos con elementos que nos permitan asegurar que hubo ciertos rituales propios de una cultura electoral, tales como escenas de aclamación popular, procesiones de la población, ceremonias de nominación de candidatos, rituales de negociación, cenas, brindis, etcétera,472 sí podemos advertir en los contenidos de los cartelones, el esfuerzo de sus redactores para hacer sentir a los destinatarios como personas con la libertad y conciencia para tomar sus propias decisiones. Asimismo, incluir en el discurso a sectores de la población que no podían votar: mujeres y menores de edad miembros de las familias aludidas, pudo haber rendido buenos dividendos reflejados en la legitimidad del triunfo de Antillón.

A partir del acercamiento que tuvimos al contexto guanajuatense, al consenso entre la clase política y a las reformas en el marco normativo electoral durante los meses previos a los comicios, advertimos un panorama claramente favorable para la reelección de Antillón. Ante ello, resulta necesario preguntarnos ¿por qué fue tan abrumadora la maquinaria electoral implementada desde el gobierno del estado semanas antes de las votaciones? Dicho de otra manera ¿qué motivó a que se crearan más de una docena de periódicos antillonistas y se imprimieran y colocaran multitud de cartelones propagandísticos a su favor? No encuentro una respuesta categórica, pero O’ Gorman nos ofrece claves importantes: la legitimidad y el respaldo político. En efecto, al analizar el mundo político y social inglés del siglo xviii, este autor señala que a pesar de lo poderosos que pudieran haber sido los elementos de “persuasión, control e, incluso, intimidación en el sistema electoral”, las acciones tendientes a organizar y a movilizar el voto tenían como fundamento que cada una de las opciones electorales podrían ser consideradas por la población, la propaganda podía persuadir y las ideas podían cambiar. Por lo tanto, era legítimo buscar el respaldo político en distintos sectores sociales.473

Desde la gubernatura Antillón ejerció un control personal en distintos momentos del proceso electoral que lo llevaría a ganar las votaciones del verano de 1871. Algunas de sus acciones, como proponer reformas constitucionales para lograr la reelección inmediata, impulsar la creación de periódicos y elaboración de cartelones, no solamente evidencian la búsqueda de una convincente mancuerna entre legalidad y legitimidad sino además, en palabras de Marcela Ternavasio, “la vocación por hacer de ese régimen un sistema capaz de singularizar el mando y la obediencia”.474 Considero que estos comicios representaron para Antillón un momento propicio en el que quiso mostrar abiertamente sus valores democráticos y republicanos, convencer a numerosos electores guanajuatenses pero a la vez tratar de proyectarse a una escena nacional.

En consonancia con lo anterior, las motivaciones que llevaron a las autoridades estatales a imprimir y colocar estos cartelones, me permiten identificar un elemento relativo a la mecánica electoral de esos años: desde el aparato gubernamental había cierto grado de convencimiento de que su control político no necesariamente garantizaba el éxito electoral. Así, este estudio busca aportar a una historiografía que destaca distintas maneras en las que la movilización electoral fue un tema que ocupó a las autoridades políticas del siglo xix, aun cuando las expectativas de victoria eran realmente altas.475

Si bien el propósito principal de este estudio ha sido el análisis de ciertas prácticas de movilización del voto previas a la jornada electoral de julio de 1871, no considero del todo inoportuno volver a preguntarme por el éxito y alcance de las estrategias aquí abordadas. Así, me permito cerrar planteando dos cuestionamientos: ¿Los cartelones ocuparon un lugar destacado en la dinámica electoral de Guanajuato para la movilización del voto en tales elecciones? ¿Su utilización como una forma de movilización se mantuvo en los procesos electorales posteriores o fue decreciendo conforme se formalizaban y ampliaban otros espacios de sociabilidad política, como los clubes electorales?

Mi respuesta a la primera pregunta es un categórico sí. Respecto a la segunda cuestión resulta más aventurado emitir una opinión en este momento, pero sospecho que la utilización de los cartelones permaneció; que no decreció significativamente y se mantuvo como estrategia electoral. Nuevos estudios sobre la vida política durante el porfiriato guanajuatense darán luz en ese sentido.

Anexo. Contenido completo
de los cartelones que se han localizado
con propaganda electoral
para la elección de gobernador
de Guanajuato en 1871

1. “Candidato del pueblo para Gobernador del Estado C. Gral. Florencio Antillón”.476

2. “Candidato de los mineros y beneficiadores de metales para Gobernador del Estado C. Gral. Florencio Antillón”.477

3. “¡Viva la reelección! Candidato de la juventud guanajuatense para Gobernador del Estado C. Gral. Florencio Antillón”.478

4. ¡ALERTA PUEBLO!

“A última hora ha aparecido la candidatura del SR. LIC. D. IGNACIO AYALA para el Gobierno del Estado.

¡¡PUEBLO!! no te dejes engañar por los intrigantes ambiciosos que enemigos de toda administración de orden y de moralidad, quieren especular como en otros tiempos de fatal recordación para el Estado. EL SR. LIC. D. IGNACIO AYALA no puede, ni merece ser Gobernador porque no es, ni ha sido nunca liberal, y mal podría guardar y hacer guardar la Constitución y Leyes de Reforma, quien se ha excusado de jurar la primera y ha formado parte de la facción que combatió a las segundas. D. IGNACIO AYALA sirvió a una judicatura de esta ciudad en tiempo de la Alteza Serenísima, y triunfante la revolución de Ayutla se separó del juzgado por no jurar la Constitución de 57 que nos rige: después sirvió a las reaccionarias administraciones de Zuloaga y Miramón, y en época del Imperio fue Regidor del Ayuntamiento y Alcalde Municipal de esta Capital. Estos hechos que no pueden negar el Lic. Ayala y sus parciales, lo hacen indigno de figurar como candidato al gobierno del Estado que se deshonraría si se viera gobernado por un hombre que lleva sobre la frente la NEGRA MANCHA DE LA TRAICIÓN.

¡¡PUEBLO!! No pongas tu porvenir y tu destino en manos del que ha doblado la rodilla ante un intruso aventurero, porque te venderá mañana como vendió a su patria al usurpador extranjero”.479

5. “Dos partidos están disputándose la victoria en la República: Lerdo y Juárez; esto es, el retroceso y el progreso. En el Estado: C. Gral. Florencio Antillón y los Licenciados Ibáñez, Ayala y compañía […] ¡Guanajuatenses! Al primero debéis, además de sus sufrimientos como militar, buenos y desinteresados servicios y la paz, y las garantías de cuatro años; al Lic. Ibáñez le debéis una mala administración de Justicia de la cual se queja todo el Estado; y el Lic. Ayala, ¡vergüenza es decirlo! Una traición, ¡Nulos y traidores! No consentirás nunca que te gobierne tu pueblo de Guanajuato, el pueblo demócrata por excelencia. A un lado la chicana y la intriga. ¡Viva la democracia, la ilustración y el progreso! ¡Viva el Partido Liberal y progresista! ¡Viva el Gral. C. Florencio Antillón!”480

6. “Candidato de los industriosos para Gobernador del Estado, C. Gral. Florencio Antillón”.481

7. “Guanajuatenses: el que con tanto acierto os ha sabido gobernar es el ilustre general Florencio Antillón, a él y sólo a él dad vuestro voto para Gobernador de nuestro importante Estado”.482

8. “¡Mirad! ¡Oíd! Entended: el bello sexo de Guanajuato suplica ruega y encarece que se reelija de Gobernador del Estado, al bravo elegante y exquisitamente educado, C. Gral. Florencio Antillón”.483

9. “¡Deteneos! ¡Fijad la atención! ¡Viva la reelección! La honradez, la inteligencia y el valor, piden por otros cuatro años de Gobernador del Estado, al simpático y siempre entendido C. Gral. Florencio Antillón”.484

10. “Candidato de algunos hijos del pueblo para gobernador del Estado Libre y soberano de Guanajuato, C. General Florencio Antillón. ―Próximo el grandioso y solemne día en que los ciudadanos de un país libre tienen que hacer uso de uno de sus más sacrosantos derechos, el de elegir la persona que rija sus destinos, como primer magistrado del Estado, las clases todas de la sociedad se agitan y conmueven y toman participio en la cosa pública, con más o menos actividad, y con más o menos inteligencia, según la categoría a que pertenecen.

Muchas publicaciones han aparecido en esta Capital y en el Estado ocupándose de la cuestión de elecciones, y todas ellas han propuesto sus candidatos alegando los méritos de cada uno.

Nosotros también, aunque ajenos a la política y dedicados sólo al trabajo, queremos, en uso del derecho que a todos nos asiste, elevar nuestra débil voz para manifestar nuestro sentir sobre el particular, y sin embargo de carecer de las luces que son necesarias para dirigirse al público, pero sin aspiraciones de ningún género, con la mejor intención y buena fe, trazamos estas desaliñadas líneas postulando al C. General Florencio Antillón para Gobernador del Estado en el próximo período constitucional.

Bastante se ha escrito ya sobre la conveniencia general que resulta de que la elección recaiga en nuestro candidato; sin embargo, no es por demás expresar las razones en que se apoya nuestra postulación.

En septiembre de 1867 en que el C. General Florencio Antillón, fue elegido por el voto libre de sus conciudadanos para el elevado puesto que ocupa, el Erario del Estado se encontraba exhausto, los pueblos agobiados, por continuas exacciones, los campos talados, la agricultura, el comercio, la minería y todos los ramos de la industria humana en absoluta decadencia; la instrucción pública abatida, la fuerza armada desmoralizada, y los caminos plagados de numerosas gavillas de salteadores y plagiarios; fue necesario pues organizarlo y casi crearlo todo: administración, hacienda, paz y seguridad. Hoy la faz del Estado, no obstante, la revolución de San Luis Potosí, se encuentra cambiada completamente; cosa que todos presenciamos, que todos aplaudimos, nos encontramos en una situación que apetecen otros muchos Estados de la Confederación Mexicana.

La administración de Justicia, la hacienda pública, la fuerza armada, en una palabra, todos los ramos de la administración se encuentran perfectamente organizados; la instrucción pública extendida; las garantías individuales respetadas y la paz y seguridad completamente afianzadas. Ya nuestros hijos no vivirán en una completa ignorancia, ya nuestros hermanos del campo y de las montañas se entregarán sin zozobra a sus rudas tareas; ya el fruto de sus afanes lo invierten en socorrer las necesidades de su familia; ya el viajero transita sin temor nuestros bosques y campiñas; el salteador y el plagiario han huido ante la tenaz persecución que sufre y el temible castigo que les espera.

El estado de cosas que guardamos se debe a la recta administración de C. General Florencio Antillón, ciego observante de la ley, cuyo camino ha seguido sin variación. Él ha plantado el sistema penitenciario, ha establecido escuelas de artes y oficios, ha mejorado y aumentado nuestras vías de comunicación, y por estas razones en nuestro humilde concepto, conviene al pueblo que siga rigiendo los destinos de Estado.

Con esa convicción profunda y sincera, invitamos a todos los Ciudadanos y especialmente a nuestros hermanos los artesanos del rico y poderoso Estado de Guanajuato para que en las elecciones que según la ley deben verificarse el próximo domingo 30 del presente den su voto para gobernador al C. General Florencio Antillón”.485

11. “Candidato que propone el Partido Liberal para Gobernador del Estado de Guanajuato, C. Lic. Ignacio Ayala.

Para diputados a los CC. Propietarios: Lic. J. M Lozano, Remigio Ibáñez, José de la Luz Rosas, J. M. Gadea, D. Galván, Bonifacio Palomino, A. Rincón, Pedro Delgado, J. Bribiesca Saavedra, M. Villaseñor, J. M. Martínez Negrete.

Suplentes: Agustín García, Víctor Bustos, Guadalupe A. Elizalde, Benito Herrera, Francisco Parkman, Anatolio Galván, Y. Sanabria, J. M. Ramírez, M. Peña, M. Ortiz, O. Galván”.486

Fuentes consultadas

Archivos

ageg ︱ Archivo General del Estado de Guanajuato.

ahceg ︱ Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato.

ahug ︱ Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato.

Hemerografía

El Amigo del Pueblo, Guanajuato, 1871.

El Calavera, Guanajuato, 1871.

El Centinela, Guanajuato, 1871.

El Constitucional. Periódico para el pueblo, Guanajuato, 1857.

El Escolar, Guanajuato, 1871.

El Imparcial, Guanajuato, 1871.

El Jicote, San José Iturbide, 1871.

El Mensajero, Guanajuato, 1871.

El Monitor Republicano, ciudad de México, 1871.

El Obrero del Porvenir, Guanajuato, 1871.

La Educación, Guanajuato, 1871.

La Fraternidad, León, 1871.

La República. Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, Guanajuato, 1871.

La Unión Liberal, Guanajuato, 1871.

La Voz de Aldama, León, 1871.

La Voz de Iturbide, Guanajuato, 1871.

La Voz de México, ciudad de México, 1871.

Rigoletto, Guanajuato, 1871.

Bibliografía

Alcántara Machuca, Edwin, “Alianzas, banquetes y otras estrategias de movilización del voto: la elección presidencial de 1850 en la ciudad de México”, en Alicia Salmerón y Fausta Gantús (coords.), Campañas, agitación y clubes electorales. Organización y movilización del voto en el largo siglo xix mexicano, México, inehrm/Instituto Mora, 2019, pp. 185-220.

Antillón, Florencio, Memoria leída por el C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, General Florencio Antillón en la solemne instalación del Quinto Congreso Constitucional, verificada el 15 de septiembre de 1873, Guanajuato, Imprenta de Ignacio Escalante, 1875.

Arroyo, Israel, “Gobiernos divididos: Juárez y la representación política”, en Conrado Hernández e Israel Arroyo (coords.), Las rupturas de Juárez, Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/uam, 2007, pp. 95-160.

Bragoni, Beatriz, “Los avatares de la representación. Sufragio, política y elecciones en Mendoza, 1854-1881”, en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (comps.), La vida política en la Argentina del siglo xix. Armas, votos y voces, Buenos Aires, fce, 2003, pp. 205-222.

Camacho, Julián, “¿Bandidos revolucionarios? La criminalización de movimientos inconformes con los resultados electorales. 1867-1876”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 79-101.

Darnton, Robert, Los Best Sellers prohibidos en Francia antes de la revolución, Buenos Aires, fce, 2008.

Delgado Aguilar, Francisco Javier, “Por el honor y los votos. Prensa, sátira y violencia en las elecciones en Aguascalientes, 1869”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… Violencia electoral en México, 1812-1912, México, Instituto Mora, 2016, pp. 225-269.

Gantús, Fausta, “Prensa y política: debates periodísticos en torno a la elección federal de 1884”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 127-158.

Gantús, Fausta y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014.

, “Introducción”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 11-25.

, “Un acercamiento a las elecciones del México del siglo xix”, en Historia y Memoria, núm. 14, 2017, pp. 23-59 en <http://dx.doi.org/10.19053/20275137.n14.2017.5816>. [Consulta: 15 de septiembre de 2018].

Guzmán López, Miguel Ángel, La participación del gobierno de Guanajuato en el Movimiento Decembrista de 1876, Guanajuato, La Rana, 1999.

Lanuza, Agustín, Historia del Colegio del Estado de Guanajuato, (edición facsimilar de la de 1924, prólogo de Luis Rionda), Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 1988.

Lettieri, Alberto, “La guerra de las representaciones: la revolución de septiembre de 1852 y el imaginario social porteño”, en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (comps.), La vida política en la Argentina del siglo xix. Armas, votos y voces, Buenos Aires, fce, 2003, pp. 97-114.

“Ley Orgánica Electoral de Guanajuato [aprobada el 3 de mayo de 1861]”, en Compilación de leyes electorales de Guanajuato. 1812-1991, Guanajuato, H. Congreso del Estado de Guanajuato/lv Legislatura, 1993, pp. 97-115.

O’Gorman, Frank, “La cultura de las elecciones en Inglaterra: de la Revolución Gloriosa a la Ballot Act de 1872”, en Alicia Salmerón y Cecilia Noriega (eds.), Pensar la modernidad política. Propuestas desde la nueva historia política. Antología, México, Instituto Mora, 2016, pp. 217-235.

Palti, Elías José, “Los diarios y el sistema político mexicano en tiempos de la República Restaurada (1867-1876)”, en Paula Alonso (comp.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los Estados nacionales en América Latina, 1820-1920, Buenos Aires, fce, 2004, pp. 167-181.

, “Ópera, prensa y política en la República Restaurada (México, 1867-1876): La Sociedad Filarmónica del Pito”, en ¿Las ideas fuera de lugar? Estudios y debates en torno a la historia político-intelectual latinoamericana, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2014, pp. 127-158.

Pi-Suñer Llorens, Antonia, “Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada: de la colaboración a la ruptura, 1863-1872”, en Conrado Hernández López e Israel Arroyo García (coords.), Las rupturas de Juárez, Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/uam, 2006, pp. 39-56.

Preciado de Alba, Carlos Armando, Guanajuato en tiempos de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 2007.

, Guanajuato. Historia de las instituciones jurídicas, México, unam/Senado de la República, 2010.

, “Agentes de desacreditación: prensa oficial y otros impresos en los comicios para gobernador de Guanajuato en 1867”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… Violencia electoral en México, 1812-1912, México, Instituto Mora, 2016, pp. 201-224.

Programa de las funciones y composiciones literarias, con que se solemnizó el restablecimiento de la Carta Federal, los días 28 y 29 de agosto de 1846, en la capital del Estado libre, soberano e independiente de Guanajuato, Guanajuato, Imprenta de Juan Evaristo Oñate, 1846.

Rodríguez Frausto, Jesús, Guía de gobernantes de Guanajuato, Guanajuato, Universidad de Guanajuato/Archivo Histórico de Guanajuato, 1962.

Sabato, Hilda, “Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880. ¿Sufragio universal sin ciudadanía política?”, en Antonio Annino (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo xix, Bueno Aires, fce, 1995, pp. 107-142.

, “Sobre la ciudadanía política en América Latina en el siglo xix”, en Alicia Salmerón y Cecilia Noriega (eds.), Pensar la modernidad política. Propuestas desde la nueva historia política. Antología, México, Instituto Mora, pp. 435-476.

Salmerón, Alicia, “Prensa periódica y organización del voto. El Club Político Morelos. 1892”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 159-190.

, “De causa instruida por abusos en los comicios… Y de cómo acercarse a un proceso judicial para el estudio de prácticas electorales. Elecciones presidenciales de 1871, en el sur de Veracruz”, en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las fuentes, México, Instituto Mora, 2015, pp. 329-357.

Tapia, Regina, “Competencia electoral, honor y prensa. México en 1857”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 55-77.

Ternavasio, Marcela, “La visibilidad del consenso. Representaciones en torno al sufragio en la primera mitad del siglo xix”, en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (comps.), La vida política en la Argentina del siglo xix. Armas, votos y voces, Buenos Aires, fce, 2003, pp. 57-73.

capítulo viii

Cazadores de votos.
Los clubes políticos y su actividad
electoral durante una elección
presidencial. Ciudad de México, 1880

Miguel Ángel Sandoval García

En la segunda mitad del siglo xix, organizar y movilizar el voto comprendía un conjunto de estrategias, mecanismos y prácticas que tenían como objetivo final llevar a los ciudadanos a las urnas. Era un proceso largo y complejo en que intervenían diversos grupos sociales, distribuidos en varios niveles de participación. Asimismo, siempre implicaba cierto grado de competencia, ya fuera entre dos o más candidatos a cargos de representación popular, o entre los seguidores de un único aspirante. Los distintos agentes movilizadores pretendían generar, asegurar y afianzar el apoyo electoral de grupos numerosos o reducidos para sacar adelante a un elector en particular. Tener electores aseguraba votos en favor del candidato propio y permitía negociar posiciones de poder con dicho candidato.

Las movilizaciones durante los comicios federales tenían una proyección nacional, aunque partían irremediablemente de las realidades sociales locales y regionales, por lo que las maneras de orientar el sentido del sufragio podían llegar a ser muy diferentes de un lugar a otro. En la ciudad de México de fines del siglo xix se hacía por medio de la prensa y otros medios de comunicación impresa, como folletos y hojas sueltas; a través de asociaciones como clubes políticos, sociedades mutualistas y, también, con el apoyo de redes políticas y sociales de los propios candidatos a cargos de todo tipo de representación.

De igual modo, la movilización electoral comenzaba mucho antes de la emisión del sufragio ciudadano. Iniciaba prácticamente en los momentos de definición de las distintas candidaturas a cargos de representación popular, pues la cultura política de la época ―en la que no era bien visto que los candidatos se auto postularan― hacía necesario que cada aspirante contara, de entrada, con un equipo político capaz de proponer y sostener su candidatura. Por otra parte, la organización y movilización de los votantes no se hacían de un solo golpe sino que estaban definidas por diferentes variables, entre ellas por el marco jurídico vigente y, por lo mismo, por las fases de elección que reglamentaba la legislación. En 1880, la ley electoral federal definía una primera fase en la que ciudadanos votaban por electores, y una segunda en la que los electores, reunidos en juntas electorales de distrito, sufragan por los candidatos a cargos de representación popular.487

El trabajo que aquí se presenta responde al interés de profundizar en el papel que los clubes políticos desempeñaron como organizadores y movilizadores del voto. Específicamente, interesa estudiar la actividad que desplegaron tres de esas asociaciones en la ciudad de México durante las elecciones presidenciales de 1880. Para cumplir con el objetivo anterior, nos guiaremos por la pregunta ¿qué papel cumplieron los clubes políticos en los procesos de agitación y movilización electoral que se llevaron a cabo en la ciudad de México en 1880?

Los clubes políticos funcionaron como plataformas más o menos institucionalizadas a través de las cuales se organizaron los grupos políticos de nivel local con miras a asegurar el voto en las juntas electorales de distrito. En este sentido, sostenemos que los clubes ejercieron una doble función en la elección. Por un lado, desplegaron una intensa actividad proselitista en el nivel primario de las elecciones. Dicha actividad estaba encaminada a movilizar el voto ciudadano y a asegurar la posición de los electores en las juntas distritales. Por otro lado, desempeñaron un papel clave a la hora de organizar a los electores en la fase secundaria del proceso, pues algunos de ellos formaron parte de clubes o incluso los encabezaron.

En este trabajo nos centraremos en el primer nivel de las elecciones, aunque ocasionalmente nos referiremos también al segundo. Fue justamente en ese segundo nivel en el que Justo Benítez obtuvo la victoria electoral y no Manuel González, quien fue el candidato vencedor a nivel nacional. La derrota de González en la capital de la República fue un hecho singular, sin duda, pero no nos interesa explicar las razones por las que Benítez se llevó la mayoría de los votos de los electores de la ciudad de México. Más bien, lo que se busca en estas páginas es entender cómo funcionaban los clubes políticos en el último tercio del siglo xix. En otras palabras, la disertación que aquí se presenta pretende valorar el papel desempeñado por los clubes políticos en una coyuntura electoral, así como entender su estructura interna y operatividad institucional.

l

La sucesión presidencial de 1880 fue un evento de enorme importancia política, pues supuso el relevo en el poder de un grupo de hombres que, cuatro años atrás, se había levantado contra el gobierno constitucional del presidente Sebastián Lerdo de Tejada.488 Después de algunos enfrentamientos que dieron como resultado el fin de la administración lerdista y, por ende, el control político del país por los líderes de la revuelta, se convocó a elecciones federales, de las cuales Porfirio Díaz salió electo para ocupar la silla presidencial. El mandato del nuevo presidente no fue nada fácil. En los años que duró su primer gobierno tuvo que enfrentar numerosas dificultades, muchas de ellas debidas a la fragilidad de los equilibrios de poder que se habían formado a raíz del movimiento tuxtepecano. De entrada, su pretensión de pacificar al país lo enfrentó con los remanentes iglesistas y lerdistas que disputaban la legitimidad de su elección.489 También tuvo que limar asperezas políticas en los estados, muchas de las cuales se debían a disputas entre grandes caciques regionales por parcelas de poder.490 Por otro lado, el partido que salió triunfante tras la derrota de Maximiliano en 1867 —el liberal, con el cual Díaz tendría que gobernar y del cual él mismo formaba parte—, era muy amplio y estaba marcado por profundas divisiones.491 De hecho, en la práctica estaba integrado por una pluralidad de círculos políticos agrupados en torno a fuertes personalidades, unas de proyección nacional y otras, regional. La falta de unidad del grupo liberal afectó, incluso, a los colaboradores más cercanos del presidente. Por su gabinete pasaron una veintena de secretarios en tres añosninguno de los ministros con que Díaz inició su gobierno se mantuvo en su cargo hasta el final, y tan sólo dos —Justo Benítez y Protasio Tagle— eran considerados verdaderos tuxtepecanos.492 Por si fuera poco, en el país también prevaleció una fuerte oposición a las políticas impulsadas por el gobierno federal, especialmente en la ciudad de México. Una de las medidas que más revuelo causó en la capital fue la preservación del senado, cuya supresión había sido una de las banderas del tuxtepecanismo.493

El escenario electoral también respondió a la fragmentación que en ese momento caracterizaba a los grupos políticos liberales por lo que toca a la elección presidencial. Además de Manuel González, quien finalmente ganó la elección, participaron otros cinco candidatos: dos militares y tres civiles. Los primeros, con una larga trayectoria militar, eran los generales Trinidad García de la Cadena e Ignacio Mejía, veteranos de la guerra de Intervención Francesa y, en el caso de García de la Cadena, también de la rebelión de Tuxtepec. Los segundos, importantes políticos civiles, eran Ignacio Luis Vallarta, Justo Benítez y Manuel María de Zamacona. Vallarta y Benítez habían ocupado cargos en el gabinete de Porfirio Díaz, y Zamacona había sido enviado como embajador de México a Estados Unidos para buscar el reconocimiento de su gobierno. En términos generales, la competencia por la máxima magistratura se desarrolló entre individuos del bando liberal, que defendían la Constitución de 1857, y que (salvo Mejía) habían apoyado a Porfirio Díaz en la rebelión de Tuxtepec.

La historiografía ha interpretado la victoria electoral de Manuel González como el resultado perfectamente logrado de un proceso de negociación y planeación anterior entre el presidente de la República, importantes caciques regionales y gobernadores de los estados. Si bien no se puede ignorar el hecho de que, efectivamente, González se vio beneficiado por el apoyo presidencial, se debe de tener presente que también construyó gran parte de su candidatura; sus habilidades políticas le permitieron hacerse de importantes redes de apoyo electoral a nivel regional y local.494 Gracias a esas redes, Manuel González acabó ganando en la gran mayoría de los estados del país, con excepción de Zacatecas, donde García de la Cadena obtuvo la victoria, y en Guanajuato y el Distrito Federal, donde ganó Benítez.495

Más allá de las negociaciones y los acuerdos que se llevaron a cabo en las cúpulas del poder, también se consolidaron alianzas políticas en las localidades entre los candidatos a la presidencia y diversos sectores de la sociedad. Estos acuerdos tomaron diversas modalidades, pero una de las más importantes, al menos en los ámbitos urbanos, fueron los clubes políticos, cuya actividad para orientar el sentido del voto constituyó una práctica común desde 1855.496

Los clubes se encargaban de hacer campaña electoral antes de la celebración de los comicios. Para ello difundían los programas políticos y publicitaban a sus candidatos a cargos de representación popular en plazas públicas o en sus mismas sedes; también planificaban y organizaban marchas y convenciones. Pero, sobre todo, hacían uso de la prensa y de otros medios de comunicación impresa para difundir a sus candidatos y sus propuestas. De hecho, los clubes políticos y la prensa constituyeron, al menos para el caso de estudio, un binomio indisociable dentro del juego político y electoral; los clubes tendían a hacer de la prensa uno de los principales portavoces de sus idearios y programas, y no dudaban en fundar periódicos para este fin. A veces, en el seno de las redacciones de esos impresos se planificaba la creación de dichas asociaciones.497

En resumen, los comicios presidenciales de 1880 se llevaron a cabo en un contexto marcado por la fragilidad política que impidió al partido predominante formar consensos para una sola candidatura presidencial. Debido a la falta de unidad en las filas de los liberales, hubo quienes creyeron necesario “uniformar la opinión de los círculos políticos en pro de determinada candidatura”, y propusieron celebrar convenciones electorales nacionales para llegar a acuerdos en torno a un único candidato.498 De tal manera que, a mediados de 1880, distintos círculos políticos convocaron a organizar una convención nacional para constituir el Partido Liberal Mexicano, cuyo funcionamiento sería permanente, es decir, no estaría circunscrito a las elecciones, aunque entre los objetivos de la organización también estaban los de “procurar que en las próximas elecciones sea verdaderamente libre el sufragio popular”.499 De ahí que entre los miembros propuestos para su comisión ejecutiva estaban cinco de los seis candidatos presidenciales ―no se contó con la participación de Manuel González por considerársele el candidato apoyado por el gobierno central. Sin embargo, la mencionada convención permaneció como propuesta, pues nunca se llevó a cabo. Harían falta varios años para que se celebraran convenciones electorales a nivel nacional.500

Los clubes como agentes
de movilización del voto

Las elecciones federales de 1880 fueron muy competidas en términos de clubes políticos. Carlos A. Forment asegura que en ese año se fundaron 132 asociaciones de ese tipo en el país, muchas de los cuales sostuvieron la candidatura de alguno de los seis aspirantes a la presidencia.501 En ocasiones, los clubes también apoyaron a contendientes a otros cargos de representación popular, por ejemplo, a aspirantes a gobernadores o senadores. Para Forment, el número de clubes instalados en ese año fue insólito, pues representa la muestra más grande registrada entre 1856 y 1881.502 En la ciudad de México se formaron ocho asociaciones político-electorales durante la elección presidencial de 1880 para apoyar a distintos candidatos, pero en este trabajo nos centraremos solamente en tres, que consideramos los más representativos: el Partido Nacional Constitucionalista (en adelante pnc), el cual apoyó la candidatura presidencial de Manuel González, y el denominado Partido Liberal Constitucionalista (en adelante plc), que sostuvo la de Justo Benítez. Estas dos organizaciones ―que funcionaron como clubes políticos, en tanto surgieron en la coyuntura electoral y con el fin exclusivo de organizar y movilizar el voto en favor de su candidato― fueron las más relevantes en la ciudad de México. González y Benítez fueron los candidatos más fuertes en la capital del país, es decir, entre ellos se disputaron la mayor parte de los votos de los capitalinos. A la par de esas dos asociaciones, prestaremos atención al Club Sufragio Libre y Constitución, que apoyó la candidatura del general Trinidad García de la Cadena. Este club, si bien respaldó una candidatura poco exitosa en el marco de esa elección presidencial, es muy útil para ver cómo se organizaba la campaña de candidaturas poco competitivas.

Cuadro 1.

Asociaciones político-electorales instaladas
en ciudad de México. Elección federal de 1880

Asociaciones político-electorales que apoyaron a Justo Benítez

Asociaciones político-electorales que apoyaron a Manuel González

Asociaciones político-electorales que apoyaron a Trinidad García de la Cadena

Partido Liberal Constitucionalista

Partido Nacional Constitucionalista

Club Sufragio Libre y Constitución

Círculo Popular Militar

Club Central Independiente y sucursales

Club Benito Juárez (sucursal del Círculo Popular Militar)

Club Manuel González (sucursal del Círculo Popular Militar)

Club Mártires de la Ciudadela

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de los ejemplares de El Libre Sufragio, La Patria y El Mensajero, de noviembre de 1879 a septiembre de 1880.

Podemos valorar la función que los clubes políticos desempeñaron para las elecciones de 1880 en la ciudad de México en la manera en que votaron los electores (ver cuadro 2). Los dos candidatos más fuertes de la capital (González y Benítez) se alternaron la victoria en los seis distritos electorales en que se dividía la ciudad, y la diferencia de votos que recibió el ganador de cada distrito con respecto al segundo lugar fue enorme ―con excepción del segundo distrito electoral, donde la competencia fue más cerrada. Por lo tanto, podemos suponer que los electores de cada distrito votaron en bloque, es decir, que existió un acuerdo previo sobre por quién votar. Creemos que los clubes políticos tuvieron un papel fundamental a la hora de organizar a los electores para votar por sus respectivos candidatos.503

Cuadro 2.

Resultados de las elecciones presidenciales
en la Ciudad de México. 1880

Distritos electorales de la ciudad de México

Electores que votaron por Manuel González

Electores que votaron por Manuel González

%

Electores que votaron por Justo Benítez

Electores que votaron por Justo Benítez

%

Total de electores que participaron en cada distrito

Primero

1

2%

45

98%

46

Segundo

16

31%

36

69%

52

Tercero

65

94%

1

1%

69*

Cuarto

9

18%

41

82%

50

Quinto

49

93%

4

7%

53

Sexto

0

0%

110

99%

111**

Total

140

38%

237

62%

381

Fuente: Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 1880, vol. 1, pp. 236-241, reproducida en Ponce, La elección presidencial de Manuel González, 1878-1880 (Preludio de un presidencialismo), p. 261.

*En esta cifra se incluyeron los tres votos que recibió Ignacio Mejía.

** En esta cifra se incluyó el voto que recibió Ignacio Mejía.

Los clubes políticos fundaban y financiaban periódicos para promover a sus candidatos. El gonzalista pnc tuvo como portavoz a El Libre Sufragio¸ periódico de vida efímera, como el club mismo (véase cuadro 3). Su primer número apareció el 15 septiembre de 1879, el mismo día que Manuel González renunció a la Secretaría de Guerra para ver por su candidatura. Dejó de publicarse a mediados de agosto de 1880, apenas unas semanas después de las elecciones federales. Entre los redactores de ese periódico había figuras de la talla de los senadores Eduardo Garay, Pedro Díez Gutiérrez y Ramón Fernández, o diputados como Agustín y Guillermo Rivera y Río, entre otros. El benitista plc, por su parte, tuvo como vehículo de sus propuestas políticas a El Mensajero, cuya publicación inició en 1878 y dejó de imprimirse a fines de 1880. Todos los ejemplares correspondientes al año de 1879 están desaparecidos, aunque gracias a las discusiones que mantuvo constantemente con El Libre Sufragio en los últimos meses de ese año, tenemos algunos indicios de la línea editorial que siguió —desde entonces apoyaba a Justo Benítez.

El Mensajero también gozaba del apoyo de representantes federales, pues entre sus redactores estaban los diputados Adolfo M. de Obregón y Felipe Buenrostro, autoridades políticas como el regidor Pablo Lascuráin, o incluso personalidades que formaban parte del gabinete presidencial de Porfirio Díaz, como el secretario de Gobernación Eduardo Pankhurst. Por último, el Club Sufragio Libre y Constitución, que promovió la candidatura de García de la Cadena, se organizó gracias a la iniciativa de los redactores del periódico La Patria, cuyas redes personales y políticas posibilitaron la formación del club. La Patria tuvo una duración mayor que los primeros dos impresos. Fundado y editado en un primer momento por Ireneo Paz, en 1877, continuó sus actividades hasta entrado el siglo xx. En este sentido, no se trató de un periódico electoral, o sea, que su existencia no estuvo íntimamente ligada a los comicios, si bien en distintos momentos se comprometió con alguna candidatura: en 1880 lo hizo con la de García de la Cadena. Entre los redactores de La Patria se encontraban periodistas como Manuel Caballero o Manuel Rivera Cambas.

Cuadro 3.

Periódicos portavoces de los clubes políticos instalados
en la ciudad de México. Elección federal de 1880

Candidato a la presidencia de la república

Clubes políticos que apoyaron su candidatura

Periódicos portavoces de los clubes políticos

Manuel González

Partido Nacional Constitucionalista

El Libre Sufragio

Justo Benítez

Partido Liberal Constitucionalista

El Mensajero

Trinidad García de la Cadena

Club Sufragio Libre y Constitución

Club Central Independiente y sucursales

La Patria

El Combate

Fuente: Elaboración propia

Los tres clubes mencionados propusieron programas políticos que después fueron enviados a sus respectivos candidatos para su aprobación. El candidato debía abrazar el proyecto político abanderado por el club e incluirlo entre las propuestas que llevaría a cabo si resultaba electo presidente.504 Hay que subrayar que ninguno de los aspirantes a la presidencia promocionó por sí mismo su candidatura, sino que esperaron que sus partidarios lo hicieran por ellos. Detrás del proceso de definición de las candidaturas existía una regla no escrita que hacía necesario que los aspirantes a los cargos de elección popular ―en este caso, a la presidencia de la República― esperaran el llamado de sectores organizados de sociedad para participar en la contienda; era mal visto candidatearse a sí mismo.

El gonzalista pnc hizo público su programa desde el primer número de El Libre Sufragio. En él se pronunció “por la definitiva consolidación de la deuda pública”, así como por “la protección a las empresas ferrocarrileras nacionales”.505 En materia de política económica El Libre Sufragio hizo hincapié en la agilización del comercio nacional. Una de sus propuestas en este sentido fue la de revisar y mejorar la manera en que se aplicaba el derecho de portazgo.506 Para los gonzalistas, muchos de los problemas comerciales de México se debían a la existencia de un marco legislativo heterogéneo. De ahí que proclamara la urgente necesidad de asentar “las bases generales de la legislación mercantil, que deben regir en todo el país”.507 Estas bases se asentarían definitivamente en el Código de Comercio de 1884, el cual entró en vigor el año siguiente.

El Club Sufragio Libre y Constitución publicó su programa político un mes después que el gonzalista pnc, a través de El Combate, que también apoyaba la candidatura de García de la Cadena. El Club Sufragio Libre se pronunció a favor del reconocimiento de la deuda pública y sugirió suprimir las trabas al comercio interior. Asimismo, ahondó en la necesidad de establecer las bases de la legislación mercantil; en estos puntos coincidía con la propaganda gonzalista.508 Pero, a diferencia de los clubes rivales, propuso transformaciones políticas importantes, como la adopción de un sistema de gabinetes parlamentarios, es decir, que los secretarios de Estado respondieran de sus actos directamente al congreso, “a fin de que los ministros sean efectivamente responsables, dejen de ser consejeros personales del presidente y se conviertan en verdaderos elementos políticos, apoyados en la opinión pública para armonizar la marcha del gobierno con los deseos de la nación”.509 De igual modo, manifestó la necesidad de estimular la inmigración de “extranjeros laboriosos y la afluencia de sus capitales a las empresas del país”, y de impulsar la construcción de ferrocarriles en el territorio nacional, especialmente de un ferrocarril interoceánico.510 Otra medida que propuso fue “armonizar la instrucción militar con el establecimiento de la Guardia Nacional”, lo que implicaba reducir el ejército que dependía del gobierno federal para dar entrada a otros cuerpos armados, como la Guardia Nacional, que eran contingentes compuestos por ciudadanos y cuyo mando recaía en los gobernadores.511 Este punto manifestaba la resistencia de los partidarios de García de la Cadena a la centralización del poder.512

El benitista plc publicó su programa político hasta abril de 1880.513 A diferencia de los otros dos clubes, sus pronunciamientos fueron muy ambiguos. Esto se debe a que, en opinión de los redactores del programa, ya había pasado “la época de la lucha y de la dolorosa crisis que aseguró para siempre en México la conquista de ciertos principios”; creían que “el único programa político que en nuestro estado social es posible, debe concretarse a negaciones”, aunque al final aseguraba que los miembros de su organización no desconocían la necesidad de “colonizar nuestro despoblado territorio ni la de hacer puentes, carreteras, ferrocarriles y telégrafos; ni la de fomentar el comercio, la agricultura y la minería”.514 En el resto de su programa se destacaron las cualidades que, en opinión de los redactores, hacían de Justo Benítez un excelente candidato.515

En resumen, los tres clubes hicieron propuestas generales y, en muchos casos, tuvieron puntos de vista similares sobre los problemas que aquejaban al país, y sobre cómo solucionarlos. Buena parte de esa similitud encuentra su explicación en el hecho de que compartían el ideario liberal, y que habían formado parte del mismo movimiento político de los últimos años. Sin embargo, el programa abanderado por García de la Cadena sí tenía diferencias importantes respecto al de González: era de corte anti centralista. De ahí sus propuestas de reducir al ejército, reforzar la Guardia Nacional, e implementar un sistema de gabinetes parlamentarios ―que significaría la intervención del congreso, es decir, la injerencia de los estados― en las acciones del poder ejecutivo. Ante esto habría que preguntarse ¿cuál fue el peso verdadero que la propuesta política de cada club tuvo para orientar el sentido del voto de los ciudadanos de la ciudad de México? Es probable que sus programas por sí mismos no hayan ejercido un papel decisivo en la preferencia de los electores de votar por uno u otro candidato. Sin embargo, eso no significa que los clubes carecieran de diferencias y no existieran motivos para la contienda. La mayor parte del debate se centró, precisamente, en las figuras de los candidatos presidenciales, pero no pretendemos profundizar en ese punto; es algo que rebasaría los límites propuestos para esta investigación. Sin embargo, a partir del conocimiento que tenemos de la prensa de ese año, es importante mencionar que no sólo los periódicos de los clubes estudiados se entregaron a la discusión de asuntos electorales. Prácticamente toda la prensa participó de esa discusión, tomando partido por uno u otro candidato —o por ninguno. Con un partido liberal dividido, el debate público sirvió para formar y delimitar las identidades de los diferentes grupos políticos en contienda —por retomar la fórmula que María Eugenia Vázquez Semadeni usó para la estudiar a las logias masónicas de la primera mitad del siglo xix.516A través de la prensa, las diversas fuerzas políticas de la capital generaron estereotipos y formularon ideas generalizadas acerca de los candidatos presidenciales y sus seguidores, ya fuera para homogeneizar la opinión de sus propios círculos, o para distinguirla de la de los otros.

La movilización electoral

La discusión pública que tenía lugar en la prensa pudo haber jugado un papel importante a la hora de persuadir a los ciudadanos de inclinarse por determinadas candidaturas. En ese sentido, la prensa fungió como agente movilizador, aunque su actividad estuviera dirigida a grupos sociales con acceso a ella, que no necesariamente eran los más numerosos. Ahora bien, no fue la única vía con la que los candidatos presidenciales y sus operadores políticos en la ciudad de México buscaron movilizar el voto de los ciudadanos. Los clubes también hicieron uso de otros mecanismos, como reuniones públicas, banquetes y marchas.

El 8 de noviembre de 1879, cuando se instaló de manera oficial el Club Sufragio Libre y Constitución en el Teatro Principal de la ciudad de México ocurrió un escándalo que resonó durante días en la prensa de la capital. A las 7 de la noche de ese día, grandes contingentes de personas se habían reunido en el vestíbulo del teatro. Según corresponsales de La Patria, desde ese momento era notoria la presencia de oficiales de depósito y de guarnición, “que no tuvieron siquiera el cuidado de ocultar sus atavíos militares”, y que, por lo mismo, ahuyentaban a “muchos hombres pacíficos pertenecientes a las clases obreras”.517 A las 7:30 el Teatro Principal abrió sus puertas para dar inicio a la primera sesión pública del Club Sufragio Libre y Constitución, la cual tenía como objetivo discutir varios asuntos relacionados con la elección, incluyendo la selección de un candidato presidencial. Entonces se precipitaron “como una avalancha” los mencionados oficiales de depósito y guarnición “acaudillados por diez o doce de los diputados que pertenecen al círculo gonzalista”. Éstos ocuparon el foro del teatro, que era el lugar reservado a la mesa directiva, compuesta en ese momento por Ireneo Paz, Manuel Rivera Cambas, Manuel Caballero, Joaquín Calero, Guillermo Garay, Delgado y Camacho, y Manuel Gallegos. El presidente de la mesa, Ireneo Paz, pidió a los gonzalistas serenarse y permitir que prosiguiera la sesión como se tenía previsto. Los gonzalistas aceptaron y ocuparon sus asientos “entre los aplausos de más de 2 mil ciudadanos que se encontraban allí reunidos”. La sesión del club continuó alternando discursos de los miembros de la mesa directiva con piezas de música tocadas por una orquesta.

Posteriormente, justo en el momento en que Ireneo Paz concedía la palabra a uno de sus oradores, el diputado gonzalista Saturnino Ayón se presentó en el foro exigiendo que se le autorizara dirigir unas palabras a la concurrencia. Los integrantes de la mesa pidieron al diputado que esperara a que concluyera el programa del club. Pero ante la negativa de este último a retirarse, Ireneo Paz no tuvo más remedio que hacer caso de su petición. El señor Ayón emprendió entonces un discurso “casi chocarrero”, en el que exhortó a que se designara una nueva mesa directiva. Los ánimos de todos los concurrentes se encresparon. Según el periódico El Combate, los gonzalistas comenzaron a proponer como miembros de la mesa a integrantes de su círculo político, como al general Pedro Hinojosa. Estas propuestas fueron rechazadas por el “pueblo independiente”, que respondió gritando “¡afuera militares! ¡afuera gonzalistas!”.518 La concurrencia se salió de control; la orquesta fue silenciada; los partidarios de Manuel González comenzaron a hablar sin esperar a que se les concediera la palabra; las exhortaciones de Ireneo Paz para retomar la calma fueron ignoradas. Debido al desorden que se estaba presentando en el Teatro Principal, el presidente de la mesa dio por terminada la sesión, no sin antes mencionar que las reuniones públicas del Club Sufragio Libre continuarían “para que pudieran ser espuestas [sic] y discutidas todas las opiniones, todos los programas y todos los candidatos”.519 Acto seguido, los integrantes de la mesa se retiraron del Teatro Principal, y los partidarios de Manuel González invitaron a la concurrencia a salir a la calle. Allí tuvo lugar el clímax del acontecimiento, pues un grupo de supuestos partidarios de González lanzó mueras a Porfirio Díaz.520 Ese episodio escandalizó a la prensa capitalina e, incluso, periódicos como La Patria llegaron a suponer que ese hecho había orillado a Manuel González a renunciar a la Secretaría de Guerra.521

El escándalo que supuso la interrupción de la sesión del Club Sufragio Libre y Constitución fue motivo de discusión en la prensa por varias semanas y ocasionó que la dirigencia de la asociación suspendiera sus sesiones públicas. Independientemente de lo que haya ocurrido en realidad, esos sucesos permiten conocer cómo eran percibidos los clubes por la sociedad de la época y, también, qué se esperaba de ellos. Al parecer, el Club Sufragio Libre aspiró a ser visto como como un espacio de participación política en que los ciudadanos comunes y corrientes pudieran tener cabida en decisiones tan importantes como la selección de un candidato presidencial. En el contexto de la elección de 1880, el mencionado club se planeó como una alternativa “independiente” a una candidatura que se suponía previamente arreglada por elementos oficiales. Sin embargo, el gonzalista pnc puso en duda la legitimidad de la mesa directiva del Club Sufragio Libre, pues argumentó que dicha junta “traía su investidura de reuniones anteriores celebradas secretamente y con el concurso de limitadísimo número de individuos”, y que lo único que necesitaba para constituirse plenamente era la “aparente sanción del pueblo”, misma que trató de obtener el día de su instalación.522

Por otro lado, no era común que los clubes se instalaran en lugares públicos, es decir, a los que pudieran acudir todo tipo de personas; al menos no parecen haberlo sido en la elección presidencial de1880. Las actas de instalación que de distintos clubes políticos fueron reproducidas en El Libre Sufragio, El Mensajero y La Patria dan cuenta de muy pocos casos en que esto ocurrió. La mayoría de los clubes se instalaban en locales privados y las sesiones de sus mesas directivas se desarrollaban en ellos. De ahí que la formación del Club Sufragio Libre y Constitución en el Teatro Principal haya sido un evento llamativo para muchos sectores de la sociedad, tanto para los promotores políticos de García de la Cadena como para sus detractores. Lo anterior también ayuda a explicar por qué el gonzalista pnc trató de restar legitimidad al Club Sufragio Libre al asegurar que quienes ocupaban la mesa directiva habían acordado sus cargos de antemano, sin la aprobación del pueblo; lo mismo sucedía con la candidatura presidencial de García de la Cadena, que tampoco habría sido consensuada con los ciudadanos, pues la mesa directiva ya había decidido apoyarla desde tiempo atrás. Como haya sido, la sola idea de instalar un club político en el Teatro Principal ―un lugar privilegiado en cuanto se encontraba entre la Alameda Central y el Zócalo de la ciudad―, y discutir allí asuntos tan importantes como la definición de una candidatura presidencial ―aunque la dirigencia del club ya tuviera inclinación por alguna―, era un verdadero ejercicio de agitación electoral.

El Club Sufragio Libre y Constitución se encargó de realizar otras actividades de proselitismo electoral. El 15 de diciembre de 1879, el mencionado club organizó una marcha en la ciudad de México en favor de Trinidad García de la Cadena. Apenas unos días antes, en una sesión privada, los miembros del club habían discutido y aprobado su programa político.523 Acto seguido, habían enviado una copia de ese programa al general Trinidad García de la Cadena para saber si lo aceptaba y, de ser así, proclamarlo candidato a la presidencia de la República. Unos días después, en un breve mensaje telegráfico, García de la Cadena mostró su conformidad con el programa propuesto por el Club Sufragio Libre. A partir de ese momento el club abanderó al general zacatecano como su candidato presidencial. El asunto no era menor, por lo que la mesa directiva optó por invitar a los miembros del club y a las “demás sociedades [de la] capital [representadas] por comisiones” a emprender una marcha para difundir la candidatura de García de la Cadena.524

La cita para la manifestación fue el domingo 15 de diciembre en la Alameda. Ese día, prácticamente desde las 9 de la mañana, “comenzaron a llegar algunos grupos de ciudadanos […] llevando sus estandartes e insignias”.525 A las 10 inició la procesión cívica acompañada por música. En ella se leyeron discursos y también el programa político del Club Sufragio Libre, así como la aceptación que de él hizo García de la Cadena. La respuesta del general fue recibida con

grandes exclamaciones y aplausos que fueron contestadas con dianas y toda clase de demostraciones entusiastas […] Por más de media hora no se oyeron más que estos gritos repetidos por los mil y tantos ciudadanos que se encontraban reunidos.526

Después, la procesión se dirigió hacia la calzada de la Reforma, donde saludó a los miembros del Gran Círculo de Obreros que celebraban la instalación de su congreso. Los cadenistas continuaron caminado por las calles de San Francisco y Plateros hasta llegar a la Plaza Principal, donde de nueva cuenta se encontraron con los obreros, quienes también realizaban una marcha. Al finalizar la procesión, algunos miembros del Club Sufragio Libre y Constitución, junto con los integrantes de su mesa directiva, acudieron a un banquete organizado por el Gran Círculo de Obreros en el Teatro Morelos. En ese lugar, integrantes de ambas asociaciones hicieron brindis; en uno de ellos, Manuel Rivera Cambas habló sobre los servicios que García de la Cadena había prestado a la clase obrera.527

Es de destacar que la mencionada procesión se realizó de manera paralela a la de los obreros. El encuentro entre las dos concurrencias pudo haber sido interpretado por los lectores de La Patria como la unión entre dos organizaciones en favor de una misma candidatura. Quizás esa era la intención. El hecho de que la marcha cadenista se realizara el mismo día que se instaló el Congreso Obrero no fue una coincidencia; muy probablemente sus operadores políticos de la capital trataron de movilizar el voto de sectores específicos, como los obreros de la Ciudad de México. De haber sido así, sus partidarios se mostraron incapaces de alínear el voto obrero capitalino, al contrario de lo ocurrido en Zacatecas, donde el Gran Círculo de Obreros de ese estado sí apoyó a García de la Cadena.528 Justo Benítez fue el candidato que acabó recibiendo el apoyo de las organizaciones obreras más importantes del Distrito Federal.529

Ahora bien, las razones que estaban detrás de la confluencia de ambas manifestaciones fueron materia de debate. Para los redactores de El Libre Sufragio, el hecho de que las marchas organizadas por el Club Sufragio Libre y el Gran Círculo de Obreros hubieran coincidido se debía a la terquedad de los cadenistas, que no conformes con un primer “desaire” del congreso obrero, habían intentado reunirse con ellos nuevamente “lográndolo o no […] porque no nos constan los hechos”.530 De igual modo, el banquete organizado por el Gran Círculo ―al que habían acudido algunos de los integrantes del Club Sufragio Libre―, no tenía otro fin que el de “excitar a sus compañeros a trabajar, a auxiliarse mutuamente y a no mezclarse en política”, pero los partidarios de García de la Cadena tenían otra objetivo; trataron de convertirlo en un “verdadero club político”, sin lograr buenos resultados.531

Independientemente de lo exitosa y concurrida que hubiera sido la manifestación organizada en apoyo a García de la Cadena, no podemos ignorar que constituyó un ejercicio de movilización del voto, uno de los muchos que se organizaron ese año. Por medio de esa marcha —y de su difusión a través de la prensa—, los partidarios del general zacatecano trataron de hacer visible a su candidato en la capital y de allegarse simpatizantes. Además, la procesión se desarrolló en las principales calles del centro de la ciudad de México, en un afán por promocionar dicha candidatura entre el mayor número de personas posibles.

Otra de las maneras con que los clubes políticos movilizaron el voto en la ciudad de México incluyeron a las sociedades mutualistas. Este tipo de asociaciones también desempeñaron un papel importante como agentes movilizadores, al menos en la elección que nos ocupa. Por un lado, sabemos que el Gran Círculo de Obreros de la capital apoyó a Justo Benítez y, por el otro, tenemos información que apunta a que los gonzalistas también aprovecharon los lazos sociales que se formaban en estas sociedades para orientar el sentido del sufragio de los ciudadanos. El Círculo Popular Militar, derivado del gonzalista pnc, se organizó en diciembre de 1879 con el objetivo de salvaguardar los derechos de la corporación militar, y de convertirse en un medio de socorro para sus miembros, pero también de tender lazos con otros grupos sociales, como los obreros.532

Aunque inicialmente el Círculo Popular Militar surgió como una organización aparentemente ajena a las elecciones ―sus tareas se centraban en brindar auxilios económicos a sus miembros, y en vincularse con sectores populares―, no pudo evitar tomar partido una vez avanzada la contienda electoral. De tal manera que el 26 de abril de 1880, los socios del Círculo Popular Militar decidieron apoyar la candidatura presidencial de Manuel González,533 y en los meses siguientes se fundaron dos sucursales de esa asociación en la ciudad de México: el Club Manuel González y el Club Benito Juárez.534 El primero se instaló el 25 de mayo de 1880 y el segundo el 8 de junio del mismo año, fechas en las que la contienda electoral ya estaba muy avanzada. Si bien no contamos con información suficiente que nos permita conocer con profundidad el tipo de dinámicas que las mencionadas asociaciones llevaron a cabo a escasas semanas de las elecciones primarias, podemos apuntar algunas tendencias en ese sentido. En el caso de sociedades mutualistas como el Círculo Popular Militar, podemos afirmar que convertirse en miembro conllevaba comprometerse con algunas de las políticas de la asociación; probablemente entre ellas estaba el de votar por el candidato que la organización abanderaba.

Por otro lado, al momento de la celebración de los comicios, los integrantes del Club Manuel González votaron en bloque en determinadas casillas electorales. Esto lo sabemos gracias a dos denuncias que algunos miembros del propio club hicieron el día en que se llevó a cabo la elección primaria. En una de ellas se acusó que la casilla instalada en la calle de la Polilla, número 2, había estado funcionando desde las seis de la mañana, cuando la ley electoral prevenía que las casillas debían instalarse a las nueve.535 La otra denuncia trataba sobre un problema muy similar al anterior, pero acaecido en otra parte de la ciudad. Según los firmantes de la acusación ―todos miembros del Club Manuel González―, esa mañana habían acudido a la sección electoral número 63 para instalar la casilla correspondiente e iniciar la jornada electoral, pero se encontraron con que la susodicha ya había sido formada por gendarmes disfrazados de “paisanos” antes de la hora legalmente reconocida y “a puerta cerrada”.536

Desconocemos si las denuncias anteriores trascendieron al ámbito judicial o permanecieron sólo en el terreno periodístico, junto con muchas otras que surgieron ese año por motivos electorales. Sin embargo, puede ayudarnos a conocer mejor la ruta que siguieron los clubes políticos de la ciudad de México en el año de 1880. El voto en bloque durante la elección primaria pudo haber jugado un papel muy importante para asegurar la posición de un elector en particular y, con ello, la posibilidad de que los clubes sacaran adelante a su candidato en las juntas electorales de distrito. Por otra parte, es significativo que la otra denuncia presentada por los miembros de Club Manuel González hubiera hecho explícita la intención no sólo de acudir a una casilla, sino también de instalarla ¿acaso el hecho de que el ayuntamiento asignara como casillero —o empadronador— al afiliado de un club en específico permitiría a este último tener un mayor control sobre los votos y las urnas? De ser así ¿de qué manera? Volveremos a estas interrogantes más adelante.537

A diferencia de las organizaciones político-electorales que apoyaron a Manuel González y a Trinidad García de la Cadena, no tenemos evidencia que el benitista pnc hubiera llevado a cabo acciones de proselitismo electoral en lugares públicos, como lo eran los teatros, parques, o en las mismas calles de la ciudad. Su periódico portavoz, El Mensajero, prácticamente no dio cuenta de acciones de este tipo. Sin embargo, no sería descabellado pensar que hubieran organizado eventos a modo de los otros clubes políticos. Aunque, al parecer, las estrategias y acciones por medio de las cuales los benitistas movilizaron el voto en la capital siguieron una ruta diferente. Esta ruta estuvo definida por la capacidad del club en cuestión de contar con afiliados que actuaran a nivel de las secciones electorales.

Hasta donde es posible constatar con la información disponible, sabemos que nueve miembros del benitista plc se desempeñaron como empadronadores o casilleros en la elección presidencial de 1880 (ver anexo 1). Si bien este fenómeno no fue exclusivo de la asociación mencionada —pues algunos integrantes de los clubes gonzalistas de la capital también se desempeñaron como funcionarios de padrón y de casilla—, es significativo que hubiera tenido el mayor número de miembros encargados de empadronar a los ciudadanos de distintas secciones electorales, así como de instalar las casillas de votación en los lugares asignados por las autoridades municipales. A esto hay que sumar que de los cuatro empadronadores y tres casilleros que tenemos registrados, todos ejercieron sus funciones en distritos electorales en los que Justo Benítez obtuvo el mayor número de votos en las juntas distritales, lo que podría hablar de su importancia como agentes movilizadores. De hecho, algunos periódicos capitalinos llegaron a mencionar que Justo Benítez se había beneficiado del apoyo del ayuntamiento de la ciudad de México, pues éste último había procurado designar como funcionarios de padrón y de casilla a quienes favorecían su candidatura.538

Para el caso gonzalista, con excepción de Manuel García, todos los demás empadronadores y casilleros llevaron a cabo sus actividades en distritos en los que Manuel González obtuvo la victoria en la fase secundaria de la elección. A diferencia de los casos anteriores, ningún miembro de los clubes cadenistas se desempeñó como funcionario de padrón o casilla. Por lo tanto, para los clubes políticos que se instalaron en la ciudad de México en 1880 contar con miembros que ejercieran de empadronadores y casilleros pudo haber significado una mayor injerencia en el voto ciudadano en demarcaciones territoriales más reducidas, como lo eran las secciones electorales; por medio de la exclusión de los padrones de ciudadanos que no favorecían al candidato que abanderaban —y la inclusión de los que sí lo apoyaban—, o por medio de campañas de convencimiento durante el empadronamiento, los clubes políticos pudieron haber influido en las preferencias electorales de los habitantes de los distintos barrios que componían la ciudad de México. O quizás, el solo hecho de ser empadronador o casillero los hacía más susceptibles de convertirse en electores. De todas formas, las ideas anteriores constituyen apenas una hipótesis, pues no tememos evidencia suficiente que nos permita comprobarla con certeza.

Hasta ahora nos hemos enfocado en dar cuenta de las actividades de los clubes políticos en la fase primaria de la elección. Sin embargo, estas organizaciones también desempeñaron una importante función en la fase secundaria, en la que sirvieron como punto de anclaje entre los ciudadanos y los electores. En este sentido, podemos valorar el éxito que tuvieron los clubes políticos como movilizadores del voto con base en el número de miembros que se desempeñaron como electores. Paradójicamente, el club que contó con el mayor número de asociados en las juntas distritales fue el mismo cuyas estrategias electorales más desconocemos: el benitista plc. Hasta donde es posible saber con la información disponible, esta asociación logró catapultar a nueve de sus integrantes como electores (ver anexo 2). Después de ese partido, los clubes que más integrantes proyectaron a las juntas electorales de distrito fueron, por orden de procedencia, el Círculo Popular Militar (siete), el Club Benito Juárez (tres), el Club Mártires de la Ciudadela (dos), el Club Manuel González (uno), el gonzalista pnc (uno), y el Club Sufragio Libre y Constitución (ninguno). Es decir, se proyectaron 23 electores. Ahora bien, si tomamos en cuenta la filiación partidista de las asociaciones mencionadas, las que abanderaron la candidatura de Manuel González obtuvieron más escaños en los colegios electorales, con un total de 14. Aunque las cifras obtenidas representan una muestra muy pequeña en relación con el total de electores que participaron en la elección (participaron 381 electores), hay que tomar en cuenta que las fuentes a las que tuvimos acceso probablemente no mencionaron a muchos otros integrantes de los clubes que pudieron haber participado en las juntas distritales.

Consideraciones finales

En la ciudad de México se instalaron ocho asociaciones político-electorales para sostener la candidatura de tres aspirantes a la presidencia, y todas trataron, con menor o mayor éxito, de allegarse los votos de los capitalinos. Para ello recurrieron a cuatro modos de movilización electoral: la protagonizada por la prensa y otros impresos; por medio de las demostraciones públicas de apoyo a los candidatos que abanderaban; con la formación de sociedades mutualistas u otras organizaciones que posibilitaban tejer —y afianzar— redes sociales entre los aspirantes a la presidencia y sus bases electorales; por último, gracias al aprovechamiento de funcionarios designados por las autoridades municipales para empadronar a los ciudadanos e instalar las casillas electorales.

Sobre el primer punto, la prensa fue el medio de movilización más recurrido por los tres clubes políticos estudiados, ya que fungió como su portavoz, es decir, como el vehículo a través del cual se difundían sus propuestas, sus proyectos de nación, así como los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República.

El Sufragio Libre y Constitución fue la organización que dedicó más esfuerzos para promover la candidatura de su abanderado presidencial en el espacio público de la ciudad, en los teatros y en las calles. Aunque los resultados electorales en la ciudad de México no favorecieron al general zacatecano, los esfuerzos de sus partidarios no dejan de ser significativos. En este sentido, una de las razones por las cuales la candidatura de García de la Cadena no tuvo arrastre en la capital se debió, probablemente, a su incapacidad de aglutinar cuadros políticos importantes que la apoyaran. Si bien en las filas del Club Sufragio Libre hubo figuras de prestigio como Ireneo Paz, los clubes gonzalistas y benitistas contaron con la participación de representantes del Congreso de la Unión, autoridades políticas de nivel federal e, incluso, miembros del ayuntamiento capitalino, lo que seguramente les dio acceso a clientelas y a redes políticas más amplias y, con ello, a un mayor margen para negociar votos con las distintas fuerzas sociales de la capital. La ausencia de una base política importante para sostener a su candidato también podría explicar los esfuerzos desplegados por el club cadenista en otros ámbitos, por ejemplo, en el espacio público; las otras asociaciones político-electorales estudiadas parecen haber actuado en esferas menos llamativas y difíciles de ver en las fuentes.

El uso del espacio público como medio de agitación electoral no siempre resultaba suficiente. En ocasiones también era necesaria la planeación de estrategias más precisas y sistemáticas, que pudieran desarrollarse a escalas más reducidas. Al parecer, esto lo hicieron en mayor medida los clubes políticos que apoyaron las candidaturas de Manuel González y Justo Benítez: el voto en bloque y el aparente uso de los cargos de empadronador y casillero como reguladores del sufragio a nivel de las secciones electorales constituyen otras dos formas de movilización, quizás menos visibles pero no por ello menos efectivas. De igual modo, los clubes que apoyaron tanto a González como a Benítez forjaron lazos con sociedades mutualistas como el Círculo Popular Militar o el Gran Círculo de Obreros de México, lo que da muestra del aprovechamiento de redes sociales ya establecidas para cumplir objetivos electorales.

Con base en lo anterior, es pertinente regresar a la pregunta inicial ¿qué papel cumplieron los clubes políticos en los procesos de agitación y movilización del voto desplegados en la ciudad de México en el marco de la elección presidencial de 1880? Podemos concluir que los clubes políticos desempeñaron un papel significativo en las labores de organización y movilización del voto, así como en la dirección que la elección tomó en la capital. A través de estas asociaciones se organizó a una parte de las fuerzas políticas de la ciudad de México con miras a asegurar los votos en las juntas electorales de distrito. Hasta donde sabemos, 23 electores fueron miembros de alguna de los clubes políticos estudiados, lo que da cuenta de su importancia como espacios de sociabilidad política. De este modo, la influencia de los clubes se proyectó en ambos niveles de la elección: la primaria, en la que votaron los ciudadanos, y la secundaria, en la que sufragaron los electores.

La investigación que aquí se presenta es apenas un primer avance del largo camino que nos espera en aras de comprender los procesos de organización y movilización del voto. En este sentido, creemos que el estudio de estos fenómenos abriría nuevas vetas de investigación para la historiografía política, en cuanto permitiría atender dimensiones en las que sectores populares, sociedad política, representantes y autoridades de gobierno se relacionaban e interactuaban entre sí. El estudio de estas organizaciones no es nuevo. Ya ha sido emprendido desde hace varios años por investigadores de diferentes nacionalidades para otros contextos; no así en México.

Anexo 1.

Relación entre los miembros de los clubes políticos de la ciudad de México y los funcionarios
de padrón y de casilla que participaron en la elección presidencial. 1880.

Partido Liberal Constitucionalista

(Justo Benítez)

Círculo Popular Militar

(Manuel González)

Club Benito Juárez

(Manuel González)

Club Manuel González

(Manuel González)

Alfaro, Jesús (Empadronador)

Díaz, José (empadronador)

Miranda, Juan (casillero)

Aragón, G. Manuel (empadronador)

Arellano, Juan R. (Empadronador)

García, Manuel (casillero)

Pérez, Pedro (empadronador)

Collantes, Pedro (Empadronador)

Ramírez, José (empadronador)

Gordillo, Francisco (Casillero)

Ibarzabal, Tomás (Casillero)

Jurado, Daniel (Empadronador)

Luna, Alberto (Casillero)

Pankhurst, Eduardo (Empadronador)

Rodríguez, Manuel (Empadronador)

Fuente: Elaboración propia. El Mensajero, 13 de abril de 1880, p. 1; El Libre Sufragio, 19 de diciembre de 1879, p. 1; 25 de mayo de 1880, p 1; 9 de junio de 1880, p. 2; 16 de junio de 1880, p. 2; y 1 de julio de1 1880, p. 1; El Combate, 11 de diciembre de 1879, p. 1; ahcdmx, Ayuntamiento, Gobierno del Distrito Federal, sección Elección de Poderes Federales, v. 875, exp. 51.

Anexo 2.

Miembros de los clubes políticos que se desempeñaron como electores, ciudad de México, 1880.

Partido Liberal Constitucionalista

(Justo Benítez)

Círculo Popular Militar

(Manuel González)

Club Benito Juárez

(Manuel González)

Club Mártires de la Ciudadela

(Manuel González)

Club Manuel González

(Manuel González)

Partido Nacional Constitucionalista

(Manuel González)

Buenrostro, Felipe

Armendáriz, T.

Díaz, Juan

Barrera, José

Aragón, Manuel

Fernández, Ramón

(senador)

Castellanos, J. N

Enciso, J. S.

Peña, José

Fernández, Ramón

(senador)

Collantes, Pedro

García, Manuel

Ramírez, José

Escobar Escoffié, Eugenio

(diputado)

Gutiérrez, José

García, Trinidad

Lopetigui, José M.

Haro, Juan de

Marroquí, José

Lara, José Diego

Rodríguez, Anteógenes

Macedo, Pablo

Obregón, Adolfo M. de

(Diputado)

Fuentes: Elaboración propia. El Municipio Libre, 18 de julio de 1880, pp. 1—2; El Mensajero, 13 de abril de 1880, p. 1; El Libre Sufragio, 19 de diciembre de 1879, p. 1; 25 de mayo de 1880, p 1; 9 de junio de 1880, p. 2; 16 de junio de 1880, p. 2; y 1 de julio de1 1880, p. 1; El Combate, 11 de diciembre de 1879, p. 1; ahcdmx, Ayuntamiento, Gobierno del Distrito Federal, sección Elección de Poderes Federales, vol. 875, exp. 51.

Fuentes consultadas

Archivos

ahcdmx ︱ Archivo Histórico de la Ciudad de México.

Hemerográficas

Diario de Debates de la Cámara de Diputados, ciudad de México.

El Combate, ciudad de México, 1879.

El Libre Sufragio, ciudad de México, 1879-1880.

El Mensajero, ciudad de México. 1879-1880.

La Gaceta Electoral, ciudad de México.

La Patria, ciudad de México, 1879-1880.

Bibliográficas

Aljovín de Losada, Cristóbal y Alex Loayza, “Entre la unidad y la pluralidad. Partido y facción en Iberoamérica, 1770-1870” en Javier Fernández Sebastián (dir.), Cristóbal Aljovín de Losada (ed.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano, vol. 7, Madrid, Universidad del País Vasco-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, pp. 15-40.

Ávila, Alfredo y Alicia Salmerón (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo xix, México, fce/Conaculta/unam-iih, 2012.

Cosío Villegas, Daniel, Historia Moderna de México, tomo ix, 3ª ed., México, Hermes, 1988.

Covo, Jacqueline, “Los clubes políticos en la Revolución de Ayutla”, Historia Mexicana, vol. 26, núm. 3 (103), enero-marzo de 1977, pp. 438-455.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, México, Tipografía Literaria de F. Mata, 1880, t. i.

Dublán, Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, México, Imprenta del Comercio, 1876, 42 tt.

Forment, Carlos A., Democracy in Latin America, 1760-1900, Chicago, The University of Chicago Press, 2003, vol. 1.

Gantús, Fausta, “La inconformidad subversiva: entre el pronunciamiento y el bandidaje. Un acercamiento a los movimientos rebeldes durante el tuxtepecanismo, 1876-1888”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, núm. 35, enero-junio, 2008, pp. 49-74.

Gutiérrez, Florencia, El mundo del trabajo y el poder político: integración, consenso y resistencia en la ciudad de México a fines del siglo xix, México, Colmex-ceh, 2011.

Hernández Chávez, Alicia, “Origen y ocaso del ejército porfiriano”, Historia Mexicana, vol. 39, núm. 1, julio-septiembre, 1989, pp. 257-296.

Perry, Laurens Ballard, Juárez y Díaz: continuidad y ruptura en la política mexicana, México, uam/era, 1996.

Ponce Alcocer, María Eugenia, La elección presidencial de Manuel González, 1878-1880 (Preludio de un presidencialismo), México, Universidad Iberoamericana-Departamento de Historia, 2000.

, “La carrera presidencial de 1880. Preludio del presidencialismo” en Georgette José (coord.), Candidatos, campañas y elecciones presidenciales en México. De la República Restaurada al México de la alternancia. 1867-2006, México, iis-unam, 2012, pp. 117-148.

Quintanar Zárate, Iliana, “Derechos de patente sobre giros mercantiles ¿una alternativa fiscal? (1836-1896)”, Congreso Latinoamericano de Historia Económica ii, Simposio: “La fiscalidad en América Latina: entre la progresividad y la regresión, entre los impuestos directos y los indirectos (siglos xviii-xx)”, 2012, pp. 1-24. [mecanoescrito] en línea: <http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/124_abstract.docx [Consulta: 10 de septiembre de 2018].

Sandoval García, Miguel Ángel, “La contienda presidencial de 1880 vista desde la ciudad de México. Un análisis municipal del nivel primario de las elecciones” en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Conacyt/Instituto Mora/tedf, 2016, t. ii, pp. 119-154.

Salmerón, Alicia, “Prensa periódica y organización del voto. El Club Político Morelos. 1892” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.) Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el siglo xix, México, Instituto Mora/Conacyt/ife, 2014, pp. 155-186.

Solano González, Jesús, “La Guardia Nacional”, Aída. Ópera Prima de Derecho Administrativo, núm. 12, julio-diciembre, 2012, pp. 207-240.

Tapia, Regina, “Competencia electoral honor y prensa. México en 1857” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Forma de hacer política en el siglo xix, México, Instituto Mora/Conacyt/ife, 2014, pp. 55-78.

Vázquez Semadeni, María Eugenia, La formación de una cultura política republicana. El debate público sobre la masonería. México, 1821-1830, México, unam/Colmich, 2010.

Villegas Revueltas, Silvestre, “Un acuerdo entre caciques: la elección presidencial de Manuel González (1880)”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, vol. 25, 2003, pp. 115-43.

500 años de México en sus documentos, en línea: <http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1876_169/Plan_de_Tuxtepec_lanzado_por_Porfirio_D_az_en_cont_1772.shtml>. [Consulta: 18 de marzo de 2018].

capítulo ix

De redes de clubes y un partido
político regional: el Gran Círculo
Unión y Progreso. Nuevo León,
1885-1892539

Alicia Salmerón

En enero de 1892, cuando la campaña electoral a nivel nacional apenas comenzaba a tomar forma, La Voz de Nuevo León ―periódico oficialista y desde 1890 vocero del neoleonés Gran Círculo Unión y Progreso― reportaba el inicio de trabajos electorales en el estado por acción de 48 clubes constituidos, uno en cada uno de los municipios de Nuevo León.540 Estos clubes electorales, los cuales conformaban el Gran Círculo, postulaban a Porfirio Díaz como su candidato para la presidencia de la República en los comicios que tendrían lugar en junio y julio de ese año. Existía entonces en el país una práctica extendida de crear clubes en coyunturas electorales para organizar las campañas y movilizar el voto los días de los comicios.541 En general, estos clubes desaparecían tras las elecciones. Sin embargo, desde finales de 1885, por impulso del general y abogado neoleonés Lázaro Garza Ayala, se había conformado en Nuevo León el Club Independiente en Monterrey y sus sucursales, que pronto sumaría esos 48 clubes políticos, bien articulados entre sí y que, si bien con algunos cambios en el camino, habrían de mantener una actividad electoral ininterrumpida hasta 1910.542

El Club Independiente construyó una red de clubes que dio forma a un auténtico partido político moderno, posiblemente el primero que haya tomado forma en la República mexicana. En 1885, el general Bernardo Reyes, recién nombrado gobernador provisional de Nuevo León, apoyaría el proyecto de asociación política impulsado por los garzayalistas y le daría continuidad en los años siguientes. La novedad de esta organización partidista regional ―moderna en razón de su estructura orgánica, actividad ininterrumpida, identidad y prácticas partidistas― y las posibilidades que abrió al estado para un juego político con un importante margen de autonomía frente al centro del país, constituyen el interés central del presente capítulo.543

Esta red de clubes se había constituido primero en torno al Club Independiente de Monterrey ―y de su periódico El Pueblo―; en 1888 se había consolidado como Gran Círculo Independiente de Nuevo León y, a partir de 1890, tras fuertes conflictos internos, se había transformado en el Gran Círculo Unión y Progreso ―que tendría como su periódico oficial a La Voz de Nuevo León.544

Municipios del estado de Nuevo León con clubes
sucursales del Gran Círculo Independiente

El Pueblo, 10 de noviembre de 1889.

El Club Independiente se había creado para participar en contiendas políticas y electorales locales y, a pesar de los reacomodos que tuvieron lugar a su interior en 1888 y en 1890, había funcionado sin disolverse realmente en ningún momento desde hacía seis años: había tomado parte en múltiples elecciones municipales y en la campaña presidencial en favor de Díaz en 1888, así como en las de Garza Ayala y Bernardo Reyes como candidatos a la gubernatura del estado, el primero en 1887 y el segundo 1889. En 1892, bajo el nombre de Gran Círculo Unión y Progreso, emprendía la campaña por la reelección de Porfirio Díaz.

En realidad, los trabajos electorales en favor de la permanencia de Díaz al frente del gobierno nacional habían arrancado prácticamente con la reforma constitucional que autorizaba la reelección ininterrumpida del presidente ―aprobada en diciembre de 1890―, de manera que, para principios de 1891, circulaban ya noticias de la formación de clubes porfiristas en diversas partes del país.545 Sin embargo, los trabajos de agitación electoral comenzaron a impulsarse de forma organizada a nivel nacional a partir de enero de 1892, desde la ciudad de México, cuando la Junta Central Porfirista tomó la forma de un comité electoral ―el Comité Central Porfirista― y éste creó, a su vez, una liga electoral: la Unión Liberal.546 El hecho de que desde 1885 existiera un club electoral por municipalidad en Nuevo León y una red que los enlazara desde Monterrey ―el Gran Círculo Independiente, inicialmente y, para 1892, el Gran Círculo Unión y Progreso― hablaba de una capacidad organizativa notable en el estado y traducía la acción decidida del neoleonés por participar en la organización del voto. En enero de 1892, esta red de clubes era puesta a disposición de la reelección de Díaz por el propio gobernador Bernardo Reyes.547

Nuevo León tenía entonces una población que no llegaba a los 300 000 habitantes.548 Estaba más densamente poblado que otros estados norteños como Coahuila, Chihuahua y Durango, pero su peso electoral real, aunque importante, resultaba menor junto al de otros como Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca o Veracruz, cada uno de los cuales prácticamente triplicaban su población.549 Con sus casi 300 000 habitantes, Nuevo León podría alcanzar alrededor de 600 electores en los comicios presidenciales en puerta, pero otros lo aventajarían con mucho: Jalisco, el que más, con sus cerca de 1 300 000 habitantes, podría tener más de 2 500 electores; Guanajuato podría alcanzar los 2 000 electores; el Estado de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz lograrían muy posiblemente entre 1 500 y 1 600 electores cada uno.550 Los comicios federales se llevaban a cabo entonces a partir de un sistema indirecto simple, de acuerdo con el cual los ciudadanos votaban por electores y estos, reunidos en juntas distritales, elegían a los titulares de los cargos públicos. Para ganar una elección presidencial era indispensable contar con la mitad más uno de los votos de los electores de todo el país. Los estados con más electores tenían, evidentemente, un mayor peso electoral. Los votos de Nuevo León eran importantes, sin duda, pero sólo en caso de gran polarización electoral ―lo que no sucedía en 1892― podrían ser decisivos para el resultado final de la elección. Sin embargo, y más allá del número de votos que pudiera aportar a la reelección de Porfirio Díaz, el estado de Nuevo León tenía un significativo peso político en el país. Lo tenía en razón de la pujanza económica de la que ya daba cuenta en ese tiempo ―convertido en una de las puntas de lanza de la revolución industrial en México―; también por las características de su mandatario y las tareas que le habían sido encomendadas en la región por el propio presidente de la República.

Efectivamente, el general Bernardo Reyes era un personaje carismático y hábil político cuya actuación como jefe de la tercera zona militar y gobernador de Nuevo León comenzaban a darle una proyección más allá de los límites del estado. Era gobernador electo desde 1889 ―lo había sido antes en calidad de provisional―, pero había llegado a Monterrey como jefe de la zona militar.551 En 1885 había sido nombrado por el presidente de la República jefe de la tercera zona militar ―ésta abarcaba los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En su intento por debilitar los caudillismos regionales, Porfirio Díaz había enviado a Bernardo Reyes al frente de esta zona militar para contener el poderío de Gerónimo Treviño y Francisco Naranjo, antiguos tuxtepecanos y aliados suyos, pero que retaban la autoridad del gobierno nacional. Reyes era la carta de Porfirio Díaz para “domesticar” el lejano y bravo noreste del país y parecía estar lográndolo.

Por otra parte, la zona militar número tres era la responsable de mantener la paz en la región nororiental del país, la cual hacía frontera con Estados Unidos. Esta era una zona que en 1892 se encontraba en situación muy difícil: debía hacer frente a la rebelión antiporfirista encabezada por Catarino Garza, quien se movía con soltura en ambos lados de la frontera. El general Reyes debía dirigir la campaña militar para someter el movimiento de Catarino Garza y hacerlo sin comprometer la relación con el país vecino. Conseguiría hacerlo, como había logrado someter otras rebeliones locales en años anteriores.552

La participación de las fuerzas políticas de Nuevo León y de los partidarios de Bernardo Reyes en la elección presidencial tenía entonces un significado mayor que el de los votos que pudieran emitir los 600 electores neoleoneses. La forma en que se movilizara a la ciudadanía para nombrar a sus electores y la participación de estos en las juntas distritales mostrarían lo que gobierno y sociedad política podían hacer en términos de fuerza político-electoral organizada. Su capacidad de acción concertada, más que el número de votos en sí, sería lo que el reyismo en Nuevo León podría mostrar. Ni el enfrentamiento armado con el movimiento de Catarino Garza, ni nada más, afectaría los trabajos electorales. Tal era el significado de un anuncio como el de La Voz de Nuevo León: en el estado existían 48 clubes electorales, uno en cada uno de sus municipios, los cuales conformaban el Gran Círculo Unión y Progreso, y llevarán a cabo la campaña en favor de la reelección de Porfirio Díaz en Nuevo León. Pero lo harían bajo sus propias condiciones, sin aceptar la imposición de nada ni de nadie. El partido reforzaba una autonomía política del estado de Nuevo León y Reyes no estaba dispuesto a cederla. La región, como tantos otros estados de la República, había mantenido a lo largo del siglo una importante autonomía y había manifestado su resistencia al centralismo en múltiples momentos; el celo del Gran Círculo Unión y Progreso formaba parte de esa lógica, sin significar de ninguna manera falta de lealtad al régimen de parte del general Reyes ni de las principales fuerzas políticas regionales.553

El conflicto entre los promotores
de la Unión Liberal y el Gran
Círculo Reyista de Nuevo León

La campaña en favor de la tercera reelección consecutiva de Díaz en Nuevo León parecía haberse iniciado antes de tiempo, al menos de los tiempos proyectados desde el centro del país. Los planes trazados desde la capital de la República para la elección de 1892 eran distintos a los puestos en prácticas en elecciones anteriores. La justificación de una tercera reelección consecutiva, y más en el contexto de crisis económica, sequías y manifestaciones de descontento popular como las que estaban teniendo lugar en el país ―incluida la rebelión de Catarino Garza en el noreste―,554 demandaba un ejercicio distinto: una campaña de agitación electoral que fuera más allá de las “proclamas que pudieran lanzarse por la prensa y por agrupaciones, sin previa uniformidad”.555

Se consideró entonces conveniente impulsar un movimiento unificador de la campaña que lanzara la candidatura de Díaz como una manifestación unánime “del sentir general de la nación”, lo que parecía realizable si la postulación era hecha por una convención electoral de carácter nacional, integrada por representantes de clubes creados a todo lo largo y ancho del país con el propósito específico de participar en un movimiento electoral de esa magnitud.556

De esta suerte, la reunión de una convención nacional que acordara el nombre del mejor candidato posible para ocupar la presidencia del país era la parte central de la estrategia de la campaña electoral de 1892. Porfirio Díaz estaba de acuerdo con ella, el Secretario de Gobernación, Manuel Romero Rubio, le dio impulso nacional y el Comité Central Porfirista creó una liga que organizaría los trabajos de coordinación en todo el país para hacerla posible. Nadie dudaba que el candidato de la Convención Nacional sería Porfirio Díaz, pero si su nombre debía ser postulado por la convención, parecía conveniente que los clubes que enviaran representantes a ella, por más porfiristas que fueran, pospusieran sus trabajos de agitación electoral hasta después de la postulación. De hecho, así lo pidió el propio Díaz en su correspondencia con diversos clubes.557 Los de Nuevo León no los aplazaron. Porfirio Díaz, Manuel Romero Rubio y Rosendo Pineda, que era el secretario del comité directivo de la Unión Liberal, le pidieron expresamente a Bernardo Reyes que el Gran Círculo Unión y Progreso pospusiera sus trabajos al menos un mes. Sus peticiones no fueron atendidas. A finales de enero de 1892, La Voz de Nuevo León publicaba las actas de múltiples clubes del Gran Círculo del estado que consignaban su acuerdo de postular la candidatura de Díaz a la presidencia y de iniciar los trabajos de movilización del voto en su favor.558

Reyes apuró el inicio de la campaña en Nuevo León a través de un partido político regional: el Gran Círculo Unión y Progreso. Se trataba de una asociación estructurada, con una mesa directiva, con 48 clubes políticos organizados a nivel municipal, un reglamento propio que normaba sus trabajos y una práctica ininterrumpida de varios años de postulación de candidatos propios a puestos de elección municipal y estatal.559 No estaba dispuesto a dejar que la organización fuera absorbida por proyectos fraguados desde el centro del país. Tras ese Gran Círculo había mucho trabajo y un proyecto mayor que la sola promoción de la candidatura de Díaz ―como también había un proyecto de mayor trascendencia tras la Unión Liberal que aspiraba a constituir un partido de gobierno de carácter nacional. Así presentaba Reyes el partido neoleonés al secretario de la Unión Liberal, ante quien justificaba su resistencia a participar en la Convención Nacional:

para constituir ese círculo, refundiendo en él todos los partidos políticos de esta localidad, he tenido que trabajar seis años, en los cuales he estado procurando por mil medios, su cohesión, dándole una amplia esfera en que ejecuten sus derechos los miembros de los clubes dentro de ellos mismos y cada club entre los demás que forman el gran círculo.560

En realidad, Reyes se había sumado a un proyecto iniciado por otro líder regional: Lázaro Garza Ayala en 1885, pero había acabado por dirigirlo él mismo. En ese sentido, Reyes y sus aliados en el estado habían dedicado varios años a darle forma al Gran Círculo Unión y Progreso para hacer de él un centro articulador de las diferentes grupos y facciones neoleoneses; habían construido así un frente a través del cual se articulaban intereses locales. El Círculo no incluyó nunca a todas las fuerzas políticas del lugar ―no a los seguidores de Treviño y de Naranjo, por ejemplo―, pero al menos hasta 1890 ―cuando Garza Ayala fue desplazado por el reyismo― funcionó efectivamente como un auténtico frente político-electoral bien organizado en el estado. Con el tiempo y la prolongación del mandato de Reyes al frente del gobierno de Nuevo León, su personalismo privó cada vez más sobre la organización en detrimento de la apertura que la había caracterizado inicialmente.

Los unionistas de la capital del país buscaban algo parecido a lo que Garza Ayala y luego Reyes habían hecho con el Club Independiente de Monterrey y sus sucursales, el Gran Círculo Independiente de Nuevo León y el Gran Círculo Unión y Progreso, sólo que a nivel nacional y, desde luego, bajo su dirección. La Unión Liberal tenía el propósito de llevar a cabo una convención nacional que postulara al candidato presidencial, pero a partir de esos trabajos buscaba iniciar la construcción de un partido político, con una estructura de carácter permanente, capaz de definir sus candidaturas y sacarlas adelante de la mano de programas de gobierno; buscaba dar forma orgánica a ese “gran movimiento liberal” identificado con la Reforma y los gobiernos republicanos que habían seguido al Segundo Imperio ―al que se daba el nombre de Gran Partido Liberal―, aglutinar en él a todos los “colores” de dicho partido en el país y crear así un espacio propio para organizar los trabajos electorales.561

Sin embargo, las elites políticas neoleonesas se les había adelantado a nivel local: en Nuevo León funcionaba un frente con características similares desde hacía seis años y sus forjadores se negaban a entregarlo a la Unión Liberal. Por eso el Círculo Unión y Progreso adelantó la campaña en favor de la candidatura de Díaz en el estado, sin esperar su proclamación por parte de la Convención Nacional promovida por los unionistas. Tenía que dejar claro que compartía el fin último, como el mismo Reyes decía, de apoyar la reelección, pero no los medios.562 Bernardo Reyes no podía aceptar que la Unión Liberal le dictara formas y tiempos, porque eso le hubiera significado perder su ascendiente sobre el Gran Círculo Unión y Progreso y, a este último, disminuir su autonomía en los trabajos electorales. Lo que la Unión Liberal le pedía era eso precisamente. En febrero de 1892, Rosendo Pineda, que era el secretario particular de Romero Rubio y también el del comité directivo de la Unión Liberal, le decía:

No creo que haya ninguna dificultad para los trabajos de la Unión Liberal, puesto que usted ya tiene bien organizado el elemento político del estado. La organización de que tiene Nuevo León es precisamente el medio más eficaz para asegurar el éxito de la Unión Liberal. Lo único que en mi concepto falta hacer es dar a las agrupaciones ya constituidas el carácter de la Unión Liberal para que quede todo perfecto.563

El gobernador Bernardo Reyes se opuso a que los clubes del Gran Círculo Unión y Progreso se incorporaran sin más a la Unión Liberal y quedaran bajo su dirección, como Pineda pretendía. Los directivos del Círculo neoleonés no habían sido invitados a participar en la dirección del proyecto unionista, sólo a sumar fuerzas y a integrar a sus clubes a una organización dirigida desde la capital del país. No aceptaron esas orientaciones. Esta circunstancia provocó fricciones con Manuel Romero Rubio y con la directiva de la Unión Liberal quienes asumieron su negativa como un desafío.

Frente a la resistencia del gobernador Bernardo Reyes y del Gran Círculo Unión y Progreso para sumar fuerzas sin más con la Unión Liberal, el centro ensayó una estrategia distinta: la contienda. Los unionistas, con Rosendo Pineda por delante, promovieron en Nuevo León un trabajo paralelo y en competencia con el del Gran Círculo reyista: enviaron delegados desde la capital del país para ir a establecer clubes en Nuevo León que formasen parte de la convención nacional.564 Sus aliados locales fueron, a no dudarlo, los enemigos políticos de Reyes: Gerónimo Treviño y Francisco Naranjo, los tuxtepecanos de antes, distanciados de Díaz y enemistados del todo con el gobernador.565 El resultado fue contraproducente: no sólo los delegados unionistas no lograron organizar nada en Nuevo León, sino que Reyes y el Gran Círculo Unión y Progreso se negaron en definitiva a enviar delegados a la Convención Nacional. Esto a pesar de que, de momento, recibieron fuertes presiones para hacerlo —del propio secretario particular del presidente de la República, Rafael Chousal.566 Finalmente Porfirio Díaz, quien en el fondo recelaba de una convención que apoyaba su reelección, pero que pretendía imponerle un programa de gobierno y que buscaba abrir nuevos espacios de negociación para definir candidaturas con distancia del presidente de la República, dio la razón al gobernador de Nuevo León y a su partido.567 A Porfirio Díaz le convino entonces la postura recelosa de Reyes y lo respaldó. Supo jugar sus cartas para debilitar el proyecto unionista de dotar de estructura más o menos autónoma al Gran Partido Liberal.

De esta manera, entre enero y abril de 1892, momento en que se instaló la Convención Nacional en la ciudad de México, se desarrolló una fuerte tensión entre Bernardo Reyes y sus apoyos neoleoneses con respecto a los unionistas respaldados por el Comité Central Porfirista y el Secretario de Gobernación.568 La disputa no era por el candidato. Estaba claro que todos caminaban en la misma dirección: la reelección de Díaz.569 Pero era común en la época que los clubes electorales compitieran por la movilización del voto, incluso si apoyaban al mismo candidato. Lo hacían porque las fuerzas o asociaciones locales que más votos lograran movilizar ganarían más electores y estarían en mejores condiciones de negociar posiciones políticas y beneficios.570 Sin embargo, la disputa aquí trascendía incluso ese nivel para poner en juego algo todavía más importante: el resguardo de la autonomía con respecto al centro de una red de clubes, de lo que era realmente un partido político estructurado y de carácter permanente ―el Gran Círculo Unión y Progreso de Nuevo León. En el estado existía un partido organizado, encabezado en la práctica por el gobernador Bernardo Reyes, y permitir su “fusión” en la Unión Liberal hubiera quitado al estado y al gobernador autonomía y posibilidades de negociación. Reyes se negó a rendirlo.

De hecho, y a pesar de la cercanía de los clubes del Gran Círculo con el gobernador, ellos mismos debían guardar su propia autonomía a nivel municipal, una distancia con respecto a Reyes y a la Junta Directiva del Círculo Unión y Progreso.571 Porque esa autonomía les era indispensable para negociar su representación en el Congreso local y en el Tribunal del estado ―los clubes más fuertes, que los había, como el de la propia ciudad de Monterrey, el de Linares, segunda ciudad del estado, o el del levantisco Lampazos, podían aspirar a impulsar incluso candidatos al Congreso de la Unión.572 Las elecciones para cargos de representación en el estado eran directas, de manera de que los votos que cada club pudiera movilizar en favor de los candidatos del Gran Círculo eran fundamentales. De hecho, el Gran Círculo Unión y Progreso organizaba él mismo convenciones estatales, a la manera de la propuesta por la Unión Liberal, para articular los intereses de los diferentes clubes políticos y marchar como partido.

El intento de los unionistas del centro del país de imponer organizadores de clubes nombrados desde la capital de la República resultó no sólo rechazada, sino a final de cuentas la excusa perfecta de Bernardo Reyes para que los clubes neoloneses no participaran en la Gran Convención del Partido Liberal de 1892. Reyes escribió a Romero Rubio, el Secretario de Gobernación de Díaz, diciéndole que la designación de esos delegados unionistas para Nuevo León, por ser personas afines a Treviño y Naranjo, le había hecho suponer una de dos cosas:

o los nombramientos se habían hecho inconscientemente y sin recordar el dato que yo había dado de que había aquí círculos políticos dispuestos a robustecer la Convención o que bien pudiera pretenderse dar injerencia nuevamente en la cosa pública al círculo que vine a neutralizar a este estado [el de Treviño y Naranjo]; y como de ser la primera era asunto de una rectificación de la cual habría resultado el hacer a un lado de un modo absoluto a los delegados nombrados, y como de ser lo segundo, para facilitar el asunto por mi parte, era preferible poner a disposición de dichos delegados los clubes existentes, en lo que con el trabajo de seis años he refundido todos los colores políticos de la localidad, porque poniéndolos a su disposición se evitaban divisiones, juzgué que de pronto, y puesto que lo principal estaba hecho, la proclamación de la candidatura, convenía aplazar las cosas con objeto de hacer un viaje a esa capital y pedir instrucciones, pues en el último supuesto, el asunto traía relacionado un cambio de política en que debía inspirarme […].573

En su defensa frente a quienes acusaban de desafiante o, incluso, de sospechosa su negativa a enviar delegados de Nuevo León a la Convención Nacional, Reyes sostuvo que lo importante era la candidatura de Díaz y esa había salido adelante, con la contribución de Nuevo León. En lo que los clubes del estado no habían participado había sido solamente en la Convención. Y no lo habían hecho por no haber entendido las señales del gobierno del centro del país. Si se quería la vuelta a la escena política del estado a los Treviños y Naranjos ―en contra de quienes Reyes, pero también el Gran Círculo Unión y Progreso habían luchado―, era algo que él, el gobernador Reyes, debía escuchar del propio Díaz y eso ameritaba un viaje a la capital. Haría el viaje, pero no le había dado tiempo de hacerlo antes de la Convención Nacional.

Pero además de esta hábil excusa, Reyes dio a conocer parte del fondo del asunto por el cual no había estado dispuesto a que el Gran Círculo Unión y Progreso participara en el proyecto unionista. Con pretensiones de ingenuidad, se permitió hacer una propuesta concreta acerca de las bases constitutivas que querían darse al nuevo partido nacional. En vista de que él no había participado “en los pormenores al dar forma y color a la idea de la Unión Liberal” ―es decir, de que no había sido invitado a organizar el gran partido―, se permitió sugerir a través de su correspondencia con Romero Rubio la inclusión de un “artículo adicional” en dichas bases en que “se expresara de un modo terminante que el Comité que debe permanecer en la capital, cuando tuviera que convocar a una nueva reunión, pidiese a los clubes nombrasen sus delegados en cada caso”.574 En otras palabras, Reyes expresó su condición para participar en el proyecto más adelante: el respeto a la autonomía de los clubes de los estados.

Convenciones y partidos estructurados representaban una nueva forma de hacer política. Había habido asambleas electorales antes; también esfuerzos por estructurar partidos y por atar candidatos a programas de gobierno, sólo que sin mucho éxito. Pero para la década de 1890 estas posibilidades se proyectaban de una manera especial. No sólo se conocían las experiencias de organización partidista de otros países, sino que las condiciones del asociacionismo en México parecían cada vez más maduras: existía ya un partido regional en funciones, como lo era el del Gran Círculo Unión y Progreso de Nuevo León, y un proyecto de carácter nacional, ambicioso pero prometedor, representado por la Unión Liberal. El primero se mantendría activo hasta 1910; el segundo nunca cristalizó, si bien, al abrir el nuevo siglo, aparecerían nuevos proyectos de partidos nacionales que lograrían consolidarse.575

El Gran Círculo Unión
y Progreso de Nuevo León

En 1887, El Pueblo —órgano oficial del Club Independiente de Monterrey y sucursales— reconocía a Lázaro Garza Ayala como el impulsor del “partido independiente”, como llamaba a su organización. En una editorial que tenía toda la intención de la promoción electoral de Garza Ayala, el periódico daba un lugar central al Club en la articulación de la política estatal y ponía a su presidente en el centro y origen de esa actividad. Decía:

Los Clubs independientes, por cuyo medio hace sentir su benéfica influencia hasta en los puntos más apartados el Sr. Gral. Garza Ayala, representan hoy el lazo de unión que liga a nuestro estado y constituyen el más firme sostén del principio de autoridad y la más segura garantía de la soberanía popular.

Los dilatados y laboriosos trabajos que han precedido a esta unificación, bastarían ellos por sí solos para hacer de nuestro digno Presidente el hombre más notable de Nuevo-León.576

Efectivamente, el Club Independiente de Monterrey, que en un mes más postularía a Garza Ayala como su candidato a gobernador de Nuevo León para el periodo 1887-1889, había sido creación suya y de sus partidarios cercanos.577 La asociación se había constituido en octubre de 1885, unas semanas después de la toma de posesión del gobernador Genaro Garza García, quien había contendido por el cargo en contra de Viviano L. Villarreal, el candidato garzayalista; Garza García, en una contestada elección, había sido reconocido por la legislatura estatal como el triunfador en los comicios. Hasta un par de años antes, Garza García y Villarreal habían sido aliados, ambos parte del poderoso grupo político regional encabezado por los generales tuxtepecanos Gerónimo Treviño y Francisco Naranjo con gran ascendiente político en la región.578 Pero distanciados a raíz de las elecciones de 1883, sus diferencias dieron lugar a una recomposición de las alianzas de los grupos regionales, acercando a Villarreal a los garzayalistas. Las elecciones para la renovación de los poderes estatales fueron rudas: prensa mordaz, movilizaciones boicoteadas y amenazas de la autoridad gubernamental. En las ciudades de Monterrey y Lampazos hubo incidentes en que salieron a relucir las armas: algunos dirigentes del movimiento opositor fueron detenidos y procesados por conato de rebelión.579

Garza García, quien había estado al frente del gobierno estatal en múltiples ocasiones —más veces que Viviano L. Villarreal, que había sido gobernador en el bienio 1879-1881, y que el propio Lázaro Garza Ayala, quien había ocupado el cargo por dos periodos breves—;580 tenía en 1885 el apoyo de Treviño y Naranjo, y con él el del expresidente Manuel González, de quien ambos generales habían sido leales colaboradores como miembros de su gabinete. En cambio, Villarreal y Garza Ayala, si bien también neoloneses con gran arraigo local, habían jugado entonces las cartas del gobierno central encabezado por Porfirio Díaz en contra de los caudillos regionales.581 De hecho, trabajaron de cerca, según denunció en su momento la prensa crítica del garzayalismo, de Manuel Romero Rubio, el Secretario de Gobernación recién nombrado por el Presidente. Esta alianza no les permitió ganar la elección de 1885; también obraría en contra de Garza Ayala unos años más tarde, cuando tuvo diferencias con un Bernardo Reyes quien rivalizaba, él mismo, con Romero Rubio por el control político de la región de Coahuila-Nuevo León.582

La campaña de Viviano L. Villarreal ese año se articuló, como era práctica extendida en la época ―de la misma manera en que lo hicieron también entonces los genaristas―,583 a partir de la prensa y en torno a un par de clubes políticos nacidos en la coyuntura electoral: el Club Republicano y el Directorio Político Central de Nuevo León.584 Pero pasados los comicios, los clubes no se disolvieron, como era común que sucediera entonces, sino que se consolidaron en uno nuevo: el Club Independiente de Monterrey y sucursales. El periódico que había impulsado la formación del Club Republicano, El Pueblo, pasó a ser el vocero oficial del nuevo club.585

La gran diferencia del Club Independiente de Monterrey con respecto a las asociaciones político-electorales que le habían dado vida fue que se pensó, sí como una organización contestataria del gobierno estatal, pero también como una asociación estatal de carácter permanente, con sucursales bien establecidas en todos los municipios y capacidad para participar en elecciones locales, estatales y nacionales. Se había creado pasados ya los comicios estatales, pero con las elecciones municipales enfrente. De hecho, su primer acto público fue la postulación de sus candidatos para el ayuntamiento de Monterrey y el llamado a “todos los pueblos del estado” a formar círculos independientes en sus lugares para promover, ellos también, candidaturas propias.586 En esa coyuntura se erigió en una agrupación opuesta al gobierno de Genaro Garza García y pronto tuvo el apoyo del nuevo jefe de la zona militar, el General Bernardo Reyes. El gobierno de Díaz, desde la capital del país, trabajaba por reportar hacia el centro las lealtades regionales y poder consolidar así un poder federal real; sin embargo, a las fuerzas regionales aliadas de Manuel González, cuyo poder buscaba minar para evitar que pudiera volver a ocupar la silla presidencial en 1888, las combatió sin concesiones ―este fue el caso del partido de Garza García. Desde esa lógica, y tras el fracaso de la candidatura de su aliado para gobernador de Nuevo León que había dejado a las fuerzas políticas del estado muy polarizadas y a los garzayalistas embravecidos, el presidente Díaz cambió al jefe militar del noreste del país ―de la tercera zona―, y nombró al quien quiso tener como su alfil en la región: el general Reyes.587 Los jefes de zona militar dependían del gobierno nacional y, en los años del porfiriato, jugaron la parte de la representación del presidente en los estados.588

El gobernador recién electo, Genaro Garza García, había tomado posesión el 4 de octubre y sólo un mes más tarde tuvo que trasladarse a la capital del país para tratar de arreglar con el gobierno de Díaz los conflictos postelectorales ―que se entremezclaban con unos comicios municipales en proceso más complicados todavía que los estatales recién concluidos. Efectivamente, antes de su viaje a la ciudad de México, había llegado al estado el nuevo jefe de zona militar y, a fines de mes, se constituía el Club Independiente para dar la batalla en los comicios del 9 de noviembre. Panorama difícil para el gobierno genarista.

El Club Independiente movilizó sus fuerzas y, de la mano de denuncias por irregularidades cometidas en el proceso, reclamó importantes triunfos en diversos municipios. El Congreso local suspendió el cómputo de votos y, enardecidos los ánimos, grupos de ciudadanos vinculados al Club Independiente se levantaron en armas en varios puntos del estado.589 Ante la amenaza de los sublevados, el Congreso local se disolvió a sí mismo y, en una medida que se consideró como violatoria de la Constitución, delegó sus funciones en el gobernador. La respuesta del Senado de la República fue la declaración de desaparición de los poderes del estado en Nuevo León y, con ello, la apertura de la puerta para la intervención directa del ejecutivo federal en el estado.590 Por mandato constitucional, el presidente Díaz designó gobernador provisional. Nombró al general Bernardo Reyes, quien hizo mancuerna de inmediato con Lázaro Garza Ayala —la cabeza del partido apoyado por el centro en las elecciones pasadas para gobernador y presidente del recién creado Club Independiente.591

Reyes y Garza Ayala trabajaron juntos un par de años, durante el gobierno provisional encabezado por el primero de ellos. Y en abril de 1887, el mismo día de la publicación de la convocatoria a elecciones para gobernador, el Club Independiente de Monterrey y sucursales lanzó la candidatura de Garza Ayala para sustituir al general Bernardo Reyes. Así, decía El Pueblo, vocero del Club:

La delicada comisión que encomendara el ejecutivo de la Unión al entendido Sr. General Reyes, de reconstruir al estado, encarrilándolo al orden político normal, va a cumplirse: las justas aspiraciones de los hijos de Nuevo León van a verse satisfechas en breve; vais ya a designar en las ánforas electorales quiénes deben ser vuestros mandatarios.592

El Pueblo consideraba concluida la labor del enviado del gobierno nacional quien, por cierto, no era originalmente “hijo” de Nuevo León, pues había nacido en el estado de Jalisco.593 En las palabras de El Pueblo se advertía, aunque quizás de manera muy velada todavía, una tensión entre el gobernador saliente y el candidato a sustituirlo. El mensaje parecía ser de adiós, pero Reyes no se retiró de la política del estado.

La Constitución Política de Nuevo León prohibía entonces la reelección inmediata del poder ejecutivo, de manera que la postulación de Lázaro Garza Ayala resultaba casi natural por ser la cabeza del que había sido el partido oposicionista a Garza García justo en la coyuntura en la que Bernardo Reyes había llegado a Monterrey; también por la alianza forjada desde un inicio con el gobernador saliente. Pero el general Reyes seguramente aspiraba a regresar a la gubernatura una vez concluida la administración de Garza Ayala, pues constitucionalmente la reelección era posible pasado un periodo de gobierno.594 Si bien en su correspondencia con el gobierno nacional Reyes decía preparar el camino para dejar a Garza Ayala y a su partido “vigoroso y capaz de luchar por sí solos con sus enemigos en el porvenir”, lo cierto es que también informaba que, de un modo “prudente”, preparaba él mismo las candidaturas al Congreso del estado.595 Tras este aseguramiento de su posición política en el estado y una vez entregada la estafeta a Garza Ayala, el general Reyes volvió a ponerse al frente de la jefatura de la tercera zona militar y mantuvo su residencia en Monterrey. Desde su mando militar continuó inmiscuyéndose en la política local durante los dos años de gobierno de Garza Ayala; desde ahí trabajó por su regreso a la gubernatura en 1889.596 Hay correspondencia epistolar de los meses previos a la elección de 1889 que muestran la manera en que Reyes se mantuvo en el juego político del estado y se movió para hacerse de influencias a nivel de los municipios sacando provecho de su mando militar. Por ejemplo, en junio de 1889, decía a uno de sus capitanes: “le recomiendo que con toda reserva vea cómo procura hacerse amigo de los regidores para separarlos de la amistad de Ambrosio Ancira a fin de aislar a éste y poder más tarde proceder como convenga a los intereses públicos”.597 Desde antes, durante los años de su gobierno provisional, Reyes se había servido ya de sus oficiales para “preparar” las elecciones locales y continuaría haciéndolo.598

Por otra parte, cuando arrancaba apenas la administración de Garza Ayala, en octubre de 1887, se reformó la Constitución federal para permitir la reelección del presidente de la república para el periodo constitucional inmediato ―aunque quedaba inhábil para un tercer periodo consecutivo.599 La nueva reforma orientaba para que así se hiciera también en las Constituciones estatales —como se había hecho con la reforma de la Constitución federal de 1878, que había prohibido del todo la reelección consecutiva del ejecutivo federal.600 Aunque no se impulsó la reforma de la Constitución del Nuevo León en ese sentido durante la administración de Garza Ayala —se haría en 1890, en la nueva administración de Bernardo Reyes―,601 la sola posibilidad de que se intentara y de que Garza Ayala buscara reelegirse al término de su mandato cambió definitivamente la relación entre Garza Ayala y Bernardo Reyes ―que ya se había anunciado tensa de tiempo atrás, en especial cuando El Pueblo despidió amablemente a Reyes del gobierno estatal en 1887. Lázaro Garza Ayala podía haber buscado su reelección como gobernador. Su administración había definido políticas significativas para el impulso de la modernización de Nuevo León y gozaba de reconocimiento por ello. Pero el general Reyes tenía sus propios planes y aliados, entre los que se contaba el presidente Porfirio Díaz.602 No parece haberse planteado la posibilidad siquiera de que compitieran en las urnas, aunque partidarios de Garza Ayala recibieron mal la noticia de la nueva candidatura de Reyes.603 Pero antes de que pudieran movilizarse, Porfirio Díaz mismo había informado a Garza Ayala de su decisión de apoyar a Bernardo Reyes.604 Tratándose de figuras sostenidas ambas por el Club Liberal Independiente de Monterrey y sus sucursales ―éste había apoyado el gobierno provisional de Bernardo Reyes (1885-1887) y había hecho una lucidora campaña en favor de la candidatura de Garza Ayala desde principios de 1887―, la competencia entre Garza Ayala y Reyes se dio, más bien, en torno al control del Club Independiente.

Las vueltas de tuerca de la lucha entre garzayalistas y reyistas por la sucesión de 1889 en Nuevo León y por la dirección del Club Independiente pueden ser puestas en evidencia a partir de los cambios en el nombre de la propia asociación política —cambios que correspondieron, también, a una variación en el subtítulo de El Pueblo, primero, y al cambio del periódico que fungía como vocero oficial de la organización, después. La primera organización política de vocación permanente creada en Nuevo León fue el Club Independiente de Monterrey y sus sucursales; el subtítulo del periódico El Pueblo fue, precisamente, Órgano del Club Independiente de Monterrey y sus sucursales. Pero a partir del 16 de agosto de 1888, el subtítulo de El Pueblo cambió a Órgano del Gran Círculo Independiente de Nuevo León. El periódico no explicó lo sucedido, pero en adelante la correspondencia que publicó enviada por los clubes de cada municipio se refería ya a la organización como el Gran Club Independiente o el Gran Círculo Independiente. El nuevo nombre podía estar hablando de una reorganización interna con intención de reforzar la cohesión de la asociación e inclinarla en favor de alguno de los contendientes. Es muy posible que la tensión con motivo de la candidatura a gobernador para 1889 haya llevado a Garza Ayala a intentar un reacomodo a su favor al interior del partido. El cambio de nombre tenía lugar casi un año antes de la elección para gobernador, buen tiempo para inclinar todavía la balanza en un sentido que pudiera convenirle. Garza Ayala tenía de su lado el poder que daba ser gobernador en funciones y posiblemente una alianza con Manuel Romero Rubio, el Secretario de Gobernación del gabinete de Díaz; también el haber sido fundador y presidente en el momento del Club Independiente de Monterrey y sucursales. El Pueblo mismo, del que él era editorialista, era un periódico cercano a su persona.605

Pero aquella ventaja, si realmente llegó a tenerla, Garza Ayala la perdió para finales de ese mismo año, cuando apareció el primer número del periódico reyista La Voz de Nuevo León y publicó, en su primera plana, esta leyenda: “La Voz de Nuevo León postula para gobernador del estado en el próximo periodo constitucional al ciudadano general Bernardo Reyes”.606 Al tiempo, Reyes le informaba al presidente Díaz:

Para dar un solo cuerpo a todos los trabajos electorales he dispuesto la publicación de mi periódico que lleva por título La Voz de Nuevo León y están enterados los amigos de este estado que tal periódico es mi órgano en todo lo que se refiere a las candidaturas de la próxima administración”.607

La Voz de Nuevo León fue el periódico reyista en el estado y mantuvo gran influencia en la región hasta su cierre en 1909.

Cuadro 1.

Cambios de nombre y de órgano oficial de prensa
que marcaron momentos de transformación del inicial
Club Independiente de Monterrey

Fecha

Nombre de la asociación

Órgano oficial de prensa

Orientación partidista

Noviembre de 1885

Club Independiente de Monterrey y sus sucursales

El Pueblo. Órgano del Club Independiente de Monterrey y sus sucursales (periódico creado, aunque no originalmente como órgano de prensa del Club Independiente de Monterrey, a principios de 1885)

Garzayalista

Agosto de 1888

Gran Círculo Independiente de Nuevo León

El Pueblo. Órgano del Gran Círculo Independiente de Nuevo León

Garzayalista

Abril de 1890

Gran Círculo Unión y Progreso

La Voz de Nuevo León (periódico creado, aunque todavía no como órgano de prensa del Círculo, en diciembre de 1888)

Reyista

Fuente: El Pueblo, Monterrey, 1885-1890 y La Voz de Nuevo León, Monterrey, 1888-1892.

La actividad de la prensa periódica constituía una forma de hacer política fundamental en la época. No había grupo político ni partido ajeno a ella. La prensa fijaba sus posturas frente a los problemas de gobierno, organizaba sus movimientos y campañas en contexto electoral, promovía a sus candidatos y combatía a los enemigos ―a veces impulsaba ella misma la creación de clubes electorales para movilizar el voto―, era su cara pública y su vocera. Por eso no era cuestión menor que un periódico desplazara a otro. El que algo así sucediera podría significar, como fue el caso del nacimiento de La Voz de Nuevo León, el fin de una facción política y la consolidación de otra.

La tirante relación entre Garza Ayala y Reyes, que llegaría a ser completo distanciamiento en abril de 1890 ―cuando el Gran Círculo Independiente adoptó el nombre de Gran Círculo Unión y Progreso, y La Voz de Nuevo León pasó a ser su vocero oficial―,608 se contuvo de momento para presentar un frente único en los comicios de 1889. Tanto El Pueblo como La Voz de Nuevo León postularon al general Reyes para gobernador del estado y al general Garza Ayala para presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León. La campaña electoral en favor de la fórmula pactada fue llevada a cabo en los 48 municipios del estado por el Gran Círculo Independiente y sus sucursales, y sus candidatos fueron electos sin contratiempo alguno. Pero en el transcurso de 1889 el grupo de Garza Ayala fue perdiendo cada vez más fuerza y, para enero de 1890, El Pueblo redujo la periodicidad de su publicación: de haber sido bisemanario desde julio de 1885, pasó a aparecer una sola vez por semana.609 Este hecho hacía patente, de cara al público, la debilidad de Garza Ayala.

Efectivamente, El Pueblo garzayalanista había crecido a la par del Club Independiente de Monterrey, primero, y del Gran Círculo Independiente de Nuevo León, después. Había comenzado como un periódico de cuatro paginitas que sólo se ocupaba del tema electoral, sin noticias de otros asuntos ni anuncios publicitarios. Pero poco a poco había ido progresando: aumentó su tamaño e incorporó no sólo notas, sino columnas enteras sobre temas de cultura, sociedad, economía y asuntos internacionales ―desde mediados de 1886 incluyó también un santoral. También había logrado abaratar su precio gracias a un número cada vez mayor de anuncios pagados.610 Cuando se aproximaban comicios publicaba siempre los nombres y semblanzas de sus candidatos, y conservó hasta el final una “Sección oficial” en la que aparecían noticias y remitidos de los clubes independientes. Pero lo cierto es que desde 1886 había dejado de ser un periódico estrictamente electoral para consolidarse como una publicación de interés más general, seguramente con más suscriptores y mayor impacto. A pesar de todo, su suerte continuó atada a la de Garza Ayala: las disputas por el control del partido en 1889 y 1890 le hicieron mella y cayó junto con su fundador. Tras el anuncio del cambio de vocero oficial del Gran Círculo, el 25 de abril de 1890, El Pueblo anunció el cierre de sus prensas.611

El golpe de Reyes fue irreversible. El Pueblo dejó de publicarse, pero además, ya como gobernador constitucional, el general Bernardo Reyes buscó excluir definitivamente a su antiguo asociado del escenario público neoleonés: urdió su remoción del Tribunal Superior de Justicia y su desconocimiento como dirigente del Club Independiente Central de Monterrey.612 En abril de 1890, Reyes enviaba al Secretario de Gobernación del gabinete de Díaz este telegrama: “Ayer efectúose esta reunión de que hablé a usted en carta del 26 y acordóse en ella desconocer dirección Garza Ayala y formar un círculo político llamado ‘Unión y Progreso’. Garza Ayala separado con licencia indefinida del Tribunal”.613 Reyes había llegado a Nuevo León para contener a los Naranjos y Treviños; su aliado inicial fue Garza Ayala, pero acabó por neutralizarlo también a él: le quitó la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del estado y la dirección de los clubes políticos.

La expulsión de Garza Ayala del Gran Círculo —porque eso es lo que fue realmente, una expulsión― se dio bajo la forma del llamado de un par de clubes locales ―los de Linares y Villaldama― a los clubes de todo el estado para “independizarse” de los directivos del Club Central de Monterrey. La razón: estos últimos, decía, falseaban “el sentimiento del pueblo neoleonés al apartarse de la política del primer magistrado de esta entidad federativa”.614 Aunque El Pueblo negó el cargo antes de retirarse de “la escena periodística”,615 Bernardo Reyes no dejó de quejarse en años de una labor obstruccionista de Garza Ayala frente a su gobierno.616 Con todo, a partir de 1890, los clubes del Gran Círculo comenzaron a identificarse de manera cada vez más exclusiva con el general Bernardo Reyes —quien, por lo demás, logró mantenerse al frente del gobierno del estado hasta fines de 1909, con una única interrupción importante: la de los dos años que fue Secretario de Guerra en el gabinete del presidente Porfirio Díaz.617 Por ese camino, el partido se mantuvo muy cerca del gobernador del estado. Si bien el Gran Círculo Unión y Progreso mantuvo una actividad organizada propia, desde entonces y hasta finales de 1909, cuando dejó la gubernatura de Nuevo León, el general Reyes ejerció un gran ascendiente sobre el partido.

La historia del Gran Círculo Unión y Progreso, aquel que se negó a participar en la Convención Nacional organizada por la Unión Liberal de 1892, había comenzado efectivamente en 1885, como bien explicó entonces el general Bernardo Reyes a sus corresponsables del gobierno nacional. Aquella asociación política se había creado en un momento de fuerte crisis política en Nuevo León, con ciudadanos levantados en armas, pero con la idea de constituirse en una organización duradera para participar en la vida política del estado, para “uniformar la opinión pública” ―mediante campañas electorales― y llevar “a los puestos públicos a los ciudadanos honrados, inteligentes, bien intencionados y de antecedentes conocidos”.618 Pero si bien la constitución del Club Independiente de Monterrey y sus sucursales —primer nombre del partido neoleonés del que Reyes hablaba con tanto orgullo en 1892— coincidió con el arribo del general Reyes a Monterrey en octubre de 1885, en realidad no había sido obra suya, no de inicio.

La principal figura tras el primer Club Independiente y sus sucursales fue Lázaro Garza Ayala. Él fue su primer presidente de 1885 a 1887 y lo sería también en 1890, cuando Bernardo Reyes logró desplazarlo de su dirección. Para cuando Bernardo Reyes escribía a Díaz, Romero Rubio y Pineda en 1892 sobre el Gran Círculo Unión y Progreso de Nuevo León, la organización llevaba ya siete años de haber iniciado su organización; al general Reyes le había tomado varios de esos años el hacerse de su dirección de manera exclusiva. En 1892 no estaba dispuesto a poner en riesgo su ascendiente sobre el Gran Círculo ni la autonomía política que la organización le deba de manera creciente con respecto al gobierno del centro del país.

La vida asociativa y el Club
Independiente de Monterrey

Los habitantes del noreste de México tenían una tradición de individualismo y autonomía que venía de los tiempos del control español sobre tierras americanas: región aislada y distante del centro de gobierno virreinal, de geografía árida y montañosa, con patrones de poblamiento que favorecían un movimiento bastante libre de los colonos españoles, quienes además debieron organizarse por sí mismos para resistir los embates de los indios indómitos de la región. Esta tradición se había afirmado durante la primera mitad del siglo xix con el concurso de cuerpos de ciudadanos armados para continuar la resistencia a los ataques de los indios hostiles, pero movilizados también, y sobre todo, para hacer frente a las intervenciones extranjeras. Entonces se afianzó mucho de ese carácter autónomo del colono de frontera, pero se forjó también un nuevo espíritu ciudadano tanto por lo que significaba luchar como miliciano por la patria como por las prácticas mismas de los cuerpos milicianos, que promovían hábitos democráticos.

Efectivamente, el miliciano era el ciudadano en armas que cumplía con sus obligaciones políticas al luchar por el país, pero que como contraparte podía reclamar sus derechos. Asimismo, se organizaba a nivel local, entre los hombres del lugar, con distancia de las corporaciones tradicionales ―Iglesia y ejército profesional― y trascendía a las oligarquías tradicionales para incorporar a la vida política local a otros sectores sociales. Entre las prácticas de los cuerpos milicianos estaba, incluso, la elección de su jefe inmediato, un ejercicio ciudadano que bien podía responder a una selección del líder inmediato por sus capacidades y méritos más que a privilegios de raigambre corporativa. El miliciano neoleonés reconoció además, por largos años, el liderazgo del caudillo liberal Santiago Vidaurri, gran promotor de la instrucción cívica y, a la par, en conflicto constante con el gobierno del centro; todo esto en una región de economía con dinamismo propio y de próspero comercio a través de la frontera sur de Estados Unidos.619 Esa tradición complicada marcó, de manera ineludible, la relación de las fuerzas políticas regionales con los gobiernos nacionales del último tercio del siglo, el porfiriano incluido.

Tendencias políticas centrífugas como las del noreste mexicano se manifestaron en todo el territorio nacional a lo largo del siglo xix, no fueron exclusivas de esta región. Sin embargo, esta sociedad política fiera de sus derechos individuales, compuesta de diversos sectores sociales, afirmada en la lucha miliciana y celosa de sus espacios de autonomía seguramente representó algunas singularidades. De hecho, la legislación político-administrativa y electoral neoleonesa ―la legislación, en principio, se encuentra en diálogo con la realidad social y política que buscar normar― tenía algunas diferencias notables con la de otros estados de la República.

En primer lugar, Nuevo León era un estado que, a pesar de contar con un número importante de municipios, prescindió a lo largo de todo el siglo xix de la figura de jefe político: los ayuntamientos trataban los asuntos político-administrativos directamente con el gobierno estatal. La figura del jefe político ―en algunos estados electa por los ayuntamientos y, en otras, nombrada por sus gobernadores― representaba un elemento de articulación política importante, pero constituía, a final de cuentas, una mediación entre el ayuntamiento ―la autoridad política más próxima a los ciudadanos― y el gobierno del estado. En Nuevo León tal mediación fue excluida de la vida política estatal desde su primera Constitución política.620

La legislación electoral de Nuevo León tampoco admitía mediaciones en el ejercicio al sufragio. No fue así de inicio, pero sí a partir de 1857. La Constitución estatal de ese año estableció que la elección de todos los poderes del estado se llevaría a cabo por voto popular directo: así se eligieron a partir de entonces gobernador, diputados locales, integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y autoridades municipales. El giro en favor del voto popular directo en comicios estatales fue ―como ha apuntado bien el historiador Israel Arroyo― un fenómeno propio de la segunda mitad del siglo xix en México, pero no en todas partes tocó a la elección de los tres poderes como sí sucedió en Nuevo León.621

Un signo de una ciudadanía en proceso de extensión propia de la sociedad política neoleonesa de la segunda mitad del siglo xix fue el reconocimiento del derecho al sufragio en edad más temprana que en otros estados: la Constitución de Nuevo León de 1849 otorgó derechos ciudadanos a los varones de 20 años de edad y 18 si se eran casados ―en general, en el país se consideraba una edad mínima de 21 años en el hombre soltero para otorgarle el derecho al voto. Y para la década de 1880, en Nuevo León podían votar ya todos los hombres de 18 años en adelante, al margen de su estado civil, es decir, sin importar que fuera o no cabeza de familia ―esto no sólo amplió el número de jóvenes con derecho a votar, sino que representó una liberación del ciudadano de ataduras de carácter patriarcal.622 Por otra parte, cabe destacar que, desde 1857, el derecho al voto en Nuevo León había sido desvinculado ―al igual que a nivel federal y en muchos estados del país―, del arraigo territorial al que había estado sujeto por mucho tiempo en razón del requisito de vecindad.623

Este carácter proactivo de la sociedad política neoleonesa se manifestaba también en el mandato constitucional de renovación rápida y continua de las autoridades políticas: todos los cargos de los poderes estatales, el ejecutivo incluido, se elegían cada dos años; los cargos municipales se renovaban de manera anual. Aun si la reelección era permitida ―entre 1878 y 1893, sólo la reelección del gobernador conoció limitaciones―, mandatos de gobierno tan cortos obligaban a la ciudadanía a la movilización continua. Porque, efectivamente, dado que las elecciones en la época se organizaban a partir del nivel municipal ―todas, estatales y federales por igual―, todo municipio de Nuevo León vivía dos procesos comiciales ordinarios al año: uno de ayuntamiento (en noviembre, todos los años), uno estatal (en junio de año impar) y uno federal (en junio-julio de año par).624 Esto significaba una acción continua en torno a las elecciones y una efervescencia política incesante.

De esta suerte, para las últimas décadas del siglo xix, podemos decir que en Nuevo León existía un armado legal que traducía una sociedad política dinámica. Existía una fuerza ciudadana en expansión ―con sufragio masculino a partir de los 18 años de edad―; con las puertas abiertas a nuevas prácticas político-electorales a partir de la puesta en juego nuevas formas de sociabilidad ―legalmente libres de ataduras patriarcales y territoriales―; con un régimen de elección directa que alentaba prácticas asociacionistas y un proceso de movilización electoral casi continuo, dictado por la frecuencia con la que debían renovarse cargos municipales, estatales y federales. En esas circunstancias y con esos retos enfrente, la sociedad política neoleonesa encausó su actividad vía formas de asociación como los clubes electorales y las redes de clubes al menos desde fines de los años sesenta. Efectivamente, desde 1867 contamos con registro de la existencia del Gran Círculo Democrático ―que 18 años más tarde apoyaría la candidatura de Genaro Garza García.625 Para la década de 1880, en Nuevo León se comenzó a organizar un partido político moderno en forma: con estructura permanente en todo el estado y convenciones electorales periódicas para consensar candidaturas, programa político expreso, reglamento interno, campañas para ampliar su base de afiliados y labor de agitación electoral para promover a sus candidatos, presencia regular en actividades cívicas, un periódico como vocero oficial e, incluso, una bandera propia como símbolo de identidad partidaria. Este fue el Club Independiente de Monterrey y sus sucursales que, a partir de abril de 1890, se llamó Gran Círculo Unión y Progreso de Nuevo León.

El Club Independiente de Monterrey se creó el 29 de octubre de 1885, con una base inicial de alrededor de 700 afiliados formada por los miembros del Club Republicano y el Directorio Político Central de Nuevo León que se fusionaban para darle vida.626 De su asamblea constitutiva salió un llamado a formar clubes sucursales en cada municipio.627 Más de la mitad de los 47 clubes-sucursales que se formarían se constituyeron entre diciembre de 1885 y enero de 1886. Varios de ellos existían de tiempo atrás ―ligados a las asociaciones cuya fusión había dado vida al Independiente de Monterrey―, pero respondieron al llamado del nuevo club central y firmaron cartas de adhesión.628 A finales de febrero, El Pueblo registraba la existencia de 31 clubes independientes, además del Central de Monterrey, y se siguieron creando hasta enero de 1887, cuando se formó el número 48: el Club Independiente de General Zuazua.629

El Pueblo fue publicando, una a una, todas las actas constitutivas de clubes locales y de adhesión al Gran Club Central de Monterrey, para “marchar” en política “de acuerdo” con él.630 Las actas asentaban acuerdos y nombres de los integrantes de juntas directivas electas; registraban también, cada una, los lugares de reunión ―casas particulares, instalaciones de escuelas, locales de sociedades gremiales―, así como las firmas de los “socios” del club. La mayoría de las actas contenía al menos de 200 firmas cada una ―algunas menos, pero otras duplicaban ese número― y El Pueblo publicaba luego listas de ciudadanos de las localidades que se iban sumando a ellos.631 Era usual que los clubes electorales en la época se conformaran por un par de cientos de afiliados cada uno,632 pero al adherirse al Club Central, los clubes locales fueron dando forma a un partido que en cuestión de un año contaba ya con alrededor de 10 000 afiliados.

El origen del Club Independiente había sido la lucha electoral: nació como la unión de dos círculos políticos que habían perdido los comicios estatales y que se recomponían ―fusionándose―, de cara a los comicios municipales de noviembre de ese mismo año.633 Sin embargo, la dinámica en la que las fuerzas política neoleonesas entraron en estos últimos comicios ―gran descontento por los resultados de la elección estatal, lucha de prensa enconada, intromisión abierta del gobierno del estado para controlar los comicios locales, amenazas, encarcelamientos, violencia física y, finalmente, sublevaciones― ligó a esta asociación, a pocos días de su formación, con grupos levantados en armas.634 El Club Independiente de Monterrey se constituyó antes de la sublevación, para ya en un ambiente de gran tensión. Postuló sus candidatos para autoridades municipales la semana previa a los comicios;635 otros clubes ligados al Republicano o al Directorio Político hicieron lo propio. El levantamiento vino después del día señalado para la elección del 9 de noviembre. La rebelión inició en Lampazos, encabezada por Manuel Rodríguez, el “Jefe del movimiento del Norte”; pronto fue engrosada por grupos de descontentos de los cuatros puntos cardinales de Nuevos León y llegó a sumar un contingente de unos 800 hombres. Los sublevados se dirigieron a Monterrey, pero luego tomaron rumbo hacia Villa de García y Villaldama, en donde el gobernador interino había ido a refugiarse.636 Para ese momento, el Senado disolvía los poderes estatales y Bernardo Reyes tomaba el mando en Nuevo León con la instrucción de atraerse a los “hombres de valer” del partido opositor sin combatirlos por las armas.637 El Secretario de Gobernación, Manuel Romero Rubio, daba esas instrucciones porque consideraba que el partido garzayalista estaba constituido por “ciudadanos que por el movimiento se armaron”; el general Reyes lo confirmaba: ese círculo estaba conformado, decía, “por bases un tanto militares” y era capaz de movilizar en son de guerra entre 1 500 o 2 000 hombres.638

El gobierno provisional de Bernardo Reyes se alió con esa oposición de momento en armas, pero trabajó por su desarrollo como partido político. El Club Independiente había nacido en abierto desafío al gobierno y con base miliciana, pero siempre bajo la lógica de la lucha electoral.639 Reyes apoyó su fortalecimiento para una participación regular en los comicios.640 Así, en las directivas de los clubes figuraron desde muy temprano antiguos sublevados, pero comprometidos con la organización y movilización del voto. Fue el caso señalado de Manuel Rodríguez, el antiguo “Jefe del Movimiento del Norte” ―cabeza del levantamiento de noviembre contra el gobierno genarista―, quien a principios de 1886 aparecía como el presidente de uno de los principales clubes del estado: el de Lampazos.641 Reyes informaba orgullosamente al gobierno del centro: “Yo me ocupo de organizar bien y hacer fuerte a ese partido para que por sí solo pueda para ponerse más tarde enfrente de los enemigos”.642 De hecho, en octubre de 1886, a casi un año de su arribo al estado, su argumento para permanecer al frente del gobierno provisional y posponer la convocatoria a elecciones era “seguir en el gobierno para robustecer el círculo del General Garza Ayala, a fin de que pueda quedar solo después este señor al frente de la situación”.643 Si como, decía El Pueblo de manera reiterada, el Club Independiente había nacido para “labrar la felicidad del estado, poniendo al frente de la administración pública, cualquiera que sea la esfera en que deban ejercer sus funciones, hombres de connotados y reconocidos méritos, que siendo fieles intérpretes de esas nobles aspiraciones puedan siempre conducir al pueblo por una senda florida de prosperidad, al fin que tanto ambiciona”,644 la política de Bernardo Reyes como gobernador fue apoyar su crecimiento para llevar candidatos al gobierno por la vía electoral ―desde luego que no sólo a los candidatos garzayalistas, sino también, y cada vez más, a los propios.

La vida de los clubes era muy activa. Lo fue durante los años en que hemos hecho su seguimiento ahora (1885-1892), pero todo indica que continuó así hasta el estallido revolucionario de 1910.645 Estas asociaciones promovían su propio crecimiento ―comisiones para afiliar a nuevos “socios” o “miembros”―, discutían temas de política y candidaturas; desde luego, llevaban a cabo las campañas para promover esas candidaturas y garantizar votos el día de la elección. Como era costumbre en la época, los candidatos no eran los protagonistas de sus propias campañas. Los clubes enviaban comisiones a “ofrecer” la candidatura a los seleccionados ―en realidad, este era un ceremonial común para candidatos a presidente de la República y gobernadores, no tanto para los postulados para otros cargos―; luego reunían firmas de adhesión a los candidatos propuestos; asimismo publicaban sus nombres y méritos en la prensa periódica y en hojas sueltas que repartían entre la población.646 Los clubes también nombraban “agentes” para movilizar a los votantes de su localidad ―en las ciudades más grandes, como Monterrey, los nombraban por sección.647 Las fuentes consultadas no explicitan las funciones de estos agentes, pero ellos deben haber realizado una labor personal, casi de visita casa por casa, para convencer de acudir a las urnas el día de la elección y votar por sus candidatos. La prensa electoral, por su parte ―en este caso El Pueblo y, luego, La Voz de Nuevo León desempeñaban ese papel―, protagonizaba debates en torno a las candidaturas, además de llamar a la población a participar en los comicios, a dejar la “apatía” de lado. Seguramente con la idea de que algunos socios de clubes independientes o simpatizantes quedarían a cargo de mesas de casilla el día de los comicios, la propia prensa partidista instruía acerca de las normas electorales y de la manera de preparar las actas de escrutinio.648

Las tareas anteriores de los clubes y de su prensa representaban un trabajo minucioso y tenaz, con efectos acumulativos que podrían traducirse en votos en la jornada electoral. Pero los clubes organizaban también otras actividades que, aunque ocasionales, eran mucho más vistosas y memorables. Era el caso de las marchas por las calles de las cabeceras municipales para festejar postulaciones y darlas a conocer: en ellas se vitoreaba a los candidatos y, muchas veces, el “paseo” terminaba en gran baile.649 Pero las mejores fiestas eran las que se organizaban tras la celebración de asambleas constitutivas o de una convención estatal. Particularmente célebre fue el festejo posterior a la convención de febrero de 1892 que proclamó la candidatura de Porfirio Díaz para presidente. Al salir del Teatro de Progreso, en donde había tenido lugar la asamblea, se sumó a los delegados asistentes un contingente de cerca 3 000 personas que recorrió las calles de la ciudad, acompañado de música militar. La fiesta duró unas cuatro horas, hasta la media noche.650

La actividad principal de los clubes eran las campañas en favor de sus candidatos ―no podía ser de otro modo con dos elecciones al año. Pero aun en los periodos breves en que no había comicios en proceso, los clubes mantenían una presencia pública. Su relación con las autoridades locales y estatales fue buena a partir de 1886 ―tras la derrota del genarismo y el triunfo de sus propios candidatos.651 De esta suerte, los representantes de los clubes eran invitados con frecuencia a participar de manera oficial en actos organizados por los ayuntamientos: festividades cívicas de conmemoración de la batalla del 5 de mayo, homenajes a héroes patrios, celebración del aniversario del reconocimiento de Monterrey como “Ciudad metropolitana”… Los clubes también tomaban la iniciativa de apoyar a los ayuntamientos en sus tareas, con colectas para obra pública —esto lo hizo, por ejemplo, el círculo de Monterrey para contribuir a la construcción de la penitenciaría de la ciudad.652 De manera paralela, algunos clubes festejaban con gran pompa y amplias concurrencias los aniversarios de sus dirigentes, en una mezcla de actividad partidista y a la vez social.653 De esta manera, aun cuando no hubiera comicios, los clubes estaban siempre presentes en la vida de sus localidades.

A principios de 1887 ―en contexto preelectoral, pues comenzaba la agitación acerca de la candidatura del próximo gobernador― se colocaron retratos de Lázaro Garza Ayala en las salas de acuerdos de algunos ayuntamientos: “El retrato de nuestro digno Presidente [Garza Ayala, fue] colocado en un lujoso marco de relieves dorados, [y] fue puesto entre los de los héroes de la Independencia Hidalgo y Allende”, informaba la prensa.654 Esta ceremonia era organizada por la autoridad municipal, pero en realidad rendía homenaje al presidente del Club Central, quien además se perfilaba como el candidato para las próximas elecciones. Por su objetivo, la actividad parecía más bien obra de los clubes. La forma en que, a veces, se vinculaban clubes y gobiernos locales era tan cercana que parecía confundir funciones. De hecho, como parte de esta “confusión”, llegó a suceder que algún club organizara sus reuniones partidistas en el palacio municipal de la ciudad.655 Éste llegó a ser el caso también de la relación con el gobierno estatal: el general Bernardo Reyes, en su calidad de gobernador —porque nunca fue directivo del Club Independiente ni del Gran Círculo Unión y Progreso— se llegó a identificar con la cabeza del partido y a él se dirigían comunicaciones de clubes foráneos acerca de candidaturas y campañas. Esta mescolanza de funciones podría explicarse, en parte, por el hecho de que las elecciones en Nuevo León, a partir de 1886, no fueron realmente competitivas. Pasado el terrible año de 1885, las actividades del partido apuntaban más al consenso y, en todo caso, a la negociación interna, que a la competencia en las urnas. Esta circunstancia y su cercanía con las autoridades en el estado hicieron que el Gran Club Unión y Progreso, si bien tenía vida propia ―y sobreviviría a la salida de Bernardo Reyes del gobierno estatal―, parecía funcionar a veces como un “partido de gobierno”. Pero no lo fue: el Círculo Independiente de Monterrey y sus sucursales ―luego Gran Círculo Independiente y Gran Círculo Unión y Progreso― tuvo una estructura bien definida, un programa político y una identidad partidista propia.

Desde un inicio, el Club Central de Monterrey y los clubes-sucursales contaron cada cual con una mesa directiva que se renovaba de manera periódica y que tenía, en principio, la misma estructura ―presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y dos vocales―; todos realizaban reuniones regularmente y, cuando algún asunto lo requería, también de forma extraordinaria.656 Los clubes del estado reconocieron de entrada al Club Central de Monterrey y a su Junta Directiva como “centro de sus trabajos” y se asumieron a sí mismos como sucursales suyas. El propio Club de Monterrey trabajó en esa dirección: al momento de su constitución hizo un llamado público a formar sucursales en todo el estado y comisionó a su presidente para que se cumpliera la meta.657 La Junta Directiva estableció así contacto directo con clubes creados anteriormente que se adhirieron al proyecto y promovió, a partir de redes de relaciones diversas, la creación de nuevos en donde no existía ninguno. Mantuvo correspondencia con ellos y seguramente también contacto personal.658

Esta relación directa establecida entre los directivos del Club Independiente de Monterrey y las sucursales se mantuvo hasta la ruptura entre Lázaro Garza Ayala ―el presidente de la Junta Central desde su constitución en 1885― y Bernardo Reyes en abril de 1890. En esa coyuntura, en una comunicación que excluyó a la Junta Directiva, un par de clubes locales ―Villaldama y Linares― llamaron a sus pares a desconocer el liderazgo del Gran Club de Monterrey.659 Pero antes de ese momento de crisis, privó un vínculo vertical entre el Club Central y sus sucursales: desde Monterrey se consensaban las candidaturas ―el Club Independiente de Monterrey, decía El Pueblo antes de publicar las candidaturas, “con anticipación ha consultado la opinión de todas las asociaciones sucursales y que ha explorado el parecer de todos los pueblos del estado”―660 y se proponían a la ciudadanía. En términos formales, las candidaturas eran propuestas públicamente por el Club de Monterrey, una vez publicadas, eran discutidas en las asambleas de los clubes los clubes-sucursales, quienes las secundaban públicamente con entusiasmo.661

Sin duda, tras toda candidatura había negociaciones y arreglos previos, pero en esos primeros cinco años de vida del partido no parecen haberse realizado convenciones estatales, espacios horizontales por excelencia para negociar diferencias políticas y establecer pactos. La forma en que el Club Central consensaba las candidaturas parecía traducir una relación más tradicional en la estructura inicial del partido. El lenguaje mismo con el que varios clubes manifestaban sus acuerdos apuntaba en esa dirección. Así, por ejemplo, al momento de su constitución, el Club Independiente de Vallecillo afirmaba proponerse “ayudar y sostener en todas sus ideas y opiniones” al Club Central; y el de General Zuazua, el último en crearse y quizás el menos autónomo de todos, asentó en su acta constitutiva lo siguiente: “Ofrecemos adoptar en lo sucesivo las candidaturas que se nos propongan por la Junta Directiva, ya sea para funcionarios del estado o municipales”.662 Con todo, esta actitud dócil no parece haber sido la generalidad: en el ámbito municipal, cada club definía sus propios candidatos en asamblea.

En general, y a pesar de expresiones como las de los clubes de Vallecillo y general Zuazua, los clubes foráneos fueron celosos de su autonomía municipal: para el caso de elecciones de ayuntamiento, se movían con independencia de Monterrey. El Club Independiente de Villa de Mina, que no era ni mucho menos el más beligerante del estado, dejó claro desde el momento de su constitución que

el objeto de esta asociación no es otro que el de uniformar la opinión en esta villa para las elecciones de los altos funcionarios de la federación, del estado y de esta municipalidad obrando de acuerdo en cuanto a las dos primeras con el Gran Club Independiente establecido en la capital del estado.663

Aceptaba marchar de acuerdo con Monterrey para las elecciones estatales y federales, pero las municipales eran de competencia exclusiva propia. Los clubes del estado reconocieron por varios años el liderazgo de la Junta Directiva de Monterrey y particularmente el del “digno Presidente de nuestro Club”, “nuestro querido jefe”, “Jefe de nuestro gran partido independiente”: Lázaro Garza Ayala,664 pero buscaron mantener una importante autonomía en materia político-electoral a nivel municipal. Su integración al partido estatal permitió “conectar” la vida política de la comunidad local con la política a nivel del estado, pero sin renunciar, en principio, a sus espacios de acción propia. El liderazgo que perdió Garza Ayala después de 1889, tras su salida de la Junta Directiva, lo asumiría el gobernador Bernardo Reyes —no se trasladó ya al nuevo presidente del Club de Monterrey. Si bien el partido avanzó en su institucionalización tras la salida de Lázaro Garza Ayala —se instauraron convenciones estatales para nombrar candidatos, por ejemplo—, la reelección indefinida del general Reyes al frente del gobierno del estado se traduciría en un personalismo importante, en detrimento de acciones más libres al interior del partido. Con todo, la celebración de convenciones imprimía una dinámica propia al Gran Círculo Unión y Progreso.

Efectivamente, en febrero de 1891 parece haber tenido lugar la primera convención del Gran Círculo Unión y Progreso, con la concurrencia de delegados de todos sus clubes, para elegir candidato a la gubernatura del estado; al mes siguiente se llevó a cabo una segunda convención, en esa ocasión para nombrar candidatos a jueces, magistrados y diputados locales.665 A partir de entonces, las convenciones electorales formaron parte de la vida asociativa del Gran Círculo en Nuevo León.666 La forma de articulación inicial del partido —clubes-Junta Directiva— se vio transformada en un sentido más horizontal, en favor de nuevos espacios para circular información, discutir temas políticos, presentar iniciativas, negociar diferencias políticas y tomar acuerdos. Estos fueron las convenciones. Con toda la manipulación a la que una asamblea general pueda prestarse, esta nueva práctica política representada por las convenciones obligaba también a democratizar el gobierno de los clubes: los delegados debían consultar a sus bases para decidir si apoyar o no a un candidato.667

Asimismo, a partir de cierto momento, el funcionamiento del Gran Círculo Unión y Progreso comenzó a ser normado por un reglamento interno. No está claro si este se diseñó de manera previa a la realización de sus primeras convenciones electorales o si se formuló justo a raíz de ellas. Pero es seguro que para la Convención de 1892 el reglamento estaba ya vigente: Bernardo Reyes se refirió a él en su correspondencia con Porfirio Díaz en enero de ese año.668 De haber existido desde antes, ese reglamento tuvo que haber sido objeto de una reforma para dar lugar a las convenciones. Lo cierto es que el Club Independiente de Monterrey nació en una coyuntura política muy difícil, para hacer frente a una situación de crisis. Se constituyó en asamblea, eligió a su Junta Directiva, tomó acuerdos para expandirse y nombró sus candidatos para la elección municipal que se celebraría en una semana, pero fue todo lo que pudo hacer en el momento. Careció del tiempo indispensable para preparar un programa político en extenso y redactar un reglamento para su funcionamiento interno; en palabras de El Pueblo, no había podido en ese momento “concretar en fórmulas precisas sus principios ni anunciar explícitamente sus altas miras”.669 Pero tenía esas “altas miras” y dejó claro, eso sí desde un principio, su objetivo como asociación político-electoral: “uniformar la opinión pública y tomar partido en las luchas electorales” del estado y la república; “contribuir a la regeneración político-social de los nuevoleonenses” y promover el “avance material y moral del pueblo neoleonés”.670 Esos eran sus objetivos y su programa.

Pasado un año de su creación, ya pacificado el estado y con afiliados en posiciones de gobierno, el Club Independiente de Monterrey y sucursales pudo comenzar a dar forma a sus documentos básicos. No tengo información acerca de la formulación del reglamento, pero sí de la adopción de una bandera que daba identidad simbólica al partido y del enunciado del programa político de la asociación. La bandera era utilizada en actividades del Club de Monterrey y de los foráneos. La primera noticia que tengo de ella data de diciembre de 1886, en que se le utilizó para adornar las mesas del festejo del cumpleaños de Garza Ayala; la segunda, un año más tarde, fue la ceremonia en la que el Club Independiente de Linares estrenó la bandera: “ese estandarte soberbio, simbólica expresión de nuestras constantes ideas y lazo estrecho de nuestra unión”.671

El programa político publicado por El Pueblo en diciembre de 1886 está lejos de ser un documento penetrante. Se trató, más bien, de la afirmación del compromiso del círculo con el desarrollo material y social del estado en un sentido liberal. Lo que resultó particular de él en esta ocasión fue que el Club Independiente de Monterrey dirigió su proclama a los nuevos sectores sociales desprotegidos, en especial a los artesanos y obreros:

Poco a poco irán desarrollándose nuestros propósitos de regeneración social, de regeneración del proletariado por medio de la instrucción, los bancos de ahorro y las sociedades mutualistas, agrícolas e industriales; los preceptos constitucionales tendrán exacta aplicación, garantizando todos los derechos, sobre todo, el trabajo personal, elemento esencial de la producción; del seno del Club partirán, en fin, todas aquellas iniciativas que, de conformidad con los modernos adelantos, contribuyan al mejoramiento y progreso del pueblo, para que éste sea verdaderamente libre, soberano y civilizado.672

Este discurso dirigido a los artesanos y obreros no era, de ninguna manera, un llamado al combate en defensa de sus derechos. Pero sí era una manifestación de solidaridad social y de compromiso con acciones encaminadas a la mejora de sus condiciones de vida. De hecho, el Club se vinculó con una organización obrera ―no una organización de lucha, sino de ayuda mutua precisamente―, el Gran Círculo de Obreros de Monterrey.673 La publicación del programa del Club reforzaba esa línea de acción: la de la colaboración y apoyo mutuo entre clases para progresar en un sentido social y económico.

El Club Independiente de Monterrey se había creado para dar la lucha en contra del grupo político identificado con Genaro Garza García, “adueñado” del gobierno del estado desde hacía una década. Lo acusó siempre de exclusivista y propuso para desplazarlo del poder la “unión sincera y fraternal de todos los nuevoleonenses; [...] regenerar el estado promoviendo la unión y fraternal concordia entre sus hijos llamando a su seno a todos los nuevoleonenses sin distinción de color político”. Su propuesta organizativa era la de un partido unanimista, con cabida para grupos de intereses distintos ―de todos los “colores políticos”―, pero dispuestos a la negociación y al acuerdo interno; una asociación política capaz de evitar la enconada contienda electoral entre partidos opuestos que tan dolorosas experiencias había dejado en el pasado.674 Una vez desplazado el genarismo, el Club Independiente de Monterrey ―y más aún después el Gran Círculo Unión y Progreso― orientó sus trabajos en este sentido.

El perfil del partido propuesto fue claro desde un principio ―incluyente políticamente y en alianza con sectores sociales amplios, señaladamente con un movimiento obrero de moderada tradición mutualista―; asociación que se dio a sí misma una estructura interna bien definida, que se extendió en cuestión de un año a los 48 municipios del estado, que agrupó, en un primer momento, a una decena de miles de afiliados, y que se vio enriquecida en un sentido democrático por la práctica de las convenciones. La actividad político-electoral ―y hasta social― de sus clubes hizo realidad una presencia constante del partido en toda la entidad y aseguró a sus miembros un lugar en el gobierno. En el camino, si bien había nacido para dar la lucha electoral a nivel de las urnas, el círculo se fue acercando a un partido de gobierno, aunque sin la renuncia de sus clubes a una vida política local propia. Su capacidad para alentar y canalizar la participación de grupos políticos, resolver diferencias y negociar posiciones de poder al interior del partido mismo, así como para movilizar el voto le aseguró a Nuevo León un gobierno fuerte y un margen grande autonomía político-electoral frente a la autoridad nacional. En este sentido, la disputa por el control del partido entre Lázaro Garza Ayala y Bernardo Reyes, primero, y entre Reyes y los unionistas, después, tuvo mucho sentido para quien quisiera dirigir efectivamente la política en la entidad.

Consideraciones finales

El proceso de construcción de los partidos políticos modernos en México tomó casi todo el primer siglo de vida independiente del país. Con la definición de un sufragio extendido desde su independencia de España, el país conoció prácticas asociacionistas desde muy temprano y, a partir de la década de 1850, en el contexto de las luchas de Reforma en México, comenzaron a multiplicarse clubes político-electorales vinculados a prensa electoral, que tejían redes regionales o nacionales para participar en los comicios de manera más efectiva. Por muchos años estos clubes y sus periódicos, creados a veces por impulso gubernamental y otras para hacerle oposición, tuvieron vida efímera: aun si los grupos políticos se mantenían unidos por relaciones sociales y de interés, los clubes en sí desaparecían pasada la coyuntura electoral. Para finales del siglo, esta práctica de creación de redes de clubes y periódicos electorales derivaría en la construcción de asociaciones políticas cada vez más permanentes, con estructura definida por normas expresas, programas políticos a largo plazo e identidad propia. En este sentido, las funciones de los clubes se fueron delimitando de manera más clara y sus integrantes comenzaron a participar mediante delegados en convenciones electorales para discutir programas políticos y definir candidaturas. Entre los primeros partidos políticos con estas características surgidos en México ―muy posiblemente el primero― estuvo precisamente el Gran Círculo Unión y Progreso de Nuevo León.

En 1892, en un momento importante para la definición de las formas de hacer política a nivel nacional, se intentó desde la ciudad de México un movimiento de organización política, de creación de un gran partido nacional políticamente incluyente. La idea era, como en su momento lo había sido el propio Club Independiente de Monterrey y sus sucursales, dar forma y estructura a una gran asociación política a cuyo interior pudieran convivir y dirimir diferencias los representantes de las principales fuerzas políticas del país. El proyecto fue impulsado por la Unión Liberal y cobijado por el gobierno federal, fundamentalmente desde la Secretaría de Gobernación encabezada por Manuel Romero Rubio. Gobierno y unionistas llamaron a las fuerzas vivas de los estados para crear clubes, organizar convenciones estatales y enviar delegados a la capital para dar forma al Gran Partido Liberal. Nuevo León no respondió. Más bien sí lo hizo, pero en un sentido negativo: en su caso no se trataba de comenzar a organizar clubes en el estado, porque ya existían, sino de rendirlos a la dirección unionista. El Gran Círculo Unión y Progreso no podía sólo sumarse, como se pretendía que hiciera, a una organización nacional en la que quedaría subordinado a una directiva en la que no tenía participación. Para 1892, el círculo neoleonés tenía ocho años de actividad política-electoral constante que le permitían sostener un gobierno estatal fuerte y, con él, impulsar proyectos de desarrollo propios; asimismo, debido a su capacidad para movilizar el voto en la entidad, podía contar con márgenes importantes para negociar candidaturas con el gobierno nacional. El gobernador de Nuevo León se opuso a la participación del Gran Círculo en la Convención Nacional de 1892 y el estado no fue representado.

El vacío hecho por el Gran Círculo Unión y Progreso a la Convención Nacional contribuiría al fracaso del proyecto unionista y a una división entre las elites porfirianas, entre las de las generaciones más jóvenes que se integraban a la política nacional en esos años representadas por un Bernardo Reyes en el norte del país y por los dirigentes jóvenes de la Unión Liberal en el centro ―conjunto de personalidades que serían conocidas más adelante como los “científicos”. Por su parte, el partido neoleonés, creado bajo el empuje de una sociedad dinámica, proactiva, y consolidado bajo el cobijo de un gobernador fuerte, logró enriquecer la vida política interna del estado ―está por hacerse un estudio minucioso de la manera en que articulaba la vida política local y regional, de las fuerzas que representaba en concreto y de su capacidad movilizadora al interior de los municipios― y que favoreció un juego político autónomo frente al gobierno central. El Gran Círculo Unión y Progreso fue vanguardista en el México finisecular. Partícipe del proceso de construcción de una ciudadanía política y de instituciones para contender por el poder a través de las urnas —la disputa a nivel local y estatal, pero también para hacer valer un grado de autonomía importante frente al centro. La convocatoria a la Convención del Partido Liberal organizada por la Unión Liberal en 1892 puso de manifiesto las fuertes tensiones entre fuerzas políticas y la capacidad política del reyismo en Nuevo León —gracias al Gran Círculo— de mantener posturas propias.

Fuentes consultadas

Archivos

agbr ︱ Archivo del General Bernardo Reyes. Centro de Estudios de Historia de México-Carso

agenl ︱ Archivo General del Estado de Nuevo León.

amm ︱ Archivo Municipal de Monterrey.

cpd ︱ Colección Porfirio Díaz, Universidad Iberoamericana.

Hemerografía

El Lampacense, Lampazos, 1892.

El Partido Liberal, ciudad de México, 1892.

El Pueblo, Monterrey, 1885-1890.

El Siglo Diecinueve, ciudad de México, 1892.

La Defensa del Pueblo, Monterrey, 1885-1892.

La Patria, ciudad de México, 1892.

La Voz de Nuevo León, Monterrey, 1888-1892.

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Monterrey, 1892.

Bibliografía

Arango Loboguerrero, Leonidas, “Catarino Garza”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, vol. 36, núm. 1, 2009, Bogotá, pp. 251-282.

Arroyo, Israel, “El péndulo: consenso y coacción a través de la intervención federal en México, Brasil y Argentina”, en Riccardo Forte y Guillermo Guajardo (coords.), Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina (siglo xix y xx), México, Colmex/El Colegio Mexiquense, 2000, pp. 359-388.

, La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, México, Instituto Mora/buap, 2011.

Arroyo, Israel y Alicia Salmerón, “The 1910 Presidential Election: The Emergence of a New Democratic Political Culture”, en The Oxford Handbook of Revolutionaty Elections in the Americas, 1800-1910, (en prensa).

Benavides Hinojosa, Artemio, Bernardo Reyes. Un liberal porfirista, México, Tusquets, 2009.

Carmagnani, Marcello, “Federación y estados: espacios políticos y relaciones de poder en México (siglo xix)”, en Economía y política. México y América Latina en la contemporaneidad. Antología de textos, México, Colmex, 2011, pp. 147-170.

Castellanos Hernández, Eduardo, Formas de gobierno y sistemas electorales en México. Estadística electoral, México, Centro de Investigación Científica Jorge L. Tamayo, 1997.

Ceballos Ramírez, Manuel, “El control geopolítico en el noreste porfiriano: Nuevo Laredo y la fundación de Colombia en 1892”, Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Norte, vol. 3, núm. 5, enero-junio 1991, pp. 5-23.

Constitución federal con todas sus leyes orgánicas y reglamentos anotadas y replicadas por el Lic. Juan de la Torre [1857], México, Antigua Imprenta de Munguía, 5ª ed., 1907.

Constitución Política del Estado Libre de Nuevo León, sancionada en 5 de marzo de 1825, ed. facsimilar, Monterrey, uanl, 2000, en <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080110691/1080110691.PDF>. [Consulta: 15 de septiembre de 2018].

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León [1849], Imprenta del Supremo Gobierno, Monterrey, 1850 en <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080086801/1080086801_03.pdf>. [Consulta: 6 de mayo de 2018].

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila, Monterrey, Imprenta del Gobierno, 1857 en <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109478/1020109478.html>. [Consulta: 6 de mayo de 2018].

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y sus reformas [1878], Monterrey, Imprenta del Gobierno, en Palacio, 1899, en línea: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109481/1020109481.html> [Consulta: 6 de mayo de 2018].

Cosío Villegas, Daniel, Historia moderna de México. El Porfiriato. La vida política interior. Parte segunda, México, Hermes, 1985.

Covo, Jacqueline, “Los clubes políticos en la Revolución de Ayutla”, Historia Mexicana, Colmex, vol. 26, núm. 3 (103), enero-marzo 1977, pp. 438-455.

Duverger, Maurice, Los partidos políticos, México, fce, 1957.

Estadísticas sociales del porfiriato. 1877-1910, México, Secretaría de Economía, 1956.

Espinosa Martínez, “Educación y ciudadanía”, Historia Mexicana, Colmex, vol. 64-4, núm. 256, abril-junio, 2015, pp. 1541-1581.

Forment, Carlos A., Democracy in Latin America. 1760-1900. Civic Selfhood and Public Life in Mexico and Peru, Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 2003, vol. 1.

Katz, Friedrich (coord.), Porfirio Díaz frente al descontento popular regional (1891-1893), México, Universidad Iberoamericana, 1986.

Ley Constitucional que Reglamenta las Elecciones de los Supremos Poderes del Estado y de los poderes Municipales [1879], Monterrey, Imprenta del Gobierno en Palacio, 1882, en línea <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109482/1020109482_020.pdf>. [Consulta: 6 de mayo de 2018].

Luna Argudín, María, “Entre la convención y el consenso: el presidente, el Congreso de la Unión y la intervención federal en los estados (1867-1917)”, en Riccardo Forte y Guillermo Guajardo (coords.), Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina (siglo xix y xx), México, Colmex/El Colegio Mexiquense, 2000, pp. 389-420.

Medina Peña, Luis, Los bárbaros del Norte. Guardia Nacional y política en Nuevo León, siglo xix, México, fce/cide, 2014.

Niemeyer, Eberhard Víctor, El general Bernardo Reyes, Monterrey, Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo León, Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Nuevo León, 1966.

Ordóñez, Plinio D., Licenciado y general don Lázaro Garza Ayala, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1963.

Pérez Domínguez, Marisa, “El general Luis E. Torres, agente electoral en el relevo gubernamental de Yucatán en 1893”, en Luz Carregha Lamadrid, Marisa Pérez Domínguez y María Eugenia Ponce Alcocer (coords.), Miradas retrospectivas al México de Porfirio Díaz, San Luis Potosí, Colegio de San Luis/Instituto Mora/unam-fe/Universidad Iberoamericana, 2018, pp. 55-80.

Quintero, Alberto, “El movimiento antirreeleccionista estudiantil y obrero de 1892”, tesis de licenciatura en Historia, México, unam-ffyl, 2010.

Reyes, Bernardo, Mensaje que el C. Gobernador Constitucional [de Nuevo León] Gral. Don Bernardo Reyes dirige al Congreso del mismo, Monterrey, 16 de septiembre de 1893.

Roel, Santiago, Nuevo León. Apuntes históricos, [1938], 1ª ed. corregida y aumentada, 3era impresión, Monterrey, Castillo, 1984, en línea <https://issuu.com/santiagoroelmelo/docs/apuntes_historicos>. [Consulta: 4 de junio de 2018].

Rojas, Javier, “El mutualismo en Monterrey” [1980], en Celso Garza Guajardo, Nuevo León. Textos de su Historia, México, Instituto Mora, 1989, t. ii, pp. 170-200.

Salmerón, Alicia, “La campaña presidencial de 1892. Una apuesta por la definición de mecanismos para un relevo generacional”, en Georgette José Valenzuela (coord.), Candidatos, campañas y elecciones presidenciales en México. De la República Restaurada al México de la alternancia: 1867-2006, México, unam-iis, 2012, pp. 149-180.

, “De partidos personalistas y de principios; de equilibrios y contrapesos. La idea de partido en Justo Sierra y Francisco Bulnes”, en Alfredo Ávila y Alicia Salmerón (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo xix, México, fce/Conaculta/unam-iih, 2012, pp. 140-167.

, “Prensa periódica y organización del voto. El Club Político Morelos. 1892”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón, Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 159-190.

Sánchez Santiró, Ernest, “El desempeño de la economía mexicana tras la Independencia, 1821-1870”, en Enrique Llopis y Carlos Marichal, Latinoamérica y España 1800-1850. Un crecimiento nada excepcional, Madrid, Marcial Pons Historia/Instituto Mora, 2009, pp. 65-110.

capítulo x

¿Ensayar o enseñar la votación directa?
La Convención Nacional, 1899-1900

Fausta Gantús675

La elección presidencial de 1900 exigió a la clase política la instrumentación de nuevas estrategias que renovaran las dinámicas comiciales en ese año, para consolidar y legitimar la continuidad de Porfirio Díaz.676 Los grupos políticos se enfrentaron en diferentes niveles y formas en la búsqueda por mostrar su apoyo y hacer la promoción del único candidato como recurso para lograr alianzas con el máximo poder gubernamental. A pesar de la existencia de un supuesto acuerdo cupular para definir el relevo presidencial, las confrontaciones —veladas o evidentes— entre los partidos encabezados por Bernardo Reyes y José Yves Limantour fueron intensas y marcaron la escena política.677 Aunado a ello, otras tensiones se hicieron sentir, como la provocada por el partido encabezado por Joaquín Baranda, que por estar en desacuerdo con los arreglos establecidos entre esos grupos, que los dejaban fuera de la lucha a él y sus correligionarios, sumaron conflictos a la contienda presidencial.

En ese marco de tensiones, a finales de 1899, en octubre, justificado en la necesidad de realizar trabajos electorales, un grupo de personas cercanas a Díaz, encabezadas por Sebastián Camacho y Eduardo Liceaga, por “iniciativa privada” dio forma en la ciudad de México a la Convención Nacional. Quienes la integraban eran personajes con intereses tanto en lo político como en lo económico, con trayectorias en la administración pública y la iniciativa privada. Su objetivo principal era realizar una “exploración a la conciencia pública”, esto es, buscaban sondear el ánimo de la ciudadanía para determinar al candidato presidencial que apoyarían.678 Tal sondeo consistiría en explorar la “manifestación privada individual” de “todos los habitantes de la República”, para lo cual los ciudadanos depositarían de manera personal una boleta con el nombre del candidato que eligieran, y se celebraría en todo el territorio nacional, o al menos eso se pretendía. Sabemos, es cierto, que la auscultación constituía una estrategia de los porfiristas para “demostrar” la necesidad de continuidad de Díaz en la presidencia ―terreno en el que se contaba con varias experiencias previas, como se verá en el apartado correspondiente―, pero más allá de ello, consideramos que su importancia radica en el hecho de que fue la primera consulta ciudadana de alcance nacional efectuada de manera directa con fines comiciales. Esa consulta popular, es nuestra hipótesis, operó como una especie de experimento para probar si la ciudadanía estaba lista para ejercer el voto directo —sobre el que trataremos en un apartado posterior—, y constituyó una estrategia de movilización del sufragio en sí misma.679 Consideramos que la movilización se fomentó en dos sentidos; primero, mediante la realización del propio plebiscito, lo que implicó campañas de difusión y promoción para alentar la participación; y, segundo, despertando mediante este ejercicio el interés de la ciudadanía en el proceso oficial que tendría verificativo a mediados de 1900.680

En tal sentido, interesa en este trabajo estudiar la formación, funcionamiento y desarrollo de la Convención Nacional con la finalidad de penetrar en los posibles significados que cobraba la auscultación directa a la que convocó y, especialmente, para observar los mecanismos a través de los cuales promocionó, organizó y movilizó la participación ciudadana en el ámbito electoral y las estrategias de que se valió para ello. En este contexto, resulta fundamental también estudiar la forma en que la prensa dio seguimiento a las acciones de esa “manifestación nacional” ―como también la denominaban―, apoyándola o detractándola, esto es, las maneras en que colaboró para alentar el voto y la participación ciudadana o las formas que desarrolló para frenarlo y desalentarla.681

Formación y funcionamiento
de la Convención Nacional

El nuevo siglo trajo consigo aires renovadores en la política, al menos, lo parecían. Si bien algunas de las acciones que se emprendieron constituían una forma de afinamiento de estrategias legitimadoras del sufragio, lo cierto es que, junto a fórmulas probadas y repetidas, se valieron también de la implementación de recursos y prácticas político-electorales poco comunes en el país, las cuales resultaban imprescindibles tanto para mantener vigente el interés de la sociedad política como actualizada a la institución electoral.682 Esto es, las estrategias implementadas traslucían una preocupación por reconfigurar la esfera política. Tal es el caso de la auscultación convocada por el grupo de individuos reunidos en la Convención Nacional, la cual se efectuaría mediante votación directa para elegir al candidato que apoyaba la mayor parte de los ciudadanos para que ocupara la presidencia de la República; esto es, convocaban a lo que podemos definir como un plebiscito —este punto lo desarrollaremos más adelante.683 Los ciudadanos, cabe precisar, eran aquellos individuos que, según el artículo 34 de la Constitución, fueran mayores de 18 o 21 años, según estuvieran casados o no, y, aunque no lo señala expresamente el artículo, fueran varones.684

La Convención Nacional pretendió tener tales alcances, como lo indica su nombre: abarcar a todo el país. La maquinaria de su funcionamiento se articuló bajo el mismo modelo que privaba en el espacio público desde, al menos, un par de décadas atrás, y que servía para organizar clubes y otras asociaciones políticas. El diseño de su estructura consistía en una “Junta central”, radicada en la ciudad de México, que encabezaba a las “Juntas locales” que se instalaban en las capitales de los estados, que a su vez tenían la responsabilidad de formar “Juntas menores” en las cabeceras municipales (anexo 1).685 Para el mejor éxito de sus propósitos, la Convención Nacional estuvo en estrecha asociación con otras organizaciones, igualmente cercanas al gobierno.686 Aunque desconocemos las particularidades de esas vinculaciones y su número, un par de indicios lo sugieren. Así en Guanajuato, el “Club liberal”, el “Círculo nacional porfirista” y la “Asamblea constitucionalista” unieron esfuerzos a los de los convencionistas y en Monterrey se auguraba que, al menos, los 49 clubes políticos de los que era vocero La Voz de Nuevo León, secundarían el “patriótico proyecto”.687 Como es posible observar se trataba del tejido de una red que se articuló en dos sentidos: una, al interior de la propia organización y, dos, hacia el exterior con otras organizaciones políticas.

La Convención Nacional quedó formalmente instalada a principios de octubre y la directiva de su Junta Central conformada por un presidente, dos vicepresidentes, un tesorero, dos secretarios, ocho vocales propietarios y ocho vocales suplentes. Como presidente de la junta directiva fue elegido el doctor Eduardo Liceaga y como vicepresidentes Sebastián Camacho y Ramón Alcázar (anexo 2).688 Las mesas directivas de las juntas locales tuvieron composiciones variadas, unas se conformaron con un presidente, dos vocales, un secretario y un tesorero, pero las había que tenían también uno o dos vicepresidentes y varios vocales. Cabe precisar que si bien la Junta directiva de la ciudad de México quedó integrada por 22 individuos, los miembros “fundadores” reunidos en la Convención Nacional, en su junta de instalación, sumaban más de 200.689 Como es posible observar al recorrer la lista de nombres, se trata de actores que no están, al menos no de forma evidente, ligados a ninguno de los grandes partidos ―científico, barandista, reyista―, ni figuran en la primera línea de la acción política. El hecho de que no sean figuras prominentes sugiere la intención de crear una asociación plural en términos de las facciones porfiristas y generar un frente amplio que los aglutinara a todos.

Aunque la organización se constituyó formalmente en octubre, los trabajos para darle forma habían iniciado desde mucho antes. Con el proyecto en marcha, en el mes de agosto José Casarín y Juan de la Torre ―quienes se encargarían de la redacción de La Convención Nacional―,690 habían visitado diversos estados del país con el objetivo de dar a conocer el programa de la Convención. Con igual finalidad procedieron a escribir a personas de aquellos lugares a los que no asistieron personalmente. Los puntos donde establecieron contactos que respondieron favorablemente a la iniciativa eran: Aguascalientes, Colima, Campeche, Culiacán, Cuernavaca, Ciudad Victoria, Chilpancingo, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, Jalapa, Monterrey, Mérida, Morelia, Pachuca, Querétaro, Saltillo, San Juan Bautista, San Luis Potosí, Toluca, Tepic, Tuxtla Gutiérrez y Zacatecas. También habían establecido comunicación, aunque aún faltaban las respuestas, con: Ensenada de Todos Santos, La Paz, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.

Producto de sus labores de organización para el 20 de octubre, cuando se publicó el primer número del periódico de La Convención Nacional, se contaba ya con Juntas locales en varios estados: Aguascalientes, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, de cuyas integraciones daban cuenta.691 Instalada la Junta Central la mesa directiva procedió a designar delegados especiales que tenían la encomienda de formar las Juntas menores en las municipalidades del Distrito Federal: Tlalpan, Mixcoac, San Ángel, Guadalupe-Hidalgo y Coyoacán (anexo 3). Aunque no hemos podido corroborar si fue un procedimiento establecido, sabemos que algunas de las Juntas menores de los municipios de las entidades federativas designaron representantes en México, una estrategia para hacerse presente en las reuniones celebradas en la capital del país.692

Quienes convocaban a formar la Convención Nacional decían ser un “grupo de ciudadanos independientes” ―con lo cual, suponemos, querían señalar que no estaban ligados al gobierno― que invitaban a otros ciudadanos, también con el mismo carácter/condición, para que en su seno contara con “represen[tantes de] todos los grupos de nuestra sociedad”, esto es, desde banqueros hasta artesanos, pasando por comerciantes y artistas “y aún obreros”.693 Los organizadores expresaban que la creación de esta Convención y la auscultación de la voluntad ciudadana era un “acto de civismo, y no de Partido”.694 Esta precisión, consideramos, responde a dos imperativos, que detallamos a continuación. El primero, la intención de difuminar el uso de tal adjetivo pues ―a pesar de que podemos constatar en los hechos la existencia de partidos y de que algunas organizaciones se autodenominaban como tales―,695 prevalecía aún en el sentir de parte de los actores de época la idea del partido como lo que divide y ello era considerado negativamente, por suponer que actuaba en contra de la unidad nacional, del bien de la nación.696 Pero, sobre todo, trataban de deslindarse de esa denominación porque en parte del discurso público imperaba la idea de que un partido se apoyaba en un programa afín a los intereses de un grupo, el cual se pretendía imponer a todo el conjunto social y al gobernante mismo; esto es, se cuestionaba la función que tales organizaciones tenían y sus pretensiones, lo que perseguían. Y si un partido postulaba y hacía promoción de una candidatura ello suponía que si el personaje apoyado resultaba electo estaría obligado a seguir ese programa.697

El segundo, nos parece que con esta precisión intentaban deslindarse de los tres principales partidos presentes en el ámbito público, para poder aglutinar voluntades diversas, pues que su finalidad era la auscultación de la opinión de la ciudadanía en general requerían atraer a los votantes independientemente de su filiación política; por ello apelaban pues a la causa cívica. Hacia finales del siglo era evidente la fragmentación de la sociedad política, su estallamiento, en diversos partidos, algunos francamente organizados ―aunque compartieran el mismo sello ideológico y la misma posición política, los aglutinaban intereses específicos que los diferenciaban entre sí―; como es el caso, por ejemplo, del Gran Círculo Unión y Progreso formado en Monterrey.698 En igual sentido, podemos aventurar que los clubes y círculos mismos eran, para entonces ―con la larga tradición que los precedía y legitimaba― una estrategia fundamental de los partidos, que se creaban y multiplicaban en cada elección; algunos muy focalizados en la región o estado donde surgían, otros con pretensiones nacionales.

En la coyuntura que nos ocupa, en la misma ciudad de México, paralelas a la Convención Nacional, existían organizaciones que trabajaban en la postulación de Díaz, algunas con pretensiones de abarcar también a todo el país, como es el caso del Círculo Nacional Porfirista.699 Aunque ambas agrupaciones trabajaban por una causa común, la reelección de Díaz, tenían objetivos claramente diferenciados, pues la Convención Nacional estaba encargada de organizar el plebiscito, esto es, de poner en marcha el experimento de la votación directa, en tanto los del Círculo Nacional Porfirista tenían como objetivo la franca promoción del candidato. Terreno este último en el que los convencionalistas se expresaron con discreción, pues si bien declararon estar “convencidos” de que el sentimiento general se inclinaría a favor de Díaz, insistieron en que se debía “procurar la manifestación privada e individual” en tal sentido.700 Así pues, lo que perseguía la Convención era que, fuera cual fuera el club o partido al que pertenecieran, todos los ciudadanos participaran en la auscultación.

No podemos dejar de señalar que parte de la prensa, la que denostaba las acciones y pretensiones de los convencionalistas, dio un sesgo diferente al tema de los partidos, retomando una añeja discusión, por momentos casi olvidada, señalando que lo que se intentaba era conciliar la participación de “liberales” y “conservadores” en la misma agrupación política, lo cual despertaba severas y enconadas críticas.701 La confrontación entre ambos partidos, sin embargo, había quienes la suponían parte de la orquestación política para alentar y justificar la reelección de Díaz, como lo deja ver una caricatura de El Alacrán en la cual los dos grupos se enfrentan a golpes mientras el General aguarda tras bambalinas para salir a escena en el momento preciso y mostrarse como el hombre necesario para mantener el equilibrio nacional (anexo 7, imagen 1).702

Teniendo en consideración que durante toda la segunda mitad del siglo xix se desarrolló y consolidó en el país la tradición de organización de clubes y otras formas de asociación y que ello posibilitó diversas maneras de participación en las elecciones de la ciudadanía y la sociedad política en su conjunto, cabe preguntarse ¿qué hacía particular a esta Convención? En nuestra opinión lo que la hacía especial era su finalidad y el método propuesto para participar en el proceso comicial. Según apuntaban los organizadores, lo que perseguían era “palpar el verdadero sentimiento público respecto al importante asunto de la elección presidencial”,703 era efectuar una “exploración patriótica”, o una “exploración de la voluntad de cada uno de los ciudadanos mexicanos”. De esta manera, la primera particularidad sería la auscultación misma, el plebiscito, esto es, la puesta en vigencia de una práctica novedosa en términos de su utilización por parte de los grupos organizados de la sociedad que, hasta donde puedo rastrear, no habían recurrido a ella con anterioridad, pues hasta entonces sólo había sido utilizada por las autoridades —como veremos más adelante—, y aún en este último caso, los gobernantes se habían valido muy escasamente de ella a lo largo de la segunda mitad del siglo. Debido al carácter de su objetivo, también resulta relevante la pretensión de hacerlo libre de partidismos. Lo segundo, el uso de esa consulta popular con la finalidad expresa de elegir un candidato. Lo tercero, que para nosotros tiene mayor significado, es el procedimiento elegido para efectuarla: la votación directa.

Lo que importa destacar, entonces, es que la organización y celebración de esta convención, o consulta, resulta significativa porque fue el primer plebiscito realizado en México organizado por un grupo de la sociedad, porque fue la primera consulta directa para elegir un candidato presidencial y porque, en la práctica, se trató del primer ejercicio de votación directa a nivel nacional con fines electorales. Estas características son relevantes para visualizar y comprender el espacio público y el estado de la cultura política mexicana de entre siglos.

Considero que el recurso de la auscultación directa de la “voluntad nacional” resulta una novedad importante en la forma de hacer política en el marco del régimen porfiriano. Y su realización obliga a que nos preguntemos: ¿si ello evidencia el intento de la clase política comprometida con el gobierno por tratar de responder al crecimiento de la politización entre la ciudadanía, y la población en general? ¿Si fue un ejercicio para explorar las tendencias y el ánimo imperante en la sociedad política con derecho a voto a fin de determinar la posibilidad de instrumentar la votación directa en las elecciones federales? ¿Si constituye, o en qué medida podría constituir, una estrategia para contener el avance de las ideas propagadas por algunos grupos con respecto a la elección directa; esto es, que sirviera de paliativo o distractor para generar la idea de la votación directa sin otorgarla realmente en términos legales; que se tratara de una estrategia para contener el avance de las ideas propagadas por grupos opositores a las autoridades?

También podemos considerarla como una acción que queda comprendida en el marco de la vocación cívica y pedagógica que caracterizaba la época. Entendemos que esta intención pedagógica se expresaba en el convencimiento de la necesidad de educar al pueblo en la práctica “democrática”, misma que estaba principalmente asociada al ejercicio del sufragio. Evidencia de esta vocación, a lo largo de las décadas anteriores encontramos diversas acciones, desde la elaboración de impresos hasta la formación de organizaciones, cuya finalidad era alentar el voto, combatir el abstencionismo, “agitar” el interés público, en síntesis: lograr la participación de la ciudadanía en las elecciones. Sirvan de ejemplo periódicos como El Elector, de 1869, o El Libre Sufragio, de 1879-1880; u organizaciones como la Sociedad Propagadora del Sufragio Popular en 1884, además de los múltiples clubes políticos que se creaban en cada coyuntura electoral presidencial y los que funcionaban de manera permanente, entre muchas otras. En ese sentido, el de la vocación pedagógica, cabe preguntarse si ¿se estarían “enseñando” nuevas formas de participar en las elecciones?, especialmente en lo que toca a la votación directa. Si, quizá, ¿se estaba “ensayando” la votación directa?

El plebiscito como el ensayo de la
votación directa en el ámbito federal

La auscultación efectuada en 1900 puede ser entendida, proponemos, como un plebiscito.704 Y fue legitimador en cuanto sirvió a los propósitos del régimen de patentizar que la voluntad nacional demandaba la permanencia de Porfirio Díaz al frente de la presidencia de la República, según lo evidenciaban los resultados, que mostraremos más adelante.

Aunque es cierto que los organizadores no lo llamaron plebiscito, si lo hicieron otros actores del momento al referirse al ejercicio convocado por ellos. Cabe señalar que la definición del concepto en el sentido de la “resolución tomada por todo un pueblo a pluralidad de votos”705 apareció en un diccionario en 1895, como la segunda acepción. No resulta extraño entonces que quienes organizaron la Convención Nacional no lo aplicaran para una actividad que involucraba a todos los sectores de la población entre quienes podía resultar desconocido, o al menos poco común, el término y, por tanto, generar desconfianza. Esto no impide que nosotros, al igual que otros miembros de la prensa, podamos entender ese ejercicio en el sentido de la definición de época y observar cómo, antes que el uso generalizado del concepto, de su inclusión regular en el vocabulario político del momento, se empezó a aplicar en la práctica.

Así encontramos, por ejemplo, que en un artículo de La Semana Mercantil reproducido en las propias páginas del periódico de La Convención Nacional sus redactores apuntaban:

los trabajos de la Convención tienden con toda seguridad a hacer palpable por medio de un plebiscito hábilmente levantado, que no es la inercia de un pueblo, que no su desidia por la práctica de las instituciones ni su desapego a la política lo que mantiene en el poder y hará continuar en él a nuestro actual mandatario, sino su aquiescencia, su consentimiento y expresa voluntad, ya sea manifestada directamente o de una manera más o menos tácita.706

En la misma lógica, otro periódico apuntaría: “El pueblo está invitado á votar libremente. Ya se van á instalar mesas electorales preparatorias, ó lo que es igual, va á procederse á un plebiscito nacional”.707 Quedan en estas frases evidenciado el afán legitimador sustentado en el hecho de afirmar la participación popular en la vida política para avalar su funcionamiento. En igual sentido, resulta claro que el plebiscito se entendía como expresión de la voluntad del pueblo y como el instrumento para “asegurar el triunfo de la voluntad nacional”.708 Pero también se destaca el procedimiento por el cual se efectuaría: la manifestación directa de esa voluntad.

Pero si el concepto plebiscito y su uso cobrarían fuerza sólo en las últimas décadas del siglo, en cambio, la discusión sobre la forma de votación fue una constante a lo largo de la centuria decimonónica, si bien para nuestro caso de estudio importa lo sucedido en la segunda mitad de la misma. Diversos personajes de la vida pública, a través de la tribuna o desde las páginas de los impresos, manifestaron sus opiniones al respecto. Ninguno negaba —o al menos no en público— el papel fundamental de los comicios ―entendiéndolos como la piedra angular de la vida democrática y el sistema representativo― y el derecho de la ciudadanía a participar en ellos. Lo que caracterizó la discusión fue la definición del sistema que debía regir en las votaciones de carácter nacional; así, desde los debates del constituyente de 1856-1857, las opiniones se polarizaban, quedando de un lado quienes estaban a favor de la elección indirecta y, del otro, quienes lo estaban de la directa. La cuestión no era menor.

Las elecciones indirectas eran aquellas en las que había intermediación entre la base votante y la decisión final respecto a los cargos elegidos; esto es, existía un grupo denominado electores que era en quienes recaía tal facultad. El nivel de intermediación podía variar, y de hecho varió, a lo largo de la primera mitad del siglo, en tanto en la segunda mitad, de la cual nos ocupamos aquí, los comicios federales se realizaban mediante elecciones indirectas simples o en un grado, lo que suponía sólo un nivel de intermediación. Las votaciones directas, en cambio, y como su nombre lo indica, eran aquellas en la que el ciudadano elegía a la autoridad que lo representaría o gobernaría. Conviene apuntar también que en el México decimonónico se elegía a los miembros de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Así, en el ámbito federal, se votaba al presidente y vicepresidente ―cuando estuvo vigente el cargo―, a los diputados y senadores ―excepto en la etapa en que rigió el sistema unicameral, esto es entre 1857 y 1874― y a los magistrados.

Las votaciones directas no constituían una novedad en el país, las mismas se aplicaban en algunas elecciones municipales y estatales, pero no fueron aceptadas para ejercerse en las de carácter nacional.709 Varias fueron las razones esgrimidas para la negativa, la principal: la incapacidad del grueso de la ciudadanía para tomar decisiones correctas e informadas. En efecto, y como hemos anotado en otro trabajo sobre el tema, mientras unos consideraban imprescindible que los ciudadanos pudieran expresar directamente su elección mediante el voto, otros vieron en ello un problema, un riesgo y un peligro. Problema, porque estimaban que los ciudadanos no poseían ni la instrucción ni la experiencia necesaria para definir su preferencia. Riesgo, porque emitirían un voto sin razonarlo, otorgándolo a personas que no fueran las más aptas para desempeñar el cargo. Peligro, porque esa situación conduciría a dejar el gobierno y la toma de decisiones fundamentales para el país en personas poco capaces.710 Esto es, la falta de cultura y educación “democrática”, era el pretexto esgrimido para negar a la ciudadanía el voto directo.

Como es de suponerse, a lo largo de los años las dinámicas políticas se fueron transformando, conforme el régimen encabezado por Porfirio Díaz y sus correligionarios sumaba años en el poder. Las coyunturas electorales previas, en particular la de 1892, había mostrado dramáticamente el rostro de una nutrida oposición a la reelección y la decisión de actores políticos emergentes de participar de manera activa en la vida política, en general, y en los procesos comiciales, valiéndose para ello del recurso de tomar las calles mediante concentraciones y recorridos, así fuera únicamente para manifestar su opinión,711 lo que constituía una novedad, pues hasta entonces sólo se habían apropiado del espacio público quienes apoyaban la reelección.

La clase política sabía que no podía prescindir del elemento social pues las propias condiciones de un sistema basado en la representación y el sufragio popular exigía la participación de la ciudadanía y de la población, por ello fomentarla era una tarea principal. En este contexto, e intentado responder algunas de las interrogantes planteadas antes, es posible suponer que la realización de este ejercicio de votación directa fue la respuesta del gobierno, escudado en una organización supuestamente de carácter independiente, ante el reclamo de nuevos espacios de participación ciudadana en la vida política, la cual quizá esperaban que funcionara como una especie de paliativo que detuviera el avance de las demandas de inclusión y ampliación. En la misma línea de reflexión, es posible también considerar que su instrumentación fue un recurso para tratar de evaluar la posibilidad de otorgar el voto directo a los ciudadanos. Una tercera explicación factible es la de considerar que este experimento fue una especie de dique de contención contra el voto directo que ganaba espacios en las elecciones locales de los estados, y una forma de fijar posición en lo que toca a las discusiones habidas sobre el tema, de tal suerte que éste se concedió en la consulta pero se continuó manteniendo el voto indirecto en la decisión final, en el entendido de que traslucía el mismo resultado.712 Ahora bien, habiendo sido los resultados favorables al gobierno, cabe cuestionarse entonces, ¿por qué no prosperó el voto directo —en posteriores elecciones realizadas durante el régimen encabezado por Díaz, porque en esa quizá ya no resultaba posible dado que había que reformar la Constitución y la ley orgánica—, el cual se aprobaría varios años más tarde, para las elecciones de diputados de 1912? Quizá la respuesta más sencilla sea que era difícil que prosperara dado que la maquinaria electoral estaba montada sobre la base del voto indirecto que permitía la existencia de espacios de negociación en los que participaban los diferentes integrantes de la clase política. En cambio, para 1912 ya había partidos políticos estructurados que modificaron la configuración de las dinámicas.

Dejando de lado las suspicacias, lo que resulta claro es que esa auscultación de la “manifestación personal” para “explorar la opinión pública respecto de la persona que se haya de proponer como candidato en las próximas elecciones”, o “exploración de la voluntad de cada uno de los ciudadanos” con “respecto al importante asunto de la elección presidencial” tuvo como base el voto directo.713 Y se hizo bajo un sistema igual al de las elecciones oficiales; esto es, se llenaron boletas con el nombre del ciudadano que cada individuo considerara como su candidato para la presidencia y las mismas se depositaron de manera personal en ánforas públicas colocadas en mesas ubicadas en distintos puntos de las poblaciones.

Los procedimientos y las prácticas desarrolladas por los convencionistas nos permiten sostener que la auscultación fue, en realidad, un experimento promocionado por la clase política para poner a prueba el voto directo y poder evaluar las posibilidades de incorporarlo en los procesos electorales nacionales. Si bien en su discurso Eduardo Liceaga pretendió quitar peso al ejercicio que se proponían realizar al señalar que se trataba de una “manifestación individual, y no voto” del pueblo mexicano, que ésta era la “expresión [...] del deseo privado del individuo”, el cual se reafirmaría con el “voto electoral del ciudadano” ―aludiendo a la elección oficial―, que era “sólo preparatoria del acto electoral” y que en su conjunto, ambas “expresiones” ungirían “doblemente” al General Díaz, lo cierto es que la misma insistencia en negar su valor en términos de la institucionalidad parece traslucir las auténticas intenciones.714

El voto directo y algunos ejercicios
supuestamente democratizadores

La votación directa fue discutida en México desde el inicio de la vida independiente, pero el ejercicio de su práctica encuentra un punto de referencia muy importante en el periodo 1856-1857, en los debates sobre el tema habidos en el seno del constituyente acerca de la pertinencia o no de instituirla para elecciones nacionales, y el posterior establecimiento de la misma en varios estados de la República para sus elecciones locales.715 En los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de la República Mexicana emitida ese año quedó asentada la facultad que cada estado, “libre y soberano”, tenía para decidir su régimen interno.716 En consecuencia, varios de ellos optaron por instrumentar la votación directa para uno o varios de sus procesos comiciales locales —municipales y estatales—, en lo que toca a los tres poderes: ejecutivo —gobernador y/o vice gobernador, en su caso, así como regidores y comisarios― legislativo ―diputados locales―, y judicial ―jueces de paz.717 Sin embargo, en las elecciones nacionales se mantuvo a todo lo largo del siglo, para todos los poderes, la votación indirecta, variando en los grados de intermediación y manteniéndose indirecta en un grado a partir de ese mismo año de 1857; ello a pesar de voces como la de José María Luis Mora, Ignacio Ramírez o Francisco Zarco que en favor de la directa, entendida como el ejercicio y el derecho básico de un sistema de representación, se expresaron a lo largo de la misma centuria.718

En las dos últimas décadas del siglo, con autoridades gubernamentales estables y con un régimen cada vez más consolidado, el acto comicial afirmó su importancia como mecanismo constitutivo, articulador y legitimador de la vida política pero también se convirtió en referente fundamental del debate público en cuanto a su sentido, pertinencia, calidad y autenticidad. Al mismo tiempo, un proceso paralelo, y en íntima relación con la práctica del sufragio, fue la demanda de mayores espacios de participación de una sociedad política en expansión y más consciente de sus derechos. Los grupos de poder, o en disputa por él, también fueron creciendo, diversificándose y ampliando sus expectativas políticas. Todo ello hacía más patente la necesidad de incluir o de ofrecer alternativas de participación a otros actores en las dinámicas de las competencias y decisiones políticas, y una estrategia desplegada en tal sentido, consideramos, fue la auscultación celebrada al iniciar 1900.

La auscultación de la voluntad ciudadana o “popular” para elegir al candidato fue una práctica que se fomentó y desarrolló en algunas coyunturas electorales previas a la de 1900, pero se hizo mediante un sistema de votación indirecta y a través de la reunión de sus representantes, organizados en clubes políticos, como veremos más adelante. En parecido sentido, el de conocer la voluntad ciudadana, pero con una finalidad diferente, el ejercicio de la consulta se usó ―o se pretendió usar― también como el referente legitimador de las acciones y decisiones de gobierno, en al menos dos ocasiones: 1854 y 1867. En efecto, el primer plebiscito lo convocó el presidente Antonio López de Santa Anna en 1854, con la finalidad de que la ciudadanía expresara su avenencia con la continuidad del mandatario en el cargo que, con carácter vitalicio, detentaba o eligiera, en su defecto, un nuevo presidente.719 Pero en esa ocasión convivió una forma mixta de votación ―directa e indirecta― pues la consulta se hizo tanto a individuos como a corporaciones y cuerpos militares a través de Juntas populares; en el caso de éstas un representante sería el encargado de expresar el número de sus integrantes y el sentido del voto de todos ellos. En el caso de los ciudadanos decidirían de forma individual, pero no mediante boletas escritas sino que el voto se registraba en dos cuadernos generales y el ciudadano tenía que estampar su “firma entera”.720

La segunda consulta tuvo lugar en 1867 tras el fin del imperio de Maximiliano y la restauración de la República.721 El gobierno encabezado por Benito Juárez, en el marco de las elecciones federales para elegir a diversos representantes, entre ellos al presidente, emitió el 14 de agosto de 1867 una convocatoria en la que también llamaba a la ciudadanía a “expresar su voluntad” respecto de autorizar al Congreso de la Unión para efectuar reformas constitucionales “sin necesidad de observar los requisitos establecidos en el art. 127” de la propia Constitución. Entre las varias reformas propuestas estaban la formación del senado y otorgar facultad de veto suspensivo al ejecutivo federal, se trató pues de un referéndum, en la medida en que la consulta estaba ligada a cuestiones de carácter legal.722 En esta ocasión, en la misma boleta en la que el ciudadano nombraría al elector que lo representaría, emitiría su voto directo a favor o en contra de las reformas constitucionales. Como es posible observar la consulta se fundó en el voto directo pero la misma no tenía pretensiones electorales en sí, sino de autorización de procedimientos administrativos y fines constitucionales.723

En lo que toca a la materia de consultas ciudadanas con fines electorales un momento importante lo constituye la coyuntura de 1892, durante la cual el Club Político Morelos, en la capital del país, y el Comité Central Porfirista, desde la misma capital pero con proyección nacional, se dieron a la tarea de organizar y movilizar el voto.724 El primero de ellos convocó a una Convención Electoral con la finalidad de que se efectuara una elección en la que el “pueblo” de ese territorio designara a sus delegados, quienes a su vez votarían por el candidato que apoyarían para que ocupara la presidencia de la República, esto es, la consulta se instrumentó a través de una votación indirecta.725 Los resultados reportados por La Vanguardia, unos de los periódicos que encabezaban y fungían como voceros del Club, señalaba que votaron alrededor de 1 500 ciudadanos quienes eligieron a los delegados que asistirían a la Convención para elegir al candidato presidencial. Los resultados reportados tras la reunión de los delegados fue que de los 240 representantes votaron 231, no asistieron ocho y se excusó uno. Descontando los 201 votos que se emitieron a favor de Porfirio Díaz, los demás se repartieron entre Manuel Romero Rubio (9), Manuel González (9) y cada uno con un voto: Justo Benítez, Guillermo Prieto, Ignacio Mejía, Manuel Díaz de la Vega, Joaquín Baranda, Ignacio Mariscal, Ignacio Vallarta y uno en blanco.726

Por su parte la Convención Nacional Liberal, convocada por la Unión Liberal que ―con mayores pretensiones y alcances reunieron esfuerzos en una Junta que se instaló el 5 de abril― se organizó en ese año de 1892 con el objetivo principal de efectuar una elección de candidatos a la presidencia, en la que, en principio, participarían delegados de todos los estados; pero de nuevo se trató de una votación indirecta.727 La elección fue realizada el 18 de abril en una sesión efectuada en el recinto de la Cámara de diputados, mediante el voto de los representantes de los estados, los cuales, según un impreso de la época, sumaban 76.728 Como antecedente de la consulta ciudadana convocada en 1899-1900 encontramos la estrategia desarrollada en la elección presidencial anterior, la de 1896, cuando el Círculo Nacional Porfirista, se dio a la tarea de “obtener el mayor número de firmas de los ciudadanos de todo el país, que deseen la elección del Sr. Gral. Díaz”.729

Todos estos ejercicios de consulta ciudadana son signos de una sociedad política viva y en transformación, en constante ampliación, y de una clase política que buscaba diversificar y afinar los mecanismos de participación de los actores ―individuales y colectivos― que exigían su incorporación a las dinámicas del espacio político. Son recursos, sin duda, instrumentados también por los hombres en el poder para legitimar sus acciones y decisiones mediante el aval ciudadano. Todas ellas, sumadas y aunque lentamente, fueron enriqueciendo la cultura política de la sociedad mexicana decimonónica.

Promover o desalentar el voto
ciudadano, las experiencias previas

Si la desconfianza ―el temor, podemos suponer― de la clase política a la participación popular era uno de los motivos que había frenado durante toda la centuria, y aún frenaba al finalizar el siglo, la instrumentación del voto directo, en cambio la participación ciudadana en los comicios era una necesidad —evidente para todos— para afianzar la institución electoral, la cual servía para respaldar a las autoridades y a sus acciones y constituía un importante espacio de negociación política. Así, promover o desalentar la participación en los comicios y lograr el voto fue una de las preocupaciones constantes y de los ejercicios reiterados en cada coyuntura electoral.

Papel fundamental en las estrategias de movilización y organización del voto lo jugaban la prensa y las asociaciones políticas ―clubes comiciales especialmente―, actores centrales de las campañas electorales. Con antelación a la realización del sufragio, esto es, durante el tiempo de promoción de los comicios, los impresos se daban a la tarea de criticarlos o exaltarlos; de denunciar las elecciones como una “farsa” y la constante violación al voto y a la voluntad nacional, unos, y de enfatizar el carácter “democrático” del acto comicial y la importancia de que los ciudadanos se expresaran mediante su voto, otros.730 Muchas veces, unos y otros, los que estaban a favor tanto como los que estaban en contra del gobierno, los que expresaban su confianza tanto como los que expresaban su desconfianza en la veracidad de los resultados de las elecciones, se daban por igual a la tarea de llamar a la ciudadanía para que acudiera a votar; con la pretensión de reafirmar la necesidad de continuidad de Díaz, los primeros, y con la intención de evidenciar el hartazgo ante el reeleccionismo, los segundos. En ocasiones, los últimos, lo que procuraban era desalentar la emisión del voto, fomentar el abstencionismo como estrategia que obraba en igual sentido, esto es, para mostrar la poca credibilidad en la institución electoral y el repudio generalizado al gobierno encabezado por Díaz.

Pero además de la prensa, también las asociaciones, sociedades y clubes electorales emprendían la labor de promocionar la participación ciudadana y el ejercicio del voto; la mayoría de esas organizaciones tenían sólo un carácter local, pero las había, aunque pocas, que perseguían abarcar todo el territorio nacional. Ejemplo de una organización de este último tipo en 1884 se creó la Sociedad Propagadora del Sufragio Popular cuyo objetivo principal era combatir el abstencionismo y fomentar la asistencia de los ciudadanos a las urnas, aunque también declaró abiertamente que su candidato era Porfirio Díaz.731 1884 había sido un año complejo en términos electorales pues si bien había significado la vuelta de Porfirio Díaz al poder, la lucha interna entre aspirantes, incluidas las intenciones reeleccionistas que en algún momento mostró Manuel González, había puesto tensión al escenario político.732 Aquella Sociedad se estructuró en Juntas, la Central correspondía a la ciudad de México y tenía las locales o distritales en los estados y sus municipios. La Sociedad organizó y convocó a reuniones y manifestaciones públicas y buscó establecer lazos con la prensa para que apoyara sus labores de promoción del voto, a lo que una parte de la misma respondió favorablemente.733

Si bien es posible cuestionar las reales intenciones de los grupos que emprendían acciones como ésta, no hay que dejar de ver también que la creación de organizaciones como la Sociedad Propagadora del Sufragio Popular, además de responder a los afanes legitimadores generalmente asociados con los procesos electorales, a los intereses personales en juego y a las negociaciones que los mismos posibilitan a grupos y partidos, respondía también a la convicción de los actores políticos de la época ―al menos de cierta parte de ellos― de formar, fomentar y consolidar la existencia de una ciudadanía integrada al ejercicio del gobierno mediante la participación en los sufragios.

Otra coyuntura interesante la constituye 1896, momento en que cobró relevancia la labor de promoción del voto debido a la actividad abanderada en buena medida por la prensa y por la creación de un gran número de clubes en todo el país. Pero lo que hizo especial a esta elección en particular fue el papel que desempeñó el Grupo Reformista y Constitucional que entre sus motivaciones y objetivos tenía el de fomentar la participación ciudadana en los comicios.734 Ese Grupo, que se había formado a mediados del año anterior en la capital del país y que tuvo adherentes y repercusiones en varios estados de la República, estaba conformado principalmente por representantes de la prensa que se unieron con la intención de hacer frente al avance de la Iglesia católica en el espacio público y, como su nombre lo indica, para hacer respetar los preceptos constitucionales, pero también fue uno de sus más importantes objetivos alentar el voto ciudadano.735 Así en el punto sexto de los acuerdos tomados en asamblea extraordinaria a principios de abril de 1896 se anotaba que se debía “combatir el indiferentismo actual de nuestro pueblo en materia electoral, e ir educando en la esfera de su poder al mismo pueblo, en las prácticas del sufragio” y se llamaba a todos los integrantes del Grupo a “excitar a los ciudadanos a que concurran a depositar su voto en la próxima elección de Presidente de la República, Diputados y Senadores”.736 Como podemos notar, la labor de formar, de educar a la ciudadanía era una preocupación de los diversos actores políticos, incluida la prensa; era una prioridad pues de ella dependía la posibilidad de generar nuevos equilibrios en la dinámica del juego electoral.

1884 y 1896 los anotamos aquí porque, como hemos visto, en esos años tuvieron lugar la creación de grupos u organizaciones ligadas directamente con la labor de la promoción del voto, pero hay que tener presente que en cada coyuntura electoral los clubes y partidos, y los impresos mismos, de manera directa, hicieron intensas campañas en el mismo sentido. La participación ciudadana en el marco de los comicios en actos de proselitismo —asistencia a reuniones, manifestaciones, ceremonias y banquetes, entre otras— y, especialmente, en las votaciones servían a la clase política y a los actores mismos para entablar diversas negociaciones, es cierto, pero no podemos dejar de observar y reconocer también la intención cívica y el carácter pedagógico detrás de las acciones de impulso de la práctica del sufragio.

El periodismo aliado y opositor
a la Convención de 1900

El proceso puesto en marcha por la Convención Nacional fue descrito por un periodista, evidentemente un promotor de la misma, como “comienzos prácticos de la vida democrática”.737 En contraparte, alguien menos convencido, o más escéptico, señalaba:

Sabrás que se ha constituido en la Metrópoli una Junta Central que trabajará en arreglar la Convención Nacional para las acciones presidenciales de 1900; ¿Será con aprobación táctica del Sr. Gral. Díaz? No lo sé, ni se me alcanza el resultado de estos comienzos prácticos de la vida democrática.738

Estas palabras aparecidas en El Amigo de la Verdad, diario de filiación católica, ponen el acento en dos temas importantes. Por un lado, el papel jugado por el Presidente en la creación de ese organismo político y, por el otro, en la cuestión de la “vida democrática” del país.

Sobre el primero poco hay que decir, pues esas organizaciones generalmente contaban con el aval del primer mandatario, en ocasiones su creación misma se gestaba en los salones de Palacio Nacional. En lo que toca al segundo, traído al centro del debate por unos y por otros, resulta evidente que el tema era caro a la clase y a la sociedad política pero también que constituía una zona gris, un terreno espinoso del espacio público. Aspiración para unos, realidad para otros; proceso en marcha susceptible de mejorarse y perfeccionarse para algunos más, las alusiones a la democracia, la vida democrática, los ejercicios democráticos, y otras diversas formas parecidas a esas, pueblan la discusión pública de las últimas décadas de la centuria decimonónica. Unos la impulsan, la avalan, la ratifican; otros la desmienten, la detractan. Así entre la afirmación de su existencia como parte de la dinámica política y como un bien de la sociedad, y la negación de cualquier forma de manifestación o presencia en la política mexicana, lo que se hace evidente es la preocupación de gran parte de los actores con respecto al tema. Y esta ocasión no sería la excepción. En efecto, el periodismo aliado al gobierno se dio a la tarea de destacar el elemento democrático como constitutivo del ejercicio convocado por la Convención Nacional y la prensa opositora de señalarlo como una pantalla tras la cual se ocultaban las —no tan— secretas intenciones de los convencionistas.

En tanto, del lado opositor, parte de la prensa dio poco crédito y menor reconocimiento a sus labores, otros las exaltaron. Así, El Alacrán, semanario satírico, catalogó tal ejercicio de “comedia”, ideada por los adeptos de Porfirio Díaz en una de sus caricaturas (anexo 8, imagen 2), y otro miembro de la prensa la calificó de “farsa”.739 Especialmente crítico del ejercicio electoral puesto en marcha fue el equipo de redacción del Diario del Hogar. Se refirieron al mismo como “las anforitas del Dr. Liceaga” y denunciaron que durante la celebración de la votación prevaleció el ausentismo, “no se pararon ni las moscas”, apuntaron, pero advirtieron que a pesar de eso era seguro que aparecerían “algunos millones de cédulas” con la única finalidad de poder “mistificar” los resultados. Consideraron el acto celebrado como “el gran fracaso de los convencionales” y apuntaron que lo que causaba era “general irrisión”.740 En contraparte, los redactores de El Imparcial, además de dar cuenta de la nutrida participación del pueblo, consideraron como principal virtud de tal acto el que ayudaba a “educarnos en las prácticas democráticas”.741

La acreditación o desacreditación, el aval o la impugnación a las acciones y labores emprendidas y desarrolladas por la Convención Nacional fue un tema presente en esos meses en las páginas de los periódicos. Además de los asuntos sobre la democracia, del carácter genuino o chabacano de la organización y del nivel de participación ciudadana, otro aspecto que se criticó fue el de las pretensiones, el de los “verdaderos” motivos que impulsaban a los miembros de esa organización. Así, como de pasada, pero con clara mordacidad, en un impreso se apuntaba que, entre otras máquinas inventadas en México, se contaba con la “Máquina, de la empresa anónima Convención Nacional, que meten candidaturas presidenciales y sacan raja los convencionales”.742 En efecto, el contribuir con la “propaganda” a favor del gobierno en el contexto electoral constituía, en opinión de algunos, una estrategia para hacer méritos, pues esos “servicios” se utilizaban por diversos actores políticos con la finalidad de “ganar prestigio” para poder, eventualmente, “reclamar el precio de esos servicios”. Esto es, quienes se daban a tales tareas, según esas opiniones en contrario, lo hacían “consiguiendo ganar terreno y adueñarse de la situación y de un gobernante [...] para lograr sus acariciados proyectos”.743

Los ataques, de un lado, y los apoyos, de otro, por parte de los impresos dan cuenta de la repercusión del suceso. Conscientes de la importancia que la prensa tenía para la promoción de sus actividades, para el buen éxito de la empresa, el 20 de octubre de 1899 inició la publicación de su órgano de prensa llamado La Convención Nacional, del cual era redactor José Casarín y secretario de redacción Juan de la Torre, “encaminado a trabajos electorales”, como diría su colega La Voz de México.744 Es cierto que no era ninguna novedad que los clubes, asociaciones y otras figuras de organización electoral se dieran a la tarea de fundar periódicos pues, como lo ha señalado Alicia Salmerón, “los procesos electorales durante el siglo xix requerían de la prensa periódica, medio por excelencia para publicitar candidatos y desacreditar oponentes”.745 Sin embargo, desconocemos cuanto tiempo sobrevivió el impreso en circulación pues, como hemos anotado antes, sólo pudimos localizar su primer número. Lo que es interesante es que, al parecer, el periódico se distribuía de forma gratuita.746

Al margen de su propia publicación, y además de que podamos suponer que los miembros de la Convención debieron acordar con otros integrantes del mundo de los impresos oficialistas para que apoyaran su causa, también hicieron una invitación a los directores de “todos los periódicos de [la] Capital” para que, parafraseamos, prestaran su valioso apoyo moral para obtener favorable respuesta de los habitantes de la República; y apelando a la “inteligencia y patriotismo” de los mismos, solicitaban “su ilustrado concurso en pro del objeto que ella [la Convención] trata de realizar”.747 Sin embargo, como hemos visto, la presencia y acciones de esta organización operaron como un detonador de la polarización y como un catalizador de la oposición.

Los resultados del plebiscito

La auscultación, pese a las críticas, se llevó a efecto el 1o. de enero de 1900, inaugurando el nuevo siglo. Su realización, sin duda, requirió de un alto grado de organización y debió exigir una capacidad de movilización singular. De los trabajos de organización en los estados, y de los vínculos con autoridades gubernamentales, dan una idea unas líneas escritas por Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, al secretario de hacienda José Yves Limantour: “La Convención Nacional tiene en este Estado establecidas sus sucursales, y los trabajos de éstas están bien encaminados a formalizar la candidatura del Sr. Presidente para el próximo cuatrienio. El éxito como Ud. debe suponer es indudable”.748 Esto es, como ya apuntábamos en un apartado anterior, en unos pocos meses los convencionistas crearon la organización en la capital y lograron su ramificación por todo el país, contando para ello con el importante apoyo de las organizaciones locales.

Si bien no eran oficiales, de cualquier modo se trató de la realización de elecciones nacionales, y ello requirió poner en funcionamiento una gran maquinaria. Esto es, hubo que convocar a las elecciones, a la “consulta”, ello sin duda; se tuvieron que imprimir boletas e instalar casillas —lo que exigía la presencia de entre un par y varias personas en cada mesa—; hacer recuento de votos y levantar las actas, etc., y ello en todo, o buena parte, del país (los estados y algunas de sus poblaciones reportados se enlistan en el anexo 4); quizá también se haya tenido que decidir la geografía comicial.749. La concreción de la auscultación evidencia, sin duda, la cercanía de la Convención Nacional con las autoridades, pues la puesta en marcha de un mecanismo tan complejo como lo era una votación nacional así lo sugiere.

Pero, ¿quiénes votarían en esa elección? Lo cierto es que en principio no parece muy claro, pues los convencionistas invitaban a “todos los habitantes de la República” para que “manif[estaran] libre e individualmente” quién era su candidato, lo que parecía sugerir que no habría restricciones de ningún tipo, ni de edad ni de sexo. Pero, en realidad, ello no era así, pues lo hacían expresamente basados en los artículos 6o. y 9o. de la Constitución, con lo cual se determina mejor a la base votante: los ciudadanos. En efecto, el artículo 9o. señalaba que “A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país”.750 La Convención Nacional llamó también a los extranjeros para actuar como testigos, pues aunque reconocían que no tenían derecho al voto electoral consideraban que “si tienen derecho a expresar sus simpatías por la persona que a su juicio haya comprendido mejor los intereses del país donde residen”.751 En esa calidad “los miembros de la Colonia Extranjera” asistieron a la reunión de elección e instalación de la Junta Central.

La mañana del primero de enero de 1900 se colocaron en gran parte del territorio nacional las mesas con las ánforas para la realización de la consulta, la cual según los oficialistas fue muy nutrida y en opinión de los opositores predominó el ausentismo. Una vez efectuada la votación, los resultados del plebiscito fueron presentados en el seno mismo del congreso federal. En efecto, algunos miembros de la Convención acudieron a la Cámara de Diputados a dar cuenta de los “resultados de los trabajos electorales para la Presidencia de la República”.752 La presencia de miembros de esas organizaciones con carácter nacional en el recinto legislativo no era extraordinaria: acudían a informar de los resultados obtenidos. Aunque no hay estudios sobre esta práctica que puedan orientar una interpretación, consideramos que, es posible aventurar, la misma tenía en su base la pretensión de comunicar a los representantes de la nación —de la ciudadanía que los había elegido—, las manifestaciones de la opinión, de la voluntad de la misma, recogida por esas organizaciones. De acuerdo con los datos consignados, se emitieron alrededor de un millón y medio de votos de los cuales “poco más de 2 000” fueron para “otros candidatos”, en tanto todos los demás favorecieron a Porfirio Díaz (anexos 4 y 5).753

Según los resultados del plebiscito participaron en el mismo casi todos los estados y territorios federales, con excepción de Chihuahua, del cual no se reportaron cifras de votación.754 Esto supone que de los 31 estados y territorios la elección se realizó en 30. Ahora bien, lo que no queda muy claro es que realmente la votación se haya celebrado en todas las poblaciones de cada estado, lo que es poco probable aunque las cifras lo sugieran; lo más factible, nos parece, es que en los hechos sólo se efectuaron en algunos lugares, principalmente las capitales de los mismos.755 También resulta interesante observar los números arrojados por la votación. Se consignó que los votos depositados a favor de Díaz sumaron 1 456 482, a los que hay que agregar los 2 000 otorgados a otros candidatos, lo que arroja una cifra total de 1 458 365 (anexo 5). Si lo confrontamos con el total de población que reportó el censo de 1900, esto es 3 213 888 de hombres contados a partir de los 21 años, tenemos que la votación fue del 45.6 por ciento; si la confrontamos con el total de hombres registrados (de todas las edades) baja a 21.6 por ciento; y si lo hacemos contra la población total alcanza sólo el 10.8 por ciento (anexo 6). El resultado de participación, según las cifras reportadas, es, digamos, escandalosamente alto, lo que hace dudar del mismo.

Aunque es necesario considerar que para el año de 1900 había detrás décadas de vida electoral y que, como hemos sostenido en un trabajo previo, el sufragio fue un importante espacio de participación política,756 aun así, el porcentaje es muy alto, y despierta suspicacias sobre la veracidad del dato. En términos generales, para los casos en los que la documentación nos ha permitido establecerlo —como para la elección de ayuntamiento de Campeche en 1894—, lo que hemos podido observar es que los porcentajes de votación, sobre el padrón, fluctuaban entre el 10 y el 18 por ciento, siendo altos aún para la época —especialmente en relación con lo que ocurría en otras latitudes—. Es cierto, si bien la proporción del 45.5 por ciento es altísima, cabe preguntarse si ese sólo dato nos autoriza a suponer, en consonancia con algunos periódicos del momento, que se trató de una gran farsa. O evidencia, quizá, el gran dinamismo alcanzado por la sociedad política, así como la capacidad organizativa y de movilización de asociaciones como la Convención Nacional. Para tener una respuesta más fundamentada, habría que profundizar en investigaciones en ese sentido, pero eso es algo que, de momento, rebasa las pretensiones de este estudio.

Consideraciones finales

La realización de un plebiscito nacional, organizado por una asociación proveniente del ámbito civil, mediante la instrumentación del voto directo constituye un episodio singular en la vida política de entre siglos. Es una evidencia del desarrollo de la sociedad política y sus diversos actores: los que demandaban nuevos espacios de participación y los que se organizaban para generarlos. Deja entrever formas de respuesta auspiciadas por los grupos gobiernistas y las autoridades ―aunque veladamente― consistentes en incorporar nuevos recursos en la dinámica comicial que, o bien, permitieran una mayor y mejor integración de la ciudadanía, o quizá, constituyeran una estrategia para frenarla. Permite constatar, también, la capacidad de acción de grupos como la Convención Nacional en las labores de organización y movilización de esa sociedad política y el fomento de la práctica del sufragio.

La movilización de la ciudadanía suponía, además de la organización misma de las votaciones, la planeación y desarrollo de relaciones en varios sentidos: entre quienes dieron forma a la asociación y de estos con los integrantes de la misma; de la asociación con otros clubes y partidos políticos, locales y nacionales, por un lado; y con la ciudadanía y la población en general, por el otro; así como con los miembros de la prensa y con las autoridades. Esto es, la realización de esa consulta, y los esfuerzos desplegados para lograrla, da cuenta del proceso de consolidación, que había iniciado unas décadas atrás, de la formación de redes ―en una doble articulación, interna y externa, local y nacional― como estrategia para la acción política.

También se requería dar visibilidad a los trabajos de los convencionistas, esto es, mostrar su presencia en las calles, hacerse visibles en el espacio público; por ello los organizadores de la Convención Nacional en la ciudad de México, así como sus filiales en varios estados, se dieron a la tarea de realizar manifestaciones para dar a conocer los resultados obtenidos tras la consulta.757 Los logros del plebiscito o el triunfo adelantado de Díaz, o ambos, estaban en la base de las expresiones de contento y beneplácito, de los festejos francos que se hicieron presentes en diversas poblaciones del país. En Guanajuato, por ejemplo, varias asociaciones políticas impulsaron la realización de una “gran manifestación popular compuesta de cinco músicas y cosa de diez mil personas” en franca expresión de su adhesión a Díaz.758 Iguales expresiones públicas se dieron en varias ciudades y en la capital del país.

Una vez realizado y festejado el ejercicio de elección del candidato presidencial, los convencionistas se proponían continuar en funciones “hasta el momento de la elección Presidencial, a fin de procurar que ésta se verifique de la manera más amplia y explícita, y corresponda así al éxito asegurado con la Manifestación nacional verificada el día 1º de Enero de 1900”.759 Pero de su permanencia hasta entonces y su participación en los comicios no vamos a ocuparnos aquí.

La participación de los impresos también es un referente fundamental para entender la política del momento; los mismos permiten identificar la importancia que el tema tuvo en el espacio público y observar cómo la vida comicial era un asunto trascendente para la sociedad política. En sus páginas es posible visualizar el impacto de ambas cuestiones ―la consulta y las elecciones en su conjunto― sobre la discusión pública y constatar la polarización que provocaban entre los actores que tomaban parte en la dinámica política.

Nuestro interés fundamental a lo largo de estas páginas era observar la instrumentación del recurso de la votación directa que en el nivel experimental desarrolló esta Convención y penetrar en la complejidad organizativa que tal empresa requirió y en las estrategias implementadas para promover la participación en el proceso y en la votación. Como hemos procurado mostrar, esta consulta constituyó un ejercicio para formar a la ciudadanía en la práctica de la votación directa, a la vez que fue un experimento para poner a prueba su instrumentación en las elecciones de carácter nacional; esto es, constituyó un mecanismo para evaluar las posibilidades de instituir el sufragio directo en México aunque, no deja de estar latente la probabilidad de que fuera un recurso para distraer la atención de las demandas de ampliación e inclusión de parte de la sociedad política en la vida electoral.

Anexos

Anexo 1. Estructura de la Convención Nacional

Junta central

(ciudad de México)

Juntas locales

(capitales de los estados)

Juntas menores

(cabeceras municipales)

Fuente: Elaboración de la autora a partir de La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

Anexo 2. Directorio de la Junta Central
(Ciudad de México)

Nombre

Cargo

Título

Liceaga, Eduardo

Presidente

Señor

Camacho, Sebastián

Vicepresidente 1º

Señor

Alcázar, Ramón

Vicepresidente 2º

Señor

Escandón, Manuel

Tesorero

Señor

Casarín, José

Secretario 1º

Señor

Torre, Juan de la

Secretario 2º

Licenciado

Uhink, Valentín

Vocal propietario 1º

Señor

Pasquel, Romualdo

Vocal propietario 2º

Señor

Araoz, Joaquín J. De

Vocal propietario 3º

Licenciado

Conde, Octavio del

Vocal propietario 4º

Señor

Icaza, Ramón

Vocal propietario 5º

Señor

Peña, Rafael Ángel de la

Vocal propietario 6º

Señor

Olmedo y Lama, José

Vocal propietario 7º

Licenciado

Ortiz de la Huerta (Jr.), Rafael

Vocal propietario 8º

Señor

Elguero, Luis

Vocal suplente 1º

Licenciado

Tornel, Luis G.

Vocal suplente 2º

Señor

Camacho, Fernando

Vocal suplente 3º

Señor

Zapiain, Pedro

Vocal suplente 4º

Señor

Icaza, José Ignacio

Vocal suplente 5º

Señor

Bustillos, Francisco

Vocal suplente 6º

Señor

Sánchez Gavito (Jr.), Indalecio

Vocal suplente 7º

Licenciado

Campos Contreras, Rafael

Vocal suplente 8º

Señor

Fuente: La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

Anexo 3. Delegados para instalar las Juntas
de las municipalidades del Distrito Federal

Municipalidad

Delegados

Tlalpan

Guillermo de Landa y Escandón, Rafael Morán y Cervantes

Mixcoac

Rodrigo Rincón Gallardo, Luis G. Banderas

San Ángel

Eusebio Gayosso, Arturo Ibáñez

Guadalupe-Hidalgo

Miguel Zúñiga y Azcárate, Fernando Altamirano

Coyoacán

Manuel Arámburu, Joaquín Palomo

Fuente: La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

Anexo 4. Resultados de la auscultación
a favor de Porfirio Díaz

Estados

Poblaciones

El Correo Español

La Patria

Aguascalientes

18 000

18 000

Colima

7 782

7 782

Coahuila

45 515

45 515

Campeche

6 533

6 533

Chiapas

27 674

27 674

Durango

97 500

97 500

Baja California Norte

Ensenada de Todos Santos

952

952

Guerrero

40 142

40 142

Guanajuato

173 305

173 305

Hidalgo

155 266

154 266

Jalisco

57 258

57 258

Baja California

La Paz

4 107

4 107

Estado de México

136 710

136 710

Michoacán

75 327

76 327

Morelos

21 392

21 392

Nuevo León

51 389

51 389

Puebla

Tehuacán, Texmelucan y Tecamachalco

295

295

Querétaro

26 115

26 113

Sonora

12 569

12 569

Sinaloa

14 472

14 472

San Luis Potosí

84 458

84 458

Tamaulipas

7 391

7 391

Tabasco

19 250

19 250

Tepic (territorio de)

17 762

17 762

Tlaxcala

Huamantla

82

82

Veracruz

206 287

206 287

Yucatán

38 757

38 757

Zacatecas

27 178

27 178

Distrito Federal

Distrito Federal

82 898

82 898

Total de votos según la fuente

1 456 482

1 456 482

Total de votos según las cifras reportadas

1 456 376

1 456 374

Fuente: Elaboración de la autora a partir de El Correo Español, 8 de febrero de 1900; La Patria, 7 de febrero de 1900. El destacado indica las cifras en las hay una diferencia entre ambas fuentes.

Anexo 5.
Resultados de la auscultación
por candidato

Votos depositados

(a favor de Porfirio Díaz), según cifra oficial

1 456 482

Votos otros candidatos

2 000

Total de votos emitidos

1 458 482

Fuente: El Correo Español, 8 de febrero de 1900.

Anexo 6.
Porcentajes de votación

Votación CN

Censo 1900

Porcentaje

1 458 482

Total de población

13 607 259

10.8 %

Total de Hombres

6 752 118

21.6 %

Hombres a partir de los 21 años

3 213 888

45.6 %

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 7. Imagen 1

El Alacrán, 14 de octubre de 1899: “Teatro mexicano. — Género chico”, Hemeroteca Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México

Anexo 8. Imagen 1

El Alacrán, 14 de octubre de 1899: “La gran Convención Nacional”, Hemeroteca Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México

Fuentes consultadas

Archivos

ahcdmx ︱ Archivo Histórico de la Ciudad de México.

cehm ︱ Centro de Estudios de Historia de México-Carso.

cpd ︱ Colección Porfirio Díaz, Universidad Iberoamericana.

Hemerografía

El Alacrán, ciudad de México, 1899.

El Amigo de la Verdad, Puebla, 1899.

El Chisme, ciudad de México, 1899.

El Contemporáneo, San Luís Potosí, 1899.

El Continente Americano, ciudad de México, 1899.

La Convención Nacional, ciudad de México, 1899.

El Correo de Chihuahua, Chihuahua, 1899.

El Correo Español, ciudad de México, 1900.

El Diario del Hogar, ciudad de México, 1896, 1900.

El Hijo del Ahuizote, ciudad de México, 1899.

El Imparcial, ciudad de México, 1900.

El País, ciudad de México, 1900.

El Pájaro Verde, ciudad de México, 1863.

El Siglo Diez y Nueve, ciudad de México 1892.

El Tiempo, ciudad de México, 1899.

La Gaceta Comercial, ciudad de México, 1899, 1900.

La Patria, ciudad de México, 1892, 1899.

La Sociedad, ciudad de México, 1863, 1864.

La Sombra de Arteaga, Querétaro, 1892.

La Vanguardia, ciudad de México, 1892.

La Voz de México, ciudad de México, 1874, 1896, 1899.

Bibliografía

Arroyo, Israel, “Gobiernos divididos: Juárez y la representación política”, en Conrado Hernández López e Israel Arroyo (coords.), Las rupturas de Juárez, México, uam/Universidad Autónoma “Benito Juárez”, 2007, pp. 95-160.

, La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, México, Instituto Mora/buap, 2011.

Ávila, Alfredo y Alicia Salmerón (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo xix, México, Instituto Mora/fce /Conaculta, 2012.

Becerril Hernández, Carlos, “‘Una vez triunfantes las armas del ejército francés en Puebla’. De las actas de adhesión en la Ciudad de Puebla y de los pueblos en el Distrito de Cholula, 1863”, en Documentos de Trabajo ielat, núm. 85, abril de 2016, pp. 6-28.

Cárdenas Ayala, Elisa, “La escurridiza Democracia mexicana”, en Alcores. Revista de Historia Contemporánea, Fundación Fermín Carnero, 2010, núm. 9, pp. 73-91.

Castellanos Hernández, Eduardo, Formas de gobierno y sistemas electorales en México (1812-1940), México, Centro de Investigación Científica “Ing. Jorge L. Tamayo”, 1996.

Constitución Política de la República Mexicana de 1857, en Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, edición oficial, México, 1877, t. viii, pp. 384-399.

Cortés Cuesta, Myrna, “El Grupo Reformista y Constitucional de 1895-1896: una organización de la prensa liberal-radical frente al régimen porfirista”, tesis de maestría en Historia Moderna y Contemporánea, México, Instituto Mora, 2002.

Cosío Villegas, Daniel, Historia moderna de México. La República restaurada. Vida política, México, Hermes, 1955, t. i.

, Historia moderna de México. El porfiriato. Vida política interior, segunda parte, México, Hermes, 1972, t. x.

Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Libros, 2014 [versión en línea de la 23ª edición].

Gantús, Fausta, “Mecanismos de participación político-electoral: la Sociedad Propagadora del Sufragio Popular. México, 1884”, en Diana Guillén y Alejandro Monsiváis Carrillo (coords.), La representación política de cara al futuro: desafíos para la participación e inclusión democráticas, México, El Colegio de la Frontera Norte, 2014, pp. 131-161.

, “Prensa y política: Debates periodísticos en torno a la elección federal de 1884”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 127-158.

Gantús, Fausta y Alicia Salmerón, “Introducción. Prácticas electorales en el México decimonónico”, en Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, t. i, México, Instituto Mora/tedf, 2015, pp. 15-54.

Gantús, Fausta, “De votantes y electores: dinámicas electorales en el partido de Campeche (1890-1900)”, en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora/tedf, 2016, t. ii, pp. 155-206.

García Orozco, Antonio (recopilación y estudio introductorio), Legislación electoral mexicana, 1812-1977, México, Ediciones de la Gaceta Informativa del Comité Federal Electoral, 1978.

Mora, José María Luis, Obras sueltas de J. M. L. Mora, ciudadano mexicano, París, Librería de Rosas, 1837, t. ii.

Pani, Erika (coord.), Conservadurismo y derechas en la historia de México, México, fce/Conaculta, 2009, 2 t.

Ponce Alcocer, María Eugenia, “En busca de unos comicios bien consensuados. Clubes y movimientos en torno a la elección presidencial de 1896”, en Fausta Gantús (coord.), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas, México, Instituto Mora/tedf, 2016, t. ii, pp. 207-234.

Ramírez, Ignacio, Intervención en el Constituyente, en Francisco Zarco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857, t. ii.

Salmerón, Alicia, “Las elecciones federales de 1904 y los límites de un régimen electoral”, en José Antonio Aguilar Rivera (coord.), Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), México, fce/Conaculta/ife, 2010, pp. 308-352.

, “Prensa periódica y organización del voto. El Club Político Morelos, 1982”, en Fausta Gantús y Alicia Salmerón (coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, México, Instituto Mora/ife, 2014, pp. 159-190.

Zamacois, Niceto de, Historia de Méjico, desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, Barcelona, México, J. F. Parres y Comp. Editores, 1880, t. xvi.

Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857, t. ii.

Zerolo, Elías, Diccionario enciclopédico de la lengua castellana, París, Garnier Hermanos, 1895, 2 vols.

capítulo xi

Candidatos, jefes de campaña,
simpatizantes. Estrategias
de movilización del voto
en las elecciones para gobernador
en Sinaloa, 1909

Arturo D. Ríos Alejo

I

Francisco Cañedo fue uno de los gobernadores que logró reelegirse más veces durante el porfiriato. Haberse adherido al movimiento rebelde de Tuxtepec en Sinaloa le granjearía, a la postre, el apoyo de Porfirio Díaz para ocupar la gubernatura por vez primera en 1877.760 Con todo, Cañedo tuvo que enfrentar fuertes obstáculos para consolidarse en el poder, ya que no era el único tuxtepecano que entonces aspiraba a la gubernatura. Tras el triunfo tuxtepecano, entabló una fuerte competencia con Andrés Tapia, a quien apoyaba el jefe de la zona militar, Francisco Tolentino. Más tarde, disputó con el grupo que surgió alrededor de Mariano Martínez de Castro.761 Lo cierto es que a partir de la elección de 1892, con la reforma que permitió la reelección de gobernador en el estado, la dinámica política, sin desaparecer, cobró una estabilidad en la que Cañedo se ubicó como el hombre fuerte sin mayor disputa.762

En julio de 1908 Cañedo ganó la que habría de ser su última elección, la cual le facultó para gobernar durante el periodo que debía comenzar en septiembre de aquel mismo año y terminar hasta 1912. Aquel año electoral el estado enfrentaba problemas agrícolas debido a la inundación de cosechas como consecuencia de la gran cantidad de lluvias; mineros, por la baja progresiva del precio de la plata; así como conflictos de tierra propiciados por la formación de grandes latifundios alrededor de la producción azucarera que se había desarrollado sobre todo durante la última década; aun así, la reelección de Cañedo no fue particularmente problemática.763 Y es que de manera paralela a los conflictos y obstáculos que había provocado o que había enfrentado en Sinaloa, también había sido capaz de producir beneficios estimables para las elites de la región, una de cuyas estrategias de enriquecimiento había consistido en la diversificación de sus actividades.764

En realidad, era en el sector de pequeños comerciantes y profesionistas que se había desarrollado a lo largo del estado (pero que tenía en el puerto Mazatlán su principal asiento), donde era posible encontrar en mayor medida individuos politizados y con capacidad de organización que no veían con malos ojos un cambio de timón en el gobierno, que fuera más incluyente con ellos y sus intereses. En las elecciones de 1908 hubo un tímido intento de organización de estos grupos, a los cuales se acusó de hacer propaganda reyista y, por lo tanto, no sólo de abogar por intereses externos al estado sino también de contribuir a la polarización de la vida política nacional.765

En realidad, esta nota discordante fue así fácilmente sofocada y sus partidarios comprendieron también que no era el momento oportuno para competir electoralmente en contra de Cañedo, el gobernador más antiguo del régimen porfirista que resultaba una garantía para el Centro, un dique que contenía en ese estado la creciente movilización política nacional. Así, la elección de 1908 fue tan poco competida como lo habían sido las últimas reelecciones de Cañedo, en las que había figurado, en la práctica, como candidato único. Los periódicos de la capital, que en alguna medida actuaban como prensa nacional, sin importar simpatías y filiaciones dieron muy pronto por segura la reelección de Cañedo. A fines de abril, el católico El Tiempo asentaba sin empacho, “se tiene por segura la reelección del actual gobernante”.766 Incluso El Correo de la Tarde, el periódico mazatleco más importante, cuyos editores habían sido acusados de reyistas y cuya labor de agitación política sería fundamental en la elección que se llevaría a cabo al año siguiente, se manifestó de acuerdo con la cargada política del momento: “El movimiento electoral en Sinaloa es general, y la postulación del General Cañedo es unánime.”767 Quizá la palabra unánime desborde la realidad, pero sin duda la sucesión se resolvió sin problemas extraordinarios. Como señalara un ferrelista en 1909: “con la administración del Sr. Cañedo pasó de todo y estuvimos siempre adictos porque bajo la administración de este honorable Sr. nos criamos y le costó su trabajo por más de veinte años.”768

Cañedo, sin embargo, no pudo cumplir ni un año de su último periodo de gobierno. El 5 de junio de 1909, una pulmonía terminó con la vida del persistente gobernador de Sinaloa. Así, los grupos que satisfechos o a regañadientes lo habían visto como el hombre que garantizaba la estabilidad política y que al mismo tiempo refrenaba las ambiciones propias y las ajenas, encontraron de pronto que ante ellos se abría un futuro inmediato imprevisible. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución del estado, el gobernador interino —designado por la Legislatura— debería convocar a elecciones quince días después de la ausencia del gobernador.769 La organización política comenzó de inmediato, para lo cual los actores interesados echaron mano de las asociaciones que ya existían con antelación, las que no tenían entre sus principales objetivos la disputa electoral, sino asuntos comerciales, laborales o culturales.

El Círculo Comercial Benito Juárez, grupo de pequeños y medianos comerciantes del puerto de Mazatlán que solía discutir de negocios y política comercial, asistió como grupo al sepelio y sólo tres días después de la muerte del exgobernador, difundió entre sus miembros una proclama instándolos a formar un club político para luchar por la democracia en Sinaloa. Varios de sus miembros firmaron —entre ellos Martiniano Carvajal, Francisco Valadés y Heriberto Frías, e invitaron a miembros reconocidos del puerto para postular a un candidato a la gubernatura. El día 9 tuvo lugar la reunión decisiva con unos 200 participantes para fundar el Club Democrático Sinaloense y elegir al candidato que apoyarían. Fueron dos las propuestas más serias, Juan Bautista Rojo (quien entre 1898 y 1901 había sido por cuatro breves periodos gobernador provisional del estado) y José Ferrel. Tras acalorada discusión, Heriberto Frías, director de El Correo de la Tarde, pidió que, en vista de la falta de unanimidad, se procediera a la votación. Se procedió y ganó Ferrel, candidato que habían propuesto el mismo Frías y Francisco Valadés (propietario de El Correo de la Tarde), motivo por el cual una parte de los asociados protestó pues, aseguraron, días antes todos se habían comprometido a apoyar la candidatura de Rojo, que tenía capacidades probadas. Denunciaba esta facción, pues, una especie de celada para favorecer a Ferrel. Rosendo Rodríguez replicó que, en efecto, Rojo podía tener todos los méritos pero no contaba con los votos. Rojo y sus seguidores se retiraron del Club a pesar de los llamados a la unidad democrática de los ferrelistas.770

A nivel nacional, las elecciones presidenciales de 1910 marcaban el norte de los actores políticos, cuyos grupos principales velaban armas y se organizaban en torno a la disputa por la vicepresidencia. En aquella dinámica política, eventos tan importantes como una elección gubernamental eran leídos como ensayos y batallas para encontrarse mejor posicionados a la hora decisiva. La de Sinaloa, inesperada, fue analizada por la prensa en este mismo sentido:

con su fallecimiento [Cañedo] deja vacante un puesto que será disputado con avidez por los distintos partidos existentes, y que recordará aunque en menor escala, la corta pero empeñada lucha que hubo por el poder supremo en el estado de Morelos […] Así como las elecciones de Morelos sirvieron para dar aliento a los partidarios y vida a la opinión, que llegó a interesarse en la lucha, así también las de Sinaloa vendrán a dar pábulo a la actividad política que se está desarrollando entre nosotros con motivo de las próximas elecciones, y que se acrecienta a medida que estas se van acercando.771

De acuerdo con Alan Knight, la cercanía que con Limantour tenía Diego Redo habría lanzado a los ferrelistas en brazos del reyismo, dando así a la elección estatal una resonancia e implicación nacional que tenía como último horizonte la elección presidencial de 1910. Es probable que el orden cronológico fuera el inverso, dada la celeridad con que Ferrel ―hombre al que en varias ocasiones se había asociado a Reyes― se posicionó como un candidato apoyado por un grupo muy dinámico de Mazatlán que tenía contactos en todo el estado. Para el 10 de junio, apenas un día después de la reunión del Club Democrático Sinaloense, El Tiempo ya anunciaba que Ferrel figuraba como uno de los candidatos (cuando aún nada se decía en la prensa acerca de la candidatura de Redo). Tan pronto como el 13 del mismo mes, la prensa de la capital ya tenía definida que la lucha sería entre Diego Redo y José Ferrel.772 Así pues, parecería que la candidatura de Redo, apoyada por Ramón Corral y Limantour, fue apresurada por los grupos que lo impulsaban como respuesta inmediata a la candidatura de Ferrel y su supuesto reyismo. El Imparcial, periódico que apoyaba con fuerza al corralismo y que atacaba aun con más denuedo al reyismo, comenzó una campaña de desprestigio contra la candidatura de Ferrel que, en su interpretación, no era más que una fiel traducción local del reyismo.773 Se trataba de una elección en la cual jugarían con energía intereses locales, estatales y nacionales.

II

Es un hecho que Diego Redo era un hombre cercano a Limantour y, por lo tanto, en la escena nacional era lejano si no adversario de Bernardo Reyes. En realidad, Redo heredó la estrecha relación con Limantour de Joaquín, su padre, quien fuera uno de los más destacados comerciantes sinaloenses y por varios años senador, hombre al que solía reconocerse como mancuerna del recientemente fenecido Cañedo. En efecto, en la constante correspondencia que mantuvo con Limantour, se cruzaron recomendaciones para allegados, informes acerca de negocios en que ambos podían tener interés o de sucesos de la vida política sinaloense. En ocasiones, el empresario le pedía al ministro que velara por su hijo ―como si fuera su tío, llega a decir― cuando aquel se hallaba en la ciudad de México. Como cabría esperar, era una relación fincada en los negocios. No era raro que Joaquín Redo ―como más tarde haría también su hijo― escribiera a Limantour para solicitarle favores o apoyo desde su privilegiada posición para desarrollar con éxito negocios que traía entre manos.774 Era previsible, pues, que al quedar Redo enfrentado a Ferrel por la gubernatura, se dijera que aquel era el candidato apoyado por Limantour y Corral, quien a su vez sería un punto de fuerza para estos personajes en la cada vez más ardua disputa nacional.775 Así lo aseguró la prensa ferrelista sinaloense y de la ciudad de México, y por lo demás no parece que haya sido desmentido con energía por los mismos redistas, que en muchas ocasiones, incluso, llegaron a afirmar en los pueblos de distintos distritos de Sinaloa que esto era verdad, a fin de desalentar la movilización ferrelista tachándola de imposible.776 En la capital, El Tiempo, periódico que según se acercaron las elecciones fue apoyando con mayor ahínco a Redo, señalaba: “También debemos hacer constar aquí que, varios elementos sinaloenses tienen resuelto trabajar en esta capital, en favor de la candidatura del señor Redo, persona ligada por lazos de estrecha amistad, con el Vicepresidente de la República Don Ramón Corral.”777

Es verdad, también, que Bernardo Reyes había tenido animadversión por el exgobernador Cañedo y por su cercano Joaquín Redo. De hecho, él había apoyado al gobernador Mariano Martínez de Castro, a quien en ocasiones (en un paralelismo casi exacto con el caso de Manuel González y Díaz) se ha presentado como un compadre que simplemente apartó la gubernatura a Cañedo, pero que en realidad, dentro del amplio espectro porfirista, tenía su propio grupo que compitió con Cañedo para hacerse de la gubernatura, sobre todo en el momento más importante, esto es, en 1892, una vez que se había aprobado la reforma que permitía la reelección. Reyes, dentro de sus más bien limitadas posibilidades en aquel momento en aquella elección, procuró influir en la decisión de Díaz para apoyar al grupo de Martínez de Castro (ambos tenían una base en el estado que los volvía candidatos posibles), llegando a externar, aunque con cierto tacto, el poco aprecio que le merecían Cañedo y Redo, sobre todo éste último.778 No fue así, Martínez de Castro perdió la lucha y su estrella se eclipsó. Para 1909 el grupo de Martínez de Castro ya no existía como grupo opositor y, aunque es cierto que había aún viejos sectores porfiristas que hubieran aspirado a remplazar a Cañedo, lo cierto es que ante la conveniencia práctica y la superioridad de recursos políticos con que contaba Redo, quien en buena medida heredaría de un modo natural las redes políticas de Cañedo, prefirieron alínearse con esta candidatura.779

Sin duda, la singularidad de esta elección fue que, a diferencia de las últimas dos décadas, cuando los grupos porfiristas terminaban por plegarse a la decisión a que se había llegado desde las elites políticas del centro y de la región en turno para apoyar a tal o cual facción estatal, ésta vez surgió un grupo que, aunque no rechazó su porfirismo, se empeñó sin embargo en contra del candidato que a las luces contaba con la aprobación oficial. Incluso se trató de una elección ―como la de Yucatán y Morelos en este contexto de creciente agitación política― que tenían un cariz de novedosa competitividad debido, precisamente, a que se asociaba a cada candidato con uno de los grupos que bregaban, a su vez, a nivel nacional. Así, por ejemplo, El Diario del Hogar, que recelaba tanto de Redo como de Ferrel (del primero debido a su corralismo, con el segundo tenía memoria de viejas y agrias pugnas periodísticas de la prensa capitalina), apreciaba una competencia difícil entre ambos y conminaba a los sinaloenses a buscar una imposibilidad: no votar por ninguno de los dos.780

Por su parte, El Tiempo, para estos momentos decididamente gobiernista pero ni reyista ni “científico”, tardó semanas en leer cuál era el candidato al que había que apoyar. En un primer momento, ensalzó a ambos postulantes: “¿Quién triunfará? Difícil sería predecirlo. Sin embargo a juzgar por lo que se dice […] el Lic. Ferrel tiene gran partido en Culiacán, Mazatlán y demás localidades de importancia del estado.”781 Unos días después, abundaba en lo interesantes que estaban resultando las campañas en Sinaloa, pues “los principales candidatos son bastante conocidos y eso genera expectativa: Redo en la capital, y Ferrel en toda la República”.782 Sin embargo, una vez que pareció claro que el elemento oficial favorecía a Redo, comenzó a escasear la información acerca de la campaña ferrelista o a aparecer de un modo muy crítico, mientras que todo fue alabanzas para Redo: “No es un simple agricultor, no es tan sólo un patricio como los antiguos romanos que hayan cimentado su fuerza en lucha con la tierra; es una conciencia abierta a la comprensión de los más intrincados fenómenos económicos”.783

Frente al cada vez más claro apoyo que recibía Redo de parte de la elite que había sido favorecida durante los gobiernos de Cañedo, así como de importantes corrientes políticas nacionales, varios posibles candidatos como el gobernador interino Heriberto Zazueta, el también rico empresario Jorge Almada o el ex gobernador interino Francisco Orrantia, desistieron de sus intenciones.784 Sin embargo, un grupo o una cantidad más o menos dispersa de individuos (comerciantes pequeños y medianos, profesores, periodistas, doctores) que habían tenido aspiraciones políticas sofocadas por el statu quo cañedista y que en ningún caso consideraban contar con el favoritismo de las instituciones del estado, esta vez no cedieron en su intento por participar de la lucha pública por el poder. Hacía falta un candidato.

Es posible que el mismo Ferrel hubiera contemplado con antelación la posibilidad de competir por dicha candidatura en el momento en que faltara Cañedo, pues no deja de levantar suspicacias que su primo José Valadés adquiriera El Correo de la Tarde en 1905 y se pusiera al frente del mismo a Heriberto Frías, escritor que fungió como uno de los colaboradores más importantes de El Demócrata, periódico de la capital dirigido por Ferrel en 1895-96. A partir de esta aventura editorial, José Ferrel había quedado vinculado a una de las facciones del régimen porfirista que eran opuestas a los “científicos” y, de ser un periodista perseguido, se convirtió en un asiduo diputado.785 La relación de Ferrel con el general Ignacio Escudero, Joaquín Baranda y algunos reyistas como Heriberto Barrón, habría ayudado también a su asociado Frías, quien comenzó a recibir favores desde los puestos públicos que ocupaban estos políticos.786 No es raro, pues, que cuando Francisco I. Madero pretendió atraer a los ferrelistas a su causa, escribiera a Frías: “No sé qué ligas pueda usted tener con Reyes, pero sé que le hablo a un hombre de corazón.”787 De tal modo, el significado de que Heriberto Frías fungiera como director de El Correo de la Tarde y, a través de este puesto, como el organizador más visible de la campaña ferrelista, iba más allá de un consejo técnico y neutral de Ferrel a su primo Valadés para conseguir un buen director de periódicos. En la novela ¿Aguila o sol?, el mismo Frías llegó a escribir en ese estilo en vilo entre el realismo y la confesión que, hallándose en apuros de todo tipo, tuvo la fortuna de recibir un ofrecimiento (en realidad lo recibió su alter ego, Miguel Mercado) para dirigirse “a Mazatlán al frente del periódico más popular de allí, y has de saber que el gobernador de Sinaloa, el general Francisco Cañedo está muy viejo y enfermo, y que el futuro gobernador será electo libremente o poco menos.”788

En todo caso, y volviendo al asunto de la inmediatez con que se movilizaron los miembros del Círculo Benito Juárez y posteriormente Club Democrático Sinaloense, parece que, en efecto, los ferrelistas madrugaron a los seguidores de Rojo. Y es que desde que se supo de la gravedad de Cañedo, aun antes de que muriera, Francisco Valadés y Heriberto Frías movilizaron a sus contactos en la entidad para promover la candidatura de Ferrel formando precoces “clubes democráticos” en diferentes puntos del estado. Así, desde el 1o. de junio, cuando ya se conocía la gravedad de Cañedo, recibieron telegrama desde Culiacán, donde Juan Francisco Vidales y Esteban Zavala notificaban a la dirección de El Correo de la Tarde la instalación del Club Democrático Obrero, que proclamaba candidato a Ferrel. El 5 de junio, horas antes de la muerte de Cañedo, desde Agua Nueva se les notificaba la fundación del Club Ramón Corona que hacía suya la candidatura de Ferrel y se refería a Frías, ya desde entonces, como “secretario” del Club Democrático Sinaloense.789 De tal suerte, la reunión oficial del Club Democrático Sinaloense para elegir candidato, parecería haber sido una forma de ganar legitimidad y quizás adeptos y contactos. En cualquier caso, los adversarios políticos de Ferrel recuperarían este expediente para acusar de ilegitimidad democrática al Club Democrático Sinaloense:

es evidente que los señores Valadés y Frías no buscaban la seriedad y la fuerza de un club formado por elementos sanos, no consideraban el prestigio del Lic. Ferrel suficientes para atraerlos a su partido; y es obvio que sólo aceptaron las ideas de esos ciudadanos bien intencionados y se comprometieron apoyarlas […] para ocultar tras ellas sus ambiciones personales.790

Como candidato, Ferrel contaba con algunas virtudes que hacían posible una campaña importante, como de hecho sucedió. Una de ellas era que sin tratarse de un personaje de primera fila, había estrechado importantes relaciones con grupos políticos nacionales, mismas que le habían permitido permanecer por 10 años en el Congreso (lo que a su vez había fortalecido estos lazos). Él mismo director, propietario y escritor de periódicos de la ciudad de México, conocía a todos los periodistas relevantes de la ciudad, lo que le permitía dar resonancia a su campaña. La Patria, por ejemplo, antiguo periódico del ya por entonces célebre Ireneo Paz era un periódico cercano a Ferrel, que si bien se cuidó de comprometerse de lleno en la elección sinaloense sí siguió con simpatía la campaña ferrelista: “Los ferrelistas encuentran en el Lic. Ferrel un representante fiel de los principios democráticos, un defensor de las garantías individuales, un fomentador de la instrucción pública, un distribuidor de la justicia, un exterminador de los males que corroen a Sinaloa.”791 Por supuesto, según se ha observado, también había sembrado adversarios en la prensa de la capital que ahora no podían apoyar su candidatura de ningún modo aun si eran adversarios naturales del corralismo.792

Por otro lado, Ferrel hacía tiempo era reconocido como un porfirista cabal, de modo que su campaña en contra de Redo era viable sin aparecer como opositor de Díaz, que para la mayor parte de la clase política del país seguía siendo la última frontera inapelable, que en todo caso evitaba el desbordamiento de la politización nacional. Además, claro, tenía cierto reconocimiento en Sinaloa, donde desde joven había estado vinculado por lazos familiares con los Galán y los Valadés.

III

Algunos críticos de la campaña de José Ferrel señalaron que el núcleo más duro de la campaña ferrelista estaba, más allá del Club Democrático Sinaloense, en la redacción de El Correo de la Tarde. Es cierto. Este diario había sido traspasado en 1905 de la familia Retes ―que lo había fundado― a Andrés Avendaño y José Valadés. La familia Valadés era ampliamente conocida en el puerto por la labor periodística, comercial y política que había llevado a cabo hacía décadas, por lo que poseían una importante red de relaciones entre comerciantes más o menos exitosos y con la clase media dedicada a actividades como el periodismo, la abogacía, la medicina, la enseñanza. Por su parte, Avendaño, había logrado alguna fortuna gracias a un fundo minero que tuvo cierto éxito en el mismo estado de Sinaloa. Al asentarse en Mazatlán se asoció con Valadés para manejar la droguería más importante del puerto y algunas de sus primeras experiencias periodísticas de dicha asociación tenían primordialmente un propósito comercial. De acuerdo con algunos adversarios del ferrelismo, en la adquisición de El Correo de la Tarde ―y anteriormente de El Occidente― Valadés habría abrigado también otros intereses políticos que habría ocultado a Avendaño.793 Según Jorge Briones, quien más ha estudiado este diario, al hacerse cargo del periódico, Valadés no encontró un director apropiado en el estado y pidió consejo a Ferrel, quien le habría recomendado a Heriberto Frías. A partir de entonces, el periódico se modernizaría y pasaría del noticierismo a la opinión política.794

Uno de los primeros pasos que tomó el Club Democrático, o en todo caso Valadés, fue pedirle a Ferrel que auscultara donde Díaz (este acceso a Díaz también podía ser importante) si como había prometido en la célebre entrevista con Creelman, permitiría que las elecciones se llevaran de manera libre.795 Así lo hizo, recibiendo de Díaz una respuesta afirmativa.796 Años más tarde, Ferrel recordaría aquella entrevista, donde según su interpretación se veía ya a Díaz absolutamente rebasado en ese tema como en muchos otros, por su ministro Limantour. Aun así, gracias a la simpatía mutua que se tenían de tiempo atrás (Díaz había conocido al padre de Ferrel, militar que luchó por Tuxtepec), había hecho acopio de fuerzas para rebelarse contra su ministro y dar el espaldarazo a Ferrel para llevar a cabo su campaña. Según Ferrel, en aquella entrevista le planteó a Díaz el asunto: había entusiasmo en Sinaloa, tenía El Correo de la Tarde “a sus órdenes”, grupos que lo apoyaban estaban impacientes por movilizarse (“en mí se han fijado sólo porque me consideran enemigo de los científicos”), él se hacía responsable por guardar el orden ante el presidente, en fin, contaba con varios elementos que él alentaría sólo tras conocer su opinión. El presidente le habría manifestado que ya no dependía de él, que había perdido fuerza para lograrlo (“El gobierno de Sinaloa ya me indicó Limantour a quién ha de entregársele”. Sin embargo, en un arranque súbito lo había autorizado para usar su nombre en la campaña, “por lo menos les proporcionaré ese baluarte”).797 De acuerdo con esta interpretación, prácticamente él habría sido el candidato de Díaz y del pueblo en contra del candidato de la oligarquía, de Corral y de Limantour.

Esta interpretación no fue sólo retrospectiva. De hecho, fue uno de los ejes discursivos en que se basó su campaña: Díaz y el pueblo en contra de Limantour y la oligarquía; él, el candidato popular, en contra de Redo, empresario que tenía la mínima preocupación por la población. Así, un crítico del ferrelismo asentaba una vez terminada la elección:

Los ferrelistas prometían al pueblo analfabeta, el oro y el moro: ¡Abajo contribuciones! ¡Abajo abusos de autoridad! ¡abajo cacicazgos! [...] ¡Abajo todo lo que de alguna manera obliga al pueblo a sujetarse a la ley! No más hambre, los comerciantes que abusan de la miseria pública, serán castigados cuando sean denunciados! [...] y […] ¡La mar! Como los pueblos siempre son crédulos, y más cuando se les halaga, dieron crédito a los apóstoles de la suprema felicidad, y Ferrel tuvo muchos adeptos.798

Durante la misma campaña, Ferrel encararía de manera frontal a Limantour (no era la primera vez que lo hacía). Por días se publicó en diversos diarios el manifiesto titulado, “a las puertas de la gloria”, que dirigía a Limantour, “al jefe del Partido Científico”. Ahí comienza recordando que Díaz prometió libertad al “pueblo” de Sinaloa para las elecciones. En vez de eso, había habido persecución en contra de los ciudadanos que querían reunirse libremente y un descarado apoyo oficial a Redo. La conclusión, sin embargo, no toca a Díaz sino a Limantour: “el único, pero formidable obstáculo para el cumplimiento de la promesa”, era el secretario de Hacienda que se regodeaba en su amistad con Redo en fiestas, banquetes, bailes: “El pueblo de Sinaloa lo acusa a usted con razón”.799 Limantour sería, pues, un traidor a la benevolencia que Díaz había mostrado por años con él: “No puede usted señalar en la República a un hombre tan favorecido como usted” y “usted ha levantado la mano en el momento apoteósico, y cuando ya no puede volverse a reparar el golpe”.800

Ahora bien, el asentimiento de Díaz para su campaña no proveía a los ferrelistas de los instrumentos de movilización oficiales del estado, situación que los mantenía en una importante desventaja al tener que hacer un trabajo mucho más arduo para movilizar gente. Tras la publicación del texto en que Ferrel expresaba el asentimiento de Díaz (que no fue contradicho), el Club se vio en la posibilidad de enviar cartas a sus posibles seguidores con algún arraigo en distintas poblaciones dando ciertas garantías para que procuraran movilizar a los hombres sobre los que tenían alguna influencia.

Si el núcleo duro de la campaña contra Redo ya tenía de antemano a su candidato, es decir, ya era ferrelista, su primer tarea fue aglutinar o intentar aglutinar ―o en última instancia imponer― en torno a su candidato a sus compañeros del Círculo Benito Juárez, para más tarde extender la organización hacia otras personas similares a ellos (periodistas, maestros, comerciantes, abogados) que, también como ellos, se interesaban por la política y se habían sentido relegados durante la prolongada hegemonía cañedista. Y desde ahí, con esos cuadros (por supuesto, tenían conocidos que podían apoyarlos en los distintos distritos del estado) procurar la movilización de tantos grupos o ciudadanos como fuera posible. De esto hay algunos testimonios en la correspondencia dirigida al Club Democrático Sinaloense. Para ello la prensa cumplió un papel de suma importancia, como difusora y vinculadora pública y más o menos sincrónica (quiero decir, que podía llegar en un tiempo relativamente parejo a los distintos grupos movilizados) de las tareas que llevaban a cabo los ferrelistas.

De tal suerte, a partir del Club Central y de El Correo de la Tarde en Mazatlán, bastión del ferrelismo, se integró una red de comunicación con otros letrados de las poblaciones más importantes de los otros nueve distritos del estado (los cuales fundaron clubes a favor de Ferrel), quienes a su vez solían tener o aseguraban tener cierta ascendencia sobre gente de poblaciones más alejadas que, a su vez, podían ayudar a movilizar a sus vecinos. Según corrieron los días de agitación electoral, los redistas parecieron convenir en tratar la campaña ferrelista como de una quimera, sus mítines fueron descritos como raquíticos y sus seguidores como un invento. Antes de eso, manifestaron cierta preocupación por la movilización de los ferrelistas. En ese primer momento el corresponsal de El Imparcial en Sinaloa informaba que la sociedad de Valadés y Avendaño estaba aprovechando con efectividad

las conexiones comerciales que con médicos y con boticas tiene en todo el territorio del Estado […] hicieron abrazar su causa a todas las personas de los distritos ligadas con la droguería por los mismos intereses: y mandaron agentes a todas las poblaciones, que excitaron las discordias, las enemistades, que existen patentes o manifiestas en las localidades pequeñas, y consiguieron hacer adeptos a su programa a todos los oposicionistas sistemáticos.801

Al mismo tiempo, aseguraba el corresponsal, se habían adherido miembros de la “prensa agresiva”, ámbito en que Ferrel gozaba de “muchas simpatías e influencias.”

Esta apreciación es cercana a lo que podemos observar en la correspondencia centralizada en el Club Democrático Sinaloense. El profesor José Rentería, por ejemplo, desde el importante distrito de El Fuerte donde fungió como presidente del Club Democrático Melchor Ocampo, desempeñó una actividad bien importante en la región, donde contaba con la confianza de hombres que, hartos por diversos motivos con el régimen cañedista, valían mucho para movilizar simpatías. El 20 de junio, Roberto Navarro le escribía carta desde Ahome para notificarle que en cuanto recibió su “grata” se puso a trabajar para organizar gente a favor de Ferrel. Ahí encomió las acciones que había llevado a cabo, pues ―aseguraba― había tenido mucho éxito: junto con Enrique Corona fijó por la noche carteles con la leyenda “Viva Ferrel” para que así amaneciera todo el pueblo; reunieron gente para fundar un Club Político llamado José María Morelos, organizaron una manifestación con conocidos de a caballo. También notifica que lograron que Antonio Castro ayudara en la movilización de la población, lo cual era muy importante debido a la gran popularidad que tenía este hombre por aquellos rumbos. En fin, aseguraba que estaban a la espera de consejos o instrucciones a seguir.802 Otro vecino de Ahome escribiría dos días después a Rentería, a quien saluda reconociéndose su “discípulo y amigo”, para mantenerlo al tanto de las nuevas del Club José María Morelos y de la ofensiva que han llevado a cabo los “señores capitalistas” de la ciudad de El Fuerte con ayuda de la policía local para promover la candidatura de Redo. Por su parte, él se había dedicado a distribuir “manifiestos” a favor de Ferrel que fueron pegados en los lugares más visibles de la localidad, y en un día o dos partiría al poblado de Zaragoza acompañado de otras dos personas de Ahome “para agitar en unión de todos los de allá que no tienen ligas ningunas con las autoridades”.803

Fue muy común la circulación de este tipo de cartas que vinculaban a personalidades de las ciudades importantes con otros personajes de cierta relevancia en poblaciones más pequeñas. A su vez, desde el Club Central y en particular desde El Correo de la Tarde se centralizaba la información. Para seguir el mismo caso, Rentería escribía desde El Fuerte a la redacción de El Correo de la Tarde en Mazatlán, solicitando informes y notificando los avances que por su parte había podido conseguir. El 16 de junio, por ejemplo, comunicaba a Heriberto Frías que había podido tratar con gente del distrito de Sinaloa y que, a pesar de que en un primer momento su candidato preferido era Rojo, al quedar este eliminado habían convenido apoyar a Ferrel. Más aún, que habían conseguido el apoyo de un hombre llamado Onofre Camacho, quien era muy popular en las afueras de Sinaloa y que, por lo tanto, parecía tener la capacidad de poner a los pobladores de ambos márgenes de la parte baja del río del lado de Ferrel.804

Así pues, el género epistolar tuvo una importancia capital en la movilización ferrelista, ya que su carácter personal y privado permitió que se constituyera una red a través de la cual dialogar sin el temor de comprometerse públicamente o de ser anticipados por los recursos del candidato Redo.805 Asimismo, en el sentido inverso posibilitó que las bases movilizadas expresaran sus inquietudes a los clubes ferrelistas, pues fue muy común que pidieran información o materiales como carteles, constituciones estatales, retratos de Ferrel, e incluso el arribo de hombres letrados a sus poblaciones que ayudaran a pronunciar discursos o que fueran a las localidades a pronunciarlos.806 Una de las peticiones más comunes fue que, por un lado, se denunciara a través de El Correo de la Tarde los obstáculos ilegales que las autoridades (usualmente los prefectos que dependían directamente del gobernador, con asistencia de la policía) interponían en sus labores de agitación ferrelista; por otro lado, que en ese mismo diario se reprodujeran las labores, las manifestaciones, en fin, los éxitos que tenían en cada localidad sus agitaciones políticas.

Y es que, en efecto, si las cartas fueron el medio privilegiado para expandir la red que tenía por base el reconocimiento específico de las circunstancias de las localidades y de las personas, la prensa, decididamente El Correo de la Tarde, fue el medio por el cual el Club Central pudo homogeneizar la información y administrarla de tal modo que sus partidarios (y adversarios) la conocieran a un mismo tiempo. El modo de alcanzar de manera más o menos simultánea a sus seguidores en todo el estado y aún más allá. Dos ritmos distintos de propiciar la acción política. La importancia de El Correo de la Tarde era reconocida incluso por sus adversarios. El “poeta del búho” Enrique González Martínez, redista residente entonces en Mocorito, donde además era prefecto, trató en una carta de matizar la fuerte impresión que estaba causando la campaña ferrelista en su amigo Manuel Carpio, en Guadalajara:

Aquí andamos metidos en los chismes de la cuestión electoral, y Sinaloa es a la fecha una olla de grillos. En el fondo la cosa no vale la pena; pero se le ocurrió soltar la candidatura inverosímil de José Ferrel y metió en alboroto a un grupo de cándidos que capitaneados por un primo del candidato y un empleado del primo han armado grita y quieren meterse a redentores. Ladridos a la luna. El elemento serio del estado, la intelectualidad, el comercio, la industria, está de parte de Redo, y aun cuando hubiera verdaderas elecciones no tendría la candidatura ferrelista las más leves probabilidades de triunfo. Ya sé que por esos rumbos [Guadalajara] y debido al bombo que suena El Correo de la Tarde se han creído que la cosa llegaría a mayores. No hay tal. La candidatura de Ferrel es enteramente casera y sin importancia.807

Como hemos visto, al margen del resultado no parece que González Martínez tuviera razón al señalar que la candidatura de Ferrel era meramente local.808 No podía ser así en aquel contexto de aceleración de la política a nivel nacional.809

En realidad, gracias a las relaciones que Heriberto Frías y el mismo José Ferrel tenían con la prensa de la capital, había diversos periódicos en la ciudad de México que daban eco a las noticias de El Correo de la Tarde y a la interpretación que de ellas hacía este periódico. Así lo hacía El Progreso Latino,810 del cual el mismo Ferrel había sido copropietario, La Patria, en la cual había colaborado llevando estrecha relación con los dueños de este diario, Arturo e Irineo Paz, así como el reyista México Nuevo, dirigido por Juan Sánchez Azcona.811 Esta dimensión nacional que adquiría el ferrelismo era, desde luego, rebatida por otros periódicos como El Imparcial, La Iberia o, con la campaña ya avanzada, El Tiempo.

La prensa de la capital que simpatizaba con Redo comenzó a negar, como es natural, que Ferrel fuera el candidato del “pueblo”, como querían sus publicistas. Por ello, puso mucha atención en destacar la campaña que hizo por todos los distritos del estado, lo cual supondría su cercanía con la gente.812 Así, La Iberia dio parte de los recorridos que hizo Redo por los distritos del sur y del norte, narrando cómo la gente salía a recibirlo porque, en definitiva, y en contra de lo que decían los ferrelistas, él era el candidato “popular”.813 Los ferrelistas de distintas poblaciones resentían el impacto que producía en sus localidades la asistencia de Redo, que solía movilizar con mayor fuerza a los “capitalistas” y a las autoridades del lugar para recabar firmas de adhesión y para inhibir o reprimir la agitación ferrelista. En este sentido, hubo un viraje interesante de señalar. En los primeros días de junio, a no ser como símbolo de otra cosa, no parece que Ferrel fuera ni mucho menos el principal activo de los ferrelistas para movilizar a la población (su importancia radicaba en las relaciones que tenía con la política y la prensa nacional, para la movilización tenían más importancia los liderazgos locales). En la correspondencia que desde diversas poblaciones y extracciones sociales llegaban al Club Democrático Sinaloense o al mismo Frías, hay muy pocas que aluden de un modo particular a la personalidad o historial de Ferrel más allá de las fórmulas de rigor. No era extraño encontrar ferrelistas que ignoraran quién era Ferrel: “no conocemos a Don José Ferrel ni queremos saber si es pobre o es rico o si es un Carbonero, lo que creemos que es, es un hombre liberal y demócrata y con esto basta para desear que sea el Gobernador del Estado libre y soberano de Sinaloa”.814 Hay incluso quien dice que habría participado gustoso en la campaña si no fuera por el candidato:

Aunque el señor Ferrel es un hombre de reconocido talento, bastante instrucción y de energía suficiente para que pudiera destruir de golpe, todo, o cuando menos, gran parte de lo malo, no es un candidato que me entusiasma. No vería con disgusto su triunfo, pero para luchar es necesario, Vd. lo sabe bien, precisa el entusiasmo.815

Es posible observar, sin embargo, que hacia fines de junio muchos ferrelistas enviaron cartas al Club Democrático pidiendo que, del mismo modo que hacía Redo, José Ferrel fuera a Sinaloa a apoyarlos en la campaña, pues eso causaría gran revuelo y confianza en los adeptos que comenzaban a titubear: “Queremos a Ferrel”,816 “que se llame al mismo Ferrel a sostener su candidatura”,817 que hay ansiedad por la llegada de Ferrel.818

¿Por qué no fue José Ferrel a Sinaloa? Es verdad que durante todo el siglo xix la cultura política mexicana había visto mal ―como signo de ambiciones personales en oposición al bienestar común― la campaña a pie de los candidatos por el territorio que se quería gobernar; para aquellos momentos, sin embargo, esto ya había comenzado a cambiar, ahí estaba Madero y su franca presencia pero el ejemplo más directo estaba en la campaña de Redo. Sospecho que, desde el Centro ―probablemente el propio Díaz que le había permitido lanzar su candidatura― se “sugirió” a Ferrel que no asistiera a Sinaloa.819 En la disyuntiva en que se encontraba, tal como habían hecho tantos políticos durante el régimen, habría optado por estirar la liga hasta donde era posible sin romper con Porfirio Díaz. De tal suerte, la ausencia del candidato del Club Democrático trató de ser marchitamente subsanada con la reproducción de retratos de Ferrel. Todos pedían retratos del candidato para llevar a las manifestaciones. Rentería avisaba a Frías que desde distintas poblaciones pedían rotograbados con el perfil de Ferrel, además de los botones que con su rostro se habían repartido;820 otros avisaban que se habían pegado sus retratos en las plazas.821 El Correo de la Tarde tampoco escatimó en la publicación de retratos de su candidato y de los principales ferrelistas, medida que no pasó desapercibida para sus adversarios:

todo aquel que grita o escribe una alabanza a Ferrel, una injuria a Redo, o un insulto a las autoridades, tiene derecho a ver su efigie en El Correo, y el señor Frías, que parecía haber agotado en loor de su candidato todos los adjetivos gloriosos, prodiga leyendas análogas a las del “niño héroe” al pie de cada fotografía. El redactor de este artículo culminaba su ironía asegurando que alguien había bautizado esa colección de rotograbados: “La exhibición de fieras de El Correo de la Tarde”.822

Hubo eventos en los que, en efecto, sacado de contexto, parecería curioso notar que era el retrato del candidato el que presidía las manifestaciones. El Tiempo dio cuenta de un evento de campaña en el que hubo concierto de tambora, discursos, declamación de versos a los ferrelistas y al, fin, como gran colofón, “se descubrió un gran retrato del Sr. Lic. Ferrel”.823 Ante la ausencia del candidato, la imagen, a la cual se habían ido habituando los lectores de periódicos, desempeñó un papel en el reconocimiento de Ferrel y en la movilización de sus adeptos, o al menos así lo esperaron los organizadores de la campaña.

Por medio de la prensa y de las cartas, se organizaban también marchas y otro tipo de eventos públicos como el descrito anteriormente. De acuerdo con los mismos organizadores, este tipo de actividades eran útiles, sobre todo, para dar a conocer a la población al candidato, pero también para infundirle confianza demostrando que era posible apoyarlo públicamente sin riesgo y, además, para reunirse con otras personas que quisieran ayudar en la agitación política. Así, no era raro que tras el evento quedaran los grupos más activos conversando en la plaza y planeando otras actividades; tampoco, que justo en esos momentos la represión fuera más rentable, pues se ejercía de manera focalizada contra los individuos más activos.824 En cualquier caso, con o sin represión, la prensa local y luego la prensa nacional recogían las noticias de aquellas marchas o conciertos, inflando o desinflando el número de asistentes y la posible represión según la línea político editorial de cada diario.

La presencia tan decidida de Diego Redo y la ausencia absoluta de Ferrel, aunado al apoyo de las autoridades locales al primero, fue percibida por varios ferrelistas como signo inequívoco de que el régimen apoyaría a Redo. Desde distintas localidades, llegaron cartas al Club Democrático el 8 de agosto, día de las elecciones y siguientes para denunciar lo que consideraban atropellos redistas: ciudadanos a los que contra toda ley no se les había permitido votar, intimidación de las policías y los prefectos, cooptación de las mesas electorales.825 La decepción final vino el 24 del mismo mes, cuando la comisión especial revisora presentó ante la diputación permanente el dictamen sobre las elecciones. Ahí quedaba asentado el resultado oficial del cómputo de los votos que, en total, otorgaba a Redo 35 985 votos, por los 15 790 de Ferrel. De acuerdo con estos datos, Ferrel no habría obtenido la victoria ni en Mazatlán.826

Incluso para un periódico tan poco afecto a Ferrel como El Diario del Hogar, era evidente que la maquinaria había presionado para obtener el triunfo de los redistas-corralistas.827 Por lo demás, era natural que así se jugaran esas elecciones, el ferrelismo procuró sobreponerse a las circunstancias pero no logró prevalecer. Al calor de la contienda se fraguaron muchas ilusiones, por eso fue difícil para los ferrelistas aceptar el desenlace que para algunos periódicos u observadores parecía el más probable. Madero, que desde luego había seguido con interés la campaña electoral y que había entablado correspondencia con Frías a fin de, pasadas las elecciones, atraer al ferrelismo hacia el antirreeleccionismo, le había escrito desde Coahuila el 27 de julio: “Si Redo resulta electo, como es casi seguro, la Nación comprenderá que no debe esperar nada del Gral. Díaz y que se burla de sus promesas más solemnes.”828

Por eso parece haberse sorprendido, Madero, de la amargura con que los ferrelistas acusaron el golpe, ya que los esperaba preparados para continuar con la organización política tras las elecciones, no concebía que alguien hubiera visto en ellas el punto de llegada. Así, hallando cierta resistencia de los ferrelistas y de El Correo de la Tarde para apoyar su campaña, escribía a Frías el 16 de diciembre: “El desaliento que Ud. manifiesta por la derrota que sufrieron lo encuentro injustificado […] o estuvieron injustificadas las esperanzas que se formaron de triunfo”, “siendo perfectamente prevista la derrota, no debe tomarnos de sorpresa ni debe hacernos variar de parecer”.829 Aunque persistente en la arena pública, el tono de Frías era menos práctico, le gustaba el sabor de la derrota épica propia de los héroes. En 1911, dos años después de estos sucesos, publicó El triunfo de Sancho Panza donde relató las peripecias de su incansable alter ego Miguel Mercado en Sinaloa. Bajo la luz de la derrota, decía:

en mala hora, resonó en su oído, otra vez, la canción de la sirena lírica: ‘joven soldado, ¿dónde vas? A luchar por la Justicia, la Libertad y el Honor… a ser caballero andante del publicismo nacional, con ideal por Dulcinea y la verdad por lanza!’ Soñó destruir la maraña de infamias de toda la caterva de los mandarines…830

En agosto de 1909 fueron varios los redistas que pidieron a la redacción de El Correo de la Tarde que se luchara contra lo que consideraban un fraude.831 Lo cierto es que ni Ferrel ni sus principales impulsores se movieron en esa dirección, aun cuando algunos como Valadés o Rentería también apoyaban la radicalización. Los resultados electorales,832 pero sobre todo las circunstancias políticas que habían desembocado en dichos resultados, hacían que desconocer los resultados y recurrir a la violencia pareciera una apuesta demasiado riesgosa. Periódicos de la capital que había apoyado al ferrelismo durante la campaña, como en el caso de La Patria, una vez conocidos los resultados terminaron por dar la bienvenida al gobierno de Redo.833

Según quedó dicho, Francisco I. Madero, que con anterioridad había procurado el acercamiento con los ferrelistas, pareció tener mucho mejor lectura de la situación y se esforzó durante los siguientes meses para aprovechar el trabajo de organización y agitación que habían hecho los líderes ferrelistas. Ante la experiencia del fracaso, muchos de sus simpatizantes habían quedado en la orfandad política. En todo caso, la decisión de Ferrel de condescender y salir del país hacia Europa, le impediría jugar un papel destacado en el estado tras el fin del régimen porfirista. Sin embargo, habría ferrelistas de 1909 que sí ocuparían ese lugar, tal es el caso de Rentería, que sería el primer gobernador maderista en Sinaloa.

Consideraciones finales

Un evento tan contingente como la pulmonía de un gobernador desató un movimiento electoral, político y social inédito en la vida pública de Sinaloa. Desde luego, había las condiciones propicias para ello: una clase media que aportaba grupos politizados y sin acceso a los cargos políticos, una prensa de larga tradición que quiere decir que, así fuera reducido, había un número regular de lectores que se informaban y eran capaces de comentar o discutir acerca de lo que leían. Importantes grupos de comerciantes, mineros, industriales del azúcar (a veces eran los mismos) que propiciaban, a su vez, una clase de trabajadores que experimentaba la presión de las inundaciones, del crecimiento de los ingenios azucareros, de la depreciación de la plata. Desde el punto de vista político había una coyuntura nacional que observaba en las elecciones presidenciales pero, sobre todo, en las vicepresidenciales, el horizonte que ponía en perspectiva cada disputa local. De tal suerte, en la elección de 1909 para gobernador de Sinaloa entraron en juego intereses locales, estatales y nacionales.

El conflicto entre científicos y reyistas que François Xavier Guerra llamó “querella de las elites”, hizo posible que en Sinaloa se presentaran dos candidatos que se reconocían “porfiristas” y que, como tales, tuvieran en principio la legitimidad para competir. A diferencia de lo que había ocurrido con anterioridad, no fue posible por las buenas ni por las malas presentar un solo candidato. Así pues, Diego Redo y José Ferrel representaron a diferentes grupos a nivel estatal y nacional. Y en ambos niveles procuraron ambos organizar su campaña y movilizar adeptos. El primero contaba con la estructura del grupo “científico”, más precisamente con los corralistas que le brindaron su apoyo en la prensa de la capital. Al interior del estado, heredaba la estructura política del cañedismo, así como las redes sociales a las que él mismo pertenecía como miembro de una de las familias más prominentes del estado. Por su parte, Ferrel contaba con un amplio conocimiento de la prensa de la capital, con buenas relaciones con algunos destacados reyistas (desgraciadamente para él, el reyismo parecía menos boyante que el corralismo). Al interior de Sinaloa tenía el apoyo decidido del periódico más importante de la región, El Correo de la Tarde, así como con una red de adeptos fincada, sobre todo, en la ascendencia entre comerciantes medios, profesores, médicos, con que contaba la familia Valadés (de la que él formaba parte) y otras familias cercanas.

En esta campaña, los ferrelistas destacaron por su energía y por la manera en que procuraron organizar y agitar a la población desde la fundación del Club Democrático Sinaloense, en Mazatlán, y sobre todo desde el núcleo duro del Club, cito en la redacción de El Correo de la Tarde. A partir de este diario, el ferrelismo procuró publicitar la campaña, hacer conocido a Ferrel (su nombre e inclusive su rostro) así como dar forma en el imaginario a la posibilidad del triunfo. Por otro lado, por medio de personas reconocidas en los diferentes distritos y poblados, a través de cartas y de conversaciones, el ferrelismo procuró la movilización electoral. Las cartas y telegramas se desplegaron en múltiples sentidos, desde el Correo de la Tarde hacia líderes distritales; de estos líderes a otros que también lo eran en poblaciones más pequeñas; desde todos los distritos hacia El Correo de la Tarde; desde Mazatlán a la ciudad de México, de donde nunca salió Ferrel, y también viceversa. Se realizaron mítines en todo el estado. Cañedo, por su parte, recorrió los distritos sinaloenses de sur a norte. El Imparcial, acaso el periódico más importante del país le brindó apoyo constante contra Ferrel. Los prefectos y la policía, a no dudarlo, estaban con él.

Al final, la agitación política devino en decepción, del mismo modo que había sucedido en otros estados en aquellos momentos (Yucatán, Morelos). Aquellos grupos que se habían sentido poco o nada representados por el gobierno y que apreciaron que la muerte del gobernador Cañedo abría nuevas posibilidades, tuvieron que observar cómo sus esfuerzos volvían a la nada. Lo cierto es que no volvían a la nada, pues la creciente politización anunciaba cambios que no tardarían en revelarse de modos más radicales. Tras la derrota, algunos ferrelistas cayeron en el desánimo, otros se adhirieron a una nueva bandera, el antirreeleccionismo, que terminaría por romper con aquella realidad que para muchos se había convertido ya en un tabú: que sólo siendo porfirista era posible disputar políticamente. El ferrelismo destacó como un momento importante en la experiencia de prácticas organizativas y de agitación.

Fuentes consultadas

Archivos

ahuas ︱ Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

cehm ︱ Centro de Estudios de Historia de México-Carso.

Archivo Particular Aline Pettersson.

Hemerografía

El Correo de la Tarde, Culiacán, 1909.

El Diario del Hogar, 1909.

El Imparcial, ciudad de México, 1908, 1909.

El Mundo Ilustrado, ciudad de México, 1908.

El Tiempo, ciudad de México, 1908, 1909.

El Tiempo Ilustrado, ciudad de México, 1907.

La Iberia, ciudad de México, 1909.

La Patria, ciudad de México, 1908-1909.

Bibliografía

Beltrán, Dina y Marco Antonio Berrellaza, A las puertas de la gloria. Las elecciones de 1909 en Sinaloa, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1997.

Bravo, Carlos, “Elecciones de gobernadores” en José Antonio Aguilar (coord.), Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), México, fce/Conaculta/ife/Conacyt, 2010, pp. 257-281.

Briones, Franco, La prensa en Sinaloa durante el redismo, 1877-1911, Culiacán, Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, 1999.

Busto Ibarra, Karina, “El espacio del Pacífico mexicano: Puertos, rutas, navegación y redes comerciales, 1848-1927”, tesis doctoral, México, Colmex, 2008.

Cárdenas Ayala, Elisa, El Derrumbe. Jalisco, microcosmos de la revolución mexicana, México, Tusquets, 2010.

Carrillo Rojas, Arturo y Guillermo Ibarra (coords.), Historia de Mazatlán, México, Universidad Autónoma de Sinaloa/Ayuntamiento de Mazatlán, 1998.

Carrillo Rojas, Arturo, Conflictos por el poder. Sinaloa de 1831 a 1880, México, Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, 2000.

, “El asesinato de José Valadés y sus consecuencias políticas” en Gustavo Aguilar, Eduardo Frías y Arturo Carrillo (comps.), Hacia la historia general de Sinaloa. Memoria del xiv Congreso Nacional de Historia Regional, Culiacán, Sinaloa, 2002, pp. 159-172.

, “Introducción” en Azalia López González, Rumbo a la democracia. 1909, la elección a gobernador de Sinaloa, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa/Colegio de Bachilleres de Sinaloa, 2003, pp. 13-28.

Frías, Heriberto, Águila o sol. Novela histórica mexicana en Georgina García Gutiérrez (ed.), La escritura enjuiciada. Heriberto Frías, una antología general, México, fce/unam, 2008.

, El triunfo de Sancho Panza (Mazatlán). Novela de crítica social mexicana. Continuación de Tomóchic, México, Imprenta de Luis Herrera, 1911.

González Martínez, Enrique, Epistolario en Obras. Prosa i, México, El Colegio Nacional, 2002.

, La apacible locura. Segunda parte de “El hombre del búho, misterio de una vocación”, México, Ediciones Cuadernos Americanos, núm. 17, 1951.

Katz, Friedrich, “México: la Restauración de la República y el Porfiriato, 1867-1910” en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina 9. México, América Central y el Caribe, c. 1870-1930, Jordi Beltrán y María Escudero (trad.), Barcelona, Crítica, 1992, pp. 13-77.

López González, Azalia, Rumbo a la democracia. 1909, la elección a gobernador de Sinaloa, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa/Colegio de Bachilleres de Sinaloa, 2003.

Madero, Francisco, Archivo de don Francisco I. Madero, Epistolario (1900-1910), 2 t., México, Instituto Cultural Helénico/Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2012.

Martínez Barreda, Alonso y Jorge Verdugo Quintero (con la colaboración de Guillermo Ibarra y Matías Hiram Lazcano), “Revolución, contrarrevolución y reforma” en Historia de Sinaloa ii, Sinaloa, Gobierno del Estado de Sinaloa/Difocur, 1997.

Martínez Peña, Luis Antonio, “Mazatlán. Historia de su vocación comercial, 1823-1910” en Jaime Olveda y Juan Carlos Reyes (coords.), Los puertos noroccidentales de México, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 1994, pp. 157-178.

Olea, Héctor R., Breve historia de la revolución en Sinaloa (1910-1917), México, inehrm, 1964.

, Sinaloa a través de sus Constituciones, México, unam, 1985.

, “La última campaña reeleccionista” en Sergio Ortega y Edgardo López Mañón (comps.), Sinaloa, textos de su historia, México, Gobierno del Estado de Sinaloa/Difocur/Instituto Mora, 1987, vol. 2

Ríos A., Arturo D., “El periódico y la curul. La diputación frustrada de José Ferrel (1896)” en Fausta Gantús y Alicia Salmerón, Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… violencia electoral en México, 1812-1912, México, Instituto Mora/Conacyt, 2016.

, La prensa como arena política. El polémico retorno de Leonardo Márquez a México (1895), México, Instituto Mora/Conacyt, 2015.

Ríos, Juan Luis, “Sociabilidad y política en Mazatlán. La campaña electoral del ferrelismo en 1909” en Sergio Arturo Sánchez Parra y Félix Brito (coords.), Historia de la sociabilidad en Sinaloa, siglos xix y xx. Una aproximación, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2015, pp. 19-41. 

Saborit, Antonio, “¿Águila o sol? El último capítulo” en Georgina García Gutiérrez (ed.), La escritura enjuiciada Heriberto Frías, una antología general, México, fce/unam, 2008.

Valadés, José C., Memorias de un joven rebelde, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1985.

capítulo xii

“¡Abajo el bombín y arriba el huarache!” Nuevas y viejas formas de movilización
electoral en Aguascalientes, 1910-1911834

Francisco Javier Delgado Aguilar

El objetivo de este texto es describir y analizar los actores y prácticas que definieron las formas de movilización electoral en Aguascalientes durante un momento clave de la historia política del estado, que va de las postrimerías del porfiriato a los primeros meses posteriores al triunfo de la revolución que encabezó Francisco I. Madero. Esta coyuntura, al menos en Aguascalientes, destacó por una intensa movilización político-electoral que giró alrededor de cuatro momentos: la elecciones presidenciales de 1910; la movilización de los seguidores de Rafael Arellano para ganar la gubernatura del estado, que ocurrió entre agosto de 1910 y mayo de 1911 y los dos primeros procesos electorales que se realizaron después de la caída del régimen porfirista: el primero para elegir diputados y el segundo para designar gobernador, ambos efectuados en la segunda mitad del año de 1911.

Las siguientes líneas narran cada uno de estos momentos electorales y tratan de valorar la mezcla de cambios y continuidades en las prácticas y formas de movilización electoral, su impacto en las relaciones de poder y las estrategias de las facciones para controlar el acceso a los cargos públicos en un escenario marcado por la inestabilidad política.

El maderismo en Aguascalientes

Francisco I. Madero visitó la capital del estado de Aguascalientes entre el 24 y el 26 de marzo de 1910. Diversos testimonios señalan que su presencia entusiasmó a muchos grupos de la ciudad, principalmente trabajadores y obreros de los Talleres del Ferrocarril Central Mexicano, que abarrotaron las calles para vitorear al candidato presidencial. Este recibimiento fue posible gracias al trabajo de organización y movilización de los seguidores de Madero en el estado, destacadamente su líder, Alberto Fuentes Dávila.

Los maderistas se movilizaron en un escenario marcado por la industrialización y el crecimiento urbano, que transformaron radicalmente la estructura social y la organización espacial de la capital del estado. La actividad industrial recibió un impulso notable con la instalación en 1895 de la Fundición Central Mexicana y en 1900 de los Talleres de Reparación del Ferrocarril. Los Talleres del Ferrocarril se levantaron al oriente de la población y hacia 1903 ocupaban poco más de 1 000 obreros. La Fundición Central Mexicana quedó ubicada en el noroeste y en ella laboraron hasta 1 500 operarios.835

Además de reactivar la economía y contribuir al surgimiento de una fuerza de trabajo industrial, ambos establecimientos fueron hitos urbanos que orientaron el crecimiento de la capital y atrajeron un creciente número de inmigrantes en busca de empleo. Así, tanto al oriente como al norponiente de la población, surgieron colonias habitadas por trabajadores de los Talleres del Ferrocarril, la Fundición Central y de las nuevas fábricas que llegaron a la ciudad por aquellos años. De forma lenta pero constante y permanente, se desarrollaron colonias como la Buenavista, Héroes y del Trabajo ―en el oriente―, mientras que en el poniente se formaron la Colonia México y la del Carmen.836

Alberto Fuentes Dávila, quien a la postre se convirtió en el líder del maderismo local, arribó a Aguascalientes en 1903, justo en medio del auge industrial desatado por la Fundición Central y los Talleres del Ferrocarril. Originario de Coahuila, Fuentes radicó en Estados Unidos y la ciudad de México. En Aguascalientes llegó a trabajar como gerente de la “Compañía Maderera de Aguascalientes”, fundó una agencia funeraria y se dedicó a la compra y venta de fincas y terrenos. Fue también presidente de la “Sociedad Mutualista y Caja de Ahorro de Empleados de Aguascalientes” y de la sociedad mutualista “Unión de Mecánicos Mexicanos”, lo cual lo puso en contacto con las clases populares, principalmente con los artesanos y ferrocarrileros.837

Fuentes Dávila entró a la actividad política para promover la candidatura de Bernardo Reyes a la vicepresidencia del país. Como reyista fundó el Club Democrático de Aguascalientes, que junto con el club Soberanía Popular, impulsaron el reyismo en la región. La negativa de Reyes a aceptar la candidatura cortó de tajo con el movimiento, lo que orilló a Fuentes Dávila (junto con otros correligionarios de la localidad) a acercarse a la corriente que encabezaba Francisco I. Madero.838

Ya como maderista, Fuentes se involucró de lleno en la militancia política y “se dedicó exclusivamente a fomentar la idea de trabajar por obtener la libertad; fundó varios clubes antirreeleccionistas y alentó al pueblo a que tomara parte en la cosa pública”.839 El resultado de esta actividad fue el surgimiento del Comité Central Antirreeleccionista, el Club Democrático de Obreros y el Club Antirreeleccionista José María Chávez.840 Todos hicieron una intensa campaña de propaganda, que en buena parte recayó sobre los hombros de los trabajadores del ferrocarril, quienes realizaban colectas entre la población; organizaban mítines; daban conferencias en el Teatro Morelos; hacían giras por los municipios y se reunían para difundir y discutir los contenidos de la ley electoral.841

La movilización maderista también contó con el apoyo de militantes de diversas profesiones y oficios de raigambre popular, desde pequeños comerciantes, hasta panaderos, pintores y profesores. Al igual que Fuentes Dávila, muchos eran inmigrantes, otros habían tenido problemas con la justicia, contaban con antecedentes criminales o tenían agravios y quejas contra las autoridades porfiristas. Delfíno V. Araujo, por ejemplo, era originario de Guadalajara y vivía en Rincón de Romos. Se ganaba la vida como tenedor de libros. Vicente Torres provenía de Zacatecas, radicaba en Aguascalientes y se dedicaba al comercio. Fue acusado de homicidio en 1905. Nabor Hernández, era zacatecano y vivía en la capital del estado, en donde se ocupaba en la compraventa de huevos. También había sido procesado en 1905 por el delito de encubrimiento de robo.

Cándido Aguilar, de oficio panadero, era originario y vecino de Aguascalientes. Fue procesado en 1892 por el delito de lesiones. Mónico Valderrama también era panadero y además pintor, mientras que Alberto L. Ayala ―originario de Guanajuato― se desempeñaba como profesor de instrucción primaria. Finalmente, Abraham Cruz, minero residente en el municipio de Tepezalá, poseía la mina “Catas Viejas”, con un tiro de 100 metros de profundidad. A fines del Porfiriato estuvo a punto de perder su propiedad debido a que el título de la mina fue “hecho perdedizo por una compañía americana”. Todos formaban parte del Club Democrático de Obreros, organización antirreeleccionista de la localidad.842

El trabajo de movilización y organización política de Fuentes Dávila y sus seguidores se manifestó ampliamente durante la visita de Madero a la capital del estado, entre el 24 y el 26 de marzo de 1910. El candidato fue recibido por más de 3 000 personas, que lo acompañaron de la estación del ferrocarril al Hotel Francia, en donde, junto con Roque Estrada, se dirigió a la multitud. Según testimonio del mismo Madero, los asistentes mostraron “un gran entusiasmo”.

Se ignoran las actividades de Madero el día 25, pero el 26, Sábado de Gloria, hubo un mitin en la Calzada Arellano, cerca de los Talleres del Ferrocarril. En esa ocasión se juntaron alrededor de 8 000 personas, que en su mayoría pertenecían al gremio ferrocarrilero. Al día siguiente, en una carta dirigida a Vázquez Gómez, Madero aseguraba que la manifestación había sido “verdaderamente grandiosa por el inmenso público que concurrió y su grandísimo entusiasmo”. Al finalizar la reunión, los manifestantes insistieron en acompañar a Madero hasta el hotel donde se hospedaba, lugar en el que se despidió de sus seguidores.843

La actividad opositora de los maderistas corrió paralela a los trabajos de organización y movilización de los seguidores de Porfirio Díaz. Como era costumbre en la coyuntura electoral, los porfiristas locales (destacados funcionarios y miembros de la élite política y económica del estado), fundaron un periódico de nombre “El Centro”,844 visitaron los municipios del estado, instalaron el Club Reeleccionista de Aguascalientes y en marzo de 1909 enviaron a la ciudad de México, una numerosa comitiva, que compuesta por delegados de los ocho municipios del estado, participó en la Gran Convención Reeleccionista.845

Entre sus actividades destaca la manifestación en honor a Porfirio Díaz, celebrada el 2 de abril de 1910. Los organizadores del evento fueron Manuel Gómez Portugal, Luis Villa Gordoa y Valentín Resendes, miembros prominentes del club reeleccionista de la localidad. Para “darle matiz popular” al evento, recurrieron a las influencias del regidor Ramón Escobedo y del diputado Enrique C. Osornio, quienes contribuyeron con un contingente de obreros de los barrios de San Marcos y Guadalupe.

Lo que pasó a continuación lo narra Eduardo J. Correa:

El pueblo no vio con buenos ojos la mascarada, y desde que los manifestantes comenzaron a recorrer las calles, los vivas a Madero ahogaban los que se lanzaban a Díaz y Corral. Los gobiernistas tenían aún esperanza; confiaban en la gente del regidor, que debía salir del Tívoli de San Marcos para unirse a los que salieron de la inspección de Policía. Pero como la tormenta del disgusto popular arreció, el doctor Osornio abandonó la empresa y los dizque obreros que había juntado don Ramón se unieron a los antirreleccionistas, no oyéndose sino mueras al Presidente y al Vicepresidente y al gobernador del Estado, cuya casa quiso apedrear la multitud. El licenciado Resendes, que disfrutaba de simpatía entre el pueblo, quiso hacerse oír en la Plaza Principal para loar al general Díaz; lo mismo intentó un estudiante destripado convertido en político de ocasión; no lo consiguieron y en peligro se vieron de pasar un mal rato, víctimas de la indignación de la muchedumbre, que así convirtió en maderista una manifestación porfirista.846

El anterior suceso se confirma gracias a la nota de un periódico local, refiriéndose al “paseo cívico nocturno del dos de abril [que] se tornó en manifestación antirreeleccionista y que llegó a tomar proporciones alarmantes”. El redactor alababa la conducta del jefe político de la capital, Francisco Armengol, cuya “prudencia y serenidad” evitaron mayores desgracias, pues muchos de los manifestantes iban armados y una intervención de la autoridad hubiera causado violencia.847

Conforme se acercaba el día de las elecciones, el gobierno reprimió y apresó a los principales líderes opositores. En Aguascalientes hubo arrestos de maderistas y Fuentes Dávila fue acosado por las autoridades hasta ser obligado a salir del estado en vísperas del inicio de la revolución. De hecho, días antes de las votaciones llegó a la entidad el 13o. regimiento de Caballería, “cuyas tropas ―informaba el periódico oficial― vienen a establecerse a esta plaza por orden superior”.848

La movilización arellanista:
una elección interrumpida

En julio de 1910, se anunció en Aguascalientes que Porfirio Díaz y Ramón Corral habían ganado las elecciones presidenciales. Sin embargo, la actividad política no cesó, pues estaba contemplado que en 1911 debía elegirse gobernador. El cargo había sido desempeñado en cuatro ocasiones por Alejandro Vázquez del Mercado (dos entre 1887 y 1895 y otras dos entre 1903 y 1910). El predominio de Vázquez del Mercado y su grupo político fue contrarrestado por la presencia de Rafael Arellano Ruiz Esparza, prominente hacendado de la región y titular del poder ejecutivo local de 1881 a 1884 y de 1895 a 1899.849 Aunque Arellano sólo ocupó el cargo dos veces, se las arregló para que uno de sus principales seguidores (Felipe Ruiz de Chávez) fuera designado jefe político del partido de la capital del estado durante la gestión de Vázquez del Mercado entre 1903 y 1910. De esta forma, a través de la alternancia y la negociación, las dos principales facciones construyeron un equilibrio político que fue puesto a prueba una vez más en 1911, cuando resultó claro que el grupo de Rafael Arellano estaba dispuesto a recuperar la gubernatura.850

Todo comenzó a principios de septiembre de 1910, cuando el periódico La Voz de Aguascalientes anunció la aparición de una nueva publicación de nombre Temis, “un pequeño pero muy mesurado periódico de oposición y de caricaturas que vio la luz pública en esta ciudad el día 27 del pasado. Es una publicación independiente pero no vulgar, sino razonada y justa, lo cual beneficia al pueblo y al gobierno”.851 Así iniciaba, casi de manera simbólica, la campaña para oponerse a los intentos de reelección de Alejandro Vázquez del Mercado y convertir una vez más a Rafael Arellano en gobernador del estado. Los impulsores del movimiento eran miembros de las clases alta y medias: hacendados, abogados, ingenieros y pequeños empresarios, que vieron en las elecciones la oportunidad de arrebatar el control del aparato político a los seguidores de Alejandro Vázquez del Mercado.852

A principios de octubre de 1910, el Temis anunció la instalación de la junta directiva del Club Independiente, que se había formado “con el objeto de iniciar los trabajos para las próximas elecciones”. Según la publicación, la reunión fue “selecta y numerosa” y se había desarrollado en “el orden más absoluto”. La integración de la junta directiva es reveladora de la composición del movimiento arellanista. Como Presidente había quedado Jesús A. Martínez, propietario y miembro fundador de la Cámara Agrícola de Aguascalientes.853 El primer vicepresidente era Felipe Ruíz de Chávez, fiel seguidor de Rafael Arellano, dueño de la finca “El Salero” y propietario de la tenería “El Diamante”, una de las más importantes de la capital. También era miembro de la Cámara Agrícola, vocal de la Junta de la Cámara de Comercio estatal y había desempeñado varios puestos públicos, entre ellos el de diputado local y jefe político de la capital.

El segundo vicepresidente era Tomás Medina Ugarte, ingeniero topógrafo e hidrógrafo con estudios en la Escuela de Minería en la ciudad de México. Había sido periodista, diputado local propietario en 1901 y jefe político interino durante el gobierno de Carlos Sagredo. Posteriormente se afiliaría al Partido Católico Nacional. El secretario del Club fue Aniceto Lomelí, notario, periodista y abogado. Era propietario de unos baños de vapor y notable activista católico.854

Pronto, el Temis comenzó a criticar al gobierno de Vázquez del Mercado e insinuó la posibilidad de que Rafael Arellano se lanzara como candidato a la gubernatura. En octubre de 1910, por ejemplo, afirmó que todo el pueblo

a excepción de un núcleo de vampiros, está dispuesto a ofrecerle, mejor dicho a suplicarle [a Arellano] que acepte [la candidatura], toda vez que se tiene la convicción íntima y profunda de que sólo sus reconocidas dotes administrativas podrán, si no remediar la situación creada por la debilidad o torpeza de la actual Administración, cuando menos poner un ‘hasta aquí’ a la serie de desaciertos que vienen consumándose en nuestro pequeño estado.855

Debieron pasar cuatro meses para que se intensificara la actividad política opositora, pues fue hasta el 30 de enero de 1911 cuando Jesús Martínez, presidente de la Junta Directiva del Club Independiente, comunicó al jefe político de la capital:

que un determinado número de ciudadanos, erigidos en Junta Provisional, me han honrado con la comisión de poner en conocimiento de esa Superioridad, que el próximo sábado, fecha 4 del mes próximo, se va a instalar un Club Independiente cuyo nombre no se acuerda todavía y que tendrá por objeto preparar los trabajos preliminares para las próximas elecciones de Gobernador del Estado. Dicho Club se reunirá en el local conocido con el nombre de ‘Salón Rojo’, situado en la calle Benito Juárez, número 13, en esta ciudad.

La reunión se celebraría a las 7 de la noche, por lo que Martínez pidió al jefe político el envío de un grupo de gendarmes al “Salón Rojo” para que resguardaran el orden y la Junta Provisional realizara sus trabajos como lo tenía previsto.856 El periódico La Voz de Aguascalientes, sostuvo que el evento sería “una colosal manifestación, como las que aquí se acostumbran únicamente cuando se trata de elevar a la primera magistratura del Estado a D. Rafael Arellano, con motivo precisamente de hacer la postulación de este esclarecido ciudadano para gobernador de Aguascalientes”.857

La asamblea se efectuó el cuatro de febrero y acudieron, según un periódico de la localidad, más de 2 000 personas “de todas las clases sociales: comerciantes, industriales, agricultores, profesionistas, empleados, artesanos y operarios”. La sesión inició a las 7:25 de la noche, con un discurso de Aniceto Lomelí, quien señaló que el objetivo del Club era elegir candidatos para diputados y gobernador, para lo cual se celebrarían sesiones los sábados de cada semana. Enfatizó que todas sus actividades políticas se efectuarían con sujeción a la ley y respeto a la autoridad. Ellos, dijo Lomelí, iban a evolucionar no a revolucionar, y lo harían dentro de la ley. Lomelí aseguró además que se “estaban instalando clubes en todas las poblaciones foráneas del Estado, y que en una convención que tendría lugar el primero de abril, en la que estarían representados todos los clubes, se haría la designación de candidato para gobernador del Estado”.

Después del licenciado Lomelí habló Jesús Calvillo, quien excitó a los asistentes “al ejercicio de la democracia, y lo hizo en tales conceptos, que fue objeto de prolongados aplausos”. Como corolario de la reunión se anunció la incorporación a la junta directiva de Zacarías Topete (antiguo seguidor de Madero), Manuel Olavarrieta, José María Alba, (miembro de la Cámara Agrícola) y Alberto Leal (propietario radicado en el municipio de Asientos).858

Entre el 11 de febrero y el 24 de junio de 1911, los miembros del club celebraron al menos 15 reuniones.859 Las juntas se efectuaban los sábados a las 8 de la noche, “a cuya hora pueden cómodamente concurrir las personas que salen del trabajo a horas avanzadas del día”. En ellas se discutía todo lo referente a las posibles candidaturas, se criticaba al gobierno y se impartían conferencias sobre la Ley Electoral local, “a fin de que el pleno conocimiento de las obligaciones y de los derechos en la práctica de la democracia, llene una parte muy importante de la educación cívica del ciudadano”.860 Debe mencionarse que los arellanistas extendieron su actividad a otros municipios del estado, pues establecieron sucursales del Club Independiente en Calvillo y San José de Gracia.861

La tan anunciada designación de candidatos tuvo lugar el día primero de abril de 1911, en una sesión celebrada a las 8 de la noche en el Teatro Morelos. Fue en esta ocasión cuando el Club Independiente nominó, por mayoría absoluta, a Rafael Arellano como candidato a gobernador.862 Definido el candidato, sus seguidores cumplieron con el ritual obligado de la época y formaron una comisión de 16 personas, “pertenecientes a los diversos ramos de propiedad, comercio industria y propiedad”, que se entrevistó con Porfirio Díaz para convencerlo de que apoyara a Arellano.863

Uno de los rasgos distintivos de la movilización arellanista fue la participación de gente cercana a la corriente del catolicismo social, como Aniceto Lomelí y Eduardo J. Correa. El caso de Correa es especial, pues a pesar de que consideraba a Rafael Arellano como su “enemigo personal” y lo calificaba de “católico liberal”, aceptaba que era el candidato más popular y el “grande hombre” del pueblo.864 Por esta razón, viajó a Aguascalientes para pronunciar un discurso en ocasión del nombramiento de Arellano como candidato a la gubernatura. Su esperanza ―según había dicho Ramón a López Velarde― era “asistir a los funerales de mis enemigos y entonarles el responso más solemne. Créame que voy a despacharme con la cuchara grande y a hacer el panegírico de todos los grandes hombres de mi tierra, los científicos de por allá”.865

Las aspiraciones de Correa iban más allá de contribuir al triunfo de Arellano, pues quería aprovechar la coyuntura política para constituir:

un grupo político permanente, con principios fijos, estando listos siempre para intervenir en la cosa pública, en una palabra, formando la defensa de los hombres de bien contra la brigada de los pícaros. Los acontecimientos actuales van a influir poderosamente en la vida política del país, pues sin duda que ya no se apelará al descarado fraude electoral para imposiciones odiosas, y de la relativa libertad que el sufragio se deja, deben aprovecharse los elementos sanos que llevan su contingente a las urnas, asegurando así la paz, pues no de otra manera puede conjurarse el caciquismo que exaspera y lleva a los movimientos armados.866

El testimonio de Correa es un indicio relevante de las formas de organización y las tácticas de movilización de la época. Destaco sobre todo su frase sobre el aprovechamiento de “los elementos sanos que llevan su contingente a las urnas”. Esto es importante cuando se refiere a la participación de hacendados o empresarios locales, pues detrás de ellos existía una red de vínculos, parentescos y compadrazgos que se activaban al momento de las elecciones. En otras palabras, lo relevante de la presencia de gente como Felipe Ruiz de Chávez, o del hacendado Antonio Morfín Vargas (por mencionar algunos nombres) era que estaban en posición de movilizar a sus trabajadores, obreros o peones para que votaran a favor de Rafael Arellano. Ellos eran “los elementos sanos” que según Correa llevarían “su contingente a las urnas”.867

El principal agravio del arellanismo era el regreso de Vázquez del Mercado al gobierno del estado en 1903. Para los arellanistas, esto significó el arribo de un grupo de políticos ambiciosos (“hombres vanidosos y sin pericia”) que monopolizaron la estructura de gobierno con la ayuda del gobernador, quien influyó para que en las elecciones de diputados locales triunfaran “sus amigos y partidarios”. Los diputados electos, gente como Ignacio N. Marín, Enrique C. Osornio y Manuel Gómez Portugal, “carecían de antecedentes políticos o de independencia que los abonaran [...] y aun figuraba alguno como mero elemento decorativo, pues que sin ser hijo ni vecino del Estado, el honor que se le dispensaba era a título de su riqueza”. Además no contaban con “simpatías sociales”, por lo que su presencia en el congreso era una muestra de la insistencia del gobernador en colocar en los puestos públicos amigos y no colaboradores, sin importar si violaba la ley.868

Según los arellanistas, al dar este paso, Vázquez del Mercado se aisló “de todas las personalidades que hubieren dado honra, prestigio a su administración, para entregarse ciegamente en brazos de un círculo que no ha hecho otra cosa que precipitar hacia el abismo no solo al gobernante, sino también al Estado”.869 Además, propició el predominio del ejecutivo y la desaparición en el estado de la división de poderes, lo que convirtió al gobierno en “arbitrario tiránico y voluntarioso”.

Lo más grave era el tráfico de influencias y la corrupción que permearon la administración. Según la oposición, esto fue notorio en prácticas como la condonación de impuestos y el otorgamiento de contratos, concesiones y privilegios ilegales y onerosos para la sociedad aguascalentense.870 Además de algunos casos menores, (como el del comerciante “que aspiraba a la jefatura política para mandar pintar las fachadas de las casas y hacer negocio en su tlapalería”) hubo arreglos de mayor alcance que involucraban compañías y empresarios que obtuvieron grandes beneficios y concesiones al relacionarse con el gobierno.871

Para ilustrar su denuncia, el grupo opositor mencionaba varios casos: la concesión otorgada a G. López Velarde para que construyera un colonia en el Potrero de los Llanos, cerca de la Fundición Central, un lugar inadecuado para la construcción de viviendas y sin suministro de agua, que solo se prestaba para la especulación de terrenos. O esa otra concesión otorgada a un tal Alfredo M. Campanella para construir un ferrocarril urbano en Rincón de Romos, cuando se sabía que dicho Campanella no tenía el crédito ni los elementos pecuniarios suficientes para llevar a cabo tal empresa. O la exención de impuestos dada a la fábrica de harina “La Perla”, propiedad de John Douglas, quien se había hecho acreedor a tal gracia, según los opositores, porque había apoyado a Vázquez del Mercado en su ascenso a la gubernatura en 1903 y éste tenía acciones en la fábrica de harina mencionada.872

La corrupción y la ineficacia llegaban hasta el ayuntamiento de la capital, cuyos integrantes no tenían ningún interés en corregir los abusos cometidos en los diversos ramos del municipio.873 También era público y notorio que el gobernador controlaba la actividad del cabildo, nulificaba los acuerdos de los regidores e impedía “que el municipio proceda de un modo libre e independiente, en las labores que le tiene señaladas la Constitución del Estado”.874 Los demás municipios del estado no estaban exentos de esta problemática. Se denunció que en Tepezalá el presidente municipal se apropió del dinero que unos vecinos juntaron para remodelar la plaza principal del pueblo con motivo del Centenario de la Independencia. Las obras no se realizaron porque el gobernador Vázquez del Mercado, quien se había comprometido a enviar un ingeniero que ayudara a los vecinos en el diseño de los planos, nunca cumplió su palabra.875

Según la oposición, este hecho reflejaba uno de los grandes males del gobierno: el caciquismo ejercido por las autoridades sobre los pequeños pueblos. Lo anterior provocaba las siguientes reflexiones:

A semejanza de las grandes capitales, los pueblos cortos tienen también sus langostinos bajo la forma bien definida de Jefes Políticos, Presidentes, Alcaldes, o siquiera comisarios de barrio. ¡Y qué potencia la suya! Más que potencia, parecería omnipotencia, tal es la importancia de que ellos mismos se revisten; la bufa severidad de todos sus juicios y las barbaridades rebuznomentales [...] que sin cesar cometen. Hablamos en términos generales, como bien se comprende, pues suelen encontrarse honrosas excepciones; pero estas son tan raras, que no hacen sino dar mayor fuerza a la regla. Si alguno de nuestros lectores llega a dar con su muy apreciable humanidad en algún pueblo, la primera providencia que debe tomar desde luego, es hacer las más profundas genuflexiones y zorroclocos a la primera autoridad, porque de no hacerlo así, ya tendrá para divertirse, pues por quítame allá esas pajas, ha de ser molestado y lo meterán en la intrincada chismografía de aquella sociedad incipiente. Y por el contrario, si sabe manejarse bien con el cacique, puede estar seguro de que es y será en todos los casos el dueño de la situación y... boca abajo todo el mundo.876

Para los arellanistas, la corrupción y el favoritismo del gobierno lastraban el desarrollo de la economía estatal. El reparto indiscriminado de concesiones ventajosas para emprender negocios poco viables, por ejemplo, perjudicaba la industria y el comercio, pues ahuyentaba a otros empresarios que de verdad querían invertir y que no lo hacían porque el gobierno daba a otros todas las ventajas posibles. Y, como al final, la mayoría de los empresarios privilegiados eran incapaces de echar a andar su proyecto, no se lograba absolutamente nada.

La oposición también criticó el presupuesto de gastos estatal, principalmente la partida destinada al salario del gobernador, que de 2 000 pesos (que era lo que recibía Carlos Sagredo) pasó a 4 800 pesos. Para cubrir este aumento era imposible gravar a empresas como la Fundición Central y los Talleres del Ferrocarril (pues gozaban de exención de impuestos), por lo que se aplicaron nuevos gravámenes a la pequeña propiedad, el comercio y la industria, “ocasionando así la desmoralización y el desaliento y matando [...] todo adelanto y todo progreso”.

Despidos de trabajadores de la Fundición Central y los Talleres del Ferrocarril propiciaron ―según argumentos de los opositores al gobierno de Vázquez del Mercado— que muchos vecinos abandonaran la ciudad, lo que a su vez ocasionó un descenso en la demanda de viviendas y víveres. Se agravó así la crisis del comercio y cayó el valor de la propiedad urbana.877

Para enfatizar que el culpable directo de la crisis económica era el gobernador Vázquez del Mercado, la oposición comparó su administración con las de sus antecesores Rafael Arellano y Carlos Sagredo, cuando el estado experimentó un notable progreso caracterizado por el crecimiento de la población, el desarrollo de las pequeñas industrias y talleres y la consiguiente generación de empleos. Según la visión (seguramente idealizada) de los arellanistas, en esos años no había casas desocupadas a pesar de que las rentas eran altas; la actividad en las calles era constante y el comercio gozaba de una “agitación extraordinaria”. Para los opositores todo se fue al traste con la llegada de Vázquez del Mercado, cuya presencia parecía ejercer “una influencia fatal para el Estado y sólo benéfica para un limitado círculo de favoritos”.878

El caso que resumía los vicios y defectos de la administración de Vázquez del Mercado (y que ocupó ampliamente la atención de la oposición) fue el contrato firmado entre el gobierno y la Compañía Bancaria de Fomento para la renovación del sistema de abasto de agua potable. La maniobra, que fue detalladamente documentada y denunciada por los opositores, incluía la manipulación del congreso para autorizar el contrato; el favoritismo que mostró Vázquez del Mercado hacia la empresa elegida para realizar las obras; el préstamo de más de un millón de pesos negociado por el gobierno, que significaba una carga que el erario del estado no podía soportar y la forma casi clandestina en que se llevó a cabo toda la negociación, sin que el pueblo se enterara de cómo se había manejado el asunto.879

La solución a la crisis que golpeaba Aguascalientes era un cambio de hombres, o mejor dicho, el regreso del grupo gobernante que dirigía Rafael Arellano, que ahora estaba en la oposición y con el apoyo de las clases medias buscaba una mayor representación política. No se buscaban cambios radicales, ni políticos ni económicos. Nunca se habló, por ejemplo, de dar mayor autonomía a los municipios, suprimir la reelección o mejorar la situación de los obreros.880 Lo que se quería era un gobernante honrado, con prestigio y capacidad administrativa para impulsar el desarrollo económico, que no otorgara “concesiones ruinosas para el erario”, que atrajera capitales, que tuviera influencia en el gobierno federal. Lo que se quería era que Rafael Arellano regresara a la gubernatura.881

Los arellanistas reivindicaban la representación del pueblo para legitimar su participación en la vida pública y su intención de recuperar el poder. De los discursos pronunciados en las reuniones del Club Independiente y los artículos publicados en Temis se desprende que se asumían como la parte consciente de la sociedad, depositaria de la soberanía popular, capaz de practicar la libertad de expresión y escoger a sus gobernantes. Este lenguaje, además, “tenía un sonido nuevo cuando era escuchado por nuevos grupos sociales a los que la [...] educación había transmitido la fe en la soberanía del pueblo”.882

Así las cosas, los arellanistas dirigían sus llamados a la movilización política principalmente a

los ciudadanos que, por su ilustración en mayor o menor grado, debieran hacer a un lado su indiferentismo para un asunto de tanta importancia [se refiere a la elección para gobernador]. El vulgo, aunque sea el mayor número de los que forman el pueblo, no se da cuenta casi de los graves trastornos que ocasiona en la sociedad un mal gobierno. Él vive feliz generalmente, sea el régimen republicano o despótico, pues carece de razón para discernir, de conocimiento para apreciar y aun de diligencia para obrar. Este vulgo se mueve cuando una inteligencia superior lo dirige, y aun entonces, parece imposible que su consejo pueda resultar jamás de una ordenada serie de verdades. No hemos venido a pervertir al pueblo, sino a moralizarlo.883

Esta actitud también es evidente en el discurso que Jesús Calvillo pronunció durante una sesión del Club Independiente celebrada el día 4 de octubre de 1910. En dicha ocasión Calvillo aseguró que ya era tiempo de “que los diversos elementos que constituyen la sociedad, se despierten a la sonora voz de la democracia, que los llama a emitir el acento de la suprema voluntad, que suprema es la voluntad del pueblo”. El pueblo, por supuesto, eran ellos, los ciudadanos conscientes: agricultores, comerciantes, propietarios e industriales que formaban parte de las “clases productoras del estado”. Ellos eran los que debían unirse para “dar señales de la vida del pueblo libre y soberano, cuya voluntad es y debe ser una suprema ley”.884

Se sabe poco de la actitud del gobierno de Vázquez del Mercado ante el proceso electoral y la actividad opositora. Al principio declaró que no estaba dispuesto a reelegirse, pero sus seguidores le hicieron propaganda a su postulación y hasta fueron con Díaz para, al igual que sus contrincantes, obtener el apoyo del centro para su candidato. Además, se supo que tres diputados del congreso propusieron una reforma a la constitución local para que se permitiera la reelección indefinida, pues por ley se establecía que el gobernador solo podía reelegirse una vez y Vázquez del Mercado ya lo había hecho en 1907. Por otro lado, aunque al parecer nunca se optó por la represión, sí se utilizó a la prensa oficial para atacar a los arellanistas, a quienes se acusó de maderistas y de tratar de imponer un candidato impopular.885

El triunfo de la revolución de Francisco I. Madero en mayo de 1911 y las renuncias de Porfirio Díaz y Alejandro Vázquez del Mercado, cortaron de tajo la elección para gobernador y en consecuencia, las campañas de ambos contendientes. No obstante, la evidencia presentada sirve para caracterizar al arellanismo reactivado de 1910 como una movilización impulsada por una fracción de la élite (hacendados, comerciantes y empresarios) que desplazada del poder político, planeaba aprovechar la coyuntura electoral para recuperar el control del gobierno. Aliados con integrantes de una clase media fortalecida por el desarrollo económico y que demandaba libertad política, esta oposición era la “revancha de los clanes excluidos que encuentran ocasión para movilizar contra sus rivales de siempre la porción de la sociedad sobre la que ejercen su influencia”. En Aguascalientes la coyuntura política propicia fue la elección para gobernador de 1911.886

A pesar de su carácter inconcluso, la movilización que desató la campaña por la gubernatura del estado remite al dinamismo que podía alcanzar la vida política en las postrimerías del porfiriato. No hubo aquí muestras de la presunta apatía que se presume caracterizó los procesos electorales de fines del siglo xix. Por el contrario, ambos bandos (marcadamente los opositores que apoyaban a Rafael Arellano) recurrieron a estrategias como la fundación de clubes políticos, la publicación de periódicos, la organización de marchas y manifestaciones y la apelación al presidente Díaz para obtener su aprobación, fundamental pero no definitiva para aquel que quisiera alcanzar la victoria.

También se debe destacar que la oposición, no obstante su animosidad contra la administración del gobernador Vázquez del Mercado, actuó dentro de los márgenes impuestos por el sistema político porfirista y sus objetivos fueron cuidadosamente delimitados: buscaba la renovación del personal político y una administración honrada de los recursos estatales para lograr el progreso económico. No obstante, la reactivación del arellanismo impulsó la entrada en la vida política de nuevos grupos sociales y preparó el escenario para lo que resultó uno de los episodios más enconados de la historia electoral de Aguascalientes: los comicios de 1911, en donde se enfrentaron los seguidores del líder maderista, Alberto Fuentes Dávila, contra la facción agrupada alrededor de Rafael Arellano.

Elección de diputados locales: maderistas
contra arellanistas en el cambio de régimen

Fuentes Dávila había huido de la ciudad de Aguascalientes el 19 de noviembre de 1910, perseguido por las autoridades locales. Pasó dos meses al frente de un grupo de 30 hombres armados, con los que incursionó entre los límites de los estados de Zacatecas y Aguascalientes. Cuando los federales los derrotaron y el grupo se desbandó, Fuentes inició un largo periplo que lo llevó a la ciudad de México, Texas y Ciudad Juárez, en donde Francisco I. Madero lo nombró administrador de la aduana. El 5 de junio de 1911, al triunfo de la revolución, y después de la renuncia de Porfirio Díaz y Alejandro Vázquez del Mercado, Fuentes Dávila regresó a Aguascalientes acompañado de Madero, quien presionó al congreso local para que asumiera provisionalmente la gubernatura, en sustitución del porfirista Felipe Ruiz de Chávez. Hecho lo anterior, el congreso publicó la convocatoria respectiva para celebrar elecciones para gobernador y diputados locales.887

El escenario que Fuentes Dávila encontró en su regreso a Aguascalientes había cambiado radicalmente. Una de las causas principales fueron las incursiones militares de grupos revolucionarios y la incapacidad de las autoridades municipales para resguardar el orden en las localidades del estado. El resultado fue el surgimiento de motines urbanos y el desarrollo de un sentimiento de encono y desconfianza que enfrentaba a los grupos populares con el gobierno y las clases altas.

En junio de 1911, por ejemplo, el ayuntamiento de Aguascalientes se dirigió al congreso del estado para pedir la supresión de las corridas de toros durante el resto del año, “pues dado el carácter levantado de la popularidad en las circunstancias porque atravesamos, es muy fácil que en aquellos espectáculos pueda provocarse un conflicto”.888 Tiburcio Femat también expresó un sentimiento de temor hacia la actitud levantisca de los grupos populares, cuando en agosto de 1911 rechazó un empleo en la jefatura política de la capital con el argumento de que existía “un antagonismo muy reconcentrado entre el pueblo y los que guardan el orden, resultado de la situación anormal porque desgraciadamente atravesamos”.889 Esta atmósfera de inestabilidad y rencor tuvo una influencia directa en los procesos electorales.

Las elecciones para renovar congreso local fueron las primeras que se realizaron después de la renuncia de Alejandro Vázquez del Mercado. La ley electoral, que regía en el estado desde marzo de 1861, disponía que los comicios fueran indirectos. Originalmente, el jefe político era el encargado de organizar el proceso electoral. Sin embargo, en 1874, al publicarse la nueva Ley Orgánica que impedía al jefe político ser presidente del ayuntamiento, las atribuciones electorales de la jefatura pasaron a manos del presidente municipal. De esta forma, el ayuntamiento se convirtió en actor fundamental al momento de organizar los comicios.

En las elecciones contendieron dos partidos: el Club Democrático de Obreros”, de filiación maderista y seguidor de Fuentes Dávila y el Club Independiente, que aglutinaba a los simpatizantes de Rafael Arellano.890 El congreso del estado dispuso que las elecciones primarias se celebrarían el domingo 11 de junio de 1911, pero el Club Democrático solicitó que la fecha se aplazara para el día 25 de ese mismo mes.891

El congreso aceptó la propuesta y el ayuntamiento de la capital repartió las boletas entre los electores empadronados. La ley vigente señalaba que, después de dividir la ciudad en secciones, los regidores debían nombrar a una persona que en cada sección haría la lista de los ciudadanos con derecho a voto y le daría a cada uno una boleta. Las boletas debían estar en manos de los ciudadanos tres días antes de la elección y cada uno escribiría al reverso de ella el nombre de los electores por quienes votaba (lo que comúnmente se conocía como “voltear” la boleta).892

En esta etapa del proceso electoral surgió la primera protesta. Tres miembros del Club Democrático, Alberto L. Ayala, Rafael Correa y Antonio Muñoz, en un escrito dirigido al ayuntamiento de la capital y fechado el día 13 de junio, alegaban que los empadronadores nombrados por el ayuntamiento habían repartido las boletas

con tal deficiencia que todos los empleados de la Maestranza que pertenecen al Club [Democrático] no recibieron la cédula a que tenían derecho. Esta circunstancia, desterrando la idea de mala fe que no queremos concebir, nos obliga a presumir inequívocamente que el [...] empadronamiento es absolutamente defectuoso porque no se comprende que dada la legalidad que suponemos en los actos de los empadronadores, hayan quedado como se ha dicho multitud de ciudadanos de la maestranza sin cédula, y esto independientemente de muchísimas omisiones entre las cuales están las suscritas.893

Los firmantes también se quejaban de la conducta del secretario del ayuntamiento, a quien acusaban de intervenir “en asuntos que no le conciernen, como ha llegado a conocimiento de nosotros y del Club que representamos”. Finalmente, pedían a los regidores que se realizara un nuevo empadronamiento “con estricta escrupulosidad” y ellos mismos ofrecían sus servicios para hacerlo.894 La solicitud se discutió el mismo día 13 en sesión de cabildo y a pesar de que el ayuntamiento tenía facultades para resolver el asunto, lo remitió al congreso del estado para que los diputados resolvieran si se accedía o no a las demandas de los fuentistas.

El 15 de junio y con el argumento de que debían “guardar completa imparcialidad”, los diputados resolvieron que el congreso no debía “mezclarse en asuntos que no sean de su resorte, supuesto que la Ley Electoral tiene divididas las funciones que corresponden al Ayuntamiento y las que corresponden al Congreso”. También señalaron a los regidores su obligación de cumplir “estrictamente lo que manda la ley electoral” y se limitaron a sugerir lo que debía hacer el cabildo para resolver la solicitud del Club Democrático. Sobre la conformación de un nuevo padrón, los diputados sostuvieron que si el anterior era exacto, no había razón para hacer uno nuevo. Con respecto al nombramiento de nuevos empadronadores, propusieron que únicamente se realizara si las personas nombradas con anterioridad no habían cumplido con sus obligaciones. Finalmente, se pronunciaron a favor de un nuevo reparto de boletas, pues muchas ya habían sido utilizadas.895

El dictamen del congreso se leyó en cabildo celebrado el 16 de junio y obligó a los regidores a decidir por su cuenta el destino de la petición del Club Democrático. En la discusión, el regidor Medina Valdés propuso nombrar nuevos vecinos para levantar una vez más el padrón, y sugirió que se publicara la división electoral para demostrar que el ayuntamiento no ponía “trabas de ninguna naturaleza” en la organización de las elecciones.

Los regidores también accedieron a la tercera petición del Club Democrático de Obreros: utilizar los servicios de Ayala, Correa y Muñoz como empadronadores. A lo único que se negaron fue a regañar al secretario del ayuntamiento, acusado de intervenir en las elecciones, pues afirmaron que “el C. Secretario no se ha inmiscuido en asuntos que no le conciernen en los trabajos preliminares de las elecciones”.896

El día de la votación, los contendientes también interpusieron varias quejas y demandas. El 5 de julio, Domingo López Rivera denunció ante el juez segundo penal, que al votar en la casilla electoral número doce,

los ciudadanos Juan Pérez, Tranquilino Aranda, Tranquilino Cuevas, Rodolfo Pérez, Francisco L. Pedroza y J. Trinidad Ramírez [todos seguidores de Alberto Fuentes Dávila] llegaron tumultuariamente sugestionando a más de ochenta individuos, para elegir una mesa electoral a su antojo y poder cometer con libertad los delitos de fraude y falsificación.

Los hechos denunciados pueden reconstruirse con las declaraciones de los testigos que intervinieron en el proceso penal iniciado por López Rivera. Todo comenzó cuando Juan Lechuga, instalador de la casilla número 12, se dirigió a la escuela oficial de niños número dos, situada en la calle de José María Chávez, para abrir la mesa electoral que las autoridades le habían asignado. Acompañado por un grupo de entre 15 y 20 personas, Lechuga esperó a que dieran las 9 de la mañana, para, como lo marcaba la ley electoral, elegir a los miembros que compondrían la mesa.

En ese momento arribaron alrededor de “doscientos individuos encabezados por Juan C. Pérez, Tranquilino Aranda [y] Tranquilino Cuevas”. Estos tres llevaban “un cartelón con los nombres de los ciudadanos que deseaban que salieran electores” y entraron “tumultuosamente” a la escuela. Lechuga procedió entonces a realizar la votación de la siguiente manera: cada individuo que se encontraba dentro del edificio decía a quién daba su voto para miembro de la mesa electoral y salía a la calle. La elección recayó sobre Aniceto Lomelí, destacado seguidor de Rafael Arellano.

De inmediato, Francisco L. Pedroza “protestó alegando que no había habido legalidad y con esto toda la gente que estaba afuera comenzó a gritar”. Lechuga repitió la votación “con la diferencia de que muchos individuos que habían votado, sin que nadie pudiera impedirlo, volvían a entrar a la escuela y al salir daban nuevamente su voto”. El nuevo conteo favoreció a Tranquilino Aranda como presidente de casilla y a Francisco L. Pedroza, Eugenio Ávila y Antonio M. Arias como secretario y escrutadores, respectivamente.

Dueños de la mesa electoral, Pedroza y sus partidarios repartieron boletas entre sus seguidores, “habiéndose dado el caso de que un solo individuo llegara a votar hasta diez veces con nombres distintos, pues no hacían caso al padrón ni mucho menos indagaban el domicilio del votante”. Hubo boletas que sencillamente “voltearon a su antojo”, mientras que en la casilla “había varios individuos recogiendo las boletas en blanco para llenarlas con los nombres” de los electores escritos en el cartelón que llevaba el grupo. La maniobra ocasionó que se acusara a los simpatizantes del Club Democrático de levantar un padrón defectuoso y de quedarse con las boletas “para confeccionar el expediente como ellos lo deseaban”.897

Por su parte, Tranquilino Cuevas, protagonista de la movilización en las casillas, declaró que según “su concepto”, la instalación de la mesa electoral había sido legal y en la votación posterior “tampoco se cometió ningún fraude ni se hizo violencia”. Lo único que aceptaba era que habían acudido a la mesa electoral “muchas personas”.898

Dos seguidores de Rafael Arellano, Jesús A. Martínez y Manuel Olavarrieta, interpusieron otra denuncia ante el ayuntamiento de la capital. Los quejosos sostenían que en las elecciones primarias de 25 de junio observaron personas que votaban en secciones diferentes “y aunque esto pudo hacerse consiguiendo cédulas con votantes morosos, lo que pudimos notar fue que se dieron más cédulas que las que necesitaba cada empadronador”. También aseguraron “que los empadronadores fuentistas o no daban cédulas a los arellanistas o se las entregaban cuando ya se efectuaban las elecciones” (o como se vio, se las quedaban para repartirlas entre sus partidarios).899

Los resultados de las elecciones primarias favorecieron al Club Democrático, aunque conviene resaltar que su triunfo ocurrió principalmente en las áreas urbanas, pues en las casillas rurales los votos favorecieron al Club Independiente.900 Las elecciones secundarias se celebraron el 9 de julio. Según la ley, los electores de cada partido debían reunirse en la cabecera del mismo para instalar el colegio electoral. El acto debía ser presidido por el presidente municipal de la localidad que fuera la cabecera del partido. Instalado el colegio y calificada la validez de las credenciales de los electores, se procedía a elección de diputados.901

Las elecciones secundarias también estuvieron salpicadas de quejas y denuncias. En el partido de la capital, el arellanista Jesús A. Martínez sostuvo que “la lucha electoral en el estado ha tenido los mismos inconvenientes que en las administraciones pasadas”, pues se validaban credenciales de electores que no cumplían con los requisitos que marcaba la ley. Martínez pedía que el colegio electoral se instalara “con toda imparcialidad” pues “seguramente se tratará de hacer presión”.902

Por estas y otras irregularidades, el congreso local nulificó las elecciones verificadas en los partidos de Rincón de Romos y Calvillo. En Rincón de Romos habían sido electos diputados los candidatos del Club Democrático de Obreros, José T. Ávila y Domingo Méndez Acuña. Los derrotados eran Felipe Ruíz de Chávez y Evaristo Femat, postulados por el Club Independiente. El congreso anuló la elección; el argumento fue que Ávila y Méndez no cubrían los requisitos de vecindad de la ley electoral. En Calvillo se enfrentaron Román Morales, candidato del Club Democrático y Aniceto Lomelí, del Club Independiente. Morales ganó con nueve votos, contra ocho de Lomelí. El congreso nulificó la elección porque Morales no obtuvo “la mayoría de votos que marca la ley” y ordenó que el colegio electoral de Calvillo repitiera la votación entre Morales y Lomelí.903

Ambas anulaciones afectaban al Club Democrático de Obreros. ¿Respondían a rivalidades políticas o partidistas destinadas a favorecer a los partidarios de Rafael Arellano? No se cuenta con evidencia para respaldar esta afirmación, aunque debe recordarse que los diputados porfiristas aún controlaban el congreso y no simpatizaban con los seguidores del maderista Fuentes Dávila. En Calvillo sí que se favoreció al Club Independiente, pues en las elecciones que se celebraron de nuevo el 17 de septiembre, triunfó Aniceto Lomelí, quien recibió 14 votos. Su contrincante, Román Morales, sólo obtuvo dos sufragios.904 Los derrotados protestaron y aseguraron que de los 16 electores que conformaban el Colegio Electoral, 11 fueron presionados y amenazados por las autoridades de Calvillo para que favorecieran a Lomelí.905

En Rincón de Romos las elecciones secundarias se repitieron el 24 de septiembre de 1911. El gobierno intentó controlar el proceso y ordenó que el jefe político y no el presidente municipal, como lo indicaba la ley, organizara la votación. Por órdenes de la jefatura, el colegio electoral se instaló en el salón del ayuntamiento, pues así se daría “mayor libertad y garantías” a los trabajos electorales. El candidato del Club Democrático de Obreros era el maderista Camilo Medina. Su rival: Alfonso M. López. Medina ganó por 22 votos contra nueve. Al parecer, los perdedores impugnaron la validez de la elección, pues el congreso aprobó la credencial de Medina hasta fines de diciembre de 1911, después de haber declarado que las elecciones de Rincón eran legales.906

El balance de las elecciones favoreció a los fuentistas. Solo perdieron dos diputaciones: la de Asientos a manos de Tomás Medina Ugarte y la de Calvillo, donde ganó Aniceto Lomelí. Pero lo que importa destacar son las características de la lucha electoral. En primer lugar, los comicios se volvieron sumamente competidos. Sin Porfirio Díaz ni Alejandro Vázquez en la escena, dejaron de funcionar las negociaciones personalistas que canalizaban y controlaban la competencia política. Su lugar lo ocuparon la movilización popular (que en ocasiones rebasó los cauces legales) y las presiones de los clubes y partidos ante las autoridades locales. En la nueva escenografía, destacaban Fuentes Dávila y sus seguidores, que aprovecharon el debilitamiento de las autoridades y el relajamiento de la obediencia para convertir a las clases medias y bajas en su principal punto de apoyo.907 En segundo lugar, el ayuntamiento recuperó el protagonismo electoral perdido en el transcurso del Porfiriato. Para los contendientes quedó claro que al nombrar empadronadores y escrutadores, el cabildo influía en la organización y el resultado de las votaciones. Las tendencias aquí apuntadas se presentaron de nuevo en la elección para gobernador, celebrada, el 6 de agosto de 1911.

Las elecciones para gobernador: Alberto Fuentes Dávila contra Rafael Arellano

La elección para gobernador era directa y debía apegarse a la Ley Orgánica Electoral de 5 de junio de 1871. La legislación facultaba a los ayuntamientos para intervenir en los comicios, pero dejaba en manos de los jefes políticos las atribuciones más relevantes. Regidores y jefes políticos dividían los municipios en secciones, nombraban funcionarios encargados de formar padrones, instalaban mesas electorales y repartían boletas. No obstante, los jefes políticos controlaban directamente las listas de electores y distribuían las boletas para votar. Además, como representantes del poder ejecutivo, podían reprimir “severa y enérgicamente cualquier trastorno público durante las elecciones”. Los que perturbaran la tranquilidad pública o emplearan la fuerza o la violencia durante el transcurso de las elecciones serían encarcelados, remitidos a los tribunales y juzgados como sediciosos. Finalmente, las mesas electorales disueltas por la fuerza deberían reinstalarse bajo la protección del jefe político, quien estaba obligado a apoyarlas en todo lo necesario para ejercer con libertad sus funciones.908

A pesar sus atribuciones, los jefes políticos no ejercían un control incontrastable sobre los comicios. Lo impedían la injerencia del ayuntamiento (sobre todo en la capital del estado) y la movilización de los clubes políticos. Como se demostrará, este hecho fue evidente durante la elección de gobernador. Los rivales fueron Alberto Fuentes Dávila y Rafael Arellano Valle, el primero apoyado por el Club Democrático de Obreros y el segundo postulado por el Club Independiente. Para competir por la gubernatura, Fuentes Dávila debió renunciar al cargo de gobernador interino, que quedó en manos del maderista Alejandro M. Ugarte en julio de 1911.909

Fuentes sabía que su fuerza política provenía de los obreros y los sectores populares de la sociedad y a ellos dirigió su campaña. Según un observador de la época, trataba “al pueblo como hermano porque conoce sus sufrimientos; su carácter es de por sí amable, es bondadoso, franco y sincero”. El “demagógico” lema de Fuentes: “abajo el bombín y arriba el guarache”,910 fue un indicio de sus afanes por movilizar a estos grupos.911

Durante su campaña, el candidato maderista visitó los municipios de Jesús María, Rincón de Romos, Cosío, Asientos y Tepezalá. En todos prometió “una redistribución general de tierras”.912 El 30 de julio acudió a la hacienda de “La Punta”, ubicada en el municipio de Cosío y que pertenecía a su contrincante Rafael Arellano. Según versión de sus contrincantes, Fuentes “predicó el socialismo” y al día siguiente los peones ya no salieron a trabajar, se emborracharon y comenzaron a planear cómo se iban a robar lo que había en las trojes. La situación se calmó cuando desde Rincón de Romos enviaron una fuerza militar de auxilio. Los peones se negaron a regresar a sus labores.913

Rafael Arellano, rival de Alberto Fuentes, se presentó como el candidato de “la gente decente y por lo mismo, de los católicos”.914 El grueso de sus seguidores eran hacendados, comerciantes y profesionistas, aglutinados en el Club Independiente.915 Se desconocen detalles de su actividad proselitista. Al parecer no creyeron necesario visitar los municipios del estado con fines propagandísticos. En cambio, montaron en la prensa una concienzuda campaña de rumores y ataques contra Fuentes Dávila. Sostuvieron que no podía ser un buen gobernante, pues “no era conocido ni como político ni menos como hombre de administración”.916 Lo acusaron de no ser originario del estado, por lo que no podía estar realmente interesado en el bienestar de Aguascalientes. Se escandalizaron por su presunto socialismo y lo denunciaron por comportarse como un “anarquista y un agitador profesional” que fomentaba el odio a las clases altas. También le achacaron alentar a la huelga a los obreros de la Fundición Central.917

Los arellanistas tuvieron el apoyo del gobernador interino Alejandro Medina Ugarte. Medina era originario del municipio de Asientos y desarrolló su carrera política en Guanajuato, donde se afilió al ala conservadora del maderismo.918 Al igual que otros gobernadores provisionales, Medina mostró moderación al enfrentar un escenario marcado por la inestabilidad política y social y maniobró para obtener el apoyo de las clases altas de la entidad.919Dos ejemplos ilustran el estilo de gobernar de Medina. Cuando los trabajadores de la Fundición Central se fueron a la huelga, los instó a retomar sus labores, pues ya tenían el aumento salarial que buscaban y era su deber ―les señaló el gobernador― evitar que la Fundición cumpliera la amenaza de suspender actividades.920

La agitación política que marcó las elecciones y la forma en que Medina trató de controlarla, se conocen gracias a una circular que envío al jefe político de la capital el 20 de julio de 1911. En la comunicación, el gobernador advertía que:

estando próximas las elecciones de Gobernador del Estado, y habiendo serios temores de que se altere la paz pública por la exaltación de los partidos políticos, el C. Gobernador, en acuerdo de hoy, dispuso se prevenga a Ud. se abstenga de mezclarse a favor de alguno de los partidos contendientes, observando absoluta neutralidad, y dicte las medidas más eficaces para la conservación del orden público en el Partido de su mando; transcribiendo esta comunicación a los Presidentes Municipales de esa comprensión, para que por su parte cumplan con el referido acuerdo.921

El arellanismo también vigiló cuidadosamente el desempeño del cabildo de la capital durante la organización de los comicios. El 4 de julio de 1911, el Club Democrático de Obreros exigió el despido del secretario del ayuntamiento, Plácido Jiménez. Lo acusaba de favorecer a los partidarios de Rafael Arellano. Los regidores aceptaron la petición y nombraron a Alfredo C. Muñoz como secretario interino.922

El 11 de julio, Felipe Ruíz de Chávez, Jesús A. Martínez y Manuel Olavarrieta, en representación del Club Independiente, protestaron por la destitución de Plácido Jiménez, pues se decidió “sin causa justificada y por sólo la petición de un partido político”. También alegaban que el nuevo secretario, Alfredo C. Muñoz, “no nos merece la confianza necesaria por cuanto a su imparcialidad para cumplir los oficios que su alto deber le impone, por haber sido designado por el mismo partido político a que nos referimos”. Por estas razones, y para garantizar la “rectitud y pureza” necesaria en la organización de los comicios, el Club Independiente pedía el despido de Muñoz y el nombramiento de una persona imparcial que no perteneciera a ningún partido. Todo en aras de avalar la “efectividad del sufragio”.

El 25 de julio, una comisión especial del cabildo respondió a la petición de los arellanistas. La comisión sostuvo que tanto Jiménez como Muñoz estaban “en su perfecto derecho, como ciudadanos, de simpatizar con el partido político que más les convenga, una vez que en el desempeño de sus deberes como empleados del ayuntamiento, jamás han dado a conocer sus ideas políticas, ni han ejecutado actos que pugnen con la imparcialidad que deben observar”. No obstante, los regidores designaron a J. Isabel Cisneros como nuevo secretario, pues era “un ciudadano absolutamente ajeno a toda cuestión política” y no tenía “liga ni compromiso con ninguno de los partidos militantes”. Con esto se quería demostrar que el ayuntamiento no ponía “dificultades para el buen éxito de las elecciones que se han de llevar a cabo” y trataba de “evitar diferencias entre uno y otro partido político”.923

Las protestas y la presión de los partidos para influir en los procedimientos del ayuntamiento continuaron hasta el día de las elecciones. Buena parte de las negociaciones giraron en torno a la designación de empadronadores e instaladores de mesas electorales. A fines de julio, los arellanistas pidieron al cabildo nombrar, de entre los mismos regidores, “una comisión revisora de padrones para que ésta se encargue al mismo tiempo de vigilar la entrega de las boletas a los ciudadanos empadronados con toda rectitud”.924 El Club Democrático no se quedó atrás y el 25 de julio requirió una copia de la división territorial realizada para las elecciones. Los regidores facilitaron copia del documento a ambos clubes y los invitó a nombrar “una comisión que presencie los trabajos de los empadronadores e instaladores”.925

La comisión no se instaló o no tuvo buen éxito y el primero de agosto, Ramón Mena, vicepresidente del Club Democrático de Obreros, objetó la designación de empadronadores e instaladores de mesas. Según Mena, el 18 de julio se había celebrado una convención a la que asistieron Antonio Muñoz como representante del Club Democrático de Obreros, Felipe Ruiz de Chávez por parte del Club Independiente y el presidente del ayuntamiento, Juventino de la Torre. En la reunión se acordó que los empadronadores serían fuentistas y los instaladores arellanistas.

El problema, según la versión de Mena, fue que los regidores José Arteaga y Blas E. Romo, en connivencia con el reputado arellanista, Felipe Ruiz de Chávez, modificaron la división territorial de la capital y “contraviniendo las aspiraciones populares”, cambiaron “todos los nombramientos de empadronadores e instaladores”. En su lugar, designaron únicamente a seguidores de Rafael Arellano. Además, el padrón de electores había sido “rasurado”, pues en 11 secciones se detectaron 255 ciudadanos sin registrar.

Para Mena, con estos cambios, los regidores ponían “en manos del partido arellanista todas las armas con que se puede zaherir impunemente y cometer vejaciones en [los] derechos de los ciudadanos, cuando todos son iguales ante la ley”. Además, infringían el pacto que garantizaba la imparcialidad del ayuntamiento y violaban la voluntad del pueblo, pues al nombrar empadronadores e instaladores de un solo partido, ignoraban a los grupos que apoyaban a Fuentes Dávila.926

Finalmente el 6 de agosto, día de la votación, los seguidores de Fuentes Dávila recurrieron de nuevo a la movilización popular para adueñarse de las casillas y votar a favor de su candidato. Varios testimonios apuntan en esta dirección. Eduardo J. Correa aseguró que Fuentes “se llevó a las chusmas a las urnas y de calle se llevó la votación”.927 Otro testigo sostuvo que Rafael Arellano, “persona de alta prendas morales”, hubiera ganado la elección “si no es que el populacho ebrio, armado de piedras y cuchillos, y azuzado por los fuentistas no se hubiera amotinado en las puertas de las casillas electorales, para obligar a los votantes a que se retiraran si no eran simpatizadores de Fuentes”.928 En Jesús María y Tepezalá se presentaron a votar un gran número de ciudadanos. Los arellanistas trataron de presentar dicha movilización como una violación a la ley electoral, El argumento no fue aceptado por el congreso.929

Los hacendados y sus administradores se involucraron decididamente en la contienda. Francisco de León, encargado de la hacienda de “La Punta”, en el partido de Rincón de Romos, amenazó a los peones y medieros, “corriendo a algunos de ellos sin decirles siquiera los motivos”. También intimidó, con los soldados a su disposición, al instalador de la mesa electoral donde votarían los trabajadores. En la hacienda de “Pabellón”, el administrador Marcos de Orta amenazó con enviar gente armada y dispuesta a pelear al pueblo de Rincón el día de las elecciones. Al enterarse, el jefe político del partido advirtió al gobernador “a fin de que se sirva más detenidamente calcular el número de soldados que deba mandar a esta”.930

Algunos trabajadores ya no estaban dispuestos a soportar las arbitrariedades de sus patrones. Esto lo comprobó el hacendado Alberto Leal cuando retuvo las boletas electorales de los peones que trabajan en su propiedad. Los campesinos se sublevaron y, en palabras del propio Leal, “me atacaron en la casa principal de la hacienda del Tule, disparando balazos y pretendiendo matarme”. Leal huyó con rumbo a la capital, pero los inconformes lo siguieron y, según noticias que recibió, con intenciones hostiles. Leal pidió entonces que el jefe político detuviera “a los individuos que en masa vienen de la [finca del Tule]” y los pusiera a disposición del juez penal correspondiente.931

La elección concluyó, pero los ánimos continuaron caldeados y los rivales no paraban de atacarse. El 8 de agosto, Jesús A. Martínez, presidente del Club Independiente, se quejó ante el gobernador Medina Ugarte, de que:

algunos individuos pertenecientes a la agrupación política “Club Democrático de Obreros”, obsesionados sin duda por el sentimiento antagónico que se les ha imbuido contra determinadas clases sociales, prodigan públicamente insultos tabernarios contra nuestro honorable candidato y contra nosotros en conjunto. Que esta conducta se viene observando desde hace algún tiempo, notándose que sube de punto cuando a la cabeza de las turbas se encuentra el candidato contrario, quien parece complacerse al escuchar tales injurias.932

Según Martínez, el 7 de agosto Alberto E. Ayala amenazó con un arma a Leobardo C. Morfín, periodista y miembro del Club Independiente. Morfín aseguró que Ayala, encontrándose en estado de ebriedad, le dijo que era “uno de los más hijos de la tiznada de los del Partido Arellanista”. Mientras lo insultaba, Ayala metía y sacaba su pistola, aunque nunca le apuntó ni le disparó. El evento llevó al gobernador Medina Ugarte a ordenar al jefe político de la capital que dictara “las medidas legales conducentes para evitar en lo sucesivo, se repitan actos de igual naturaleza, haciendo previamente las investigaciones que el caso requiere”.933 Los desórdenes fueron inevitables, sobre todo después de que los diputados, en funciones de colegio electoral, calificaron la validez de la elección para gobernador.

El 19 de agosto de 1911, una comisión especial del congreso declaró que Alberto Fuentes Dávila había obtenido la mayoría de los votos, pero no podría tomar posesión del cargo porque no cumplía con los 10 años de residencia en el estado que exigía la constitución local. Por este motivo, se propuso anular la elección y convocar a nuevas votaciones para el 29 de octubre.934 La resolución detonó manifestaciones orquestadas por el Club Democrático de Obreros para protestar y obligar al congreso a ratificar la validez de los comicios. El mismo 19 de agosto se realizó la primera manifestación y se programó una más para el día siguiente.

La situación alarmó a varios comerciantes y propietarios radicados en la capital, quienes escribieron al gobernador Medina Ugarte para alertarlo sobre las intenciones de los seguidores de Fuentes Dávila. Sus argumentos remiten al temor que les infundía la manifestación popular del Club Democrático, a la que calificaban como un pretexto para “para alterar el orden y la paz pública”. En su escrito, sostenían

Que hace ya muchos días el bajo pueblo perversamente sugestionado, no oculta su deseo de que se altere el orden, para ver si le es posible entregarse a actos vandálicos. Que en este preciso momento, los ánimos se encuentran exacerbados por las cuestiones electorales. Que el partido a que hemos venido refiriéndonos se ha manifestado ya francamente hostil no sólo a determinadas clases sociales, sino a ese mismo Gobierno. Que el posible desenfreno de las turbas comprometería muy seriamente nuestra seguridad personal, así como nuestros intereses comerciales. Que los desórdenes que fundadamente tememos, sólo podrían refrenarse por medios violentos y tal vez a costa de sangre. Que a mayor abundamiento, se asegura que en dicha manifestación tomará parte un considerable número de hombres montados y armados. Por todo lo expuesto, A Ud. Señor Gobernador, en nombre del comercio y de toda la sociedad, e invocando los fueros del orden y de la tranquilidad, tan seriamente amenazados, muy respetuosamente suplicamos se sirva aplazar para después del próximo domingo, la manifestación de que hacemos mérito, por las razones que dejamos expuestas.935

La manifestación tan temida, se realizó. Los inconformes pasaron primero a Palacio de Gobierno y pidieron a Medina Ugarte que “respetara la voluntad popular”, pues el pueblo era “la ley y el soberano”. Posteriormente se dirigieron al edificio del congreso del estado, en donde los diputados discutían el dictamen que invalidaba las elecciones. Cuando lo aprobaron, llovieron insultos y los manifestantes exigieron su renuncia.936 Amedrentados por la demostración, varios diputados renunciaron, pero el resto de sus colegas no aceptó su dimisión. El asunto se empantanó. Por un lado estaba una movilización popular inédita para presionar al congreso a reconocer el triunfo de Fuentes Dávila; del otro lado, se encontraban los diputados y el gobernador Medina, que intentaban impedir que el líder maderista fuera declarado ganador de los comicios.

En busca de una salida, Medina Ugarte se entrevistó con Francisco I. Madero. Madero apoyó a Fuentes Dávila y Medina Ugarte renunció. En su lugar fue nombrado Daniel Cervantes, a quien católicos como Aniceto Lomelí creían “con la energía necesaria para enfrentarse a la situación”. Cervantes resultó ―según los mismos católicos que tenían puestas en él sus esperanzas― con “una energía inferior a un borrego”, pues planeaba renunciar en cuanto entrara en funciones la nueva legislatura.937

Las circunstancias comenzaron a favorecer a Fuentes Dávila. La renuncia de Medina Ugarte se unió la toma de posesión, en septiembre de 1911, de la nueva legislatura estatal, que en su gran mayoría estaba compuesta por simpatizantes del maderista. Lo demás fue cuestión de trámite. Daniel Cervantes renunció; el nuevo congreso nombró gobernador interino al diputado Jacobo Jayme; Jayme derogó el decreto que anulaba las elecciones del 6 de agosto y “declaró gobernador constitucional electo a Alberto Fuentes, el favorito de Madero y del pueblo”.938 Todavía a fines de octubre, agricultores y comerciantes interpusieron un amparo ante el juzgado de distrito con el argumento de que el congreso había declarado gobernador a Fuentes Dávila sin estar erigido en colegio electoral, lo cual invalidaba el nombramiento.939 El recurso no prosperó y Fuentes tomó posesión de la gubernatura del estado el primero de diciembre de 1911.

Consideraciones finales

En el breve lapso de dos años y medio (de junio de 1909 a diciembre de 1911) ocurrieron en Aguascalientes cambios notorios en los actores y las prácticas que definían las formas de movilización electoral. Destaco tres que considero fundamentales. El primero es la incorporación al escenario político de trabajadores, artesanos y campesinos, que de la mano de los clubes maderistas que encabezaba Alberto Fuentes Dávila, se convirtieron en protagonistas de la movilización electoral y en artífices del triunfo político del maderismo. Aunque entre los partidarios de Rafael Arellano también había grupos de origen popular (incorporados a través de la vía del catolicismo social), las estrategias movilizadoras de los maderistas fueron a la postre más efectivas que las de sus contrincantes.

Muchas prácticas movilizadoras aquí descritas se remontaban varias décadas atrás en el siglo xix y las ejercieron indistintamente porfiristas seguidores del gobernador Vázquez del Mercado, arellanistas y fuentistas: desde manifestaciones públicas, creación de clubes políticos y publicación de periódicos, hasta vigilancia sobre las actividades del ayuntamiento (principal encargado de organizar las votaciones) y el control de mesas y casillas electorales. Sin embargo, dichas estrategias ya no se dirigían a llamar la atención y obtener la aprobación y legitimación de Porfirio Díaz. Con el triunfo de la revolución adquirieron nuevos objetivos y significados, al realizarse en un entorno de competencia, encono y enfrentamiento. Este es el segundo cambio.

El tercero se refiere al efecto renovador de las prácticas de movilización electoral en el ayuntamiento de la capital, que en las postrimerías del Porfiriato agonizaba entre la inopia financiera y la irrelevancia política, avasallado por la autoridad de gobernadores y jefes políticos. Con el cambio de régimen y la movilización política, el cabildo de la ciudad de Aguascalientes recuperó el protagonismo político que había tenido en las postrimerías de la República Restaurada y los primeros años del porfiriato. Además, al rebasar el escenario urbano y extenderse a pueblos y haciendas, la movilización electoral puso en el candelero de la política a los ayuntamientos del resto de los municipios y contribuyó al debilitamiento del poder ejecutivo del estado. Aunque los efectos de este proceso serían más evidentes al transcurrir la década de 1910, las semillas que lo originaron se sembraron en estos años de intensa movilización popular.

Fuentes consultadas

Archivos

agma ︱ Archivo General Municipal de Aguascalientes.

ahea ︱ Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes.

ajd ︱ Archivo del Juzgado de Distrito.

agn ︱ Archivo General de la Nación.

Archivo Particular de Eduardo J. Correa.

Hemerografía

30-30, Aguascalientes, 1910, 1911.

El Republicano, Aguascalientes, 1879, 1910, 1911.

La Voz de Aguascalientes, Aguascalientes, 1910, 1911.

Temis, Aguascalientes, 1910, 1911.

Bibliografía

Bernal Sánchez, Jesús, Apuntes históricos, geográficos y estadísticos del estado de Aguascalientes, Aguascalientes, Imp. de Alberto E. Pedroza, 1928.

Cabrera, Luis, “La Revolución dentro del gobierno” en Eugenia Meyer (comp. e introd.), Revolución e historia en la obra de Luis Cabrera (antología), México, fce, 1994, pp. 66-104.

Camacho, Salvador, Controversia educativa entre la ideología y la fe. La educación socialista en la historia de Aguascalientes, 1876-1940, México, Conaculta, México, 1991.

Correa, Eduardo J., “Un gobernador pintoresco” en Antonio Acevedo Escobedo (selección y pról.), Letras sobre Aguascalientes, México, Libros de México, 1963, pp. 200-202.

, El Partido Católico Nacional y sus directores, México, fce, 1991.

Cumberland, Charles C., Madero y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1977.

Delgado Aguilar, Francisco Javier, Jefaturas políticas: dinámica política y control social en Aguascalientes, 1867-1911, Aguascalientes, Gobierno del Estado/Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2000.

Gómez Serrano, Jesús, Aguascalientes en la historia. 1786-1920, Aguascalientes, Gobierno del Estado de Aguascalientes/Instituto Mora, 1988, t. iv, vol. ii.

, Aguascalientes: imperio de los Guggenheim, México, fce/sep, 1982.

Guerra, François Xavier, México: del antiguo régimen a la revolución, México, fce, 1988, t. ii.

, “Las elecciones legislativas de la Revolución mexicana. 1912”, Revista Mexicana de Sociología, iis-unam, año lii, núm. 2, abril-junio, 1990, pp. 241-276.

Knight, Alan, La revolución mexicana: del porfiriato al nuevo régimen constitucional, México, Grijalbo, 1966, 2 vols.

Ley Electoral del Estado de 25 de marzo de 1861, Tip. del Gobierno a cargo de E. Parga, Aguascalientes, 1873.

López Velarde, Ramón, Correspondencia con Eduardo J. Correa y otros escritos juveniles (1905-1913), Guillermo Sheridan (ed.), México, fce, 1991.

Madero, Francisco I., Epistolario (1910). Archivo de don Francisco I. Madero, México, inehrm/shcp, 1966, t. ii.

O’Dogherty Madrazo, Laura, “De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco”, tesis doctoral, México, Colmex, 1999.

Palavicini, Félix, Los diputados. Lo que se ve y lo que no se ve de la Cámara, El Faro, México, 1914.

Peña, José de Jesús, Reformas a la Constitución y a la ley electoral, México, Tipografía y Litografía de J. Aguilar Vera, 1905.

Ramírez Hurtado, Luciano, “Diccionario biográfico e histórico de la revolución mexicana en Aguascalientes”, tesina de licenciatura en Historia, México, unam, 1990.

, “Un profesor revolucionario. La trayectoria ideológico-política de David Berlanga, (1886-1914)”, tesis de maestría en Historia, México, Colmich, 1999.

Rodríguez Varela, Enrique, “La Revolución” en Jesús Gómez Serrano, Aguascalientes en la historia, Aguascalientes, Gobierno del Estado de Aguascalientes/Instituto Mora, 1988, t. i, vol. ii, pp. 457-572.

Rojas, Beatriz, La destrucción de la Hacienda en Aguascalientes, 1910-1931, México, Colmich, 1981.

Sobre los autores

Edwin Alcántara Machuca

Académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la unam. Jefe del Departamento de Sistematización Hemerográfica de la Hemeroteca Nacional. Maestro y candidato a Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es autor de capítulos en los libros Periodismo en México. Recuentos e interpretaciones (2011), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix (2014), Grandes financieros mexicanos (2015), Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas (2016) y Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… violencia electoral en México, 1812-1912 (2016). Autor del prólogo a La República herida, reedición de la “carta monárquica” de José María Gutiérrez de Estrada (2010). Autor de los artículos: “Francisco de Paula Arrangoiz y los conservadores decepcionados del Segundo Imperio” (2011), “¿Hidalgo o Iturbide? La pugna entre liberales y conservadores en 1849” (2012), “Las facetas de Lucas Alamán” (2013), “La elección de Lucas Alamán y los conservadores como diputados al Congreso en 1849” (2014), “La fusión política de conservadores y liberales puros” (2015), “Lucas Alamán” (2015) y “El affaire Mariano Arista y Carmen Arredondo” (2018).

Diana Birrichaga Gardida

Profesora de la Facultad de Humanidades Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora en Historia por El Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, sni 1. Su tesis de doctorado obtuvo el X Premio “Banamex Atanasio G. Saravia” de Historia Regional (2002-2003) y el Premio a la mejor tesis de doctorado de la Academia Mexicana de Ciencias (2003).  En 2008 ingresó como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Su línea de investigación es sobre pueblos y ayuntamientos en el Estado de México. Entre sus publicaciones más recientes: “La guerra de Independencia y la religiosidad popular, 1808-1821”, “Sublevados y comunistas. Conflictos agrarios en Hidalgo, 1868-1870” y La cartografía hidráulica del Estado de México. 

Lorgio Cobá Noh

Doctor en Historia Moderna y Contemporánea y Maestro en Estudios Regionales por el Instituto Mora. Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del Cuerpo Académico Estudios sobre Memoria, Cultura e Instituciones en Yucatán. Autor del libro El “indio ciudadano”: la tributación y la contribución personal directa en Yucatán, 1786-1825 (2009). Su lengua materna es el maya.

Francisco Javier Delgado Aguilar

Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Titular “A”, adscrito al Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Doctor en historia por El Colegio de México (2001-2004). Ha publicado ensayos sobre historia política y urbana de México en los siglos xix y xx en las revistas Caleidoscopio; Estudios de Historia Moderna y Contemporánea; Relaciones; Letras Históricas; Estudios sobre las Culturas Contemporáneas y Revista de Historia de América. Es autor del libro Jefaturas Políticas. Dinámica política y control social en Aguascalientes, 1867-1911. Escribió en coautoría con Jesús Gómez Serrano Aguascalientes. Historia Breve, publicado en 2010 por el Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México.

Fausta Gantús

Profesora e investigadora del Instituto Mora. Doctora en Historia por El Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de una importante obra publicada en México y el extranjero, entre las que destaca su libro Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la ciudad de México, 1876-1888 (2009). Coordinadora de los libros: Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas 2 tt. (2016); Elecciones en el México del siglo xix. Las fuentes (2015); y del dossier: “La libertad de imprenta en el siglo xix: vaivenes de su regulación” (Historia Mexicana, 2019). Co-coordinadora de: Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… Violencia electoral. México: 1812-1912 (2016), traducido al francés como Violence électorale au Mexique, 1812-1912. Quand les armes parlent, les imprimés lutten et l’exclusion frappe (2018); Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana (2016); Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix (2014) y Miradas y acercamientos a la prensa decimonónica (2013).

Ivett M. García Sandoval

Profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Campeche, sus líneas de investigación giran alrededor del análisis de la imagen urbana y la construcción de identidades. Coordinó los libros Sucesos e imaginarios y Campeche, una ciudad en la península; participó en la coordinación del libro Puertos y comercio en el golfo de México, siglo xix. Ha publicado diversos capítulos de libro como “La importancia de las fuentes visuales para la historia de la península de Yucatán”; “La construcción cultural de la identidad. Espacios urbanos y representación”; “Los viajeros en Campeche en el siglo xix”; “Mérida y Campeche en los relatos de viajeros del siglo xix”; “Campeche 150 años de trazos luz y color”. En la línea del análisis de la representación su tema central es la imagen de la ciudad, en específico Mérida y Campeche en los siglos xix y xx.

Carlos Armando Preciado de Alba

Profesor e investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. Doctor en Historia por El Colegio de Michoacán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de los libros Clase política, elecciones y estructuras legislativas. Guanajuato 1833-1853 (2010), Guanajuato, Historia de las Instituciones Jurídicas (2010) y Guanajuato en tiempos de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio (2007). Tiene artículos y capítulos de libro que versan sobre procesos políticos e historia electoral, entre los que se encuentran: “Agentes de desacreditación: prensa oficial y otros impresos en los comicios para gobernador de Guanajuato en 1867” (2016), “El Morelos de Rubén Jaramillo. Violencia política, reivindicaciones sociales y luchas electorales” (2014), “La apuesta al liberalismo. Visiones y proyectos de políticos guanajuatenses en las primeras décadas del México independiente” (2013), “All for Federalism. Fiscal Demands in Guanajuato during the First Years of Independence” (2012) y “Reformas y procesos electorales en el Legislativo de Guanajuato durante la segunda república federal” (2010).

Arturo D. Ríos Alejo

Historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, actualmente realiza estudios de posgrado en El Colegio de México. Ha colaborado en proyectos relacionados con historia política e historia de la prensa. También ha publicado textos de divulgación cultural. Autor del libro La prensa como arena política. El polémico retorno de Leonardo Márquez a México (2015), así como de los artículos “Los San Lunes de Fidel en La Colonia Española” (2013); “Qué quiere usted, soy mexicano. Llegada a México del general Leonardo Márquez. Por Ángel Pola” (2014); “El periódico y la curul. La diputación frustrada de José Ferrel (1896)” (2016).

Alicia Salmerón

Profesora-investigadora del Instituto Mora. Autora de numerosos artículos y capítulos de libros sobre ideas y prácticas políticas del México de fines del siglo xix. En colaboración con académicos reconocidos, ha participado en la coordinación de varios libros, entre los más recientes: Hacia una historia global e interconectada. Fuentes y temas para la enseñanza. (Siglos xvi-xix) (2017); Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… Violencia electoral. México: 1812-1912 (2016); Pensar la modernidad política. Propuestas desde la nueva historia política. Antología (2016); Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana (2016); Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix (2014); Instantáneas de la ciudad de México. Un álbum de 1883-1884 (2013); Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo xix (2012).

Miguel Ángel Sandoval García

Licenciado en Historia por el Instituto Mora y maestro en la misma disciplina por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Actualmente cursa estudios de doctorado en Historia en El Colegio de México. Sus intereses historiográficos se centran en la historia política y social. Es autor del capítulo “La contienda presidencial de 1880 vista desde la ciudad de México. Un análisis municipal del nivel primario de las elecciones”, mismo que forma parte del libro colectivo Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas (tomo ii), coordinado por Fausta Gantús. Así mismo, es autor de los anexos “Tipos y grados de elección a nivel nacional. Nueva España y México, siglo xix”, e “Instancias de calificación de la elección a nivel nacional. Nueva España y México, siglo xix”, los cuales se encuentran publicados en el mismo libro.

Matilde Souto Mantecón

Profesora investigadora del Instituto Mora. Licenciada y maestra en Historia por la unam y doctora en Historia por El Colegio de México. Especialista en historia del Virreinato de Nueva España, con énfasis en el siglo xviii. Coordinó con Pilar Martínez López-Cano y Ernest Sánchez Santiró La fiscalidad novohispana en el Imperio español. Conceptualizaciones, proyectos y contradicciones (2015); con Iván Escamilla y Guadalupe Pinzón, Resonancias imperiales: América y el Tratado de Utrecht de 1713 (1715), y con Alicia Salmerón y Leticia Mayer Hacia una historia global e interconectada. Fuentes y temas para la enseñanza (siglos xvi-xix) (2017). En los últimos años ha incursionado en la historia política virreinal, en particular en las prácticas electorales, tema en el que ha colaborado con Fausta Gantús y Alicia Salmerón en varios de sus libros, como Elecciones en el México del siglo xix. Las prácticas (2016) y Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede… Violencia electoral. México: 1812-1912 (2016).

Mariana Terán Fuentes

Docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha fomentado como líneas de investigación el estudio del sermón novohispano, el guadalupanismo, la insurgencia y las formas de gobierno en México (federalismo y república central). Entre sus publicaciones destaca El artificio de la fe. La vida pública de los hombres del poder en el Zacatecas del siglo xviii (2002), Por lealtad al rey, a la patria y a la religión. Zacatecas, 1808-1814 (2012), Bosquejo de un inmenso cuadro. Liberalismo constitucional y formas de gobierno en Zacatecas, 1823-1846 (2015). Actualmente es responsable del proyecto “Del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social. Tierra, agua y sociedad en Zacatecas, 1846-1940” con el auspicio de la sep/Conacyt. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Fue editado por el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México.
Se terminó el 13 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México.

Notas

1 Las y los autores de este volumen agradecemos la atenta lectura de los dictaminadores anónimos de la versión final de nuestros manuscritos. Sus generosas sugerencias nos permitieron afinar detalles importantes.

2 Esta historiografía tuvo como algunos de sus primeros exponentes a Virginia Guedea, Antonio Annino, François-Xavier Guerra y Marcello Carmagnani. Hoy en día hay una producción historiográfica importante en esta dirección, entre la que destaca la colección de libros de historia electoral del siglo xix mexicano publicada por el Instituto Mora, obras colectivas publicadas bajo la coordinación de Fausta Gantús, algunas de ellas, junto con la autora de estas páginas introductorias.

3 A lo largo del siglo xix mexicano funcionaron sistemas electorales directos e indirectos en diversos grados. En el ámbito nacional, privaron las elecciones indirectas hasta 1912 —la excepción fue la elección para diputados constituyentes de 1846, la que consideró voto directo para algunas clases. Durante la primar mitad del siglo, el sistema electoral nacional consideró varios niveles de intermediación para los comicios: en una elección en tercer grado, por ejemplo, que fue entonces la más común, la ciudadanía nombraba electores primarios, quienes a su vez designaban a electores secundarios y estos últimos elegían ya a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. A partir de 1857, México adoptó un sistema indirecto simple para comicios nacionales: la ciudadanía nombraba electores y estos elegían a los titulares de los tres poderes del Estado. Para una reconstrucción puntual de los tipos y grados de la elección a nivel nacional en el México decimonónico, véase Sandoval, “Anexo 1”, 2016, t. ii, pp. 236-259. El sistema de elección directa funcionó de manera principal para los comicios municipales —aunque hubo ayuntamientos que, según lo establecido en la legislación del estado, distrito o territorio, debían ser electos mediante voto indirecto— y también para algunos comicios estatales. La legislación correspondiente cambiaba de estado a estado y también se transformó a lo largo del siglo. Ahora bien, la instancia responsable de la organización de los comicios a lo largo de todo el siglo fue siempre el ayuntamiento. En elecciones directas, el ayuntamiento asumía el conjunto de la organización de los comicios; en elecciones indirectas, le correspondía la organización de la primera fase, es decir, la de la elección primaria.

4 La ciudadanía definida por la Constitución de Cádiz y retomada por las leyes fundamentales del México decimonónico reconocían el derecho al voto a prácticamente a todos los hombres mayores a 21 años de edad o 18 si eran casados, con pocas restricciones. La Constitución de Cádiz definió una limitación de orden racial —excluía a quienes hubieran tenido ascendencia de sangre negra—, pero esta no fue retomada por las leyes fundamentales mexicanas.

5 En este punto coinciden pensadores políticos e historiadores estudiosos del tema. Véase, por ejemplo, desde Duverger, Los partidos políticos, pp. 15-19, hasta Manin, Los principios del gobierno representativo, pp. 252-253, así como Forment, Democracy in Latin America 1760-1900, p. 157.

6 Seguimos aquí la definición de cultura, en general, de Clifford Geertz, de acuerdo con la cual esta es “un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres, comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida.” Clifford, La interpretación de las culturas, p. 88.

7 Carlos Forment identifica un momento de formación de numerosos clubes —un centenar— en torno a la competida elección presidencial de 1828; luego registra una importante disminución de ellos paralela a restricciones para ejercer la ciudadanía y, en la década de 1840, su desaparición completa a partir de las reformas centralizadoras santannistas. Con la Revolución de Ayutla, organizada sobre bases milicianas, resurgiría la figura del club electoral y se consolidaría como una práctica político-electoral fundamental en las décadas siguientes. Forment, Democracy in Latin America 1760-1900, pp. 154-169, 330; Covo, “Los clubes políticos en la Revolución de Ayutla”. En este volumen vemos la manera en que los clubes fueron tomando forma, sobre todo en la segunda mitad del siglo xix, y la fuerza que llegaron a alcanzar cuando lograron consolidar redes permanentes y tomaron la forma de lo que, en la práctica, serían ya partidos políticos modernos.

8 Estas afirmaciones se desprenden de una base de datos elaborada tras la revisión sistemática de prensa periódica mexicana digitalizada desde 1810 hasta 1911. El número de veces que fue utilizada la expresión “lucha electoral” en el periodo, de acuerdo con esta base de datos, es de 3 493, a la que se suman las 350 veces que apareció la expresión “luchas electorales”, en plural. Le sigue, con 1 247 menciones, el uso de la expresión “trabajos electorales”. Las demás aparecen menos de 500 veces y “agitación electoral” solo 172. La base se construyó a partir de la consulta de la Hemeroteca Nacional Digital de México. No está publicada, es un documento construido exclusivamente como apoyo para este libro, para tener claridad acerca del uso que podíamos dar al léxico de la época. Agradecemos a David Cabral su apoyo para la revisión de la prensa periódica y la elaboración de esta base.

9 Forment, Democracy in Latin America..., pp. 156-163.

10 El marco institucional a que hacemos referencia aquí es al de las elecciones mismas, no al de las campañas electorales. Esto debido a que las campañas electorales a lo largo del siglo xix no estuvieron normadas, en ningún momento hubo ley que las definiera ni las orientara. Las campañas fueron una práctica que se fue construyendo sobre la marcha, echando mano de formas de movilización y estrategias heredadas, así como de otras nuevas inventadas en el camino. La primera ley que se ocupó de los partidos políticos y de sus acciones en contexto electoral es tan tardía como de 1911.

11 Destacados estudios, como el de José Antonio Aguilar publicado en 2011, en la revista Historia Mexicana, analizan el sistema electoral definido por la Convocatoria de enero de 1846, las elecciones realizadas en los meses siguientes y los trabajos de aquel Congreso de vida efímera. Aguilar, “La convocatoria, las elecciones y el Congreso extraordinario de 1846”. Entre las aportaciones propias de la investigación en curso de Cecilia Noriega —a quien agradecemos que nos haya proporcionado estas notas— está el acercamiento a la acción directa de la Iglesia y el Ejército, al lado de instancias político-administrativas del gobierno central, para movilizar el voto. Por este camino, su investigación nos permite identificar uno de los varios momentos de inflexión en el proceso de construcción de las formas de organización y movilización del voto que se consolidarían para finales del siglo xix en México.

12 La historiografía argentina, encabezada por autoras como Hilda Sabato, Marcela Ternavasio, Pilar González Bernaldo de Quiroz y Paula Alonso, ha recorrido largo trecho del camino que ahora comenzamos a explorar de manera sistemática para la experiencia mexicana. Véase Sabato, La política en las calles: entre el voto y la movilización, Buenos Aires, 1882-1880; Sabato y Lettieri, La vida política en la Argentina del siglo xix: armas, votos y voces; Sabato, Ternavasio, De Privitellio y Persello, Historia de las Elecciones en la Argentina: 1805-2011; Ternavasio, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires; González Bernaldo, Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862; Alonso, Between Revolution and the Ballot Box: The Origins of the Argentine Radical Party in the 1890s; Alonso, Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo xix; también el destacado estudio sobre asociacionismo en Colombia de Loaiza, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación (Colombia, 1820-1886). Con respecto a la historiografía mexicanista, existen estudios recientes sobre movilización del voto en México en el siglo xix, aunque todavía son excepcionales y constituyen más estudios de caso aislados que visiones de conjunto. Véase, por ejemplo, Salmerón, “Prensa periódica y organización del voto. El club político Morelos. 1892”, pp. 159-190; y Ducey, “Gobierno, legitimidad y movilización: aspectos de la vida electoral en tiempos insurgentes”, pp. 1593-1638. Los anteceden, desde luego, los textos arriba referidos de Carlos Forment y Jacqueline Covo. También contamos con otra historiografía que abona al conocimiento de una cultura político-electoral para el México de la época, si bien realizada en el marco de preocupaciones sobre dinámicas políticas más amplias que la movilización electoral en sí misma. Entre los autores que han publicado trabajos en esa dirección cabe destacar a los estudiosos del asociacionismo masónico, católico y protestante, así como a los de la acción electoral de los primeros partidos políticos mexicanos del siglo xx. Véanse, por ejemplo, Soberanes y Martínez, Masonería y sociedades secretas en México; Bautista, Las disyuntivas del Estado y de la Iglesia en la consolidación del orden liberal; Bastian, Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911; Ayala, El El derrumbe. Jalisco, microcosmos de la revolución mexicana; O’Dogherty, De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco.

13 Agradezco a Gloria L. Velasco su colaboración en la localización de documentos para realizar este trabajo. Asimismo, agradezco los comentarios y críticas constructivas de mis colegas en el Seminario de Historia Política del Instituto Mora y en el Cuarto seminario-taller “Organización y movilización del voto en México, siglo xix” auspiciado por el Instituto Mora, la red Atarraya. Historia Política y Social Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Zacatecas, celebrado el 3 y 4 de agosto de 2018, en especial el generoso comentario de Martín Escobedo Delgado.

14 El mismo sentido conserva la expresión seducir en el diccionario de 1817.

15 Este capítulo puede considerarse el primer resultado de un experimento que todavía está en proceso. Está basado en fuentes historiográficas, así que en el futuro habrá que profundizar en el estudio de algunas corporaciones con fuentes primarias y, sobre todo, abrir el análisis a otras prácticas políticas distintas a las electorales.

16 Lo siguiente basado en el capítulo 4, “El imaginario de la sociedad” de Hespanha, Cultura jurídica, 2002, pp. 58-69.

17 Escamilla, “Inspirados por el Espíritu Santo: elecciones y vida política corporativa en la capital de la Nueva España”, pp. 69-112.

18 Pérez Toledo, Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 1780-1853, pp. 57 y ss.; Roselló, “La cofradía de negros y mulatos: una ventana a la tercera raíz. El caso de San Benito de Palermo”, pp. 58 y ss.; García Ayluardo, “El comerciante y el crédito en la época borbónica en la Nueva España”, pp. 27 y ss.

19 Las ordenanzas de varias corporaciones novohispanas se pueden ver en la Recopilación de Leyes de Indias; algunas de las ordenanzas de las corporaciones posteriores a la Recopilación pueden encontrarse impresas por separado, como las del Consulado de Veracruz, publicadas en su origen en 1795 y luego reproducidas en ediciones del siglo xx, como la Leonardo Pasquel en la Colección Suma Veracruzana.

20 Sobre la importancia política de las elecciones en el mundo corporativo de Antiguo Régimen puede verse en general Christin, Vox populi. Una historia del voto antes del sufragio universal, y en el caso del mundo colonial hispanoamericano dos autores que han postulado que las elecciones corporativas fueron antecedentes o “presagios” de las elecciones liberales son Guardino, “Toda libertad”, p. 90, que a su vez cita a Rodríguez, The Independence, 1998.

21 Las monjas de velo negro eran las de mayor rango en el convento; se trataba de las monjas que habían pagado dote y tomado los votos perpetuos. Eran las que podían pertenecer al coro y ser elegidas para ocupar los altos cargos del convento.

22 Aunque este trabajo está dedicado fundamentalmente a Nueva España, el caso de un convento del virreinato de Perú estudiado por Guibovich, “Velos y votos: elecciones en los monasterios de monjas de Lima colonial”, es tan interesante que no pude dejar de incluirlo.

23 Para las órdenes mendicantes véase a Rubial, “Votos pactados. Las prácticas políticas entre los mendicantes novohispanos”, y para el Consulado de México a Valle, “Gestión del derecho de alcabalas y conflictos por la representación corporativa: la transformación de la normatividad electoral del consulado de México en el siglo xvii”, pp. 41 y ss., y Hausberger, “Las elecciones de prior, cónsules y diputados en el Consulado de México en la primera mitad del siglo xvi: la formación de los partidos montañeses y vizcaínos”, pp. 73 y ss., ambos en Hausberger e Ibarra, Comercio y poder en América colonial. Los consulados de comerciantes, siglos xvii-xix. Carmagnani, El regreso de los dioses. El proceso de reconstrucción de la identidad étnica en Oaxaca. Siglos xvii y xviii, p. 185, refiere que en el territorio de Etla, en algunos pueblos como Cuilapa, se presentó la alternancia en la ocupación de los cargos entre las etnias zapoteca y mixteca.

24 Bernal, “El convento de Santa Teresa La Nueva de la ciudad de México, actores e institución religiosa en la Nueva España, 1704-1800”, pp. 80-88; Rubial, “Votos pactados...”, pp. 51 y ss.

25 La avería era el impuesto cobrado sobre el comercio marítimo. Sobre las elecciones en el Consulado de Veracruz, véase en general Souto. “Las prácticas políticas en el Antiguo Régimen: las elecciones en el Consulado de Veracruz”.

26 Rubial, “Votos pactados...”, pp. 51 y ss.

27 Guibovich, “Velos y votos...”, pp. 209 y 211.

28 Agradezco a Graciela Bernal la generosidad con la que me proporcionó, no sólo su tesis, sino parte de las fuentes primarias con las que la elaboró. Bernal, “El Convento...”, pp. 80-88.

29 Sigüenza y Góngora, Paraíso occidental, 1684, cap. xvii, párrafo 206, pp. 91-92. Debo esta magnífica referencia a Eduardo Huchin Sosa y a los buenos oficios de Fausta Gantús que me la hizo llegar.

30 Pérez Toledo, Los hijos..., pp. 57 y ss.

31 Sobre las elecciones en pueblos de indios véase en este mismo libro los capítulos de Lorgio Cobá y Diana Birrichaga. Al respecto también puede verse Guarisco, Los indios del Valle de México y la construcción de una nueva sociabilidad política, 1770-1835; Carmagnani, El regreso..., pp. 180-206.

32 Tank, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, pp. 43 y ss.; Guardino, “Toda libertad”, pp. 87 y ss., y “Me ha cabido la fatalidad”, pp. 119 y ss.

33 Rojas, “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privilegios”, p. 16.

34 Rojas destaca con claridad que a nivel local había dos órganos de gobierno. Uno era el de las alcaldías mayores o corregimientos y otro el de los ayuntamientos. El primero cubría todo el territorio de la jurisdicción de una provincia y el segundo estaba acotado dentro de los límites urbanos de la villa o la ciudad. Las funciones y jurisdicciones de uno y otro eran diferentes y tanto más su significado político, pues las alcaldías o corregimientos representaban los intereses de la Corona y los ayuntamientos los intereses de la localidad: Rojas, Las instituciones de gobierno y la élite local. Aguascalientes del siglo xvi hasta la independencia, p. 227.

35 Ibid., pp. 230-231.

36 Los alcaldes mayores o corregidores residían en una ciudad, pero su jurisdicción abarcaba el entorno rural. Aparecieron hacia 1560 como funcionarios encargados de cobrar el tributo y como freno a los encomenderos: después también se encargarán de los repartimientos de trabajadores, organizado sistemáticamente a partir de 1570. Dependiendo de la importancia de la jurisdicción eran nombrados por el rey o el virrey. Los gobernadores fueron los primeros funcionarios enviados por los reyes a Indias. Encabezaron ciertas jurisdicciones como Tlaxcala, Yucatán, Acapulco, Veracruz, Nueva Galicia y los reinos en el norte: Idem.

37 En la ciudad de México, al otrora corregidor pasó a llamársele “corregidor intendente” cuando se establecieron las Intendencia en Nueva España.

38 Hira de Gortari, “Nueva España y México. Intendencias, modelos constitucionales y categorías territoriales, 1786-1835”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.

39 En los primeros años de la conquista se permitió que los fundadores-adelantados nombraran a algunos de los regidores, incluso a algunos alcaldes, pero sólo en el primer nombramiento: Rojas, “Repúblicas de españoles...”, p. 19.

40 Rojas, Las instituciones de gobierno y la élite local. Aguascalientes del siglo xvi hasta la independencia, pp. 246-247.

41 Ibid., pp. 230, 257.

42 Liehr, Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1787-1810, 1976, t. i, pp. 88-121; Alfaro, “Administración y poder oligárquico en la Puebla borbónica, 1690-1786”, cap. 3.

43 Rojas, Las instituciones de gobierno y la élite local. Aguascalientes del siglo xvi hasta la independencia, p. 248, en especial nota al pie 26.

44 Liehr, Ayuntamiento..., t. i, p. 106.

45 Las elecciones realizadas en la ciudad de México para formar el ayuntamiento constitucional a partir de la promulgación del Código gaditano en 1812 han sido unas de las más estudiadas en la historia electoral mexicana. Por ello no pretendo mencionar toda la bibliografía que existe sobre el tema, pero sí algunos de los principales autores que de un modo u otro han tratado el asunto, como Rafael Alba, Antonio Annino, Israel Arroyo, Alfredo Ávila, Nettie Lee Benson, Roberto Breña, Manuel Chust, Marcello Carmagnani, Carlos Garriga, Hira de Gortari, Claudia Guarisco, Virginia Guedea, François Xavier Guerra, Annick Lampérièr, Kishiro Ohgaki Kodama, Martha Llorente, Juan Ortiz, José María Portillo, Jaime Rodríguez, Beatriz Rojas, José Antonio Serrano, Richard Warren y Verónica Zárate, entre muchos otros. Una de las diferencias del trabajo que ahora presento respecto a la mayoría de los mencionados es que mi atención está puesta en los sistemas electorales anteriores, en los comicios corporativos del Antiguo Régimen, por lo que veo las elecciones constitucionales gaditanas más como el proceso que transformó y puso fin a una época. En cambio, la mayoría de los estudios mencionados arrancan de la Constitución de Cádiz como punto de partida para estudiar una nueva época, la instauración del liberalismo en México.

46 Benson, La diputación provincial y el federalismo mexicano, pp. 11-19.

47 La figura del jefe político fue establecida por las Cortes de Cádiz como la persona en quien debía recaer el gobierno político de las provincias y que sería designada por el rey. Era un cargo superior al de intendente, cuyas funciones fueron reducidas a las de oficial fiscal para la provincia: Lloyd Mecham, “El jefe político en México”, pp. 143-144.

48 El número de electores y de concejales de acuerdo con el tamaño del vecindario está descrito en el decreto del 23 de mayo de 1812.

49 Observa Rodríguez que en estas elecciones se convocó a votar al pueblo, palabra que, dice, en el momento tenía dos acepciones, la de gente, esto es, los ciudadanos individuales, y otra que se refería a la región, que alude a los derechos e intereses locales. En este proceso gaditano se asoció el concepto de un ciudadano con derechos al concepto de la representación basada en el número de pobladores de una región. Así, la colectividad de individuos con derechos se convirtió en la región que a su vez tenía derechos y soberanía. Rodríguez, “Las instituciones gaditanas en Nueva España, 1812-1814”, p. 365.

50 Ambos documentos, la Constitución Política de la Monarquía Española publicada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y el decreto de las Cortes del 23 de mayo ordenando la instalación de los ayuntamientos constitucionales en todo el imperio español y el método que debía seguirse para hacer las elecciones, llegaron a Nueva España en la goleta Cantabria que arribó a Veracruz el 26 de julio de 1812.

51 La sesión de cabildo ordinario celebrado en la Sala Capitular contó con la asistencia de Ramón Gutiérrez del Mazo, intendente de provincia y corregidor de la ciudad; Antonio Méndez Prieto y Fernández, decano, contador mayor honorario del Real Tribunal y Audiencia de Cuentas de Nueva España y procurador general; Ignacio Iglesias Pablos y Agustín del Rivero, regidores perpetuos; Manuel Francisco del Zerro y Francisco Maniau y Torquemada, honorarios, y José María Fagoaga, síndico del común. De aquí en adelante la descripción de todo el proceso está tomada del Archivo Histórico de la Ciudad de México (en adelante ahcdmx), Actas de Cabildo, vol. 131-A, fs. 191v-210.

52 Los exhortos enviados a cada cura párroco fueron fechados el 20 de noviembre de 1812: ahcdmx, Actas de Cabildo, vol. 131-A, fs. 209-209v.

53 Los fiscales de la Audiencia comunicaron al ayuntamiento de la ciudad de México mientras se estaban discutiendo los pormenores del proceso electoral que no era necesario fijar una edad “porque el derecho de vecindad, la circunstancia de constituir cabeza de familia, y la administración de sus propios bienes suponen una edad competente que no es necesario fijar para poder concurrir con su voto a las juntas parroquiales, y esto mismo estaba mandado con anterioridad en un caso no muy desemejante, pues el artículo 1º de la Real Orden de 20 de abril de 1768 sobre elección de diputados y personeros del común que se crearon en Castilla por auto acordado del Consejo de 5 de mayo de 1766 cuya orden se haya inserta en Novísima Recopilación de aquellos reinos, se declara que todo vecino de casa abierta pueda concurrir al nombramiento de comisarios electores, sin exigírsele otro requisito”. ahcdmx, Actas de Cabildo, vol. 131-A, f. 199.

54 Garriga, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, pp. 1-21.

55 El bando que convocaba a elecciones para formar el ayuntamiento fue publicado el 27 de noviembre de 1812: Alba, “La Constitución de 1812 en la Nueva España”, t. 1, p. 227.

56 Idem.

57 Ibid., p. 227. Las cursivas son mías.

58 Alamán, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, t. iii, pp. 288-289.

59 Rodríguez, “Las instituciones gaditanas en Nueva España, 1812-1814”, p. 365.

60 Los hombres de sangre africana tuvieron un resquicio abierto cuando se estableció que las Cortes podían extenderles una carta especial de ciudadanía por sus méritos a la patria, aunque en la práctica fueron excluidos en su mayor parte.

61 La calificación de la ciudadanía fue establecida en el tít. ii, cap. iv, artículos 18 a 26 de la Constitución Política de la Monarquía Española.

62 Guedea, “Las primeras elecciones populares en la ciudad de México, 1812-1813”, p. 9.

63 Alamán, Historia de México..., t. iii, p. 290.

64 Declaración hecha el 17 de diciembre de 1812: Alba, “La Constitución...”, t. 2, pp. 249-250. Las cursivas están en el original, las negritas son mías.

65 Declaración hecha el 17 de diciembre de 1812: loc. cit.

66 Idem.

67 Realizada con la concurrencia de los señores Ramón del Mazo, intendente de provincia y corregidor de esta N.C., Antonio Méndez Prieto y Fernández, decano contador mayor honorario del Real Tribunal y Audiencia de Cuentas de Nueva España y procurador general; Francisco José de Urrutia, León Ignacio Pico y Agustín del Rivero, regidores perpetuos; Manuel Francisco del Zerro, José María Echabe, Francisco Maniau y Torquemada, Domingo María Pozo, honorarios, y José María Fagoaga, síndico del común. ahcdmx, Actas de Cabildo, vol. 131-A, fs. 214v-215.

68 Alamán, Historia de México..., t. iii, p. 290.

69 Ibid., p. 291.

70 Ibid., p. 296.

71 Ramón Gutiérrez del Mazo, 14 de diciembre de 1812, en Alba, “La Constitución...”, t. i, p. 235.

72 Juan Antonio de Cobián, alcalde ordinario, presidió la junta en la Parroquia de San Pablo, en Alba, “La Constitución...”, t. i, p. 239.

73 Fernando Fernández de San Salvador, Teniente Letrado de la Intendencia, que presidió la Junta de San Pedro y San Pablo, la cuarta celebrada en la Parroquia del Sagrario, en 16 de diciembre de 1812, Ibid, t. i, p. 236.

74 Informa el regidor Manuel Francisco del Zerro que presidió la junta de la Parroquia de San Miguel, en la Plazuela de la Paja en 16 de diciembre de 1812: Ibid., t. i, p. 237.

75 Regidor Domingo María Pozo que presidió la Junta de la Parroquia de San Sebastián informa en 16 de diciembre de 1812, Ibid., t. i, pp. 238-239.

76 Declaraciones referentes a los movimientos populares de los días 29 y 30 de noviembre de 1812, Ibid., t. ii, p. 251. Las cursivas son mías.

77 Declaraciones referentes a los movimientos populares de los días 29 y 30 de noviembre de 1812, en Alba, “La Constitución...”, t. ii, p. 248.

78 Representación de los oidores de México a las Cortes de España contra la Constitución de 1812, México, 18 de noviembre de 1813, en Bustamante, Cuadro histórico, t. ii, p. 389.

79 Güémez, Mayas, gobierno y tierras frente a la acometida liberal en Yucatán, 1812-1847, pp. 43-44. El caso de Michoacán y sus cabildos indígenas. Véase Reyes, “La república de naturales del occidente de Michoacán”.

80 Vista de Diego García de Palacio a Yucatán, 1853, pp. 251-252.

81 Farriss, La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de supervivencia.

82 Visita de Diego..., pp. 251-261.

83 El concepto de cultura electoral como aquellas prácticas rituales en los procesos electorales que suponen una cultura política oficial que se entremezcla con normas formales, informales y las tradiciones populares, en O’Gorman, “La cultura de las elecciones en Inglaterra: de la revolución gloriosa a la Ballot Act de 1872”.

84 En el actual proceso electoral los spots del Instituto Nacional Electoral en lengua maya emplean el vocablo yeeytambal, la raíz maya es el verbo elegir.

85 Beltrán, Arte de idioma maya reducido a succintas reglas de semilexicón yucateco, p. 106.

86 La traducción como problema de negociación cultural véase Burke y Po-Chia, La traducción cultural en la Europa Moderna,.

87 Thompson transcribe la palabra chacan/tu/nahob separada con espacios. Restall transcribió otra acta de elección del mismo pueblo, 1690, y une la palabra. La versión de Restall es más apropiada para el contexto, misma que se usa en un documento religioso traducido en lengua maya y tiene el sentido de presentarse ante Dios, pero en singular: “Chacanakech tu tan Dios”. Pláticas de los principales mysterios de nuestra santa fe con una breve exortación al fin del modo con que debe excitarse el dolor de las culpas, hechas en el idioma yucateco, p. 25.

88 Thompson, Tekanto. A Maya Town in Colonial Yucatán, p. 51 y apéndice 9, p. 346. Otras actas de elección del mismo pueblo en Archivo General del Estado de Yucatán (en adelante agey), Colonial, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 1. El acta no refiere alguna celebración religiosa, pero entre los aranceles que se cobran por dicho evento se encuentran el pago al escribano y dos maestros de doctrina. Lo anterior supone que existió, en algún momento, un acto religioso con motivo de la elección. Marco Bellingeri ha hecho un análisis de esta misma fuente, su estudio caracteriza las elecciones de ayuntamientos españoles y repúblicas de indios coloniales como aquellas que eran definidas por “cooptación”, en contraste con la gaditana de “elecciones populares”. Sus conclusiones las fundamenta en una lectura superficial de la fuente; sin mirar la intimidad del lenguaje maya de aquellas actas electorales y las claves culturales que tienen encriptadas, cuestiones que nos permite matizar sus postulados y, como veremos más adelante, mostrar los cambios y continuidades de estas prácticas. Bellingeri, “Las ambigüedades del voto en Yucatán. Representación y gobierno en una formación interétnica 1812-1829”, pp. 241, 286-287.

89 O’Gorman, “La cultura...”.

90 Aunque estuvieran plasmadas las firmas de los maestros cantores y una autoridad civil española, la de los primeros obedece al pago que recibieron, más que a su participación, y el segundo es una legitimación o visto bueno del acta.

91 Las referencias a las fiestas de elección en otras regiones novohispanas en Terán, “El liderazgo indio de Valladolid, la diversidad de gobiernos en los pueblos y la política indigenista borbónica (1786-1810)”, pp. 368-369. La descripción de estas festividades patronales yucatecas en Farriss, La sociedad maya..., cap. 11.

92 Restall, The Maya World. Yucatec Culture and Society, 1550-1850, pp. 78-79.

93 Para una síntesis de todas estas cargas indígenas en Bracamonte y Solís Robleda, Espacios mayas de autonomía. El pacto colonial en Yucatán, tercera parte; las referencias de los repartimientos y las elecciones en anexo 9. Sobre los cambios en la tendencia de la producción a finales de la Colonia en Bracamonte, Amos y sirvientes: las haciendas de Yucatán, 1789-1860, cap. 2.

94 El obispo de Yucatán a José de Gálvez, junio de 1784. Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán (en adelante ahay), Oficios y Decretos, caja, 4.

95 Augeron, Las grandes familias mexicanas a la conquista de las subdelegaciones costeras: el ejemplo del clan Peón en Yucatán (1794-1813)”, pp. 112-116.

96 Castillo Canché, “La pobreza en Yucatán. Ideas, instituciones y prácticas sociales, 1786-1856”, pp. 47-48.

97 Bracamonte y Solís, Espacios mayas de autonomía. El pacto colonial en Yucatán, pp. 108-115.

98 Documento reproducido parcialmente en Restall, The Maya World. Yucatec Culture and Society, 1550-1850, p. 80.

99 Sierra, Los indios de Yucatán, vol. 2, p. 157.

100 “Causas de la pobreza en Yucatán en 1821”, pp. 88-89.

101 Censo de la provincia de Mérida, 1797. Archivo General de la Nación (en adelante agn), Indiferente Virreinal, caja, 8043, exp. 7.

102 Véase Roys, The Titles of Ebtun, en especial la introducción, p. 51 y Thompson, Tekanto. A Maya..., apéndice 37, pp. 395-400.

103 Existe una amplia literatura sobre la ciudadanía en las Cortes de Cádiz, ver Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz: (1810-1814); Annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica. De la formación del espacio político nacional, 1995; Sabato, Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas de América Latina.

104 Annino, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, pp. 194-195.

105 Warren, Vagrants and Citizens. Politics and the Masses in Mexico City from Colony to Republic, pp. 31-36 y “Las elecciones decimonónicas en México: una revisión historiográfica”, pp. 31-33.

106 Al respecto véase el estudio de Matilde Souto que abre este volumen.

107 Souto, “El primer ejercicio constitucional en Nueva España: la elección de ayuntamiento en la ciudad de Veracruz en 1812. Descripción de la mecánica electoral”, pp. 63-65; Reynoso, “El sistema electoral y haciendas azucareras en el distrito de Cuernavaca: de Cádiz al primer federalismo, 1812-1835”, pp. 96-100; Arroyo, “Introducción: giros latinoamericanos y nueva agenda académica sobre el siglo xix”, p. 35.

108 Mark Lentz ha mostrado que la lengua maya era la que tendía el puente entre los diversos sectores sociales en los pueblos mayas y que permitía la comunicación. Lentz, “Castas, Creoles, and the Rise of a Maya Lingua Franca in Eighteenth-Century Yucatan”, pp. 29-61.

109 Manuel Artazo al Secretario de Estado, Mérida, 1 de diciembre de 1812, en Rubio, “Los sanjuanistas de Yucatán”, tt. viii, ix y x, 1967-1969, pp. 141-143, 151-156. Aunque existe esta orden de traducir la Constitución, no tenemos noticia de que esto se hay efectuado.

110 “Expediente relativo al caso de las diferencias habidas entre la república de indígenas de Tacchíbich’en y las autoridades blancas del sitio”, 13 de julio de 1813. Biblioteca Yucatanense (en adelante by), viii -1811-013.

111 Libro de protocolos del pueblo de Tekanto, agey, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1. “Petición de las autoridades y vecinos se suspenda la fábrica de la Iglesia”, Baca, 15 de julio de 1790, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 3.

112 Oficio del 2 de septiembre de 1813, en Copiador de oficios para la provincia empezado en 24 de abril de 1813, by, Libros Manuscritos, Fondo Reservado, lmep-103, f. 44.

113 Circular del obispo Pedro Agustín de Estévez y Ugarte, Mérida 30 de abril de 1813. ahay, Oficios del Sr. Estévez, caja, 1.

114 Roys, The Titles of Ebtun, pp. 360-363.

115 Diccionario maya Cordemes, p. 732.

116 Circular del obispo Pedro Agustín de Estévez y Ugarte, Campeche, 22 de agosto de 1814. ahay, Oficios del Sr. Estévez, caja, 1; Sánchez, fiscal del erario de la Nueva España (1808-1821).

117 Libro de protocolos de la república de Tekantó. agey, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 1.

118 Representación del ayuntamiento del alcalde de Chikintzonot, 14 de febrero de 1822. agey, Poder Ejecutivo, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 1.

119 Roys, The Titles of Ebtun, p. 416.

120 “Diligencia practicadas para dictaminar sobre los cargos de nulidad en la elección de junta municipal, Mani, 15 de mayo de 1825. agey, Poder Ejecutivo, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 31.

121 “Diligencia practicadas para dictaminar sobre los cargos de nulidad en la elección de junta municipal, Mani, 15 de mayo de 1825. agey, Poder Ejecutivo, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 31; Reynoso, “El sistema electoral...”, pp. 96-101.

122 Rodríguez, “Las instituciones gaditanas en la Nueva España, 1812-1814”, pp. 363-384; Reynoso, “El sistema electoral...”, pp. 96-101.

123 Constitución de la monarquía, 1812, pp. 88-89.

124 “Formación de los ayuntamientos constitucionales”, 23 de mayo de 1812, en Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortés generales y extraordinarias desde el 24 de septiembre de 1811 hasta el 24 de mayo de 1812, vol. 2, pp. 232-233.

125 Diccionario de autoridades, vol. 3.

126 “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, 23 de junio de 1813, en Colección de los decretos..., vol. 2, pp. 110-111.

127 “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, en Colección de los decretos..., vol. 2, pp. 109-110, 119.

128 Manuel Artazo al Secretario de Estado, Mérida, 1 de diciembre de 1812 en Rubio, “Los sanjuanistas de Yucatán”1967-1969, tt. viii, ix y x, pp. 141-143, 151-156.

129 Bellingerri, “Las ambigüedades del voto...”; pp. 241- 246. Acta de 18 de diciembre, 1812, Libro de Actas del Cabildo de Mérida, 1812-1813, by, LEMP-013. Con esta postura declarada del ayuntamiento de la capital, Bellingeri argumenta que un rasgo de las elecciones de 1813 es el enfrentamiento de dos facciones en la contienda electoral (rutineros y san juanistas). Para demostrarlo, su estudio entrecruza varios niveles de elecciones: Diputados a Cortes, Diputación Provincial y ayuntamientos, esta estrategia de análisis lo conduce a no distinguir con claridad las prácticas locales. Bellingeri, “Las ambigüedades del voto...”. En nuestro caso hemos trabajado únicamente con ayuntamientos del interior de la provincia, lo que nos ha permitido matizar sus conclusiones.

130 Al respecto ver Castillo Canché, “Primeros momentos del reformismo borbónico en Yucatán. La administración de Lucas de Gálvez”, y Campos García, “Que los yucatecos todos proclamen su independencia”. (Historia del secesionismo en Yucatán, 1821-1849), pp. 39-51.

131 Acta de sesión de 1 de diciembre de 1812. Libro de Actas del Cabildo de Mérida, 1812-1813, by, LEMP-013.

132 José Arceo al Ayuntamiento de Mérida, Izamal, 7 de agosto de 1813, Alcance al Misceláneo, 14 de agosto de 1813.

133 José Arceo al Ayuntamiento de Mérida, Izamal, 7 de agosto de 1813, Alcance al Misceláneo, 14 de agosto de 1813.

134 José Arceo al Ayuntamiento de Mérida, Izamal, 7 de agosto de 1813, Alcance al Misceláneo, 14 de agosto de 1813.

135 Alcance al Misceláneo, núm. 79, agosto de 1813.

136 Convocatoria para las elecciones del pueblo de Ticul, 3 de diciembre de 1813. agey, Ayuntamientos, caja, 2, vol. 2, exp. 2.

137 Circular del obispo Pedro Agustín de Estévez y Ugarte, Mérida 30 de abril de 1813; ahay, Oficios del Sr. Estévez, caja, 1.

138 Israel Arroyo ha caracterizado este proceso como dispersión de la votación. Arroyo, “Divisiones electorales y representación política. Partidos y municipios, Atlixco 1820-1835”, pp. 148-149.

139 El patronímico como un indicador de etnicidad es un tema controvertible por la posibilidad de cambiarse los apellidos. En nuestra región de estudio conocemos pocos casos; de estos, los mayas que adoptaron el apellido de su protector continuaron siendo identificados en los documentos oficiales con el apellido maya. Una cuestión que muestra a una sociedad que, en términos raciales, tenía una distinción de etnias. Los censos y las matrículas de tributos son una clara muestra.

140 Campos, “Faccionalismo y votaciones en Yucatán, 1824-1832”.

141 “Proclamation Ordering the Establish of Voting Place in the Villeges”, en Roys, The Titles of Ebtun, p. 412.

142 Arroyo ha señalado la necesidad de estudiar este proceso de unir poblados para formar ayuntamientos. Arroyo, “Divisiones electorales...”.

143 El jefe superior político al Ayuntamiento de Izamal, Mérida, 11 de octubre de 1820. En Libro copiador de la correspondencia de los pueblos que componen el partido de Izamal. by, LMEP-169.

144 El jefe superior político al Ayuntamiento de Izamal, Mérida, 24 de octubre de 1820 y 19 de diciembre de 1820. En Libro copiador de la correspondencia de los pueblos que componen el partido de Izamal. by, LMEP-169.

145 El jefe superior político al Ayuntamiento de Izamal, Mérida, 30 de octubre y 4 de noviembre de 1820. En Libro copiador de la correspondencia de los pueblos que componen el partido de Izamal. by, LMEP-169.

146 El jefe superior político al Ayuntamiento de Tizimin, Mérida, 24 de agosto de 1820. En Libro copiador de la correspondencia de los pueblos que componen el partido de Valladolid. by, LMEP-171.

147 El jefe superior político al Ayuntamiento de Valladolid, Mérida, 14 de diciembre de 1821. En Libro copiador de la correspondencia de los pueblos que componen el partido de Valladolid. by, LMEP-171.

148 El uso del voto por listas o papeletas ha sido destacado por Arroyo como una de las características de las elecciones gaditanas, por lo que las cifras totales de las actas no son el número de votantes, pero son el número de votos que recibió cada individuo. Pero lo más importante —que es lo que sostenemos— es que las papeletas pueden ser producto de acuerdos previos. Arroyo, “Divisiones electorales...”, pp. 147-148.

149 Representación de la junta de electores, alegando nulidad de las elecciones de concejales por infracción de Fray Vicente Argaiz, cura del pueblo. agey, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 38. Pich, 1820.

150 “Información sobre las irregularidades que dieron lugar a la anulación de las elecciones del ayuntamiento”. El Carmen, 27 de noviembre de 1820. agey, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 39.

151 “Información sobre las irregularidades que dieron lugar a la anulación de las elecciones del ayuntamiento”. El Carmen, 27 de noviembre de 1820. agey, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 39.

152 “Información sobre las irregularidades que dieron lugar a la anulación de las elecciones del ayuntamiento. Mérida, 12 de enero de 1820. agey, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 39.

153 Gantús y Salmerón, “Introducción”, pp. 13-14.

154 “Representación de Pablo Crespo, manifestando irregularidades del alcalde José María Zetina en la elección de nuevo ayuntamiento”. agey, Colonial, Ayuntamientos, vol. 1, exp. 43.

155 Campos García y Domínguez, , La diputación provincial en Yucatán, 1812-1823. Entre la iniciativa individual y la acción del gobierno.

156 Archivo General de la Nación (en adelante agn), Archivo Histórico de Hacienda, vol. 579, exp. 73, Elección de ayuntamientos constitucionales, 1820.

157 Una primera versión en Birrichaga, “Administración de tierras y bienes comunales. Política, organización territorial y comunidad de los pueblos de Texcoco, 1812-1857”.

158 En 1812, al parecer, en Texcoco no fueron instalados ayuntamientos constitucionales, pues existía la presencia de partidarios de los insurgentes. El subdelegado prefirió mantener las prácticas electorales con base en las Ordenanzas de intendentes. “Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y provincia en el reino de la Nueva España”, pp. 17, 22-23.

159 agn, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 579, exp. 73, acta del juramento de la constitución de Cádiz. Texcoco, 5 de junio de 1820. Constitución política, 1812 Constitución política de la monarquía española.

160 Archivo Municipal de Texcoco (En adelante amt), Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, s/a: elección de 1817, listas de elección de gobernadores con el número de votos de los vocales presentes en la elección.

161 Cuando la Diputación tenía duda sobre los fondos públicos acudía a la Junta provisional gubernativa. Actas constitucionales, i, sesión de 28 de enero de 1822, p. 266.

162 Annino, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”, p. 215.

163 El pueblo de Atenco solicitó erigir ayuntamiento “acreditando con certificación del padre cura que ese pueblo con los barrios de su comarca tiene mil ciento setenta y nueve almas, según el último exacto padrón”. Chinconcuac justificó su solicitud “con certificación del cura que el pueblo tiene mil ciento treinta y cinco almas”. Actas de la Diputación Provincial de la Nueva España, 1820-1821, p. 70, sesión 18, 12 de septiembre de 1820.

164 agn, Ayuntamientos, vol. 7, decreto aprobando la instalación del ayuntamiento del pueblo de Cuanalá, México, 28 de abril de 1822. En las Instrucción para el gobierno económico político de las provincias, capítulo iii, artículo 1, inciso xvi se indica que el jefe político “será el único conducto de comunicación entre los ayuntamientos y la Diputación Provincial”. “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, p. 123.

165 Benson, La diputación provincial y el federalismo mexicano, pp. 28-29. Actas de la Diputación..., p. 222, sesión 60, 13 de febrero de 1821.

166 La ciudad de México y Tulancingo también contaban con parcialidades que eran unidades formadas por los pueblos y los barrios “apartados del común”. Birrichaga, “Administración de tierras...”.

167 Actas de la Diputación..., pp. 66, 279 y 283, sesión 17, septiembre de 1820; sesión 73, 31 de marzo de 1821; sesión 74, 3 de abril de 1821.

168 Archivo Notarias Texcoco, Archivo de Notarias Estado de México (En adelante ant), Protocolo de 15 de septiembre de 1820, poder notarial otorgado por los naturales y vecinos del pueblo de Tlailotlacan al capitán de urbanos Antonio Carrillo.

169 Actas de la Diputación..., p. 41, sesión 6, 1 de agosto de 1820.

170 Ibid., p. 49, sesión 9, 12 de agosto de 1820. Las cursivas son mías.

171 La Diputación Provincial de México. Actas de sesiones, 1821-1823, p. 608, sesión 26, 29 de agosto de 1823. Véase Arroyo, “Divisiones electorales y representación política: partidos y municipios, Atlixco, 1820-1835”, p. 125.

172 La Diputación Provincial, sesión 48, 11 de enero de 1822, p. 110.

173 Artículo 13 “Y a fin de evitar los disturbios, pleitos y alborotos que frecuentemente se originan entre aquellos naturales con motivo de sus elecciones de oficio, mando que siempre asista y presida en sus juntas el juez español” u otro funcionario español. Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de exército y provincia en el reino de la Nueva España.

174 Desde 1812 el juzgado de letras de Texcoco fijaba avisos públicos “rotulones” en la ciudad y sus pueblos subordinados para dar aviso de diversos procesos bajo su responsabilidad. Un rotulón de 1813 decía a la letra: “aviso al público. Quien quisiere mejorar la postura que el común de naturales de Tepetlaxtoque ha hecho [sobre] el Rancho de Tlacaseoloc por tiempo de cinco años y por doscientos cincuenta pesos en cada uno de arrendamiento ocurra a este juzgado en que se le admitirá la que hiciere. Texcoco diciembre 18 de 1813”. amt, Justicia, caja, 19, leg. 24, diligencias sobre el remate en arrendamiento del rancho Tlacaseoloc, Texcoco, 18 de diciembre de 1814. En 1820 la ciudad de México era práctica común colocar en los sitios públicos rotulones para convocar a elecciones de las juntas parroquiales. Actas del cabildo de la ciudad de México, Acta 91, 11 de agosto de 1820; Acta 95,18 de agosto de 1820.

175 Los indígenas del pueblo de Papalotla señalaban que “aunque es positivo que las Cortes y el Rey nos han elevado a los indios a la clase de ciudadanos como a otro cualquiera español, pero aquel sabio congreso y el monarca no nos han revocado los privilegios y excepciones”. Biblioteca del Congreso “José María Luis Mora” (En adelante bcem), Expedientes de la Diputación Provincial, t. iv, exp. 218, reclamación de una donación del Ayuntamiento de Papalotla. México, 12 de enero de 1821.

176 Israel Arroyo ha documentado para el partido de Atlixco que “los vecinos no emitían su sufragio mediante un voto individualizado, sino a través de un voto por lista”. Arroyo, “Divisiones electorales...”, p. 143.

177 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja, 1, s/a, informe del Ayuntamiento de Tlailotlacan al gobernador Muzquiz, 20 de diciembre de 1823. Alfredo Ávila señala que estas irregularidades se realizaban en los procesos electorales en diversos lugares del país. Ávila, “Las primeras elecciones del México independiente”, pp. 48 ss.

178 En otros ayuntamientos se repetía este escenario. En 1823 el cabildo de Jilotepec señalaba que en la elección de 1820 los indígenas querían que se les dieran los cargos municipales, aunque eligieran a electores “ineptos” por carecer de virtudes cívicas. Archivo Histórico del Estado de México (en adelante ahem), Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Gobernación, vol. 1, exp 7, f. 4.

179 Actas de la Diputación..., p. 323, sesión 80, 8 de mayo de 1821; bcem, sesiones de la Diputación Provincial de México, 20 de febrero de 1823.

180 El cabildo de Texcoco aseguraba que esta ciudad era “hermana de la capital de México y la de Tlaxcala” y su cabildo debía acudir a las funciones de iglesia y juntas con “dos personeros que ocupan las mazas”. agn, Ayuntamientos, vol. 207, solicitud del cabildo para la compra de ropajes de maceros. Texcoco, 4 de marzo de 1805. Otro privilegio de la ciudad fue que el gobernador diera la bienvenida a los nuevos virreyes durante su traslado a la ciudad de México. En 1766 Francisco de Ajofrín señala que cuando el marqués de Croix se trasladaba del puerto de Veracruz a la capital de la Nueva España, el gobernador indio de Texcoco salió “a recibir a su excelencia vestido a lo antiguo, con una tilma o manto blanco, cogido por los hombros y con centro real en la mano; concurren a esta función todos los indios gobernadores de la provincia y gran multitud de gentes así españoles como indios”. Ajofrín, Diario del viaje a la Nueva España, p. 207.

181 amt, Ramo Industria y Comercio, caja, 1, leg. 27, 1810, 4 fs.

182 amt, Justicia, caja, 19, leg. 24, oficio de del Lic. José María Esquivel al jefe político de México, s/f.

183 ant, Protocolos 1837; “Traspaso de la casa de comercio de Félix Guevara. Texcoco, 16 de marzo de 1837; cit. Birrichaga, “Entretelones de la guerra de Independencia: política y comercio en el centro de México (1810-1826)”.

184 Pérez, “Los albores de la ciudadanía en México: sociedad y cultura política en México: sociedad y cultura política en Puebla, 1780-1834”, pp. 132-137.

185 Arroyo, La arquitectura del Estado Mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, p. 60. La Junta Soberana del Imperio estableció que para los elegir a los electores de partido se facultaba a los ayuntamientos “cuanto sea bastante en derecho, para que nombraran un individuo de su seno para elector de partido, y éste en unión de los de su clase reunidos en la cabecera de[l] [partido] con su ayuntamiento eligiesen elector de provincia”. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, s/a: machote de un acta credencial de elector de partido, 1822.

186 En sus memorias Agustín de Iturbide señalaba que en las elecciones de ayuntamientos se intrigaba con facilidad, pues no había “más electores que los ayuntamientos”. Iturbide, , Sus memorias escritas desde Liorna (27 de septiembre de 1823), p. 16.

187 ahem, Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Gobernación, vol. 1, exp. 7, f. 5, Informe de la Secretaría de la Diputación Provincial, 20 de diciembre de 1823.

188 La Diputación Provincial de México, 9 de junio de 1823.

189 Pastrana, Los Congresos del Estado de México en el Siglo xix y en los Albores del Siglo xx. Cien Años de Órganos legislativos Mexiquenses (Cronología 1814-1914), p. 63.

190 En materia electoral, el Congreso constituyente de este estado dio cumplimiento al decreto de 13 de julio de 1824 para las elecciones federales. El 4 de agosto de 1824 Melchor Múzquiz, gobernado del Estado de México, publicó el decreto para las elecciones de diputados al Congreso general ordinario. El decreto determinó los mecanismos para formar las Juntas primarias, Juntas secundarias o de partido y de las Juntas del Estado. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, s/a: elección de 1824, bando sobre el método que han de celebrar las juntas de elección para diputados generales.

191 Los distritos fueron el de Acapulco, Cuernavaca, Huejutla, México, Taxco, Toluca, Tula y Tulancingo.

192 Juan Antonio de Arce y Acevedo pertenecía al Real Colegio de Abogados y, trabajó como abogado en la Audiencia de México. En 1821 fue electo regidor del ayuntamiento constitucional de la ciudad de México. Después iría al frente de la subprefectura de Texcoco, regresó a la capital para ocupar el cargo de juez de segunda elección. Mayagoitia, “Aspirantes al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México: extractos de sus informaciones de limpieza de sangre (1760-1823)”, p. 485; Moreno, “El ayuntamiento constitucional de la ciudad de México en la llamada ‘Consumación de la Independencia’ (1820-1821)”, p. 266.

193 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Correspondencia, caja 2, año 1825, carta del Lic. José María Esquivel a Pedro [Romero] Terreros, prefecto del Distrito de México. Texcoco, 31 de agosto de 1825. Las cursivas son mías.

194 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, año 1825, informe del ayuntamiento de Nexquipayac sobre el plan de reducción de ayuntamientos. Nexquipayac, 7 de noviembre de 1825.

195 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, año 1825, informe del ayuntamiento de Nexquipayac sobre el plan de reducción de ayuntamientos. Nexquipayac, 7 de noviembre de 1825.

196 Cirilo Ayala, alcalde de Tezayuca, informaba que Arce había ordenado la segregación de la hacienda La Grande por motivos personales. Al respecto decía “la hacienda es de frailes gachupines que han tiranizado a los pueblos que la rodean y que por lo mismo tiene un interés en no quedar sujeta a ninguno de estos pueblos y cuando se ve que infringiendo escandalosamente la ley se une a la cabecera, hay un motivo por creer que el subprefecto obra de acuerdo con ellos guiado, tal vez, por viles intereses”. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, año 1825, carta del ayuntamiento de Tezayuca al prefecto de México. Tezayuca, 4 de noviembre de 1825. Sobre Tepetlaoxtoc véase amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Correspondencia, caja 2, año 1825, carta de Mariano Bleaño al suprefecto Juan Antonio Arce. Papalotla, 25 de diciembre de 1825.

197 Colección de decretos y órdenes del congreso constituyente del Estado Libre y Soberano de México, decreto de 9 de febrero de 1825.

198 Idem.

199 El mecanismo para las Juntas de partido fue distinto. Las municipalidades designaron un elector primario para que en junta de partido eligieran un elector secundario para las elecciones de diputados al Congreso constituyente del Estado de México. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, s/a, acta credencial del Bachilller Ignacio Ruiz Peña como elector secundario. 12 de febrero de 1824.

200 Colección de decretos..., decreto de 9 de febrero de 1825, art. 40. El 28 de enero de 1826 el congreso constituyente decretó que los electores de los ayuntamientos también harían el nombramiento de “un alcalde conciliador que sepa leer y escribir”. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, s/a, decreto del 28 de enero de 1826 sobre alcaldes conciliadores”.

201 Sobre el proceso electoral véase Salinas, Política y sociedad en los municipios del Estado de México (1825-1880), pp. 34-35.

202 El proceso electoral en otras municipalidades, con mayor población indígena, tuvo rasgos de las antiguas prácticas electorales de los cabildos indios.

203 En 1824 comenzó un discurso público a favor de la expulsión de los españoles por las posiciones privilegiadas que les permitían ocupar importantes cargos públicos y gozar de fortuna económica. Los panfletos anti-gachupines circulaban ampliamente por los pueblos, pues estaban “escritos en jerga popular, y se vendían como pan caliente”. Pani, “De coyotes y gallinas: hispanidad, identidad nacional y comunidad política durante la expulsión de españoles”, pp. 367-368.

204 El término de facción política fue reconocido por la Diputación Provincial de México. El 13 de enero de 1823 los diputados anularon la elección del segundo alcalde de Actopan por “el predominio del comandante militar y su facción”. La Diputación Provincial de México. Actas de sesiones, 1821-1823, p. 383, sesión 64, 13 de enero de 1823.

205 Nicolás Campero era natural de las montañas de Santander, de 58 años y 43 de residencia en el país. Fue comerciante en Veracruz y labrador con propiedad en la hacienda de San Cristóbal Zacoalco. “Fue nombrado y ejerció las funciones de diputado al primer congreso constituyente de la república”. ahem, Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Gobernación, vol. 9, exp. 10, año 1828, 249 fs., Padrón de los españoles radicados en Calpulalpan, 1828.

206 Vicente Pontones era natural de Santander, de 46 años y 31 radicado en México, con casa de comercio en el pueblo de Texcoco. Idem, Padrón de los españoles radicados en Texcoco, 1828.

207 Ignacio Eguilas nació en Castilla, de 38 años y 25 años radicando en Texcoco. Su actividad principal era el comercio. Idem, Padrón de los españoles radicados en Texcoco, 1828.

208 Benito Díaz, originario del obispado de Orense, de 48 años y 15 años radicando en la república. Propietario de una finca. Idem, Padrón de los españoles radicados en Texcoco, 1828.

209 Para muchos vecinos existía la convicción de que “desde que se pensó en el ayuntamiento se formaron partidos que son la peste de la sociedad”. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, año 1825, carta de Francisco Posada, síndico de Texcoco al subprefecto de Texcoco, 18 de febrero de 1826.

210 “Estado que manifiesta el número de almas que tiene este curato de mi cargo en los ayuntamientos de su comprensión, febrero de 1825”. Padrones 1770-1771, 1782-1825, 1776-1816, en línea: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-7X87-G?cc=1837908&wc=MG26-JWL%3A166225601%2C164305602%2C169151601> [Consulta: 5 de junio de 2018.]

211 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, año 1825, anulación del nombramiento de tres regidores del ayuntamiento de Texcoco. Texcoco, 3 de febrero de 1826.

212 Los tlaquehuales eran trabajadores temporales que acudían en cuadrillas al trabajo comunitario o al servicio de una hacienda bajo las órdenes de un capitán. Nickel, El peonaje en las haciendas mexicanas. Interpretaciones, fuetes, hallazgos, pp. 28-29.

213 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja, 1, año 1825, acta de la junta electoral de 10 de febrero de 1826.

214 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja, 1, año 1825, informe del Lic. Juan Antonio Arce de la actuación de la Junta electoral. Texcoco, 11 de febrero de 1826.

215 Idem, Anónimo localizado en la ciudad.

216 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, año 1825, carta de Francisco Posada, síndico de Texcoco al subprefecto de Texcoco, 18 de febrero de 1826.

217 Pastrana, Los congresos..., pp. 119-120.

218 Colección de decretos..., decreto de 4 de enero de 1827.

219 Representación que hizo el ayuntamiento de la ciudad de Texcoco, al congreso del Estado de México el día 26 de abril del presente año, 1827.

220 Colección de decretos..., decreto de 4 de enero de 1827.

221 Actas del Congreso Constituyente del Estado Libre de México, t. viii, sesión de 4 de enero de 1827.

222 Ibid., sesión de 23 de enero de 1827; Macune, El Estado de México y la federación mexicana 1823-1835, pp. 45-46.

223 ant, Protocolos 1827, fianza de Mariano de Jesús Campo para construir el Salón de congresos. Texcoco, 31 de enero de 1827.

224 Colección de decretos y órdenes de los congresos constitucionales del Estado libre y soberano de México, decreto de 5 de abril de 1827.

225 Hale, El liberalismo mexicano, p. 101.

226 ahem, Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Gobernación, vol. 9, exp. 10, 1828, 249 fs. Padrón de los españoles radicados en Texcoco, 1828.

227 Nicolás Campero era natural de las montañas de Santander; comerciante en Veracruz y propietario de la hacienda de San Cristóbal Zacoalco, Calpulalpan. Campero “fue nombrado y ejerció las funciones de diputado al primer congreso constituyente de la república”. ahem, Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Gobernación, vol. 9, exp. 10, año 1828, 249 fs, padrón de los españoles radicados en Calpulalpan (1828).

228 El ayuntamiento de Texcoco mantuvo su protesta por el traslado de la capital del estado a la villa de Tlalpan. En enero de 1830 el cabildo de Texcoco se pronunció a favor del plan de Jalapa por el cambio de gobierno; en uno de los puntos del acta se argumentaba que Texcoco sufrió “la infracción del congreso que destrozando el artículo 5o. de la constitución arrancó de esta ciudad a los supremos poderes causándole los males que hasta hoy resiente”. bcem, se, exp. 143, 1830, t. lcviii, acta de adhesión del ayuntamiento de Texcoco al plan de Jalapa. Texcoco, 18 de febrero de 1830.

229 Colección de decretos..., decreto sobre elecciones de diputados federales y locales referente a las juntas municipales y juntas de partido, decreto 72 del Congreso constituyente del 16 de agosto de 1826, pp. 94-96.

230 Constitución 1827, artículo 162. Las elecciones de ayuntamientos siguieron siendo indirectas y mediante juntas populares. En cambio, las Juntas electorales de partido se pedía que los electores no ejercieran jurisdicción contenciosa, civil, eclesiástica o militar, ni curas de almas (artículo 24). Colección de decretos..., decreto sobre elecciones de diputados federales y locales referente a las juntas municipales y juntas de partido, decreto 72 del congreso constituyente del 16 de agosto de 1826, pp. 94-96.

231 Colección de decretos y órdenes de los congresos constitucionales del Estado libre y soberano de México, decreto de 2 de mayo de 1827; bcem, se, exp. 283 / 1827.

232 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, años 1825-1870, acta de elección del Ayuntamiento de Papalotla. Texcoco, 13 de noviembre de 1825.

233 Destaca Secundino Alonso, un próspero comerciante que en varias ocasiones fue electo alcalde; en otras más desempeñó el cargo de síndico procurador del cabildo.

234 En una denuncia se decía que “que aparece plenamente comprobado” que durante muchos años el grupo de Balcázar “trabajó con empeño en que recayera la elección en ciertas y determinadas personas”. amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 3, año 1848, renovación del Ayuntamiento de Papalotla, 5 de diciembre de 1848.

235 En sesión de cabildo se acordó arrendar las tierras y aguas que pertenecían al ayuntamiento a algunos integrantes de esta corporación como Secundino Alonso. ahem, Fondo Gobernación, Sección Gobernación, Serie Municipios, vol. 1, exp. 1, acta de Cabildo de Papalotla de 22 de marzo de 1836.

236 amt, Fondo Independencia, Sección Presidencia, Serie Elecciones, caja 1, 1825-1870, s/e, estado que manifiesta el censo general del partido de Texcoco con distinción de municipalidades y ciudadanos hábiles para votar, 1830.

237 Costeloe, por ejemplo, da su interpretación de la dinámica de las elecciones presidenciales en este periodo: “El poder se disputaba entre varios candidatos, pero los resultados, en su gran mayoría, se conocían ya con antelación. Esto se debió sobre todo a que el candidato en el liderazgo alcanzaba su preeminencia a través de una revuelta o pronunciamiento. Después de forzar la renuncia del presidente en el poder, y algunas veces hasta del Congreso, el victorioso general siempre trataba de legitimarse por medio de un proceso electoral. Guerrero, Bustamante, Santa Anna, Paredes y Arrillaga y Herrera, alcanzaron la presidencia de esta manera”; Costeloe, “Mariano Arista y la élite de la ciudad de México, 1851-1852”, p. 206.

238 García, Legislación electoral mexicana, 1812-1977, p. 130. Las normas y el procedimiento electoral que se usaría en 1850, se consigna en detalle en la “Convocatoria para la elección de un Congreso Constituyente, 10 de diciembre de 1841”, artículos 8 a 47, Idem., pp. 72-76.

239 Ibid., pp. 73-74.

240 Ibid., pp. 121, 130.

241 Arroyo, La arquitectura del Estado mexicano. Formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, pp. 237-239.

242 “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos” (4 de octubre de 1824), artículos 79 a 93, en Tena, Leyes fundamentales de México, 1808-2005, pp. 179-180.

243 Una revisión del desarrollo de la elección presidencial de 1850 y sus resultados en los estados del país, se encuentra en la investigación de mi tesis doctoral próxima a defenderse.

244 “Ministerio de Relaciones”, El Monitor Republicano, núm. 1946, 20 de septiembre de 1850, p. 1; “Documentos muy interesantes” relativos a las disposiciones legales que deben observarse en las próximas elecciones de presidente y senadores”, El Monitor Republicano, núm. 1954, 28 de septiembre de 1850, p. 1; Archivo Histórico de la Ciudad de México (ahcdmx), Fondo Bandos, sección Leyes y Decretos, caja, 19, exp. 43-44; Mateos, Historia parlamentaria de los Congresos Mexicanos, t. xxii, pp. 403-404, 405, 412, 418; Malo, Diario de Sucesos Notables (1832-1853), t. i, p. 358.

245 “Manejos del partido conservador reconcentrado en el Ayuntamiento”, El Monitor Republicano, núm. 1951, 25 de septiembre de 1850, p. 4; “Parte política”, El Daguerrotipo, núm. 21, 28 de septiembre de 1850, pp. 321-323.

246 “Ayuntamiento constitucional de México”, El Siglo Diez y Nueve, núm. 639, 1 de octubre de 1850, pp. 1078-1079.

247 El ayuntamiento estaba integrado por Miguel González de Cosío, Alejandro Arango y Escandón, Sebastián Labastida, Germán Landa, José M. Cervantes Orta, Miguel Chávez Cortina, Manuel Echave, José María Zaldívar, Manuel Álvarez de la Cadena, Mariano García Icazbalceta y Mariano Icaza. Al referirse a ellos, Olavarría afirma que eran “hombres todos del partido conservador más intransigente”; Olavarría, “México independiente”, 1962, t. viii, p. 742.

248 “Invitación a los habitantes del Distrito”, El Monitor Republicano, núm. 1952, 26 de septiembre de 1850, p. 3.

249 “Agencias presidenciales”, El Universal, núm. 680, 26 de septiembre de 1850, p. 3; “Las elecciones del domingo”, El Universal, núm. 679, 25 de septiembre de 1850, p. 3; “Agencias presidenciales”, El Universal, núm. 680, 26 de septiembre de 1850, p. 3.

250 “Las elecciones del Distrito”, El Universal, núm. 695, 12 de octubre de 1850, p. 1.

251 El Universal, núm. 698, 14 de octubre de 1850, p. 1.

252 Cabe señalar que el término “campaña” no era usado en la prensa de 1850. No existía entonces la práctica de realizar actos públicos para promover el voto a favor de un candidato. En este capítulo se habla de campañas con el fin de comparar las estrategias de movilización del voto en la elección de 1850 con las que a fines del siglo xix y principios del siglo xx planifican y articulan reuniones partidistas, actos públicos de proselitismo, manifestaciones a favor de un candidato, estrategias propagandísticas en la prensa y la movilización electoral que realizan clubes y partidos políticos. Sobre este tema, véanse en este libro los capítulos de Fausta Gantús, Alicia Salmerón, Francisco Javier Delgado y Miguel Ángel Sandoval. Regina Tapia aborda este tema al analizar la propuesta de Francisco Zarco de 1857, quien consideraba la necesidad de que los candidatos presentaran programas y compromisos públicos durante las contiendas electorales; Tapia, “Competencia, honor y prensa. México en 1857”, pp. 63-71.

253 “Enredos y supercherías”, El Monitor Republicano, núm. 1953, 27 de septiembre de 1850, p. 3.

254 O’Gorman, “La cultura de las elecciones en Inglaterra: de la Revolución gloriosa a la Ballot act de 1872”, p. 219.

255 Santoni, Mexicans at Arms. Politics of War, 1845-1848, pp. 142, 201; Sordo, “El Congreso y la guerra con Estados Unidos de América”, pp. 55, 74, 82, 87.

256 González Navarro, Anatomía del poder en México (1848-1853), p. 224. En relación con el caso de los sucesos de la caída del Ayuntamiento conservador, véase Alcántara, “La hiel de una elección frustrada con ayuda de un Congreso hostil; la violencia de una movilización popular y una prensa dispuesta a justificarla: la caída del ayuntamiento conservador en 1849”, pp. 147-176.

257 “Las elecciones del Distrito”, El Universal, núm. 695, 12 de octubre de 1850, p. 1; “Incidencias”, El Mensajero, núm. 35, 2 de octubre de 1850, p. 4.

258 “Protesta contra uno de los pagados”, El Universal, núm. 684, 30 de septiembre de 1850, p. 4.

259 José del Villar a Mariano Riva Palacio, Coyoacán, 2 de octubre de 1850, en Archivo de Manuscritos de Mariano Riva Palacio (en adelante ammrp), microfilme, Instituto Mora, rollo 9, núm. 4690.

260 “Elecciones. Verdaderos desengaños”, El Monitor Republicano, núm. 1958, 2 de octubre de 1850, p. 4.

261 “Lista de ciudadanos que resultaron nombrados en esta capital el día 29 del pasado, para elegir presidente y senadores”, El Universal, núm. 685, 1 de octubre de 1850, p. 3.

262 “Las elecciones del Distrito”, El Universal, núm. 698, 14 de octubre de 1850, pp. 1-2.

263 “Triunfos del partido de Arista”, El Universal, núm. 690, 6 de octubre de 1850, p. 2; “Extracto del acta sobre elecciones del Distrito”, El Monitor Republicano, núm. 1962, 6 de octubre de 1850, p. 3. Malo, Diario de sucesos..., t. i, p. 358.

264 “Un hecho importante ha consignado la historia”, El Siglo Diez y Nueve, núm. 644, 6 de octubre de 1850, p. 4.

265 Acerca de estos sucesos véase Alcántara, “La elección de Lucas Alamán y los conservadores como diputados al Congreso en 1849”, pp. 39-41.

266 “Elección de presidente”, El Monitor Republicano, núm. 1961, 5 de octubre de 1850, p. 4.

267 “Parte política”, El Daguerrotipo, núm. 22, 5 de octubre de 1850, pp. 337-339.

268 “Triunfos del partido de Arista”, El Universal, núm. 690, 6 de octubre de 1850, p. 3.

269 “La presidencia del General Arista y el partido conservador”, El Mensajero, núm. 36, 5 de octubre de 1850, p. 4.

270 “Comentarios”, El Siglo Diez y Nueve, núm. 648, 7 de octubre de 1850, p. 4.

271 Si bien en 1850 El Universal hizo una fuerte campaña contra lo que llamaba la introducción del socialismo en México, reconocía que en el país no existía el mismo desarrollo industrial que había en Europa ni una clase “proletaria” con los sufrimientos que padecían en el “viejo continente” que la hubiera llevado a organizarse; por lo que puede decirse que el mote de “socialistas” era parte de la táctica descalificatoria de El Universal hacia Arista y los puros; “La prensa periódica y los artesanos”, El Universal, núm. 581, 19 de junio de 1850, p. 1.

272 “Comienza a dar frutos el club socialista”, El Universal, núm. 721, 6 de noviembre de 1850, p. 1.

273 “Cartas de un Lugareño”, El Universal, núm. 707, 23 de octubre de 1850, p. 3.

274 “Cartas de un Lugareño”, El Universal, núm. 707, 23 de octubre de 1850, p. 3.

275 “Cartas de un Lugareño”, El Universal, núm. 707, 23 de octubre de 1850, p. 3.

276 “Los socialistas en México”, El Universal, núm. 704, 20 de octubre de 1850, pp. 1-2.

277 “Los socialistas en México”, El Monitor Republicano, núm. 1976, 21 de octubre de 1850, pp. 2-3 y “Los socialistas en México”, El Monitor Republicano, núm. 1978, 23 de octubre de 1850, pp. 3-4.

278 Los detalles sobre la calificación en el Congreso de la elección presidencial de 1850 se encuentran en mi tesis doctoral próxima a defenderse. En la documentación revisada no se ha encontrado con un conteo general que proporcione las cifras globales de esta elección presidencial.

279 Aquí me refiero a las distintas prácticas y dinámicas que O’Gorman describe como parte de la “cultura electoral”, no sólo procesiones, actos públicos y brindis, sino también a la propaganda política a través de la prensa y las distintas formas de participación y movilización popular. O’Gorman, “La cultura de las elecciones...”, pp. 219-233.

280 Sobre la idea del progreso en Occidente véase Le Goff, Pensar la Historia; para su desarrollo en América Latina, Weinberg, La ciencia y la idea de progreso en América Latina, 1860-1930. Respecto a sus implicaciones en el urbanismo: Romero, Latinoamérica, las ciudades y las ideas.

281 Entendemos por capitalidad la capacidad que desarrolla una ciudad para convertirse en el centro de referencia e intercambio de un territorio determinado, esta condición va más allá de ser la sede del poder político, implica también la centralización de las actividades económicas, la oferta de servicios o su capacidad de generar sentido de pertenencia e identidad, no sólo entre sus habitantes sino sobre, por lo menos sobre una buena parte de quienes viven en su área de influencia. En el caso de Campeche su consolidación como capital estatal ha sido un proceso complicado, lo han dificultado por una parte la precariedad económica de la entidad que se traduce en intercambio comercial reducido y poca infraestructura de transporte y comunicación, así como una limitada oferta de servicios. Por otra parte, la consolidación de Mérida como capital regional y la incompleta asimilación de Ciudad del Carmen han abonado también en este sentido. De forma que la influencia política de los grupos de poder de la ciudad de Campeche, desde el siglo xix estuvo restringida a un área relativamente pequeña y sujeta a una gran cantidad de negociaciones con los grupos políticos de los otros distritos que integraban el estado.

282 En su sentido más simple el espacio público es aquel de uso y propiedad común, por tanto, perteneciente al Estado y regulado por él. Por otra parte, desde una perspectiva cultural, la diferencia entre espacio público y privado, va más allá del criterio de propiedad y se encuentra vinculado al surgimiento de la idea de la diferencia entre lo privado y lo público, con la consiguiente delimitación y separación de los espacios correspondientes. En este sentido se trata de una construcción cultural propia de la modernidad a lo largo de la cual se van definiendo las conductas y actividades propias de cada ámbito. Para un desarrollo más extenso del tema puede consultarse entre otros, el ya considerado un clásico, Lefebvre, Espacio y política.

283 En julio de 1857 Pablo García, recién electo representante del distrito campechano, abandonó la Legislatura estatal argumentando irregularidades en la elección a gobernador del Estado de Yucatán. Un mes después respaldado por Pedro Baranda y Tomás Aznar, ambos diputados por Campeche en el Congreso Nacional, desconoció al Ejecutivo y Legislativo yucatecos. En febrero del año siguiente se firmaron los Convenios de División Territorial, entre Campeche y Yucatán. En 1863 Campeche fue ratificado como entidad de la federación mexicana. Véase Negrín Muñoz, Campeche, una historia compartida.

284 La ciudad representada y por tanto simbólica, estaría integrada por aquellos lugares que por las relaciones sociales que encierran, van cargándose de significado y terminan por convertirse en referentes comunes y elementos de identidad para quienes habitan y transitan la ciudad. En aquellas de traza novohispana la plaza principal suele ser un ejemplo claro al respecto. Para un planteamiento más detallado del tema puede consultarse García Sandoval, “La construcción cultural de la identidad: espacios urbanos y representación”, pp. 163-171.

285 Véase Novelo, Construir el vecindario señorial: la conformación del barrio de Guadalupe en los siglos xviii y xix.

286 García Sandoval, “Languidece un puerto: Campeche en la segunda mitad del siglo xix”, pp. 41-56.

287 En la década de 1960 se construyeron en espacios aledaños al centro histórico varios sitios destinados a las movilizaciones masivas en apoyo a un candidato o al partido en el poder, los más importantes fueron la plaza cívica Héctor Pérez Martínez, la Plaza de la República y la explanada contigua al edificio sede del Partido Revolucionario Institucional.

288 Pedro Baranda fue en varias ocasiones diputado federal y primer jefe militar del estado de Campeche y Joaquín Baranda además se formar parte del gabinete de Porfirio Díaz, sería gobernador del estado de Campeche.

289 “D. Pedro Baranda”, El Espíritu Público, 4 de julio de 1857.

290 El grupo que había impulsado la creación del estado de Campeche encabezado por Pablo García y Joaquín y Pedro Baranda pronto se escindió. El punto de partida del conflicto fue la decisión del entonces gobernador García de unificar los mandos político y militar, lo que provocó la renuncia de Pedro Baranda entonces jefe militar de la plaza. A partir de entonces y prácticamente durante todo el siglo xix, salvo el paréntesis del Segundo Imperio, ambas facciones políticas se enfrentarían en prácticamente todas las contiendas electorales. A lo largo del tiempo fueron estableciendo alianzas con diferentes actores políticos dentro y fuera de la entidad. Es importante señalar que lo anterior no significa que fueran los únicos protagonistas de la escena política campechana. Véase Alcalá, Gantús y Villanueva, Campeche...

291 “Gacetilla”, La Urna Electoral, 31 de mayo de 1871.

292 La Urna Electoral, 31 de mayo de 1871.

293 La Opinión Pública, 22 de mayo de 1887.

294 La Opinión Pública, 28 de agosto de 1887.

295 “¡Fausto Acontecimiento! ¡Brillante Recepción!”, La Opinión Pública, 17 de enero de 1888.

296 La Opinión Pública, 27 de marzo 1888.

297 La Opinión Pública, 29 de mayo 1888.

298 “Editorial”, La Opinión Pública, 24 de octubre 1886.

299 Respecto a los clubes políticos véase Salmerón, “Prensa periódica y organización del voto. El club político Morelos. 1892”. Acerca del peso del unionismo en la época, puede verse Ávila y Salmerón, Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo xix.

300 Para tener una idea del número de personas de las que hablamos en 1886, según una nota publicada en la prensa, el número de habitantes en la ciudad es de 3 954 de los cuales 906 escriben, los datos son escuetos y no permiten mayor especificidad, sin embargo, la referencia es útil para tener un panorama general al respecto. La Opinión Pública, 24 de octubre 1888, p. 4.

301 La Opinión Pública, 29 de mayo de 1888.

302 La Opinión Pública, 29 de mayo de 1888.

303 Unión y Progreso, 7 de abril de 1902.

304 Gantús, “De votantes y electores: dinámicas electorales en el partido de Campeche (1800-1900)”, p. 155.

305 Véase García Sandoval, “Campeche y el puerto, la construcción de un pasado mítico”, pp. 151-176.

306 “Circulo Liberal Campechano”, Unión y Progreso, 13 de abril de 1902.

307 Alcocer Bernés, “Glorias y penurias del Teatro Toro de Campeche”, pp. 23-27.

308 Pérez Galaz, Diccionario geográfico e histórico de Campeche, p. 99.

309 Negrín Muñoz, Campeche…, p. 152.

310 “El mitin del Circo-Teatro”, El Amigo del Pueblo, 31 de octubre de 1909.

311 En julio de 1910, el teatro fue rematado por $16 666.66, un tercio del valor estimado, al propio Rafael Alcalá; tras un incendio ocurrido el 5 de diciembre de 1910, fue reconstruido por Alcalá y Dondé reabriendo sus puertas en junio de 1912. Véase “Remate del Circo-Teatro ‘Renacimiento’”, El Amigo del Pueblo, 3 de julio de 1910, p. 3; Pérez Galaz, Diccionario geográfico…, p. 99.

312 Gobernadores del Estado de Campeche [en línea].

313 Álvarez Suárez, Anales históricos, t. ii, p. 208.

314 Las mazas son insignias de la ciudad, cuyo uso viene de la colonia y que debían ser portadas sólo cuando la ocasión ameritaba la reunión del cabildo en pleno. Agradezco a Adriana Rocher la información al respecto.

315 “Paseo militar”, El Espíritu Público, 28 de julio de 1857.

316 El Espíritu Público, 28 de julio de 1857.

317 La Tentación, 25 de febrero de 1871.

318 “Elecciones municipales”, La Opinión Pública, 7 de noviembre de 1886.

319 “Las elecciones”, La Discusión, 1o. de junio de 1875.

320 “Elecciones”, El Espíritu Público, 15 de diciembre de 1860.

321 “La evolución política en Campeche”, Unión y Progreso, 20 de abril de 1902, p. 2.

322 La Opinión Pública, 8 de mayo de 1886.

323 La Opinión Pública, 24 de octubre de 1886.

324 La Urna Electoral, 25 de noviembre de 1870.

325 Sobre el auge henequenero yucateco existe abundante bibliografía, puede consultarse entre otros Pérez y Savarino, El cultivo de las élites. Grupos económicos y políticos en Yucatán en los siglos xix y xx.

326 “El trabajo”, La Nueva Era, 22 de agosto de 1887.

327 “¡A las urnas!, El Sarpullido, 6 de junio de 1886.

328 “La casa de gobierno”, La Tentación, 4 de marzo de 1871, p. 4. La mención a las mejoras materiales, hacían referencia al discurso enarbolado por Tomás Aznar, quien incluso publicó un periódico bajo ese nombre, que circuló en la ciudad de Campeche entre 1858 y 1859.

329 “El tiro por la culata”, El Giro, 22 de abril de 1888.

330 “Gacetilla”, El Espíritu Público, 13 de enero 1863.

331 El Pensamiento Libre, 15 de marzo de 1903.

332 “Gacetilla”, El Sarpullido, 21 de octubre 1886.

333 “Discurso”, La Nueva Era, 8 de agosto 1884.

334 “Gacetilla”, El Sarpullido, 21 de octubre 1886.

335 Agradezco a Alicia Salmerón y Fausta Gantús la invitación a participar en el proyecto “Organización y movilización del voto en México, siglo xix”, así como a los participantes en los distintos talleres que con sus críticas y sugerencias ayudaron a mejorar el presente texto.

336 Carmagnani, “Élites políticas, sistemas de poder y gobernabilidad en América Latina”.

337 Plan político proclamado el 30 de diciembre de 1869 por el gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las fuerzas federales residentes en el mismo.

338 Plan restaurador del orden constitucional, Trinidad García de la Cadena en 8 de enero de 1870.

339 Enciso, “Zacatecas en tiempos de la república restaurada, 1870-1874”.

340 El título referente a los jefes políticos estableció que todos los ayuntamientos y juntas municipales deberían reunirse cada cuatro años en sesión pública, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos se nombrarían tres individuos. La terna sería entregada en pliego cerrado al jefe político quien la llevaría al gobernador. Éste nombraría al nuevo jefe político de los miembros propuestos por la terna. El jefe político sería el presidente del ayuntamiento de la cabecera de partido reconocido como la primera autoridad política y el eslabón con el gobernador. Reglamento para el gobierno económico político de los partidos del estado libre y soberano de Zacatecas.

341 Artículo 50, Constitución de Zacatecas de 1857, en Huitrado Trejo, Zacatecas y sus constituciones, 1997, pp. 47-81; Artículo 50, Constitución de Zacatecas de 1869, en Huitrado Trejo, Zacatecas y sus constituciones, pp. 47-81.

342 Rosa, “La construcción de la ciudadanía en Zacatecas. Cultura cívica y elecciones, instrumentos de socialización política, 1867-1876”, p. 106.

343 Enciso, “Zacatecas en tiempos de la república restaurada, 1870-1874”, p. 135.

344 Sesión del 26 de marzo de 1861, Congreso del Estado de Zacatecas, Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (en adelante ahez), Fondo Poder legislativo, sección Actas de sesiones.

345 Sesión del 26 de marzo de 1861, Congreso del Estado de Zacatecas, ahez, Fondo Poder legislativo, sección Actas de sesiones

346 Los diputados del congreso de Zacatecas que formularon la nueva ley electoral aprobada por mayoría en 1869 fueron Gabriel García (Zacatecas), Luis G. García (Ojocaliente), Mariano García de la Cadena (Juchipila), Joaquín Román (Nieves), Rafael G. Ferniza (Villanueva), Manuel G. Solana (Pinos), Francisco Acosta (Sombrerete), Ramón Talancón (Mazapil), Julián Torres (Jerez), Joaquín Sánchez Román (Tlaltenango), Manuel Ortega (Fresnillo) y Gregorio Castanedo (Nochistlán).

347 “La elección popular del poder judicial” (editorial), El Defensor de la Reforma, 26 de mayo de 1868.

348 “La elección popular del poder judicial” (editorial), El Defensor de la Reforma, 26 de mayo de 1868.

349 “La elección popular del poder judicial” (editorial), El Defensor de la Reforma, 26 de mayo de 1868.

350 “Proyecto de ley electoral para el estado de Zacatecas”, El Defensor de la Reforma, 11 de febrero de 1869.

351 “Proyecto de ley electoral para el estado de Zacatecas”, El Defensor de la Reforma, 11 de febrero de 1869.

352 El Defensor de la Reforma, 11 de febrero de 1869.

353 El Defensor de la Reforma, 11 de febrero de 1869.

354 El Defensor de la Reforma, 18 de febrero de 1869.

355 El Defensor de la Reforma, 18 de febrero de 1869.

356 Arroyo, La arquitectura del Estado mexicano. Formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857,pp. 553-571.

357 Sesión del 29 de agosto de 1869, Congreso del estado de Zacatecas, Archivo Histórico del Congreso del Estado de Zacatecas (En adelante ahcez), Libro de actas.

358 Artículo 119. “En cada cabecera de partido habrá un jefe político que nombrará el gobierno de entre los individuos que en las diferentes ternas le propongan los respectivos ayuntamientos y juntas municipales, y su duración será de cuatro años, pudiendo ser reelecto indefinidamente”, Constitución de Zacatecas de 1852, en Huitrado Trejo, Zacatecas y sus constituciones, 1825-1996, pp. 47-81. El asunto no presentó variación en la Constitución de Zacatecas de 1852.

359 Artículo 15, Ley electoral del estado de Zacatecas, 1869.

360 Arroyo, La arquitectura..., p. 568.

361 Hernández, La tradición republicana del buen gobierno, p. 86.

362 Salmerón, “Prensa periódica y organización del voto. El club político Morelos. 1892”, p. 164.

363 Gantús y Salmerón, “Introducción”, p. 14.

364 Editorial “Elecciones”, El Defensor de la Reforma, 27 de abril de 1869.

365 Editorial “La Convención”, El Defensor de la Reforma, 1 de mayo de 1869.

366 Editorial “Inmoralidad y estupidez”, El Defensor de la Reforma, 13 de mayo y 5 de junio de 1869.

367 Sesión del 29 de agosto de 1869, ahcez, Libro de actas de sesiones.

368 “Cuadro sinóptico de la población del estado de Zacatecas, según los censos practicados por las jefaturas políticas en 1868”, El Defensor de la Reforma, 13 de julio de 1869.

369 El Defensor de la Reforma, 4 de septiembre de 1869.

370 Sesión del 29 de agosto de 1869, ahcez, Libro de actas de sesiones.

371 Sesión del 29 de agosto de 1869, ahcez, Libro de actas de sesiones.

372 Sesión del 29 de agosto de 1869, ahcez, Libro de actas de sesiones.

373 Sesión del 29 de agosto de 1869, ahcez, Libro de actas de sesiones.

374 El general Jesús González Ortega resultó vencedor para los partidos de Zacatecas y Tlaltenango. En las sesiones en que los diputados analizaron los resultados, no se menciona el problema que pudo representar un mismo diputado para dos partidos distintos. Los resultados se dieron a conocer en la prensa oficial y fueron publicados a la postre por el historiador Salvador Vidal: Jesús González Ortega (Zacatecas), Manuel Ortega (Fresnillo), Tomás Parra (Sombrerete), José María Delgado (Pinos), Pantaleón Sanromán (Mazapil), Gabriel García (Ciudad García), Luis García (Ojocaliente), Rafael G. Ferniza (Villanueva), Mariano Cadena (Juchipila), Gregorio Castanedo (Nochistlán) y Jesús González Ortega (Tlaltenango). Vidal, 1959, pp. 29-30. Para el caso del diputado vencedor por el partido de Nochistlán, Vidal afirma que se trató de Gregorio Castanedo, pero las actas de sesiones de la legislatura anotaron a Manuel Castanado.

375 Manifiesto de la Convención Zacatecana a los pueblos del estado y a todos los de la República, sobre los sucesos que han tenido lugar en Zacatecas con motivo de la lucha electoral en que ha tomado parte la Convención como círculo político que se organizó para trabajar en las elecciones, p. 38.

376 “Alcance al número 91”, El Defensor de la Reforma, 25 de julio de 1869.

377 “Alcance al número 91”, El Defensor de la Reforma, 25 de julio de 1869.

378 “Alcance al número 91”, El Defensor de la Reforma, 25 de julio de 1869.

379 La prensa promovió candidatos de determinado círculo político, también fue utilizada para el desprestigio de sus contrincantes. Véase Camacho, “Bandidos o revolucionarios? La criminalización de movimientos inconformes con los resultados electorales. 1867-1876”, pp. 79-101.

380 Manifiesto de la Convención..., p. 43.

381 Ibid., p. 41.

382 Ibid., p. 42.

383 Idem.

384 Idem.

385 Idem.

386 Ibid., p. 43.

387 Sesión del 2 de agosto de 1869, ahcez, Libro de actas de sesiones.

388 El Defensor de la Reforma, 4 de septiembre de 1869.

389 “Discurso pronunciado por Tomás T. Obregón en la ciudad de Zacatecas, en la solemne festividad del 15 de septiembre de 1869”, publicado en El Defensor de la Reforma, 25 de septiembre de 1869.

390 Manifiesto de la Convención..., p. 63.

391 Artículo 48, Reglamento para el gobierno económico político de los partidos del estado libre y soberano de Zacatecas, p. 9.

392 Manifiesto de la Convención..., p. 15.

393 Idem.

394 Ibid., p. 19.

395 Ibid., pp. 3-4.

396 Ibid., p. 5.

397 Ibid., p. 8.

398 Ibid., p. 13.

399 Ibid., p. 10.

400 Idem.

401 Idem.

402 Ibid., p. 12.

403 Flores, El grupo masón en la política zacatecana, 1880-1914, pp. 47-60.

404 Sobre análisis de la violencia en las elecciones, a través del estudio de la prensa, Preciado, “Agentes”, 2016. La violencia no es endémica en los procesos electorales, en sus diversas manifestaciones, es un “recurso que formaba parte de la lucha por el poder”, Delgado, “Por el honor y los votos. Prensa, sátira y violencia en las elecciones en Aguascalientes, 1869”, p. 226. Frente a la complejidad del fenómeno de la violencia y conceptualización, Salmerón y Gantús se detienen en los tipos de violencia política, física, discursiva y normativa orientados hacia el poder y control de las instituciones. Gantús y Salmerón, “Introducción”, p. 11.

405 Sobre la participación en procesos electorales federales de Trinidad García de la Cadena, véase a Miguel Ángel Sandoval en este volumen.

406 Flores, El grupo..., p. 58.

407 El Defensor de la Reforma, 16 de junio de 1870.

408 El Defensor de la Reforma, 16 de junio de 1870.

409 El Defensor de la Reforma, 16 de junio de 1870.

410 El Defensor de la Reforma, 16 de junio de 1870.

411 “Discurso del gobernador Gabriel García al pueblo de Zacatecas”, El Defensor de la Reforma, 19 de junio de 1870.

412 “Discurso del gobernador Gabriel García al pueblo de Zacatecas”, El Defensor de la Reforma, 19 de junio de 1870.

413 “Editorial sobre las últimas elecciones”, El Defensor de la Reforma, 14 de agosto de 1870.

414 Salmerón y Gantús, “Introducción”, p. 8.

415 Es en el cargo de jefe político donde la mayoría de las constituciones estatales mantiene la designación por parte del gobierno o de los prefectos, salvo Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua. Para los ministros de la Corte Suprema, la elección directa se presenta en Yucatán, Veracruz, Nuevo León, Durango, Chihuahua y Coahuila. Arroyo, La arquitectura..., pp. 665-677.

416 Arroyo, “Introducción”.

417 Gantús y Salmerón, “Cuando las armas hablan, los impresos luchan, la exclusión agrede... Violencia electoral en México, 1812-1912”.

418 Agradezco los comentarios y sugerencias de mis colegas del proyecto “Organización y movilización del voto en México, siglo xix”, así como la atenta lectura y consejos de Andrés Reyes Rodríguez, profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi gratitud con Claudia Cristel Salaya Custodio por su apoyo en la búsqueda y sistematización de información.

419 Esta ley, aprobada el 3 de mayo de 1861, tuvo como referente inmediato la Constitución estatal promulgada ese mismo año. “Ley Orgánica Electoral de Guanajuato”, en Compilación de leyes electorales de Guanajuato, pp. 97-115.

420 No existen estudios que aborden la elección de 1861. Para los comicios de 1867 véase Preciado, “Agentes de desacreditación: prensa oficial y otros impresos en los comicios para gobernador de Guanajuato en 1867”.

421 Antillón nació en la ciudad de Guanajuato en febrero de 1830. Su trayectoria militar fue amplia, asociada siempre a causas republicanas y liberales. Su filiación juarista lo llevó a emprender acciones en contra del Segundo Imperio. En enero de 1867, encabezó la campaña que permitió recuperar su ciudad natal. Ocupó la gubernatura del estado entre 1867 y 1876. Pese a que la historiografía en torno a él suele destacar únicamente sus acciones de gobierno en un marco de estabilidad política, económica y social, en un trabajo reciente analizo el agitado contexto político en el que se desarrolló el proceso electoral en 1867 a través del cual llegó a la gubernatura. Preciado, “Agentes…”.

422 Oriundo de Celaya, nacido en 1826, Ibáñez estudió Derecho en Guanajuato. Este espacio profesional le permitió incorporarse al mundo de la política, en donde simpatizó con la causa liberal. En 1861 fue diputado del Congreso Constituyente del estado. Al año siguiente fue miembro de la Junta Patriótica de Guanajuato frente a la Intervención Francesa y al finalizar ésta fue magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal. Murió en enero de 1885. Lanuza, Historia del Colegio del Estado de Guanajuato, pp. 138-140, 155, 252, 334 y 400; Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato (en adelante ahug), Fondo Colegio del Estado, caja, 2, exp. 10 y Preciado, Guanajuato. Historia de las instituciones jurídicas, pp. 45 y 50.

423 Ayala nació en Pénjamo en agosto de 1825. Al igual que Ibáñez viajó a la ciudad de Guanajuato para estudiar Derecho. En 1851 fue uno de los “académicos pasantes” que integraron la recién fundada Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia de Guanajuato. Como profesor impartió diferentes cátedras, lo que lo llevó a ser nombrado vicerrector del Colegio de la Purísima Concepción. Ocupó diversos cargos públicos, principalmente en el ayuntamiento de Guanajuato. Lanuza, Historia…, pp. 136-137 y 169.

424 Refiriéndose a este tipo de prensa, Elías Palti señala que en el contexto de las elecciones de 1871 circularon a nivel nacional más de 200 periódicos. Lo atribuye básicamente a dos factores: el clima de conflictividad política del momento, así como a un relativamente alto grado de libertad de expresión. Palti, “Ópera, prensa y política en la República Restaurada (México, 1867-1876): La Sociedad Filarmónica del Pito”, p. 127.

425 Estos periódicos así como su vigencia son: El Obrero del Porvenir (28 de mayo-29 de diciembre), El Calavera (2 de junio-30 de julio), El Imparcial (4 de junio-3 de agosto), La Fraternidad (4 de junio-13 de agosto), Rigoletto (8 de junio-9 de julio), El Amigo del Pueblo (8 de junio-23 de julio), El Escolar (11 de junio-30 de julio), El Centinela (22 de junio-20 de julio), El Voto de Guanajuato (20 de julio -¿?), La Voz de Aldama (16 de junio-¿?), La Educación, El Mensajero, El Jicote, La Voz de Iturbide y La Unión Liberal. Una característica es que —con excepción de La Fraternidad y La Voz de Aldama que eran leoneses, y El Jicote, de San José Iturbide— se publicaron en la capital del estado. Algunos títulos se encuentran referidos en otros periódicos. La República. Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, 8 de junio de 1871 y La Voz de México, 30 de junio de 1871.

426 Si bien estos periódicos se decantaban por la continuidad del gobernador, había diferencias en cuanto a su candidato para presidente de la República. La opinión estaba dividida entre Juárez y Lerdo de Tejada. ¿A qué obedeció esto? ¿Se trataba de una estrategia del propio Antillón para mostrar cierta libertad de opinión y de prensa en el estado? Pese a lo interesante de estas cuestiones, en este estudio no hay espacio para profundizar en ellas.

427 Me baso en información publicada en distintos números de El Obrero del Porvenir, así como a los ataques que El Monitor Republicano —promotor de Juárez— dirigió a Antillón. Esto contradice una reiterada afirmación en la historiografía guanajuatense que sostiene una inalterable alianza entre ambos. Es cierto que llegó a haberla; sus lazos se habían estrechado desde 1867, año en que Antillón ocupó la gubernatura. A partir de entonces se mostró una sólida mancuerna en la que el oaxaqueño tuvo como aliados a la clase política y a la élite económica de Guanajuato. Sin embargo, algo ocurrió entre ellos algunos meses antes de la elección de 1871. Abordar esta cuestión no forma parte de los propósitos de este estudio. La República, 27 de agosto de 1871, p. 1. Para acercarse a la ruptura entre Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada véase Pi-Suñer, “Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada: de la colaboración a la ruptura, 1863-1872”.

428 Al respecto, Fausta Gantús señala que “se recurrió reiteradamente al uso de la prensa para la promoción y sostenimiento de campañas electorales lo mismo en la capital de la República que en los estados del país, en los cuales se reproducía el esquema de uso de la prensa en el contexto de los sufragios”. Gantús, “Prensa y política: debates periodísticos en torno a la elección federal de 1884”, p. 153; la cita en Gantús y Salmerón, “Introducción”, p. 11.

429 O’Gorman, “La cultura de las elecciones en Inglaterra: de la Revolución Gloriosa a la Ballot Act de 1872”.

430 Ibid., p. 223.

431 A esta propuesta dual de concebir a la prensa la denomina “modelo estratégico o proselitista de la opinión pública”. El historiador bonaerense argumenta de la siguiente manera: “si los diarios tuvieron un papel clave en las elecciones, no fue exclusiva ni primariamente por su capacidad en tanto que vehículo para la difusión de ideas, o (solamente) por los argumentos y el efecto persuasivo que producía en sus eventuales lectores, que es el presupuesto implícito en el modelo del ‘tribunal de la opinión’. Más decisivo aún era su capacidad material para generar hechos políticos (sea orquestando campañas, haciendo circular rumores, etcétera), en fin, operar políticamente, intervenir sobre la escena partidaria sirviendo como base para los diversos intentos de articulación (o desarticulación) de redes políticas”. Palti, “Los diarios y el sistema político mexicano en tiempos de la República Restaurada (1867-1876)”, pp. 177-180. Cursivas en el original.

432 Salmerón, “Prensa periódica y organización del voto. El Club Político Morelos. 1892”, p. 165.

433 Para Robert Darnton el análisis del discurso desafía “la noción misma de una idea como una unidad de pensamiento o como un contenedor autónomo de significado”. Darnton, Los Best Sellers prohibidos en Francia antes de la revolución, p. 261.

434 La República. Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, 2 de abril de 1871.

435 La Constitución establecía que el gobernador debía elegirse por la vía directa, permanecería en el cargo por cuatro años y podía ser reelecto pasado un período luego de haber cesado en sus funciones. Sin embargo, a través del decreto número 33, aprobado en junio de 1870, se eliminó el artículo 60 que precisaba esto último.

436 El artículo 27 de la Constitución estatal señalaba que eran ciudadanos del estado aquellos varones que hubieren cumplido 18 años siendo casados o 21 siendo solteros, y que además tuvieran “un modo honesto de vivir”. Preciado, Guanajuato…, p. 139.

437 Según el gobernador, esta medida no contrarrestaba la intención de los legisladores de 1861 de que existiera un estrecho contacto entre la población y el gobierno: “si los jefes de Departamento son simples agentes del Ejecutivo, y los órganos de comunicación con los pueblos que forman aquellas divisiones, el Gobierno conocerá con la misma facilidad las necesidades de éstos, y las podrá remediar convenientemente”. Guzmán, La participación del gobierno de Guanajuato en el Movimiento Decembrista de 1876, p. 117.

438 Ibid., p. 118.

439 “Popularidad”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871. A partir de la búsqueda de diversas obras impresas en la ciudad durante la segunda mitad del siglo xix, he podido conocer el nombre de los dueños de las tres imprentas más importantes: Félix M. Conejo, Ignacio Hernández Zamudio y Albino Chagoyán. Seguramente en alguna[s] de ellas se trabajaron los susodichos cartelones.

440 La nota no abunda en el contenido de estos cartelones; solamente se señaló que fueron retirados y destruidos. “Libertad electoral”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871.

441 Los contenidos completos de estos cartelones los he integrado como “Anexos”.

442 En su número publicado el día de las elecciones, el periódico El Calavera destaca de los cartelones que “muchos y de diversos tamaños y colores han aparecido en los últimos ocho días”. “Cartelones”, El Calavera, 30 de julio de 1871.

443 Darnton, Los Best Sellers…, p. 288.

444 Preciado, Guanajuato en tiempos de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, pp. 119-120.

445 Hilda Sabato ha señalado que si bien las elecciones estaban limitadas “en cuanto al número y al origen social de los participantes… éstas tenían una gran repercusión pública”. “El acto electoral mismo puede pensarse como una puesta en escena, con más espectadores que actores, pero donde unos y otros jugaban sus respectivos roles”. Sabato, “Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880. ¿Sufragio universal sin ciudadanía política?”, pp. 122 y 133-134.

446 “Popularidad”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871.

447 Sabato advierte que los comicios incumbían a mucha más población de la que pudiera pensarse. La historiadora argentina sustenta su planteamiento al dar seguimiento a varios procesos electorales realizados en Buenos Aires durante la década de 1870. Presenta la cita de una nota de un periódico bonaerense en la cual, al referirse a un proceso electoral en 1874 señala que “es una cuestión que a todos, niños y viejos, hombres y mujeres, interesa en alto grado; y a tal punto, que no hay más que decir la gran cuestión, para que todos sepan que se trata de elecciones”. Sabato, “Sobre la ciudadanía política en América Latina en el siglo xix”, p. 460. La cita del periódico en Sabato, “Elecciones…”, pp. 134-135 (cursivas en el original).

448 El contenido señalaba que era “el partido liberal” quien proponía la candidatura de Ayala. Además, se incluían las listas de candidatos locales ―propietarios y suplentes― que también eran propuestos. Entre los propietarios estaba Remigio Ibáñez. Los editores de El Imparcial afirmaban que fue “El Círculo Liberal Progresista” quien propuso a Ayala; mientras que “Los Demócratas” hicieron lo propio con Ibáñez. Más allá de estas menciones, no cuento con más referencias sobre la existencia de este par de círculos políticos. “Cartelones”, El Calavera, 30 de julio de 1871 y “Cartelones”, El Imparcial, 26 de julio de 1871.

449 “Gacetilla”, El Escolar, 30 de julio de 1871.

450 “¡¡pueblo!! no pongas tu porvenir y tu destino en manos del que ha doblado la rodilla ante un intruso aventurero, porque te venderá mañana como vendió a su patria al usurpador extranjero”. Por otra parte, los editores de El Escolar, quienes se asumen “conocedores de la ninguna incumbencia” de Ayala en la política, se atreven a asegurar que él mismo había “recibido con sumo disgusto y cordialmente reprueba” su postulación. “Popularidad”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871, p. 4. “Gacetilla”, El Escolar, 30 de julio de 1871. Mayúsculas en el original.

451 “Popularidad”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871.

452 La lista de personajes que se negaron a jurar la Carta Magna de 1857 en: El Constitucional. Periódico para el pueblo, 27 de junio de 1857. La participación de Ayala en defensa del federalismo en: Programa... El discurso en: Lanuza, Historia…, p. 164.

453 Preciado, Guanajuato…, p. 183.

454 Dicha ley se formalizó el 5 de mayo de 1867. Lanuza, Historia…, pp. 246-247.

455 Ibid., p. 137.

456 Camacho, “¿Bandidos revolucionarios? La criminalización de movimientos inconformes con los resultados electorales. 1867-1876”, p. 82.

457 Idem.

458 Ibid., p. 91.

459 Francisco Javier Delgado analiza diversas estrategias de los contendientes electorales en Aguascalientes. Se trata de “una ventana útil para entender la cultura política subyacente a las prácticas electorales de la segunda mitad del siglo xix”. Entre ellas aborda el “despliegue de una retórica satírica que atacaba el honor, la vida privada y la reputación política”. A diferencia de diversos casos documentados directamente en la prensa y en textos historiográficos, en el contenido de los carteles que analizo no se recurre, en general, a lenguajes satíricos. Delgado, “Por el honor y los votos. Prensa, sátira y violencia en las elecciones en Aguascalientes, 1869”, pp. 248-249.

460 Preciado, “Agentes…”.

461 Ibid., p. 218.

462 Autores como Edwin Alcántara y Regina Tapia han señalado que hacia mediados del siglo xix no se practicaba que el propio candidato se promoviera en primera persona. Alcántara, “Alianzas, banquetes y otras estrategias de movilización del voto: la elección presidencial de 1850 en la ciudad de México”, capítulo en este libro y Tapia, “Competencia electoral, honor y prensa. México en 1857”.

463 “Popularidad”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871.

464 Se llega a hablar incluso de cualidades como “simpático y siempre entendido”. “Popularidad”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871.

465 Idem.

466 Idem.

467 Idem.

468 Darnton, Los Best Sellers…, p. 277.

469 Un par de días antes de esta calificación encontramos a Ibáñez fungiendo como “presidente” de los festejos por la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia. Ibáñez murió en enero de 1885; en aquel momento ocupaba de nueva cuenta el cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato. ahug, Fondo “Ayuntamiento”, Colección “Bandos y Avisos”, caja, 95 y Lanuza, Historia…, p. 334.

470 Según la “Lista de los Ciudadanos que han obtenido votos para Gobernador Constitucional del Estado”, a lo largo del territorio estatal se votó por 351 personas distintas. De ellas, alrededor de 150 ciudadanos recibieron únicamente un voto. A principios de 1877, una vez que Antillón se vio precisado a dejar el país debido a su apoyo a José María Iglesias, se convocaron en el estado elecciones para gobernador. En tales comicios, ganados por el general Francisco Z. Mena, tanto Ibáñez como Ayala volvieron a ser postulados como candidatos. Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato (ahceg). Sección “4º Congreso”, Serie “Primer Período”, caja, 4-1, exp. 1, fs. 24-34 y 35; Lanuza, Historia…, p. 307.

471 Preciado, “Agentes…”, pp. 219-220.

472 O’Gorman, “Cultura…”, p. 219.

473 Ibid., pp. 223-224.

474 Ternavasio, “La visibilidad del consenso. Representaciones en torno al sufragio en la primera mitad del siglo xix”, pp. 70-71.

475 En este sentido, Beatriz Bragoni analiza algunas dinámicas de las autoridades en torno a los comicios en Mendoza, Argentina, durante la segunda mitad del siglo xix. Bragoni, “Los avatares de la representación. Sufragio, política y elecciones en Mendoza, 1854-1881”.

476 “Popularidad”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871.

477 Idem.

478 Idem.

479 Idem. También se publicó en “Gacetilla”, El Escolar, 30 de julio de 1871.

480 “Popularidad”, El Obrero del Porvenir, 30 de julio de 1871.

481 Idem.

482 Idem.

483 Idem.

484 Idem.

485 Ibid., pp. 4-5.

486 “Cartelones”, El Imparcial, 26 de julio de 1871, p. 4.

487 Los comicios presidenciales de 1880 se llevaron a cabo de acuerdo con los dictados de la Constitución de 1857 y de la Ley Electoral del 12 de febrero del mismo año, junto con las reformas que le fueron agregadas posteriormente. Este marco legislativo definía un sistema de votación indirecta en primer grado. Es decir, que la ciudadanía votaba, no por sus gobernantes, sino que nombraba a un reducido número de electores que, en su representación, se encargarían de elegir a los titulares de los cargos de elección popular. Por lo tanto, el voto ejercido en un primer momento por los ciudadanos estaba separado de los resultados electorales por un estrato más de votantes, que sufragaban en un segundo momento electoral.

En las elecciones de todos los niveles podían votar los ciudadanos, es decir, los hombres mayores de 21 años, o de 18 si eran casados, siempre y cuando tuvieran un “modo honesto de vivir”. En este sentido, no tenían derecho a votar o ser votados quienes hubieran perdido su calidad de ciudadanos por haberse naturalizado en otro país, por servir en gobierno de nación extranjera, o por haber recibido de ella títulos o condecoraciones sin previa licencia del Congreso federal. La misma suerte corría para quienes al momento de la elección contaran con una pena infamante o sentencia judicial por quiebra fraudulenta calificada, así como por ser considerados vagos, mal entretenidos, tahúres de profesión o ebrios consuetudinarios. Por otra parte, para organizar los comicios, los gobernadores de los estados, del Distrito Federal y los jefes políticos de los territorios, debían dividir el territorio de su jurisdicción en distritos electorales de 40 000 habitantes o fracción de más de 20 000. Posteriormente, los distritos eran subdivididos por los ayuntamientos en secciones de 500 habitantes o fracción de más de 251; cada sección tendría derecho a elegir un elector. Los electores, que eran designados por el voto ciudadano en la primera fase de la elección, debían reunirse en juntas electorales de distrito y votar, entonces sí, por los distintos cargos de representación nacional. Ley Electoral de 12 de febrero de 1857 en Dublán y Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, t. viii, pp. 409-418.

488 En el plan de Tuxtepec, lanzado por Porfirio Díaz en 1876, se desconocía a Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la república, así como a los funcionarios y empleados nombrados por él, y a los gobernadores elegidos durante la jornada electoral de 1876, con excepción de aquéllos que se adhirieran al plan. También se rechazaba al senado por considerarlo “obra de Lerdo de Tejada y sus favoritos, para neutralizar la acción legislativa”; se propugnaba el principio de no reelección y una mayor independencia política de los municipios. “Plan de Tuxtepec”, 10 de enero de 1876, en 500 años de México en sus documentos, en línea.

489 Los iglesistas eran partidarios de José María Iglesias, un importante jurista mexicano que se desempeñó como candidato presidencial en la elección de 1876, en la que ganó Sebastián Lerdo de Tejada.

490 Para una excelente síntesis de los problemas que Porfirio Díaz tuvo que enfrentar durante su primer mandato, véase Cosío Villegas, Historia Moderna de México, t. ix, 1988. Los levantamientos que Díaz enfrentó durante su primera presidencia se analizan con mayor profundidad en Gantús, “La inconformidad subversiva: entre el pronunciamiento y el bandidaje. Un acercamiento a los movimientos rebeldes durante el tuxtepecanismo, 1876-1888”, pp. 42-55.

491 Perry, Juárez y Díaz: continuidad y ruptura en la política mexicana, p. 40. En el Antiguo Régimen, los partidos en su sentido político se definían como divisiones circunscritas al mundo cortesano y burocrático, o bien, a los seguidores de un líder. Posteriormente, durante los gobiernos representativos, el término “partido” se asoció con divisiones parlamentarias. De hecho, durante la primera mitad del siglo xix, los partidos tuvieron una connotación muy negativa: hacían referencia a los faccionalismos de la clase política, tanto los que tenían lugar en la escena parlamentaria como fuera de ella, y que eran considerados contrarios al interés nacional. A partir de la segunda mitad del siglo xix, la percepción en torno a los partidos se tornó más positiva. Los partidos comenzaron a ser vistos como una realidad inevitable e, incluso, necesaria para el correcto funcionamiento de la política. Para una exposición sobre los usos de “partido” y su trayectoria en Hispanoamérica, véase Aljovín de Losada y Loayza, “Entre la unidad y la pluralidad. Partido y facción en Iberoamérica, 1770-1870”, pp. 15- 40. Para darse una idea de las actitudes en torno a los partidos políticos durante el siglo xix en México, véase Ávila y Salmerón, Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo xix.

492 Cosío Villegas, Historia Moderna de México, t. ix, pp. 257 y 289.

493 Ibid., p. 308.

494 Las redes de apoyo electoral que Manuel González logró establecer durante su campaña presidencial son abordadas en Ponce, La elección presidencial de Manuel González, 1878-1880 (Preludio de un presidencialismo), pp. 97-149; Ponce, “La carrera presidencial de 1880. Preludio del presidencialismo”, pp. 117-148 y Villegas, “Un acuerdo entre caciques: la elección presidencial de Manuel González (1880)”, pp. 115-148.

495 Diario de los Debates, 1880, vol. 1, pp. 236-241.

496 Las elecciones que siguieron a la revolución de Ayutla constituyeron la primera experiencia electoral con clubes políticos. Covo, “Los clubes políticos en la Revolución de Ayutla”, pp. 438-455.

497 Las ligas que se establecían entre las redacciones de los periódicos y los clubes políticos o viceversa, son analizadas con agudeza por Alicia Salmerón para el caso de una elección presidencial a finales del siglo xix en México. Salmerón, “Prensa periódica”, 2014, pp. 159-190.

498 El Sufragio Libre, 6 de diciembre de 1879, p. 1.

499 El Mensajero, “Convocatoria para la organización permanente del Partido Liberal Mexicano”, 8 de junio de 1880, p. l.

500 La primera convención nacional del partido liberal tuvo lugar hasta 1892, en el contexto de la tercera reelección de Porfirio Díaz. “Manifiesto de la Primera Convención Nacional Liberal en apoyo a la reelección del presidente Díaz”, 23 de abril de 1892, en 500 años de México en sus documentos, en línea.

501 Forment, Democracy in Latin..., vol. 1, p. 332.

502 Ibid., p. 330-332. Forment asegura que entre esos años se fundaron 309 clubes políticos.

503 En trabajos anteriores propusimos la hipótesis que las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos de los distritos electorales de la ciudad de México habían sido elementos fundamentales para explicar la composición de las juntas distritales y, por lo tanto, los resultados electorales. En ese momento creíamos que la inclinación de los ciudadanos hacia ciertos electores encontraría su explicación en el perfil de los mismos ciudadanos. Sin embargo, después de realizar una radiografía social de los habitantes del primer y tercer distrito electoral ―en el primero, la junta distrital se había inclinado por Benítez y en el otro, por Manuel González―, no encontramos evidencia suficiente que sostuviera la hipótesis mencionada; las diferencias socioeconómicas de los habitantes de esos distritos fueron mínimas. Lo anterior nos convenció de la exigencia de considerar otras variables para explicar el sentido del voto en esa coyuntura. Nos interesamos entonces por las formas en las que se pudo haber movilizado el voto ciudadano, ya que éste no necesariamente estaba definido de antemano por el sector social al que pertenecía la población en edad de votar. Sandoval García, “La contienda presidencial de 1880 vista desde la ciudad de México. Un análisis municipal del nivel primario de las elecciones”, t. ii, pp. 114-151.

504 Los programas políticos de los tres clubes a estudiar están publicados en El Combate, “Programa político de los clubs asociados, “Sufragio Libre y Constitución”, “Central Independiente” y sucursales establecidas en la capital de la República”, 11 de diciembre de 1879, p. 1; “Nuestra publicación”, El Sufragio Libre, 15 de diciembre de 1879, p. 1; “Nuestro programa”, El Mensajero, 20 de abril de 1880, p. 1. Es importante mencionar que también se podían dar casos en que los candidatos a la presidencia de la República renunciaban a su candidatura por no querer comprometerse con un programa, tal como hizo Miguel Lerdo de Tejada en la elección presidencial de 1857. Véase Tapia, “Competencia electoral honor y prensa. México en 1857”, pp. 55-78.

505 “Nuestra publicación”, El Sufragio Libre, 15 de noviembre de 1879, p. 1. Las cursivas son mías.

506 “El comercio interior”, El Sufragio Libre, 25 de noviembre de 1879, p. 1. Aunque el derecho de portazgo o “de puerta” se ideó para sustituir a las alcabalas en la ciudad de México, en realidad siguió cumpliendo la misma función, pues con base en ese derecho se cobraba un impuesto por la introducción de mercancías a la capital. Por ese motivo, el derecho de portazgo es considerado por algunos autores como una “alcabala disfrazada” Quintanar Zárate, “Derechos de patente sobre giros mercantiles ¿una alternativa fiscal? (1836-1896)”, p. 16 [en línea].

507 “Nuestra publicación”, El Libre Sufragio, 15 de noviembre de 1879, p. 1.

508 “Programa político de los clubs asociados, “Sufragio Libre y Constitución”, “Central Independiente” y sucursales establecidas en la capital de la República”, El Combate, 11 de diciembre de 1879. p. 1.

509 El Combate, 11 de diciembre de 1879, p. 1.

510 El Combate, 11 de diciembre de 1879, p. 1.

511 El Combate, 11 de diciembre de 1879, p. 1.

512 En la segunda mitad del siglo xix, la Guardia Nacional fue la sucesora de la milicia cívica, y se diferenciaba del ejército en cuanto a que estaba constituida principalmente por civiles; también porque era una fuerza temporal y no permanente, cuya esfera de influencia era de tipo local más que nacional. Solano González, “La Guardia Nacional”, p. 211; Hernández Chávez, ““Origen y ocaso del ejército porfiriano”, p. 272.

513 “Nuestro programa”, El Mensajero, 13 de abril de 1880, p. 1.

514 “Nuestro programa”, El Mensajero, 13 de abril de 1880, p. 1.

515 La falta de propuestas concretas del plc llamó la atención de la prensa opositora. El periódico La Libertad, desde la óptica un grupo de periodistas que buscaban interpretar el momento desde ideas positivistas, tachó el programa benitista de ser “nihilista”. “Evolución o revolución (a propósito del nihilismo)”, La Libertad, 15 de abril de 1880, p. 2.

516 Vázquez, La formación de una cultura política republicana. El debate público sobre la masonería. México, 1821-1830.

517 “El suceso del sábado”, La Patria, 11 de noviembre de 1879, p. 1.

518 “La inauguración del Club Sufragio Libre y Constitución. El militarismo”, El Combate, 13 de noviembre de 1879, p. 1.

519 “El suceso del sábado”, La Patria, 11 de noviembre de 1879, p. 1.

520 “El suceso del sábado”, La Patria, 11 de noviembre de 1879, p. 1.

521 El ejemplar de La Patria del 17 del mismo mes, en la que supuestamente atribuye la separación de González de la Secretaría de Guerra a cuestiones relacionadas con la primera sesión del Club Sufragio Libre y Constitución, está desaparecido. Sin embargo, conocemos una parte de lo que se publicó gracias a las reproducciones que se hicieron en El Libre Sufragio, 18 de noviembre de 1879, p. 1 y 20 de noviembre de 1879, p. 1.

522 El Libre Sufragio, 18 de noviembre de 1879, p. 1.

523 “Club Sufragio Libre y Constitución. Asociación General. Profesión de principios”, El Combate, 11 de diciembre de 1879, p. 1. El programa se aprobó el 5 de diciembre, tal como aparece en la carta que enviaron a Trinidad García de la Cadena. “Nuestra candidatura”, La Patria, 5 de febrero de 1880, p. 1.

524 “Gran manifestación”, La Patria, 16 de diciembre de 1879, p. 1.

525 “Gran manifestación”, La Patria, 16 de diciembre de 1879, p. 1.

526 “Gran manifestación”, La Patria, 16 de diciembre de 1879, p. 1.

527 “Gran manifestación”, La Patria, 16 de diciembre de 1879, p. 1.

528 La Patria, 27 de abril de 1880, p. 2.

529 Gutiérrez, El mundo del trabajo, 2011, p. 36.

530 El Libre Sufragio, 19 de diciembre de 1879, p. 1.

531 El Libre Sufragio, 19 de diciembre de 1879, p. 1.

532 “Reglamento del Círculo Popular Militar”, El Libre Sufragio, 10 de diciembre de 1879, p. 2. El mencionado reglamento continúa en El Libre Sufragio, 14 de diciembre de 1879, p. 2; 30 de diciembre de 1879, pp. 2 y 17 de marzo de 1880, pp. 1-2.

533 “Círculo Popular Militar”, El Libre Sufragio,16 de mayo de 1880, p. 2. Para el momento de proclamarse por la candidatura de Manuel González, la mesa directiva del Círculo estaba conformada por Pedro Hinojosa (presidente), R. Flores (vicepresidente), G. N. Chávez (primer secretario), Luis G. Quaglia (segundo secretario), y Juan N. Ornoz (primer prosecretario).

534 Las actas de instalación de ambos clubes están reproducidas en El Libre Sufragio, 25 de mayo de 1880, p. 1 y 8 de junio de 1880, p. 2.

535 “Protesta”, El Libre Sufragio, 1 de julio de 1880, p. 1.

536 El Libre Sufragio, “Protesta”, 4 de julio de 1880, p. 2.

537 Los empadronadores y casilleros eran figuras designadas por los ayuntamientos para empadronar a los ciudadanos de cada sección electoral, y para instalar las casillas de votación en los lugares asignados por las autoridades municipales.

538 La Libertad, 27 de junio de 1880, p. 1; El Monitor Republicano, 29 de junio de 1880, p. 1.

539 Agradezco a la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la uanl el haberme abierto la puerta a sus valiosos fondos hemerográficos y agradezco de manera muy especial el invaluable apoyo de Ana Ceballos para acceder a ellos. Asimismo, extiendo mi agradecimiento a Mauricio Sedano, David Cabral, Ana Rojas y Rodrigo Carbajal cuyo apoyo fue muy importante para localizar y transcribir material que ha sido fundamental para esta investigación.

540 Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 23 de enero de 1892, Colección Porfirio Díaz (en adelante cpd), l. 17, carpeta 3, doc. 1138.

541 Carlos A. Forment identifica un primer momento de formación de clubes electorales en México en la década de 1820, pero que no se consolidaron como práctica política en aquel momento. Estudia luego su resurgimiento con la revolución de Ayutla y, desde entonces, y sobre todo a partir de la década de 1880, ya como práctica política generalizada en México. En un trabajo pionero sobre el tema, Jacqueline Covo había identificado también la década de 1850 como el momento del surgir de los clubes electorales como práctica política significativa en México. Forment, Democracy in Latin America. 1760—1900. Civic Selfhood and Public Life in Mexico and Peru, caps. 7 y 13. Covo, “Los clubes políticos en la Revolución de Ayutla”. Para un estudio de caso a fondo acerca del funcionamiento de clubes políticos para fines del siglo xix, véase Salmerón, “Prensa periódica y organización del voto. El Club Político Morelos. 1892”.

542 El Gran Círculo Unión y Progreso se desmoronó frente a la revolución. En 1911, por ejemplo, hay registro de un acta del Club Liberal Independiente de Aramberri en la que dice disolverse porque se le acusa de reyista y “eso sólo divide al pueblo”. Acta de disolución firmada por Antonio Rosas y Esteban Peña, 24 de diciembre de 1911, Archivo General del Estado de Nuevo León (en adelante agenl), Asociaciones, caja, 1, 1904-1911.

543 El interés por el estudio del asociacionismo político en el siglo xix mexicano —me refiero, en particular, al de los clubes, redes de clubes y partidos políticos de carácter moderno— es reciente. Contamos, desde luego, con los trabajos de Forment, Covo y Salmerón referidos en la nota número 3, pero poco más. El presente volumen ha hecho suyo el reto de avanzar en esa dirección. Estudios como los de Hilda Sabato, Marcela Ternavasio, Paula Alonso, Pilar González Bernaldo de Quiroz, para Argentina, o de Gilberto Loaiza para Colombia, constituyen nortes importantes para dar continuidad a nuestros proyectos sobre la experiencia asociativa mexicana. Véase nota 12 de la “Introducción” del presente volumen.

544 El Pueblo, 25 de abril de 1890.

545 Quintero, “El movimiento antirreeleccionista estudiantil y obrero de 1892”, pp. 26-27.

546 Véase Salmerón, “La campaña presidencial de 1892. Una apuesta por la definición de mecanismos para un relevo generacional”.

547 Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 23 de enero de 1892, cdp, l. 17, carpeta 3, doc. 1138.

548 La población total de Nuevo León en 1892 era de 288 574 habitantes. Reyes, Mensaje que el C. Gobernador Constitucional [de Nuevo León] Gral. Don Bernardo Reyes dirige al Congreso del mismo.

549 La densidad demográfica en Coahuila, Chihuahua y Durango era de 1.42, 1.2 y 2.69 respectivamente, mientras que la de Nuevo León era de 4.76 (estas cifras corresponden al año de 1895). Pero la mayor parte de la población del país se concentraba entonces en estados como Jalisco, con 1 274 528 habitantes; Guanajuato con 999 487; el Estado de México con 766 526; Michoacán con 830 923; Puebla con 866 627; Oaxaca con 806 879 y Veracruz con 720 331 (cifras para el año de 1893). Estadísticas sociales del porfiriato. 1877-1910, pp. 7-9, 68.

550 De acuerdo con la ley electoral vigente para comicios nacionales, por cada 500 habitantes se conformaba una sección y por cada sección se nombraba a un elector. Si quedaba una fracción que no llegara a 500 y no bajara de 250, podía agregarse esa población a la sección más cercana y nombrar un elector más. Ley Orgánica Electoral [federal] de 12 de febrero de 1857, art. 2. El cálculo de electores propuesto aquí para Nuevo León y otros estados es sólo una aproximación, porque esa fracción entre 250 y 500 habitantes podría representar una variación importante en el número de electores. Por otra parte, los electores reales eran muchas veces menos que los potenciales. Por ejemplo, en las elecciones presidencial de 1888 y 1896, en Nuevo León, votaron apenas cerca de 400 electores, no los 600 o más que en un escenario ideal hubieran podido hacerlo, mientras que para esos años en Puebla votaron efectivamente alrededor de 1 500 electores. Castellanos, Formas de gobierno y sistemas electorales en México. Estadística electoral, pp. 186-187.

551 De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Nuevo León, Reyes no podía detentar a la par el cargo de gobernador del estado y jefe de la zona militar, pero alternaba entre uno y otro. Y cuando era gobernador, delegaba el mando de la zona militar en personal de su confianza. En la práctica quedaba a la cabeza de ambos mandos.

552 El encabezado por Catarino Garza era un movimiento antiporfirista pronunciado en contra de un régimen que consideraba despótico. Garza había lanzado su plan revolucionario en septiembre de 1891 y resistido unos meses la persecución tanto de las fuerzas federales mexicanas como de los rangers texanos. Para mediados de 1892, Garza había debido abandonar el país so riesgo de caer en manos de sus perseguidores. Los últimos líderes del movimiento rebelde cayeron presos en enero de 1893, pero Catarino Garza había quedado fuera de las acciones armadas desde medio años antes. Arango, “Catarino Garza”, pp. 251-282.

553 Para una interpretación sobre la compleja y a la vez firme relación construida entre la federación y los estados durante el primer porfiriato, que hizo posible precisamente esta convivencia entre autonomía regional y lealtad al centro, véase Carmagnani, “Federación y estados: espacios políticos y relaciones de poder en México (siglo xix)”, pp. 147-170.

554 Efectivamente, el país vivía una situación de importantes tensiones políticas e inconformidad social, enmarcada en una crisis económica provocada por la depreciación de la plata y extendidas sequías. Además de la de Catarino Garza ―la de mayor proyección, sin duda―, la historiografía registra entre 1891 y 1893 un buen número de rebeliones locales en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas Veracruz, Guerrero y Estado de México. Véanse Katz, Porfirio Díaz frente al descontento popular regional (1891-1893); Salmerón, “La campaña presidencial…”, pp. 149-180.

555 Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 12 de abril de 1892, cpd, l. 17, carpeta 2, doc. 625-627.

556 José María Garza Galán a Bernardo Reyes Monterrey, 22 de enero de 1892, cpd, leg. 17, carpeta 2, doc. 625-627.

557 Por ejemplo, Porfirio Díaz a Jesús Guillen, del poblado de Xicoténcatl, 12 de enero de 1892. cpd, leg. xvii, f. 643.

558 Las actas correspondían a reuniones celebradas entre el 19 y el 22 de enero de 1892, en diversas ciudades del estado. La Voz de Nuevo León, 30 de enero de 1892.

559 Además de la postulación de la candidatura de Garza Ayala para gobernador en 1887 y de Reyes para gobernador del estado en 1888, los clubes habían postulado candidatos a diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, fiscal y jueces de letras, así como a cargos municipales desde años atrás. Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 16 de enero de 1892, cpd, leg. 17, carpeta 3, doc. 1144; La Voz de Nuevo León, 2 de enero de 1892.

560 Bernardo Reyes a Rosendo Pineda, Monterrey, 27 de febrero de 1892, cpd, leg. 17, carpeta 10, doc. 4536.

561 Sobre el proyecto unionista de 1892, tras el cual estaba el ideólogo Justo Sierra, véase Salmerón, “De partidos personalistas y de principios; de equilibrios y contrapesos. La idea de partido en Justo Sierra y Francisco Bulnes”, pp. 140-167.

562 En este sentido, Reyes decía a Garza Galán, gobernador de Coahuila, de filiación unionista y con quien se negó a sumar fuerzas en la campaña por la reelección de Díaz: “al fin y al cabo el resultado es el mismo”. Bernardo Reyes a José María Garza Galán, Monterrey 23 de enero de 1892, cpd, leg. 17, carpeta 2, doc. 624.

563 Rosendo Pineda a Bernardo Reyes, 26 de febrero de 1892, Archivo del General Bernardo Reyes. Centro de Estudios de Historia de México CARSO (en adelante agbr), fondo dli, leg. 6095, carpeta 31, doc. 1.

564 Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 12 de abril de 1892, cpd, leg. 17, carpeta, 13, doc. 6261-6262.

565 Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 12 de abril de 1892, cpd, leg. 17, carpeta, 13, doc. 6261-6262.

566 Un telegrama cifrado de Rafael Chousal, secretario particular del presidente Díaz, a Reyes decía: “Los estados de Nuevo León e Hidalgo aún no designan sus delegados a la Convención. Le aconseja su adhesión a la Unión Liberal”. Rafael Chousal a Bernardo Reyes, 22 de marzo de 1892, agbr, fondo dli, caja, 16, leg. 3103, doc. 1, f. 1.

567 Porfirio Díaz a Bernardo Reyes, México, 19 de abril de 1892, cpd, leg. 17, carpeta 13, doc. 6263.

568 La Convención Nacional del Partido Liberal, como se llamó, se instaló el 5 de abril de 1892, con delegados nombrados por convenciones locales de casi todos los estados del país. La gran excepción fue Nuevo León, quien no envió delegados. Y aunque la prensa dio noticia de la presencia en la ciudad de México de delegados de Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas llegados a la ciudad de México para asistir a la Convención Nacional, al final sus nombres no aparecieron como firmantes del Manifiesto a la Nación aprobado en dicha asamblea. De acuerdo con la prensa periódica, las credenciales de varias delegaciones fueron rechazadas. Convendrá investigar las razones. El Partido Liberal, 5 y 20 de abril de 1892; El Siglo Diecinueve, 26 de abril de 1892.

569 Tomaba entonces forma un movimiento antirreeleccionista en la ciudad de México, con ecos en algunos estados del país, pero sin candidato alternativo. El movimiento tuvo una importancia simbólica importante, pero frente al movimiento en favor de la candidatura de Porfirio Díaz en todo el país su fuerza efectiva era muy menor. El triunfo de la candidatura de Díaz no estaba en disputa.

570 Véase Salmerón, “Prensa periódica…”, pp. 159-190.

571 El Pueblo, 25 de abril de 1890.

572 Efectivamente, en 1886, dos integrantes de la Junta Central de Monterrey fueron electos diputados federales: Pedro J. Morales y Carlos F. Ayala. El Pueblo, 29 de julio de 1886.

573 Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 12 de abril de 1892, cpd, leg. 17, carpeta 13, documento, 6261-6262. Finalmente, Reyes viajaría a la ciudad de México en mayo de ese año de 1892, pasada la convención y con las elecciones en puerta. “Noticias”, La Patria, 18 de mayo de 1892, p. 3.

574 Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 12 de abril de 1892, cpd, leg. 17, carpeta 13, doc. 6261-6262.

575 Más allá del Partido Liberal creado en 1901 por iniciativa de los clubes liberales reunidos en San Luis Potosí, el cual nunca se propuso la lucha electoral ni la toma del poder, más adelante, en 1909, se constituyeron partidos de proyección nacional como el Democrático y el Antirreeleccionista que retomaban esta tradición de redes de clubes-electorales como la base de su organización partidista, si bien le daban una nueva dimensión a partir de una vida interna más democrática. Arroyo y Salmerón, “The 1910 Presidential Election: The Emergence of a New Democratic Political Culture” (en prensa).

576 El Pueblo, 17 febrero 1887. En esas mismas fechas, un artículo de La Opinión Pública de Saltillo, reproducido por El Pueblo, presentaba también a Garza Ayala como el constructor y “núcleo” de ese “partido pudiente y fuerte” que era el Club Independiente. El Pueblo, 6 marzo 1887.

577 Así lo reconoció también el propio Bernardo Reyes desde su arribo a Nuevo León: Garza Ayala había sido el fundador y dirigente del Club. Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 24 de diciembre de 1885, agbr, F: dli, carpeta 3, leg. 580, doc. 1; Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 15 de enero de 1886, agbr, F: dli, carpeta 3, leg. 593, doc. 1; Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 29 de octubre de 1886, agbr, F: dli, carpeta 5, leg. 954, doc. 1.

578 Francisco Naranjo y Gerónimo Treviño habían sido gobernadores del estado de Nuevo León tras el triunfo sobre el Segundo Imperio, se habían sumado a las rebeliones de la Noria y de Tuxtepec en contra del gobierno central y habían colaborado, ambos, con el presidente Manuel González como Secretarios de Guerra y Marina. Eran fuertes figuras regionales con intereses políticos y económicos muy importantes en la región ―si bien para entonces ya ninguno de los dos tenía mando militar―, a quienes el gobierno del presidente Porfirio Díaz buscaba contener. Genaro Garza García había sido aliado de Treviño y Naranjo desde la época de las rebeliones de La Noria y Tuxtepec. Era enemigo político, desde entonces, de Lázaro Garza Ayala, quien en aquellos años había tomado el partido juarista, primero, y lerdista después. En 1885, el apoyo de Treviño y Naranjo en favor de Garza García tomó forma en el Círculo Democrático. Ordóñez, Licenciado y general don Lázaro Garza Ayala, pp. 146-153; La Defensa del Pueblo, 18 junio 1885.

579 Los líderes detenidos en Monterrey que permanecieron presos más tiempo —cerca de un año— fueron Teodoro Roel y Eutemio García, redactor y editor de El Pueblo respectivamente. En Lampazos se reprimió una movilización popular y corrió la sangre. El Pueblo, junio-noviembre de 1885, 13 y 17 de junio de 1886, 13 de marzo de 1887; La Voz de Nuevo León, 22 de diciembre de 1888.

580 Genaro Garza García, abogado y militar neoleonés, había cubierto varios interinatos breves entre 1871 y 1879, y gobernado el estado de 1881 a 1883; también había sido comandante militar de Nuevo León al triunfo del Plan de Tuxtepec, en 1876. Era reconocido como político por su labor codificadora y su impulso a las comunicaciones y la industria en el estado; también por su “localismo”. Viviano L. Villarreal había sido mancuerna de Garza García por unos años y, como tal, había ocupado la gubernatura del estado en 1879-1881 —prohibida la reelección, se alternaron al frente del gobierno estatal—, pero se habían distanciado y, en 1883, Garza García había buscado otro aliado para sucederlo. En ese contexto, Villarreal, que era un político y jurisconsulto reconocido y parte de la oligarquía regional —hijo de poderosos hacendado neoleonés y yerno de Evaristo Madero, rico hacendado del estado vecino— se acercó a Garza Ayala. Por su parte, Lázaro Garza Ayala había sido gobernador interino en 1869-1870 y en 1872. Sobre el “localismo” de Genaro Garza García y su relación con Villarreal, véase Cosío Villegas, Historia moderna. El Porfiriato. La vida política interior. Parte segunda, pp. 110-111.

581 Lázaro Garza Ayala era originario de San Pedro, Nuevo León, nacido en 1830. Abogado de profesión, se había hecho general en los campos de batalla: había tomado parte en la defensa de Monterrey en contra de la invasión estadounidense, secundando la revolución de Ayutla y peleando en contra el ejército francés en la década de 1860. Al triunfo de la República había sido electo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y volvería a ocupar el cargo más adelante, en 1889; asimismo, tras su paso provisional por el gobierno del estado en 1869 y 1872, sería finalmente electo gobernador constitucional de Nuevo León en el periodo 1887-1889.

582 En respuesta de El Pueblo a La Constitución, que lo acusaba de estar ligado a Manuel Romero Rubio a través de Narciso Dávila, Magistrado de Circuito, los garzayalistas negaban tal alianza. Sin embargo, una vez que el Club Independiente comenzó a cobrar fuerza, el propio El Pueblo dedicó espacio central en varios números a una halagadora semblanza de Romero Rubio. El Pueblo, 13 de agosto de 1885; 19 de agosto-5 de septiembre de 1886.

583 El club político que organizó la campaña en favor de Genaro Garza García en la elección para gobernador de 1885 fue el Círculo Democrático, que había funcionado en el estado desde años atrás; el principal periódico genarista era entonces La Constitución. El Pueblo, 9, 13 y 16 de julio de 1885; 3 de septiembre de 1885.

584 Ambos clubes fueron creados en mayo de 1885. El impulsor y vocero del Club Republicano era el semanario El Pueblo (semanario fundado también a fines de mayo de 1885); el periódico asociado al Directorio Político Central de Nuevo León se titulaba Cinco de Mayo. El Pueblo, 23 de mayo de 1885; 13 de septiembre de 1885; 2 de noviembre de 1885; 13 marzo 1887. El título del primer club, pero sobre todo el del periódico del Directorio Político Central, parecían rendir homenaje al general Lázaro Garza Ayala, quien había sido el secretario del general republicano Ignacio Zaragoza durante la defensa de Puebla y la célebre batalla del 5 de mayo de 1862.

585 El Pueblo, 13 de septiembre de 1885; 2 de noviembre de 1885; 13 marzo de 1887. El que un periódico de corte político impulsara la creación de un club a fin de poder participar de manera más directa en la movilización de los votantes no parece haber sido del todo excepcional. Contamos con otro caso bien documentado para unos años más tarde, en la ciudad de México: el Club Morelos, en 1892. Véase Salmerón, “Prensa periódica…”, pp. 159-190.

586 El Pueblo, 2 de noviembre de 1885.

587 El general Reyes mismo decía años más tarde que había sido enviado por Porfirio Díaz a la región para contener el poder de Francisco Naranjo y Gerónimo Treviño. Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 12 de abril de 1892. cpd, leg. 17, carpeta 13, doc. 6261-6262.

588 De acuerdo con Marcello Carmagnani, el comandante de zona militar durante el porfiriato es el “único verdadero representante del gobierno federal” en los estados y, en tanto brazo armado del Ejecutivo nacional, funciona como árbitro en los conflictos locales. Carmagnani, “Federación y estados…”, p. 160. Un ejemplo de cómo actuaban los jefes de zona militar en este sentido se puede ver, para el caso de Yucatán, en Pérez Domínguez, “El general Luis E. Torres, agente electoral en el relevo gubernamental de Yucatán en 1893”.

589 El Pueblo, 17 y 24 de diciembre de 1885.

590 La declaración de desaparición de poderes fue hecha por el Senado, en la ciudad de México, el 10 de diciembre de 1885. Argumentó que reunir dos poderes en una sola persona era violatorio de la Constitución federal: el Congreso local había depositado en el gobernador sus funciones y, al sancionar el decreto del Congreso estatal, éste se había arrogado a sí mismo “facultades omnímodas de un poder que no le pertenece” destruyendo “el sistema representativo y popular” del estado. El gobernador constitucional —tanto como el interino—, los dos senadores por Nuevo León y varios magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León protestaron en contra. La decisión permaneció. El Pueblo, 17, 24 y 27 de diciembre de 1885; Cosío Villegas, Historia moderna…, pp. 116-117. Sobre las posibilidades y peso de la intervención federal en los estados en el México de aquellos años véase Arroyo, “El péndulo: consenso y coacción a través de la intervención federal en México, Brasil y Argentina”; Luna, “Entre la convención y el consenso: el presidente, el Congreso de la Unión y la intervención federal en los estados (1867-1917)”.

591 Romero Rubio recomendó al general Reyes mesura al inicio de su gobierno provisional y le sugirió acercarse a los hombres del partido vencido, es decir, al Club Independiente encabezado por Garza Ayala. Reyes caminó en esa dirección. Romero Rubio a Bernardo Reyes, ciudad de México, 11 de diciembre de 1885, agbr, F: dli, carpeta, 3, leg. 538, doc. 1, f. 1; Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 24 de diciembre de 1885, agbr, F: dli, carpeta 3, leg. 580, doc. 1; Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 15 de enero de 1886, agbr, F: dli, carpeta 3, leg. 593, doc. 1; Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 6 de mayo de 1887, agbr, F: dli, carpeta, 6, leg. 1176, doc. 1.

592 El Pueblo, 14 abril 1887. Desde finales de 1886, El Pueblo publicaba ya algunas notas que mostraban su impaciencia por un cambio de gobierno, por autoridades electas que hicieran realidad, decía, la “ansiada armonía entre mandatarios y gobernantes”, lo que sucedería cuando “los primeros sean realmente elegidos por el pueblo, sin trabas ni cortapisas”. El Pueblo, 28 de noviembre de 1886.

593 En realidad, la calidad de neoleonés se adquiría con gran facilidad, en caso de no haber nacido en el estado. De acuerdo con la Constitución vigente bastaba haber vivido en Nuevo León durante los dos últimos años o un año si se tenía “profesión útil” o negocio en el estado. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y sus reformas [1878], art. 35, en línea: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109481/1020109481.html> [Consulta: 6 de mayo de 2018]. Al término de su mandato como gobernador provisional, Bernardo Reyes fue declarado ciudadano neoleonés por la Legislatura estatal. La Voz de Nuevo León, 22 de diciembre de 1888.

594 Art. 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León… [1878], Monterrey, Imprenta del Gobierno, en Palacio, en línea: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109481/1020109481.html>. [Consulta: 6 de mayo de 2018].

595 Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 14 de abril de 1887, agbr, F: dli, carpeta 6, leg. 1153, doc. 1. Niemeyer refiere los nombres de varios de estos candidatos cercanos a Reyes que con su apoyo fueron electos diputados del Congreso local, entre los que se cuentan los de Carlos Berardi y Pedro Benítez Leal, quienes llegaron a cubrir interinatos durante las siguientes administraciones de Bernardo Reyes; así como Blas Díaz Gutiérrez, quien fue el presidente del club que facilitó la expulsión de Garza Ayala del Gran Círculo Unión y Progreso en 1890. Niemeyer, El general Bernardo Reyes, p. 48; El Pueblo, 25 de abril de 1890.

596 En el momento, la renovación de gobernador en el estado, como la de diputados y magistrados locales, se llevaba a cabo cada dos años. Había sido así desde la Constitución de 1825 de Nuevo León y se mantuvo hasta la reforma del artículo 116 constitucional en 1890, a partir de la cual el gobernador pasó a durar en su encargo cuatro años. Constitución… [1878], en Palacio, en línea: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109481/1020109481.html>. [Consulta: 6 de mayo de 2018].

597 Reyes al capitán Raimundo V. Huerta, 15 de junio de 1889, agbr. Carta citada por Niemeyer, El general Bernardo Reyes…, p. 46.

598 Una carta cruzada con el Secretario de Guerra, cuando Reyes era gobernador provisional, dejó clara la manera en que intervenía en las elecciones a través de sus oficiales: ellos, decía, ejercían “ciertas atribuciones que les he dado para con las autoridades locales con objeto de preparar las elecciones de poderes en el estado”. Bernardo Reyes a Pedro Hinojosa, Secretario de Guerra, Monterrey, 10 de febrero de 1887, agbr, F: dli, carpeta 6, leg. 1090, doc. 1.

599 Reforma del artículo 78 constitucional por ley del 21 de octubre de 1887. Constitución federal con todas sus leyes orgánicas [1857].

600 Reformas del artículo 78 constitucional por ley del 5 de mayo de 1878 y por ley del 21 de octubre de 1887. Constitución federal… [1857]. Las Constituciones de Nuevo León de 1825, 1849 y 1857 habían permitido la reelección indefinida del gobernador. Pero en 1878 se siguió la orientación del Congreso de la Unión de manera que la Constitución de Nuevo León, en ese mismo año de 1878, prohibió efectivamente la reelección inmediata (art. 116). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León… [1878], en Palacio, en <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109481/1020109481.html>. [Consulta: 6 de mayo de 2018].

601 El art. 116 de la Constitución estatal que permitía que el gobernador fuera reelecto por un periodo consecutivo, aunque luego debería de dejar pasar otro entero para poder volver a serlo fue reformado por ley del 29 de septiembre de 1890. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León… [1878], en Palacio, en <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109481/1020109481.html>. [Consulta: 6 de mayo de 2018].

602 El Presidente se inclinaba por la candidatura de Reyes en 1889. De hecho, Porfirio Díaz llegó a considerar invitar a Garza Ayala a la ciudad de México y retenerlo en la capital con algún cargo, para quitarlo de en medio en la elección para gobernador de ese año; consideró la opción nuevamente en 1890, cuando las presiones de Reyes obligaron a Garza Ayala a renunciar al Supremo Tribunal de Justicia. Porfirio Díaz a Bernardo Reyes, ciudad de México, 21 de enero de 1888, agbr, F: dli, carpeta 9, leg. 1745, doc. 1; Porfirio Díaz a Bernardo Reyes, ciudad de México, 18 de junio de 1888, agbr, F: dli, carpeta 8, leg. 1489, docs. 1 y 2; véanse también las cartas de 1890 citadas más adelante, en la nota 77.

603 Reyes explicaba que los garzayalistas había recibido mal la noticia de su candidatura porque hubieran querido proponerla ellos mismos para que Reyes les debiera la postulación y tenerlo obligado, pero él buscaba “estar libre de todo compromiso [con ellos] en el porvenir”. Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 20 de diciembre de 1888. agbr, F: dli, carpeta 9, leg. 1690, doc. 1. Esa fue la explicación que dio Reyes a Díaz del enojo de los partidarios de Garza Ayala, pero también pueden —deben— haber estado molestos porque la candidatura de su líder había sido desechada del todo.

604 Garza Ayala le escribió a Reyes para decirle que había recibido carta de Porfirio Díaz en ese sentido. Lázaro Garza Ayala a Bernardo Reyes, Monterrey, 19 de junio de 1888, agbr, F: dli, carpeta 8, leg. 1490, doc. 1.

605 Garza Ayala firmó al menos un par de editoriales con su nombre en 1887 (los editoriales eran generalmente firmados sólo por “La Redacción”). El Pueblo, 17 de feb de 1887; 6 de marzo de 1887.

606 La hoja doble que anunció la próxima aparición de La Voz de Nuevo León y que presentó su programa fue de fecha 11 de diciembre de 1888; la postulación de la candidatura de Reyes se publicó en su primer número, el 15 de diciembre de 1888.

607 Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 20 de diciembre de 1888. agbr, F: dli, carpeta 9, leg. 1690, doc. 1.

608 La Voz de Nuevo León, 26 de abril de 1890.

609 El Pueblo había nacido como semanario, pero muy pronto comenzó a aparecer dos veces por semana, aunque mantuvo como subtítulo del periódico la denominación de “Semanario Independiente”. El significado de su retorno a la periodicidad semanal fue comentado por La Defensa del Pueblo, 5 de enero de 1890.

610 Seguramente también multiplicó su tiraje, aunque carezco de información al respecto.

611 El Pueblo, 25 de abril de 1890.

612 Reyes le escribió al presidente Díaz para decirle que tenía problemas con el Supremo Tribunal de Justicia del estado, que Garza Ayala le ponía “estorbos en la marcha del gobierno”, por lo que se proponía que fuera separado del cargo y también alejado de la dirección de los clubes políticos. Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, 27 de marzo de 1890, agbr, Cartas de Reyes a Díaz 1889-1891. Carta citada por Niemeyer, El general…, p. 73.

613 Bernardo Reyes a Manuel Romero Rubio, Monterrey, 22 de abril de 1890, agbr, fondo dli-1-Copiadores de Bernardo Reyes, copiador 3, documento 1444.

614 Circular firmada por Blas Díaz Gutiérrez, presidente del club de Villaldama, el 22 de abril de 1890; publicada en El Pueblo, 25 de abril de 1890; La Voz de Nuevo León, 15 y 22 de diciembre de 1888.

615 El Pueblo, 25 de abril de 1890. El secretario de Gobernación señaló a Reyes lo “perjudicial” de la “escisión” con Garza Ayala para la marcha de la política en el estado, a la vez que reconoció en la retirada de El Pueblo un gesto de prudencia. Romero Rubio a Bernardo Reyes, ciudad de México, 30 de abril de 1890, agbr, F: dli, carpeta 11, leg. 2174, doc. 1.

616 Benavides refiere correspondencia entre Reyes y Porfirio Díaz en la que las quejas del primero contra Garza Ayala continuaron hasta 1903. Benavides, Bernardo Reyes. Un liberal porfirista, p. 151. En una de las reiteradas propuestas de Díaz para que Reyes le ofreciera a Garza Ayala un puesto en la ciudad de México y así quitárselo de encima, hizo referencia expresa a “ponerlo [a Garza Ayala] en inhabilidad de seguir molestándolo [a Reyes]”. La más importante fue, quizás, la de darle un lugar como Magistrado de la Corte Militar, en mayo de 1890, justo tras el rompimiento abierto con Reyes. Reyes no consideró necesario, quizás tampoco conveniente, enviar a Garza Ayala a la capital del país. Porfirio Díaz a Bernardo Reyes, ciudad de México, 11 y 30 de abril y 2 y 6 de mayo de 1890, agbr, F: dli, carpeta 11, legs. 2154, 2171, 2179 y 2183.

617 La reelección consecutiva de Reyes por tantos años requirió de una nueva reforma del artículo 116 de la Constitución del estado, la cual eliminó toda restricción a la reelección inmediata. Reforma aprobada el 27 de septiembre de 1893. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León… [1878], en Palacio, en línea: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020109481/1020109481.html>. [Consulta: 6 de mayo de 2018]. El general Bernardo Reyes fue Secretario de Guerra y Marina de 1900 a 1902.

618 El Pueblo, 23 de mayo de 1885; 14 de enero de 1886; 15 de abril de 1886; 14 de abril de 1887.

619 En este punto remito al magnífico libro de Luis Medina Peña, Los bárbaros del norte. Guardia Nacional y política en Nuevo León, siglo xix. A manera de ejemplo de la labor de Vidaurri en favor de la instrucción cívica refiero que, a principios de la década de 1860, su gobierno reimprimió 10 000 ejemplares del Catecismo político constitucional de Nicolás Pizarro para uso en escuelas de educación básica de la entidad. Espinosa Martínez, “Educación y ciudadanía”, pp. 1557-1558. Por lo que toca al dinamismo propio de la economía de la región, puede verse Sánchez Santiró, “El desempeño de la economía mexicana tras la Independencia, 1821-1870”, pp. 76-79.

620 Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 29 de octubre de 1886, agbr, F: dli, carpeta 5, leg. 954, doc. 1. La figura del jefe político no aparece en ninguna de los textos constitucionales de Nuevo León de 1825 ni de 1849. El de 1857, tít. viii, art. 107 decía expresamente: “Las municipalidades son independientes unas de otras, y en el orden político administrativo no reconocen otro superior inmediato que el gobernador del estado”. La Constitución de 1878, art. 107, establecía que, en principio, no existían jefaturas políticas, sin embargo, facultaba al Congreso a crear jefaturas políticas temporales donde y cuando lo creyera necesario. A fines de 1896, el gobernador Bernardo Reyes propuso crear una jefatura política en el sur del estado para apoyar la administración de cinco municipios mal comunicados con la capital y con menor progreso económico que los demás. Su propuesta fue aprobada por el Congreso local, pero el propio Reyes la desechó al año siguiente. Niemeyer, El general…, p. 78.

621 Efectivamente, si bien la Constitución federal de 1857 conservó el voto indirecto en un grado para la elección de los poderes nacionales, desde ese mismo año un gran número de estados de la República hizo suya la elección sin mediación de electores para munícipes y gobernadores. Con todo, sólo ocho de esos estados —entre ellos Nuevo León— adoptaron la elección popular directa para los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial—, además del ayuntamiento. Los otros siete estados fueron Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Véase Arroyo, La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, pp. 553 y ss., y Anexo xix, pp. 665-677.

622 Art. 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León de 1849; art. 9 de la Ley Constitucional que Reglamenta las Elecciones de los Supremos Poderes del Estado y de los Poderes Municipales de 1879. La edad de 18 años para tener derecho a votar se confirmó en la Ley Constitucional que Reglamenta las Elecciones de los Supremos Poderes del Estado y Funcionarios Municipales de 1893 (art. 8). En México, a nivel nacional, se otorgó la mayoría de edad a los 18 años en el año de 1969, casi cien años más tarde.

623 La supresión de la exigencia de vecindad significó, efectivamente, la posibilidad de desvincular al sufragio de su tradicional arraigo territorial. Con todo, la ciudadanía conservó una limitación dictada por la idea del ciudadano-útil, aquel con un “modo honesto de vivir”, requisito que había pasado a formar parte de leyes fundamentales desde antes de 1857 y que se mantendría hasta el nuevo siglo.

624 Las elecciones para presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia eran cada cuatro años, pero el Congreso de la Unión se renovaba de manera bianual. Si se haya definido así con toda intención o no, los comicios federales y los estatales estaban desfasados de un año.

625 La práctica de formación de clubes electorales comenzó a extenderse con rapidez en el centro del país en la década de 1850, tras la revolución de Ayutla. No parece haberse extendido con la misma velocidad en el norte del país. El único estudio que ha intentado contabilizar el número de clubes político-electorales en el México decimonónico, el de Carlos A. Forment, anota la creación de muy pocos en la región. En particular a Nuevo León, para los años de 1857-1881, lo sitúa en el rango de uno a diez clubes creados en el periodo. Forment, Democracy…, pp. 333-334. Pero aun si fueron pocos, su actividad fue importante. El Pueblo registró el nacimiento del Círculo Democrático, constituido en 1867; lo identificó como todavía activo 18 años después: en 1885. El Club Democrático era el enemigo del Club Independiente, de manera de que El Pueblo denostó su actividad en los últimos años, pero a la vez la confirmó. El Pueblo, 9 y 13 de julio de 1885.

626 Eventualmente convendría intentar una definición del perfil social de los integrantes del club al momento de su fundación. De momento sólo registramos lo que dijo El Pueblo: se trataba de profesionistas, comerciantes, artesanos y “gente humilde de nuestro pueblo”. El Pueblo, 19 de diciembre de 1886.

627 El Pueblo, 2 de noviembre de 1885.

628 Esta existencia previa de los clubes se registra, al menos, en las actas de adhesión de los clubes de dos de los principales: Lampazos y Linares, así como de los de Aramberrú, Allende, Bustamante, Rayones y Sabinas Hidalgo. En particular el de Linares —segunda ciudad del estado, después de la capital— había sido creado desde 1884 y con el nombre de Club Independiente. Y a decir de un notable local —Pedro Benítez Leal—, de Linares había surgido la iniciativa retomada por sus compañeros de lucha del Club Republicano y del Directorio Político para crear el Club Independiente de Monterrey. El Pueblo, 16 de julio de 1885; 20 de mayo de 1886; 15 de septiembre de 1887. El Pueblo, 7 y 31 de enero de 1886; 4 y 11 de febrero de 1886; 14 y 25 de marzo de 1886; 16 de julio de 1886.

629 El Pueblo, 28 de febrero de 1886. Para el 18 de marzo, El Pueblo ya registraba 38 clubes-sucursales y para el 18 de abril siguiente 40. El de General Zuazua se formó el 5 de enero de 1887. El Pueblo, 3 de marzo de 1887. Todos adoptaron el nombre de “Club Independiente” o “Club Político Independiente” de la localidad correspondiente, si bien algunos agregaron algunos adjetivos más a su nombre, como por ejemplo, el Club Independiente Amigos del Progreso, de Villa Hualahuises, El Pueblo, 30 de mayo de 1886.

630 El Pueblo comenzó a publicar las actas de creación o adhesión de los clubes locales en enero de 1886 y continuó haciéndolo hasta enero de 1887, tras la aparición de la nota sobre la formación del club número 48.

631 Los casos son numerosos. A manera de ejemplo, véase la lista de una centena de ciudadanos de Lampazos que se suman al club local y la nota sobre la adhesión de antiguos genaristas al Club Independiente de Monterrey. El Pueblo, 8 de abril de 1886; 9 de junio de 1887.

632 Forment, Democracy…, p. 333.

633 El Pueblo, 2 de noviembre de 1885; 21 de enero de 1886; 13 marzo 1887.

634 Las denuncias del Club Independiente de las irregularidades en la organización de los comicios municipales de noviembre de 1885 van desde padrones amañados y reparto de boletas llenas hasta amenazas con armas y encarcelamiento de opositores. El Pueblo, 2, 5, 8, 12 y 29 de nov de 1885.

635 El Pueblo, 2 de noviembre de 1885.

636 El Pueblo, 17 y 24 de diciembre de 1885.

637 Romero Rubio a Bernardo Reyes, ciudad de México, 11 de diciembre de 1885, agbr, F: dli, carpeta 3, leg. 538, doc. 1, f. 1.

638 Romero Rubio a Bernardo Reyes, ciudad de México, 11 de diciembre de 1885, agbr, F: dli, carpeta 3, leg. 538, doc. 1, f. 1; Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 24 de diciembre de 1885, agbr, F: dli, carpeta 3, leg. 580, doc. 1.

639 El sociólogo Maurice Duverger distingue en los partidos políticos tempranos dos tipos marcados por sus orígenes, los de “creación interna” al ciclo electoral y los de “creación externa”. El Club Independiente de Monterrey correspondería, desde luego, al primero de estos tipos, el de los “engendrados en el ciclo electoral y parlamentario” cuya razón de ser era la conquista de cargos de elección popular. Duverger, Los partidos políticos, pp. 26-27.

640 Bernardo Reyes, como gobernador, reorganizaría los cuerpos milicianos. Es muy posible que lo haya hecho desligados de los clubes electorales, pero esto sería un tema que investigar.

641 El Pueblo, 4 de febrero de 1886. Lampazos era la tierra del general Francisco Naranjo, en el momento distante de Díaz y contrario al partido garzayalista. En ese sentido era un bastión importante para el Club Independiente.

642 Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 15 de enero de 1886, agbr, F: dli, carpeta 3, leg. 593, doc. 1.

643 Bernardo Reyes a Romero Rubio, Monterrey, 29 de octubre de 1886, agbr, F: dli, carpeta, 5, leg. 954, doc. 1.

644 El Pueblo, 9 de diciembre de 1888.

645 En estas páginas hemos seguido de cerca la actividad de estos clubes fundamentalmente a partir de las noticias de El Pueblo y La Voz de Nuevo León desde 1885 hasta 1892. Para fechas posteriores tenemos sólo algunas referencias de distintos archivos. Para un panorama más completo de la vida del partido a lo largo de sus 25 años de existencia, sería necesario consultar otras fuentes y, desde luego, continuar la revisión de La Voz de Nuevo León hasta sus últimos números en 1909.

646 El Pueblo, 2, 8 y 12 de noviembre de 1885; 14 de abril de 1887; 1 de mayo de 1887; La Voz de Nuevo León, 15 de diciembre de 1888.

647 El Pueblo, 2 de noviembre de 1885; 21 de enero de 1886.

648 El Pueblo, 20, 24 y 27 de junio de 1886; 14 y 24 de abril 1887. De hecho, dada la buena relación con las autoridades municipales, es muy posible que los miembros de los clubes participaran en las tareas para preparar los comicios mismos: levantamiento de padrón, reparto de boletas, selecciones de las casas para poner las casillas e instalación de las mismas el día de la elección. La publicación de la legislación e instrucciones por parte de la prensa apoyaba así a sus miembros, pero también a la organización de los comicios en general.

649 El Pueblo, 14 de abril de 1889.

650 La Defensa del Pueblo, 16 de febrero de 1892.

651 De hecho, varios de los clubes acordaron participar su constitución a las autoridades municipales y no sólo al Club Independiente de Monterrey. El Pueblo, 4 de febrero de 1886; 21 de marzo de 1886; 1 de abril de 1886.

652 El Pueblo, 13 de mayo de 1886; 6 marzo 1887; 3 de abril de 1887; 1 de mayo de 1887; Archivo Municipal de Monterrey (en adelante amm), Fondo: Monterrey Contemporáneo, Colección: Actas de Cabildo, vol. 999, exp. 1896/038, 21 de septiembre de 1896.

653 Se celebró así un cumpleaños de Lázaro Garza Ayala en 1886, que incluyó un banquete para 500 personas. La fiesta fue organizada por el Club Independiente de Monterrey y financiada por sus propios miembros. Otro cumpleaños festejado por el mismo club fue el del general Pedro Martínez, al año siguiente. El Pueblo, 19 de diciembre de 1886; 23 de junio de 1887.

654 El Pueblo, 17 y 20 de febrero de 1887; 6 de marzo de 1887.

655 Fue el caso del Club de Lampazos. La Voz de Nuevo León, 15 de diciembre de 1888.

656 En ocasiones, las mesas directivas tenían también un prosecretario. A pesar de que los clubes contaban con un tesorero, desconocemos si los afiliados pagaban alguna cuota regular. No hemos encontrado una sola mención que lo sugiera, aunque sí llamados a pagar cuotas voluntarias para sufragar gastos de campaña electoral, como fue el caso de una manifestación organizada por un club en abril de 1889. Tampoco tenemos registro de la periodicidad de las reuniones de los clubes, aunque sí de su denominación como ordinaria o extraordinaria: hay noticias de las actas que se levantaban regularmente, las cuales eran leídas y aprobadas en sesiones subsecuentes. La convocatoria a dichas reuniones, al menos para el caso del Club Central de Monterrey, se llevaba a cabo mediante publicación en las páginas de El Pueblo; de la misma manera se procedía para dar a conocer algunos de sus acuerdos. El Pueblo, 7 de enero de 1886; 29 de julio de 1886; 9 y 12 de septiembre de 1886; 14 de noviembre de 1886; 14 de abril de 1889.

657 El Pueblo, 14, 21 y 31 de enero de 1886.

658 La Voz de Nuevo León, 22 de diciembre de 1888.

659 La Voz de Nuevo León, 15 y 22 de diciembre de 1888.

660 El Pueblo, 14 de abril de 1887.

661 El Pueblo, 27 y 30 de mayo de 1886; 3 y 20 de junio de 1886. Un enlace vertical es el que une a dos instancias del partido subordinada un a otra; uno horizontal define una relación entre dos instancias que tienen el mismo nivel o categoría. Duverger, Los partidos…, pp. 77-78.

662 El Pueblo, 14 de feb de 1886; 3 de marzo de 1887.

663 Las cursivas son mías. El Pueblo, 15 de abril de 1886.

664 La Junta Directiva del Club Independiente de Monterrey estaba integrada como sigue: Presidente Gral. Lic. Lázaro Garza Ayala; Vicepresidente Gral. Pedro Martínez; Secretario Lic. Pedro J. Morales; Prosecretario Lic. Carlos F. Ayala; Tesorero Francisco García del Corral; 1er Vocal Francisco Elizondo; 2º. Vocal José María González. Todos reconocidos políticos en la entidad, electos por aclamación en la asamblea constitutiva del Club. La mayoría de estos personajes permaneció en la directiva hasta abril de 1889, excepto dos de ellos que fueron electos diputados federales y tuvo que nombrarse a quienes los sustituyeran. Posiblemente Garza Ayala no haya presidido el Club durante los dos años en que fue gobernador constitucional (1887-1889), pero no encontré registro al respecto. El Pueblo, 2 de noviembre 1885; 21 de enero de 1886; 17 de febrero de 1887. Tras la ruptura con Bernardo Reyes, el presidente del Club de Monterrey fue Carlos Berardi, personaje muy cercano a Reyes, quien fungió como su gobernador interino en abril-mayo de 1896. La Defensa del Pueblo, 16 de febrero de 1892.

665 La Defensa del Pueblo, 18 de feb de 1891; 10 de marzo de 1891.

666 La siguiente convención tuvo lugar en febrero de 1892, para elegir candidato a la presidencia de la República. Dicha convención es la que se “adelantó” a los proyectos de la Unión Liberal en la capital del país y que puso de manifiesto la autonomía con la que Reyes y el partido se manejarían con respecto al liderazgo unionistas y al propio Secretario de Gobernación del gabinete de Díaz. La Defensa del Pueblo, 16 de febrero de 1892; La Patria, 23 de febrero de 1892.

667 Sigo de cerca en este punto a Forment, Democracy…, p. 342.

668 Bernardo Reyes hizo referencia a un reglamento que regía el funcionamiento del círculo. No lo he localizado. Bernardo Reyes a Porfirio Díaz, Monterrey, 16 de enero de 1892, cpd, L. 17, C. 3, D. 1144. El funcionamiento regular de los clubes y su relación con el Club Central lo he reconstruido a partir fundamentalmente de las actas, circulares y notas publicadas por El Pueblo, La Defensa del Pueblo y La Voz de Nuevo León.

669 El Pueblo, 23 de diciembre de 1886.

670 El Pueblo, 2 de noviembre1885; 14 de enero de 1886.

671 El Pueblo, 19 de diciembre de 1886; 15 de septiembre de 1887. Queda pendiente encontrar descripciones de la bandera e imágenes de la misma.

672 El Pueblo, 23 de diciembre de 1886.

673 El Gran Círculo de Obreros de Monterrey se había creado en 1874, con obreros textiles, artesanos y empleados de comercios. Desde sus inicios fue una organización con vínculos con el gobierno y los empresarios, sin reivindicaciones de clase. Véase Rojas, “El mutualismo”, 1989, pp. 170-177. El Pueblo dio publicidad y aplaudió con frecuencia las actividades del Gran Círculo de Obreros; a la par, representantes del Club Independiente pronunciaron discursos en actos de dicho círculo. El Pueblo, 2 de noviembre de 1885; 7 de noviembre de 1886.

674 El Pueblo, 7 de febrero de 1886. Aspiración común a la época en México. De hecho, este era el mismo discurso al que apelaría la Unión Liberal creada en la ciudad de México en 1892. Véase Salmerón, “De partidos personalistas”, 2012, pp. 140-167.

675 Agradezco el apoyo en la búsqueda de parte de la información de David Cabral, Natalia Franco y Gerardo Ramírez. Mi agradecimiento también para los colegas que integran este proyecto quienes leyeron y comentaron varias versiones de este trabajo; especialmente a Andrés Reyes Rodríguez y a Laurence Coudart, quienes participaron como comentaristas invitados en uno de nuestros talleres, el primero, y en el coloquio, la segunda. Una versión previa fue discutida en el marco del Seminario de Historia Política que se realiza en el Instituto Mora.

676 Presidencias de Díaz: 1877-1880, 1884-1888, 1888-1892, 1892-1896, 1896-1900, 1900-1904, 1904-1910, 1910-1916, interrumpida en 1911.

677 Salmerón, “Las elecciones federales de 1904 y los límites de un régimen electoral”, pp. 312-314.

678 También utilizaron la expresión “conciencia nacional”. La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

679 Como veremos más adelante, los organizadores de la Convención Nacional señalaron que no se trataba de un voto sino de la expresión de una manifestación individual. Consideramos que con tal señalamiento lo que pretendían era diferenciar el momento de la consulta por ellos organizada del de la votación oficial que se realizaría unos meses más adelante. También, es probable, que a pesar de que fuera un voto directo, o quizá por ello mismo, procuraban no alentar expectativas en la población hasta no probar, con la práctica misma, los resultados de tal ejercicio.

680 Los esfuerzos de la Convención Nacional se mantuvieron hasta el momento de la elección celebrada en junio, en el marco de la cual se dieron a la tarea de “excitar” a los ciudadanos a acudir a depositar su voto. La Gaceta Comercial, 18 de junio de 1900.

681 En la realización de esta investigación tenemos como fuente principal a la prensa periódica de esos años, incluido el primer número que se publicó —y el único que hemos localizado— de La Convención Nacional, que era el “Órgano de la Junta Directiva de la Convención Nacional de 1900”, que es en el que se dio cuenta de la creación, desarrollo y acciones de esta organización política. Sabemos que publicó al menos dos números, pues de ello informa una nota periodística, pero desconocemos cuánto tiempo pudo haber estado en circulación; El Contemporáneo, 12 de diciembre de 1899. Usamos también documentación legal y oficial de la época —la cual se encuentra reproducida en obras publicadas en el momento o posteriormente— y nos apoyamos en la historiografía pertinente a los temas que cruzan este trabajo. Cabe señalar que también realizamos rastreos en varios repositorios documentales, tales como la Colección Porfirio Díaz de la Universidad Iberoamericana, el fondo de Gobernación del Archivo General de la Nación, los fondos Bernardo Reyes y José Yves Limantour del Centro de Estudios de Historia de México Carso (Fundación Carlos Slim) (en adelante cehm) y el Archivo Histórico de la ciudad de México; en la mayoría de ellos no existe información sobre esta convención.

682 Entendemos por sociedad política al conjunto de actores —hombres y mujeres— que participan colectivamente en la esfera pública centrando su interés en los asuntos políticos.

683 En 1892 la Unión Liberal, creada por el Comité Central Porfirista, organizó una Convención Nacional. Colección Porfirio Díaz, Carta de José María Garza Galán, gobernador de Coahuila, a Porfirio Díaz, leg. 17, caja, 2, docs. 625-627, 3 fojas. 22 de enero de 1892.

684 Constitución de 1857. “[...] la Constitución de 1857 estableció un voto universal sin asentar explícitamente que era sólo masculino, pero así fue entendido por todos. La mujer formaba parte de una familia cuya cabeza era el varón, quien detentaba el derecho al voto”. Gantús y Salmerón, “Introducción. Prácticas electorales en el México decimonónico”, p. 25.

685 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899. El caso de Tepic es referido en El Correo Español, 7 de febrero de 1900.

686 Para este proceso electoral operaba en la capital del país el Círculo Nacional Porfirista, que tenía filiales en varios estados, pero desconocemos los vínculos que pudieron existir entre ambas organizaciones. Lo que sí pudimos constatar es que los integrantes de los directorios de una y otra eran diferentes —sólo encontramos a un personaje que pertenecía a los dos: Juan de la Torre. ¿Se trataba de grupos en disputa que procuraban y defendían intereses colectivos diferentes y buscaban afianzarse en el espacio público para negociar sus posiciones? Es muy probable, pero, sobre todo, consideramos que la existencia de ambas organizaciones era parte de una estrategia gubernamental para patentizar el apoyo ciudadano a Díaz.

687 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899; El Imparcial, 2 de enero de 1900; El Correo Español, 3 de enero de 1900. Los clubes de Monterrey formaban parte del Gran Círculo Unión y Progreso del que se ocupa Alicia Salmerón en el capítulo correspondiente en este libro.

688 Eduardo Liceaga era médico, con experiencia en la academia y trayectoria en la administración pública, misma que incluía desde la dirección de instituciones hasta la designación como representante por México en organizaciones o reuniones internacionales, relativas a su profesión. Sebastián Camacho, ingeniero de profesión, era un hombre con trayectoria en cargos de representación en el municipio y en el poder legislativo federal; pero era, sobre todo, un hombre de empresa que incursionó en los terrenos ferrocarrileros, bancarios y de seguros. Ramón Alcázar, con experiencia en el servicio público en cargos de representación que incluyen su paso por el ayuntamiento y la diputación local en Guanajuato y posteriormente el Congreso nacional; en ese mismo estado desempeñó otros cargos en la administración; fue, principalmente, un hombre de negocios, lo que lo llevó a participar en diversas actividades económicas: mineras, agrícolas, ganaderas, ferrocarrileras y bancarias, entre otras.

689 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

690 José Casarín era un hombre del sistema, inició su carrera en el periodismo a finales de la década del setenta; tenía experiencia en el poder legislativo, pues fue diputado en varias ocasiones entre 1890 y 1910, y en la administración pública; posteriormente a 1900 tuvo participación en el ayuntamiento del Distrito Federal y continúo figurando en organizaciones porfiristas y sería miembro de la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia. Juan de la Torre, abogado de formación, hizo carrera como escritor, entre sus obras estaban un compendio de instrucción cívica (1892) y una guía para el estudio del derecho constitucional mexicano (1886), así como trabajos sobre la enseñanza primaria y superior; con trayectoria también en el periodismo y en el sistema judicial, así como con experiencia en el poder legislativo (1882-1896), del cual seguiría formando parte después de 1900.

691 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899. Posteriormente se fueron sumando otras poblaciones, tal es el caso de la Villa de Huehuetlán, del Partido de Tancanhuitz, del estado de San Luis Potosí. El Contemporáneo, 29 de noviembre de 1899.

692 Por ejemplo, “La Junta Menor de la Convención Nacional en la Municipalidad de Tepic, ha tenido á bien nombrar sus representantes en México á los señores Licenciados D. Carlos Rivas y D. Antonio Pliego y Pérez, General D. Doroteo López y D. Amado Nervo”. El Correo Español, 7 de febrero de 1900.

693 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

694 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

695 Por ejemplo, el Partido Liberal Constitucionalista.

696 Se entiende aquí partido en el sentido de lo que fracciona y divide, señalado por Ávila y Salmerón, que caracterizó la visión sobre ellos en buena parte del siglo. Ávila y Salmerón, Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo xix, pp. 9-19.

697 En tal sentido, desde las páginas de un impreso se cuestionaba: “No se concibe una Convención con fines electorales, sin que medie la organización de un partido que va a imponer su programa y a velar, si triunfa en la elección, porque tal programa se cumpla”. La Gaceta Comercial, 18 de noviembre de 1899. Destacado en el original.

698 Convivían entonces los partidos personalistas, aunque carentes de estructura, aglutinados alrededor de José Yves Limantour y Joaquín Baranda, junto a otros, como el de Bernardo Reyes, éste sí con una organización bien definida. Para el caso de este último partido, como ya hemos apuntado antes, remitimos al capítulo de Salmerón incluido en este libro. Estaban también las organizaciones que se autodenominaban como tales.

699 cdp, leg. xxiv, doc. 4530-4533, ciudad de México, 13 de octubre de 1899. Este documento apareció reproducido en algunos periódicos y fue comentado en varios otros, por ejemplo, El Tiempo, 20 de octubre de 1899. Esta organización se había constituido desde 1892 y cuatro años atrás, en el marco de la elección presidencial anterior, también se había hecho presente; La Gaceta Comercial, 18 de noviembre de 1899. Como ya hemos anotado antes, de los integrantes del directorio de la Convención Nacional sólo encontramos entre los miembros de este Círculo a un personaje, Juan de la Torre. Esto es, a diferencia de los que muchas veces podemos notar entre estos grupos en los que encontramos en unas y otras asociaciones o clubes a los mismos individuos encabezándolas, o gran parte de ellos, aquí se trata de dos grupos diferentes. Por supuesto, esta organización no fue la única que se formó en la capital del país, hubo varias otras como “el Partido Liberal Constitucionalista” o el “Club Democrático”, como lo señala La Gaceta Comercial, 18 de noviembre de 1899.

700 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

701 El Continente Americano, 12 de octubre y 20 de diciembre de 1899. Aunque se cuestiona la vigencia y aún la existencia de ambos partidos hacia las últimas décadas del siglo, lo cierto es que la división política entre conservadores y liberales persistió, al menos en términos nominales. En las páginas de la prensa es posible seguir enconados debates, defensas y ataques acerca del tema. Si bien es un hecho que el “partido conservador” se desdibujó y salió de la escena política por varias décadas después del fracaso del Segundo Imperio, ello no excluye el que esa forma de pensamiento y de filiación política haya continuado vigente y que hacia finales del siglo acudamos a lo que podemos considerar como su resurgimiento. En efecto, en los últimos años de la centuria podemos encontrar ambas designaciones usadas frecuentemente en la prensa. Por ejemplo, La Voz de México en 1899 defendía la existencia del partido conservador exaltando las cualidades del mismo, y defenestraba al partido liberal. La Voz de México, 4 de febrero y 8 de agosto de 1899. Otros se expresaban con respecto a él, el partido conservador, dando por un hecho su existencia como El País, 25 de diciembre de 1900; El Hijo del Ahuizote, 17 de diciembre de 1899. Algunos representantes de la prensa reconocían tácitamente su existencia al calificar con tal etiqueta a ciertos miembros del propio gremio, como lo hacía La Patria para descalificar a El Tiempo; La Patria, 5 de mayo de 1899. Sobre el tema las referencias en prensa son múltiples, aquí sólo hemos anotado algunas, en términos historiográficos remitimos a Pani, Conservadurismo y derechas en la historia de México.

702 El Alacrán, 14 de octubre de 1899: “Teatro mexicano. —Género chico”.

703 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899. Cursivas en el original.

704 No está de más subrayar que no estamos utilizando el concepto plebiscito en su sentido moderno, que lo define como la “consulta [en la cual] los poderes públicos someten al voto popular [la] aprobación o rechazo [de] una determinada propuesta sobre una cuestión política”. Lo usamos en el sentido dado en esta coyuntura, esto es, la iniciativa y puesta en práctica de una consulta orquestada por un grupo de ciudadanos que, por más que estuvieran íntimamente ligados al régimen, no eran miembros de los poderes públicos —y si lo eran no convocaban desde su investidura gubernamental sino en calidad de ciudadanos—. Diccionario de la Lengua Española.

705 Zerolo, Diccionario enciclopédico de la lengua castellana, vol. ii.

706 Tomado de La Semana Mercantil, 9 de octubre de 1899 y reproducido en La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899. El énfasis es nuestro.

707 El Continente Americano, 12 de octubre de 1899. El destacado es nuestro.

708 Esto es, era utilizado en igual sentido que para el caso francés, como expresión de la voluntad del pueblo. La Voz de México, 19 de diciembre de 1874. El concepto se empezó a generalizar sólo hacia finales del siglo, como puede observarse siguiendo lo publicado en los periódicos. Aún entonces el vocablo era utilizado la mayor parte de las veces con relación a cuestiones internacionales; y antes de eso su uso estaba principalmente vinculado a la Iglesia.

709 En varios estados se instrumentaron procesos locales basados en la votación directa, algunos de esos casos pueden verse en los trabajos de Mariana Terán para Zacatecas, Carlos Armando Preciado para Guanajuato, Ivett García para Campeche, y Francisco Javier Delgado para Aguascalientes, incluidos en este libro.

710 Gantús, “De votantes y electores: dinámicas electorales en el partido de Campeche (1890-1900)”, p. 189.

711 El movimiento antirreeleccionista de 1892 no buscó participar en la contienda postulando un candidato que se enfrentara a Díaz, pero sí se dio a la tarea de expresar su descontento y rechazo a la opción de la reelección. Quizá pillados un poco de sorpresa, enfrentados a una situación inédita por sus formas de expresión, la respuesta de las autoridades en esa ocasión estuvo marcada por la incapacidad política y la violencia policial. Pero la represión y la violencia no bastaban para contener a esa sociedad política disconforme que crecía cuatrienio con cuatrienio, ni podían ser el instrumento de que se valiera un gobierno que pretendía presentarse ante el mundo como moderno y progresista.

712 Especialmente en la prensa se alzaban algunas voces a favor y otras en contra del voto directo. A manera de ejemplo: El Correo de Chihuahua, 14 de febrero de 1899. La Voz de México, 11 de octubre de 1899.

713 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

714 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899. Énfasis en el original.

715 En el seno del constituyente, a favor de las elecciones directas se manifestaron, principalmente, Ignacio Ramírez y Francisco Zarco. Zarco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857, t. ii, pp. 168, 326-331, 343-350, 451-459, 480-482, 591-594, 658-661, 774-777 y 790.

716 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, en Dublán y Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, t. viii, pp. 384-399.

717 Sobre la forma de gobierno y el proceso de elección que determinaron los estados de la República en 1824 véase Castellano, Formas de gobierno y sistemas electorales en México (1812-1940), pp. 155-187. Pero el trabajo más completo sobre el tema son los cuadros que, con base en las leyes electorales estatales, elaboró Israel Arroyo, los cuales permiten observar que en las décadas de 1820 y 1830 imperaron mecanismos de elección indirecta. Entre 1857 y 1871 en algunos estados convivieron formas mixtas, esto es la combinación de indirectas en las nacionales y directas para ayuntamientos y/o gobierno estatal, con diversas variantes. Arroyo, La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857, pp. 622-629, 653-663 y 665-677.

718 Ramírez y Zarco, especialmente en sus intervenciones en el constituyente. Mora, “Sobre las elecciones directas”, pp. 363-375.

719 Convocatoria para la realización de “Juntas populares” y Prevenciones para la instalación de las Juntas Populares, en García Orozco, Legislación electoral, 1812-1977, pp. 136-141. Sobre el tema véase también el análisis de Arroyo, “Gobiernos divididos: Juárez y la representación política”, pp. 124-125.

720 En un cuaderno se registraba el voto “por la afirmativa” y en el otro por “la negativa” respecto de la continuidad del presidente. Prevenciones…, en García Orozco, Legislación…, pp. 139-141.

721 Entre ambas consultas, la de Santa Anna y la de Juárez, en 1863 tuvo lugar la manifestación de adhesión a la intervención y el imperio expresada por una parte de la sociedad a través de “actas” y “protestas” emitidas en ese sentido. Esos documentos fueron la respuesta a la condición que estableció Maximiliano de Habsburgo para aceptar el ofrecimiento de gobernar a México; el que varios estados se pronunciaran a favor de la iniciativa según una nota reproducida en El Pájaro Verde, 19 de noviembre de 1863. Algunos actores e historiadores, del momento o posteriores a él, se han referido a este proceso como “referéndum” o “plebiscito” o hablaron de la “manifestación de la voluntad” o del “voto de la gran mayoría” ―provocando gran confusión al respecto. Por ejemplo, Zamacois cita una información aparecida en El Cronista de México, el 19 de diciembre de 1863, que supuestamente reproducía una carta de Maximiliano, en la que, entre otras cosas, se apuntaba: “[...] puesto en actitud a los pueblos para que libremente manifiesten su voluntad; y sí, como se me anuncia, el voto de la gran mayoría de la nación se secunda el nuevo imperio, se habrá llenado una de las condiciones que yo puse”, Zamacois, Historia de Méjico, desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, t. xvi, p. 929. Consideramos que esas expresiones de adhesión, si bien proceden de la sociedad, no pueden ser entendidas en el sentido pleno de una consulta ciudadana. Y también, hay que resaltar que, aunque pudiera ser considerada como tal, como una consulta, el mecanismo de tal expresión no fue el de la votación, que es el que en este trabajo interesa. Muchas de las actas de adhesión aparecieron publicadas, o se dieron noticias de ellas, en 1863 y 1864 en el periódico La Sociedad, octubre a diciembre de 1863 y enero a marzo de 1864. Sobre las actas, su sentido e importancia para repensar algunas posiciones historiográficas véase Becerril, “Una vez triunfantes”. También agradezco a Carlos Becerril el diálogo sobre el supuesto referéndum/plebiscito, que me permitió constatar que el mismo no existió, esto es, que cuando ciertos autores aluden a él, en realidad se están refiriendo a las manifestaciones de adhesión.

722 ahcdmx, Elecciones de Diputados al Congreso General, vol. 874, exp. 27, año 1867; Convocatoria para la Elección de los Supremos Poderes y Circular de la Ley Convocatoria, en García Orozco, Legislación…, pp. 172-188.

723 Esa convocatoria despertó una gran polémica en su momento y polarizó fuertemente a la clase política y a la población. Sobre esta consulta véanse, entre otros autores que tratan el tema, Arroyo, “Gobiernos divididos…”, pp. 121-134, y Cosío Villegas, Historia moderna de México. La República restaurada. Vida política, t. i, pp. 141-172.

724 El estudio más completo sobre este Club y su participación en esa coyuntura es el de Salmerón, “Prensa periódica y organización del voto. El Club Político Morelos, 1982”, pp. 159-190.

725 Se señalaba que dicha Convención proclamaría a su candidato el 5 de febrero y estaría integrada por 160 delegados, aunque esa cifra se modificó por la de 240. La Vanguardia, 28 de enero de 1892.

726 De los resultados de esta elección que, por supuesto, favorecieron a Díaz, parece burlarse Cosío Villegas ―poseedor de una fina mordacidad― cuando apunta que “asistieron 23 delegados, quienes muy formalmente llenan sus papeletas con el resultado elocuente de que Porfirio saca 201 votos, y sus dos más próximos rivales, Manuel Romero Rubio y Manuel González, 9, y uno solo Vallarta, Joaquín Baranda, Ignacio Mariscal y el conocido conservador Manuel Díaz de la Vega”. Sin embargo, lo que parecía constituir una especie de caricatura historiográfica —y no dudamos que muchas veces esa intención tenía el autor—, se desdibuja al observar con cuidado, pues en realidad se trata de un error tipográfico, esto es, se omitió el número 1: donde dice “23”, debió decir 231. Cosío Villegas, Historia moderna de México. El porfiriato. Vida política interior, segunda parte, t. x, p. 599.

727 En cada estado se realizarían votaciones para elegir a los delegados que se reunirían en la gran Convención en la capital del país. Cabe precisar que en las votaciones participaban los miembros de los clubes, no la ciudadanía.

728 El Siglo Diez y Nueve, 7 de abril de 1892. Sin embargo, vale la pena apuntar que no todos los estados estuvieron representados, pues en lo que toca a Querétaro, un impreso se quejaba del “proceder” de la Convención Nacional que rechazó las credenciales de sus delegados por lo que consideraron un “sencillo error de forma”. La Sombra de Arteaga, 23 de abril de 1892. Aunque los nombres de los delegados queretanos sí aparecen en una lista que publicó La Patria, en un número posterior señalaría que fueron desechadas las credenciales de los de Querétaro y Morelos, y que dejaron pendiente de revisión las correspondientes a Tamaulipas. La Patria, 7 y 21 de abril de 1892. Quizá estos rechazos sugieren las pequeñas fracturas al interior del Partido Liberal.

729 La Convención Radical, 22 de marzo de 1896.

730 No entraremos en la discusión sobre el concepto democracia, que es muy amplia y compleja, tanto en lo general como en el caso concreto del México decimonónico; tampoco pretendemos decir que en la República mexicana se vivía en tal sistema. Sólo apuntamos que una de las aristas de la democracia, para algunos actores de la época, la constituía el ejercicio del sufragio y de la votación ciudadana —siempre que fuera libre en su emisión y respetada en sus resultados—, pues entendían el acto comicial como uno de los pilares fundantes de la democracia a la que se aspiraba, esto es, el gobierno representativo. Sobre el concepto y su evolución en el caso mexicano decimonónico véase Cárdenas, “La escurridiza Democracia mexicana”, pp. 73-91.

731 Sobre el tema Gantús, “Mecanismos de participación político-electoral: la Sociedad Propagadora del Sufragio Popular. México, 1884”, pp. 131-161.

732 Gantús, “Prensa y política: Debates periodísticos en torno a la elección federal de 1884”, pp. 136-142.

733 “A la prensa. [...] esperando que se servirá prestarle su valioso apoyo moral [a las gestiones de la Convención Nacional] que contribuirá sin duda alguna, a que respondan los habitantes de la República a la excitativa que va a dirigírseles”. La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

734 El Grupo Reformista y Constitucional y sus integrantes tuvieron fuertes detractores dentro del mismo universo de la prensa, especialmente en la ligada al catolicismo, como es el caso de La Voz de México, pero ello obedecía a razones de credo religioso que no político; en este último aspecto, el diario era un serio crítico de Díaz y su régimen de gobierno. Sirva de ejemplo, entre otras muchas de las expresiones en contra: “Siempre nos han parecido los miembros del ‘Gran Grupo Reformista y Constitucional’ tristes parodias de ese pobre loco [el que creía que sostenía al mundo]”. La Voz de México, 29 de noviembre de 1896. Sobre la promoción del voto de este grupo y de esta elección en particular véase Ponce, “En busca de unos comicios bien consensuados. Clubes y movimientos en torno a la elección presidencial de 1896”, pp. 207-234.

735 Ponce, “En busca…”, p. 210. El estudio más completo sobre el Grupo Reformista y Constitucional es el realizado por Cortés, “El Grupo Reformista y Constitucional de 1895-1896: una organización de la prensa liberal-radical frente al régimen porfirista”.

736 Diario del Hogar, 9 de abril de 1896.

737 El Amigo de la Verdad, 5 de noviembre de 1899.

738 El Amigo de la Verdad, 5 de noviembre de 1899. El énfasis es nuestro.

739 El Alacrán, 14 de octubre de 1899: “La gran Convención Nacional”; Diario del Hogar, 3 de enero de 1900.

740 Diario del Hogar, 3 de enero de 1900.

741 El Imparcial, 2 de enero de 1900.

742 El Chisme, 9 de octubre de 1899.

743 El Continente Americano, 20 de diciembre de 1899.

744 La Voz de México, 26 de octubre de 1899.

745 Salmerón, “Prensa periódica…”, p. 159.

746 “Tenemos á la vista el número 2 de esta nueva publicación ‘Órgano de la Convención Nacional de 1900 y del movimiento electoral del mismo Estado’, la cual se reparte gratis”. El Contemporáneo, 12 de diciembre de 1899.

747 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

748 cehm, Fondo jyl, cdliv. 1a. 1883. 44. 11443. Carta de Bernardo Reyes a José Y. Limantour, 4 de diciembre de 1899.

749 No sabemos si la consulta se hizo de manera abierta, recibiendo el voto de quienes se acercaron a las mesas o si se utilizaron padrones para ello; si fuera lo último, suponemos que recurrieron a los existentes en los ayuntamientos.

750 Constitución…, en Dublán y Lozano, Legislación…, t. viii.

751 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

752 El Correo Español, 8 de febrero de 1900; La Patria, 7 de febrero de 1900.

753 El Correo Español, 8 de febrero de 1900. No se reportaron los nombres de los demás candidatos que recibieron votos.

754 Desconocemos las razones por las que no se efectuaron las votaciones en ese estado o por las que no se dieron a conocer los resultados.

755 Quizá en casos como el de Nuevo León, que contaba con una organización bien definida y amplia, previa al establecimiento de la Convención Nacional, y en la que esta parece haberse apoyado, se haya logrado realizar la consulta en todo el territorio.

756 Gantús, “De votantes…”, p. 160.

757 El Imparcial, 2 de enero de 1900.

758 El Imparcial, 2 de enero de 1900. El Correo Español, 3 de enero de 1900. La expresión “cinco músicas” alude a las bandas de tal género que acompañaban a esos festejos.

759 La Convención Nacional, 20 de octubre de 1899.

760 Carrillo, Conflictos por el poder. Sinaloa de 1831 a 1880, p. 46.

761 Ibid, “El asesinato de José Valadés y sus consecuencias políticas”, p. 92.

762 Carlos Bravo muestra que esta tendencia de menor conflictividad estatal según las legislaturas locales fueron modificando las leyes para permitir la reelección del ejecutivo, no fue exclusiva de este estado sino un fenómeno generalizado. Bravo, “Elecciones de gobernadores”, pp. 273-278. No es de extrañar que la elección de 1892, primera que se realizaría tras la reforma en Sinaloa, fuera vista de manera angustiosa por el entonces gobernador Mariano Martínez de Castro, que bien supo leer que era una elección definitiva para el futuro próximo.

763 Martínez y Verdugo, “Revolución, contrarrevolución y reforma”, pp. 159-164.

764 Busto, “El espacio del Pacífico mexicano: Puertos, rutas, navegación y redes comerciales, 1848-1927”.

765 La llamaron la campaña del clavel rojo. Olea, “La última campaña reeleccionista”, pp. 267-268.

766 “Gacetilla de los estados. Sinaloa”, El Tiempo, 30 de abril de 1908, p. 1. Una línea editorial semejante siguieron otros periódicos de muy distinto signo político. Véase “El Sr. General Francisco Cañedo. Su reelección para el nuevo periodo en Sinaloa”, La Patria, 12 de mayo de 1908, p. 1; “Reelección del Gral. Cañedo. Satisfacción en el Estado”, El Imparcial, 9 de julio de 1908, p. 4; “Reelección del Señor don Francisco Cañedo”, El Mundo Ilustrado, 19 de julio de 1908.

767 El texto se reproduce en “El Sr. General Francisco Cañedo. Su reelección para el nuevo periodo en Sinaloa”, La Patria, 12 de mayo de 1908, p. 1. Para entonces, El Correo de la Tarde ya pertenecía a la sociedad de José Valadés y Andrés Avendaño, y Frías era su director; es decir, ya estaba en manos personajes muy cercanos a Ferrel.

768 Anónimo a Frías y redactores de El Correo de la Tarde, Culiacán, 28 de junio de 1909, Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (en adelante ahuas), Fondo José Ferrel Félix, fs. 113-116.

769 Olea, Sinaloa a través de sus constituciones.

770 J. G. A., “Historia del ferrelismo. Aventura política. Traicionaron a aquellos con quienes comprometiéronse a lanzar la candidatura roja”, El Imparcial, 30 de julio de 1909; El corresponsal, “El movimiento político en Sinaloa. La verdad desnuda”, El Imparcial, 5 de agosto de 1909.

771 “El gobierno de Sinaloa”, El Tiempo, 10 de junio de 1909, p. 2.

772 “Elecciones en Sinaloa”, La Iberia, 13 de junio de 1909, p. 1; “Otra candidatura para el gobierno de Sinaloa”, El Tiempo, 13 de junio de 1909, p. 2.

773 L. M. H., “Los primeros efectos del reyismo. Se prepara un escándalo para el 18 de julio”, El Imparcial, 16 de julio de 1909.

774 Por poner solo un par de ejemplos: Desde Mazatlán, firmada en 1896, Joaquín Redo participa a Limantour de su idea de comprar una fábrica de ropa que funcionaba con energía eléctrica, cuya finalidad principal sería que se le diera el contrato para vestir a las fuerzas armadas del occidente. J. Redo a Limantour, Mazatlán, 2 de mayo de 1896, Centro de Estudios de Historia de México-Carso (en adelante acehm), cdliv. 1a., 1883, 43, 11192; en una carta de 1899 el abogado de Diego Redo pide de parte de éste a Limantour su opinión, antes de animarse a hacer petición oficial, para construir un nuevo muelle que permita una más eficiente carga y descarga de los barcos, y firmar contrato para arrendarlo al gobierno. cehm, cdliv, 1a., 1883, 8, 2207.

775 De acuerdo con Rodolfo Reyes, Ramón Corral, hombre que además de su relevancia nacional ejercía desde Sonora influencia en el norte de Sinaloa, fue el principal garante de Redo para la elección de 1909. Olea, “La última campaña...”, p. 270.

776 Anónimo al director de El Correo de la Tarde (Frías), Escuinapa, 26 junio 1909, ahuas, Fondo José Ferrel Félix, fs. 100-101.

777 “Otra candidatura para el gobierno de Sinaloa”, El Tiempo, 13 de junio 1909, p. 2.

778 Reyes a Díaz, octubre de 1891, cehm, Archivo Reyes, dli- i, 2, fs. 1218.

779 Olea, Breve historia de la revolución en Sinaloa (1910-1917), p. 14; Martínez y Verdugo, “Revolución, contrarrevolución y reforma”, pp. 165-166.

780 La redacción, “Boletín del Diario del Hogar. Invitamos al pueblo sinaloense a que abra los ojos”, El Diario del Hogar, 16 de julio de 1909. A mediados de la década de 1890 tuvo lugar entre la prensa de la capital una desmesurada batalla que enfrentó a antiguos compañeros y alió a viejos adversarios. Varios acusarían a Ferrel de convertirse en uno de los principales motivos por los que Vicente García Torres hijo decidió cerrar El Monitor Republicano, recuerdo que, según puede apreciarse en la nota periodística aquí citada, seguía vivo para El Diario del Hogar. Sobre este tema véase, Ríos, La prensa como arena, 2015.

781 “Otra candidatura para el gobierno de Sinaloa”, El Tiempo, 13 de junio 1909, p. 2.

782 “Notas editoriales. Elecciones en los estados”, El Tiempo, 16 de junio de 1909, p. 2

783 “Cuestiones electorales. La candidatura del señor Diego Redo para el gobierno de Sinaloa”, El Tiempo Ilustrado, 27 junio 1907, p. 12. Aparecieron entonces artículos con encabezados como el siguiente: “Don José Ferrel no puede ser gobernador de Sinaloa”, El Tiempo, 7 agosto 1909, p. 1.

784 “El gobierno de Sinaloa”, El Tiempo, 10 de junio de 1909, p. 2; “Elecciones en Sinaloa”, La Iberia, 13 de junio de 1909, p. 1.

785 Ríos, “El periódico y la curul. La diputación frustrada de José Ferrel (1896)”.

786 Saborit, “¿Águila o sol? El último capítulo”, pp. 414-415. No sólo El último duelo, novela de Frías publicada en 1896, apareció con pie de imprenta de la Revista Militar (cuando apenas tres años antes su autor estuvo en riesgo de pena capital por escribir sobre una campaña militar mientras era miembro del ejército). Por otro lado, Antenor Sala le encomendó unos apuntes acerca de la vida de Félix el chato Díaz, hermano del presidente, los cuales Frías reunió con rapidez (pasaron también por el visto bueno de Ferrel). Ahí dice Frías cosas del estilo: “Y, cumpliendo gustoso su indicación, concordando mis ideas y mis sentimientos con los de Ud., después de concienzuda labor, le envío en este pequeño cuaderno mis apreciaciones y admiración por ese tipo fulgurante en los horizontes de la historia patria.”acehc, dcxxi, 18, 1835.

787 Madero, Archivo de don Francisco I. Madero, Epistolario (1900-1910), p. 357.

788 Frías, Águila o sol. Novela histórica mexicana, p. 341. Esta novela la escribió hacia 1920 y fue publicada por primera vez en 1923.

789 Beltrán, A las puertas de la gloria. Las elecciones de 1909 en Sinaloa, pp. 63-64.

790 El Corresponsal, “El movimiento político en Sinaloa II. Un triunfo por sorpresa”, El Imparcial, 7 agosto 1909, p. 1.

791 “Por los estados. Crónica sinaloense”, La Patria, 2 de julio de 1909.

792 Tras una breve semblanza política del candidato, afirmaba El Diario del Hogar: “No ha estado acertado el grupo sinaloense que lo postula para gobernador de aquella entidad federativa.” “Sinaloa. La candidatura de Ferrel”, El Diario del Hogar, 22 de junio de 1909.

793 El Corresponsal, “El movimiento político en Sinaloa III. La labor de El Correo de la Tarde”, El Imparcial, 8 de agosto de 1909.

794 Briones, La prensa en Sinaloa durante el redismo, 1877-1911, p. 103. Interesante que aquí la “modernidad” del diario esté signada justo en sentido contrario a lo que comúnmente se ha dicho de la prensa mexicana, que “llegó” a ella a través del Imparcial al abandonar o reducir el comentario político a favor del noticierismo (entre otras cosas de carácter más técnico y comercial).

795 Ríos, “Sociabilidad y política en Mazatlán. La campaña electoral del ferrelismo en 1909”, pp. 19-41.

796 López, Rumbo a la democracia. 1909, la elección a gobernador de Sinaloa, pp. 86-87.

797 Ferrel, “Mi última entrevista”, Archivo Particular Aline Pettersson, s/f.

798 “Sinaloa. Carta de Culiacán”, El Tiempo, 24 de agosto, p. 1.

799 El manifiesto se reproduce en Beltrán, A las puertas de la gloria..., pp. 91-92.

800 Ibid., pp. 91-92.

801 El corresponsal, “El movimiento político en Sinaloa. La verdad desnuda”, El Imparcial, 5 de agosto de 1909. El texto fue enviado el 24 de julio al periódico. El análisis del aspecto social del ferrelismo, importantísimo, es un aspecto que desborda este capítulo. Es necesario señalar, sin embargo, que aun si nos ceñimos tan sólo a los remitentes de la correspondencia que centralizó el Club Democrático Sinaloense (es decir, gente alfabetizada), puede observarse un registro variado, desde individuos que poseían un lenguaje muy estructurado y con un fino conocimiento de personajes y circunstancias políticas (voces preponderantes en este trabajo que sigue a los organizadores y agitadores), hasta otros que poseían una gramática difícil de seguir, ortografía libre y figuraciones políticas y sociales acaso menos sofisticadas pero más rotundas: “qué satisfactorio será decir es gobernador don José Ferrel y don fulano me ultrajó en palabras y las leyes están como el fiel de la balanza, me quejo y sobre la queja a la cárcel don fulano para que sepa respetar a los pobres…” Anónimo a Frías y redactores de El Correo de la Tarde, Culiacán, 28 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, fs. 113-116.

802 Carta de R. Navarro a Rentería, El Fuerte, 20 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel fs. 55-58.

803 D. A. Peiro a Rentería, Ahome, 22 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 79.

804 J. Rentería a Frías, El Fuerte, 16 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, fs. 28-29.

805 Llegaban incluso cartas de funcionarios que aseguraban trabajar en secreto por la causa ferrelista, y que por lo tanto pedían discreción. Así por ejemplo, el administrador de correos del distrito de Sinaloa que escribía a Valadés en Mazatlán para brindarle, en secreto, información acerca de lo que sucedía en la localidad. [… cortado] a Valadés y Cía., Sucs., Sinaloa, 22 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 85.

806 Por ejemplo, desde la ciudad de Sinaloa se recomendaba que se llevara desde la capital “a un Jesús Urueta, Diódoro Batalla, personas que con esa elocuencia al hablar en público se conquistarán bastantes simpatías en favor de nuestro gran Ferrel.” [… cortado] a Valadés y Cía., Sucs., Sinaloa, 22 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 85. En el mismo sentido, Roberto Navarro pedía a Rentería que procurara publicar en El Correo de la Tarde las actividades que habían llevado a cabo en Ahome y que le refería en la carta, pero no con sus palabras sino con las del mismo Rentería, “en términos que Ud. o para Ud. sean enteramente fáciles y será como se puedan aprecia nuestros trabajos y hará ver que en este pueblo hay las suficientes energías […]” R. Navarro a Rentería, Ahome, 20 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, fs. 55-58.

807 González, Epistolario..., pp. 399-400.

808 Ignoro si se arrepintió de su actuación durante las elecciones de 1909, pero definitivamente lo hizo respecto a su pasividad al momento de la revolución, apenas poco más de un año más tarde. González, La apacible locura. Segunda parte de “El hombre del búho, misterio de una vocación”, p. 25. El lenguaje un tanto clasista que despliega en esta carta es similar al que se emplearía en la campaña: los ferrelistas apelaron a “lo popular”, los reyistas, sobre todo, a la estabilidad y desarrollo económico. Por cierto, en vísperas de publicar su primer poemario, Preludios (1904), González Martínez había entablado relación con Ferrel, a quien pidió entonces hiciera una crítica literaria de algunos de sus poemas. Ferrel a González, ciudad de México, 10 de julio de 1903, Archivo Particular Aline Pettesson, s/c.

809 En el mismo estado de Jalisco, la propaganda de El Correo de la Tarde había tenido eco en un periódico católico, El Regional, que en su paulatino viraje hacia la oposición en aquel contexto de crispación política nacional, había mirado con simpatía al movimiento ferrelista. Cárdenas, El derrumbe. Jalisco, microcosmos de la revolución mexicana, pp. 252-253.

810 Beltrán, A las puertas de la gloria..., p. 115.

811 Este periódico se hallaba en constante comunicación con El Correo de la Tarde respecto a la campaña ferrelista, en la cual parecían actuar con cierta sincronía. En una carta, por ejemplo, la redacción de México Nuevo confirmaba haber publicado el retrato que le habían enviado de Ferrel, asentando que “es el candidato demócrata aceptado y proclamado por todas las clases conscientes”. De México Nuevo a El Correo de la Tarde, 15 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel. En Sinaloa, incluso, México Nuevo comenzó a distribuirse de manera gratuita para los suscriptores de El Correo de la Tarde. El Corresponsal, “El movimiento político en Sinaloa III. La verdad desnuda.”, El Imparcial, 10 de agosto de 1909.

812 Campaña que, por cierto, Redo cuidaba de informar directamente a Limantour. D. Redo a Limantour, telegrama de 22 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 82.

813 “Elecciones en Sinaloa”, La Iberia, 13 de julio de 1909, p. 1; “Elecciones en Sinaloa”, La Iberia, 25 de julio 1909, p. 2; “Las elecciones en Sinaloa”, La Iberia, 29 de julio de 1909, p. 2.

814 Anónimo a Frías y redactores de El Correo de la Tarde, Culiacán, 28 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, fs. 113-116.

815 J. Zapata a Frías, El Fuerte, 11 de junio 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 6.

816 P. Zúñiga a Frías, 19 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 50.

817 [… cortado] a Valadés y Cia. Sucs., Sinaloa, 22 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 85.

818 R. Zatarán a Frías y Maximin, El Rosario, 1 de julio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, fs. 139-140.

819 Como una verdadera amenaza en contra del ferrelismo, El Imparcial sugirió en repetidas ocasiones que los ferrelistas habían adquirido armas o que preparaban motines, lo cual en términos generales no parece haber tenido sustento. L. M. H., “Los primeros efectos del reyismo. Se prepara un escándalo para el 18 de julio”, El Imparcial, 16 de julio de 1909.

820 J. Rentería a Frías, El Fuerte, 16 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, fs. 28-29.

821 D. A. y Peiro a Rentería, Ahome a El Fuerte, 22 de junio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 79.

822 El Corresponsal, “El movimiento político en Sinaloa III. La labor de El Correo de la Tarde”, El Imparcial, 8 de agosto de 1909.

823 “Concierto de tambora”, El Tiempo, 8 de julio de 1909, p. 2.

824 Por ejemplo, Hipólito Valdés se quejaba de la represión policiaca en connivencia con un provocador apodado “El Churumplante” en contra de José Valdés al terminar una manifestación a favor de Ferrel en Aguascalientes. H. Valdés a Frías, Aguacaliente, 11 de julio de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, fs. 182-183.

825 Protesta, 8 de agosto de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 27; A. Salcido a Díaz, Guadalupe de los Reyes, 16 de agosto de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, fs. 36-37.

826 Los datos se pueden consultar en la prensa de esos días. Aquí los retomo de Beltrán, A las puertas de la gloria..., pp. 148-149.

827 La redacción, “Boletín del Diario del Hogar. La farsa eleccionaria en Sinaloa. Los sucesos de Morelos se repiten”, El Diario del Hogar, 10 de agosto de 1909.

828 Madero, Archivo de Don Francisco I. Madero I, p. 753.

829 Madero, Archivo de Don Francisco I. Madero II, p. 1070.

830 Frías, El triunfo de Sancho, 1911, p. 230. No está de más señalar que un ejemplar resguardado en la biblioteca de El Colegio de México contiene una dedicatoria del autor fechada en 8 de abril de 1911: para el “ilustre jurisconsulto mexicano” Rodolfo Reyes.

831 Noyola y otros al Congreso, 26 de agosto de 1909, ahuas, Fondo José Ferrel, f. 29.

832 J. G. A., “Los últimos argumentos ferrelistas. Cómputo de votos”, El Imparcial, 16 de agosto de 1909.

833 “Elecciones en Sinaloa”, La Patria, 11 de agosto de 1909, p. 8.

834 El presente texto se benefició ampliamente de los comentarios, críticas y sugerencias de los integrantes del proyecto “Organización y movilización del voto en México, siglo xix”, coordinado por Alicia Salmerón y Fausta Gantús.

835 Bernal, Apuntes históricos, geográficos y estadísticos del estado de Aguascalientes, pp. 147, 148, 152, 153; Gómez, Aguascalientes, 1982, pp. 89-91.

836 Gómez, Aguascalientes en la historia, 1988, t. iii, vol. i, pp. 70-86, 91- 92.

837 Bernal, Apuntes históricos..., p. 66.

838 Rodríguez, “La Revolución”, p. 460.

839 Bernal, Apuntes históricos..., p. 66; Ramírez, “Un profesor revolucionario. La trayectoria ideológico-política de David Berlanga, (1886-1914)”, pp. 229-232; Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, t. ii, pp. 196-197; Rodríguez, “La Revolución”, p. 472.

840 Nótese aquí la referencia a un viejo héroe liberal de la localidad, José María Chávez, quien había sido fusilado por las tropas imperialistas durante la intervención francesa.

841 Archivo General Municipal de Aguascalientes (en adelante agma), Fondo Histórico, caja, 361, exp. 9. Epistolario (1910), Archivo de don Francisco I. Madero, t. ii, p. 102; Rodríguez, “La Revolución”, p. 463.

842 Archivo del Juzgado de Distrito (en adelante ajd), Sección Penal, 1913, caja, 1, exp. 11. Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes (en adelante ahea), Judicial Penal, caja, 271, exp. 6. Los datos sobre Abraham Cruz en: Archivo General de la Nación (en adelante agn), Fondo Madero, caja, 28, exp. 767.

843 Epistolario (1910), t. ii, pp. 93-95, 98, 102; Rodríguez, “La Revolución”, pp. 461-462; Cumberland, Madero y la revolución, 1977, p. 116; Rojas, La destrucción de la hacienda en Aguascalientes, 1910-1931, p. 52; Correa, El Partido Católico, p. 49.

844 Temis, 11 de marzo de 1911.

845 Rodríguez, “La Revolución”, pp. 458- 459.

846 Correa, El Partido Católico Nacional y sus directores, p. 50. El autor equivoca el año en que ocurrió este suceso pues lo ubica en 1909, cuando sucedió en 1910.

847 Temis, 7 de octubre de 1910.

848 El Republicano, 19 de junio de 1910, 3 de julio de 1910. Rojas, La destrucción de la hacienda..., p. 52; Rodríguez, “La Revolución”, pp. 463- 464; Knight, La revolución mexicana: del porfiriato al nuevo régimen constitucional, t. i, p. 99; Guerra, México..., t. ii, pp. 205- 206; Correa, El Partido Católico..., pp. 57- 58.

849 Es importante no confundir a Rafael Arellano Ruiz Esparza con su hijo, Rafael Arellano Valle, quien gobernó el estado de Aguascalientes entre 1920 y 1924.

850 Como funcionario designado por el gobernador, el jefe político (principalmente el del partido que alojaba a la capital del estado) era clave para mantener el control político del estado. De aquí la relevancia de la presencia del arellanista Felipe Ruiz de Chávez como titular de la jefatura durante la gestión de Vázquez del Mercado. Para una explicación más detallada del papel de las jefaturas en las negociaciones de las facciones políticas locales, véase Delgado, Jefaturas políticas: dinámica política y control social en Aguascalientes, 1867-1911, pp. 139-157.

851 La Voz de Aguascalientes, 2 de septiembre de 1910.

852 Camacho, Controversia educativa entre la ideología y la fe. La educación socialista en la historia de Aguascalientes, 1876-1940, p. 48; Rodríguez, “La Revolución”, pp. 475-477.

853 Temis, 7 de octubre de 1910.

854 Los datos biográficos de los miembros del Club Independiente en Ramírez, Diccionario biográfico e histórico de la revolución mexicana en Aguascalientes, 1990.

855 Temis, 7 de octubre de 1910.

856 agma, Fondo Histórico, caja, 374, exp. 7.

857 La Voz de Aguascalientes, 3 de febrero de 1911.

858 La Voz de Aguascalientes, 10 de febrero de 1911.

859 agma, Fondo Histórico, caja, 375, exp. 7.

860 Temis, 18 de febrero de 1911, 11 de marzo de 1911.

861 Rodríguez, “La Revolución”, p. 476.

862 agma, Fondo Histórico, caja, 375, exp. 7; Rodríguez, “La Revolución”, p. 476.

863 Rodríguez, “La Revolución”, pp. 474-475. A este respecto Eduardo J. Correa señala que los opositores recurrieron no solo al general Porfirio Díaz para lograr que Vázquez del Mercado dejara la gubernatura, sino que aún se vieron obligados a ir “con la Compañía Bancaria para que ella nos diera su venia para nuestro candidato”. Véase: Palavicini, Los diputados. Lo que se ve y lo que no se ve de la Cámara, p. 416.

864 Archivo Eduardo J. Correa, Copiador #2, De Eduardo J. Correa a Benjamín Romo, 7 de febrero de 1911, f. 148. Tuve noticia de algunos documentos del archivo particular de Eduardo J. Correa gracias al amable gesto de Laura O’Dogherty, quien me facilito sus notas.

865 López, Correspondencia con Eduardo J. Correa y otros escritos juveniles (1905-1913), pp. 139, 142.

866 Archivo Eduardo J. Correa, Copiador 2, De Eduardo J. Correa a Aniceto Lomelí, 10 de enero de 1911.

867 En 1911, todos los trabajadores de la tenería de Felipe Ruiz de Chávez se unieron a una de las organizaciones formadas por Carlos Salas López y el padre Juan Navarrete gracias a que su patrón les advirtió que no admitiría a ninguno que no se afiliara a dicha organización. Véase, Archivo Eduardo J. Correa, Correspondencia, de Aniceto Lomelí a Eduardo J. Correa, 27 de febrero de 1911.

868 Temis, 10 de septiembre de 1910.

869 Temis, 19 de noviembre de 1910.

870 Temis, 25 de febrero de 1911.

871 Temis, 3 de septiembre de 1910.

872 Temis, 3 de octubre de 1910 y 6 de noviembre de 1910.

873 Temis, 3 de septiembre de 1910.

874 Temis, 27 de agosto de 1910.

875 Temis, 25 de febrero de 1911, 25 de marzo de 1911. La queja de los vecinos de Tepezalá, entre quienes se encontraban Abraham Cruz y Manuel Llaguno, simpatizantes de Madero y Fuentes Dávila, está en: ahea, Secretaría General de Gobierno, caja, 12, exp. 2.

876 Temis, 25 de febrero de 1911.

877 Temis, 27 de agosto de 1910, 10 de septiembre de 1910, 7 de octubre de 1910, 19 de noviembre de 1910, 17 de diciembre de 1910. 14 de enero de 1911.

878 Temis, 10 de septiembre de 1910, 9 de octubre de 1910, 6 de noviembre de 1910, 4 de marzo de 1911.

879 Temis, 27 de agosto de 1910, 3 de septiembre de 1910, 10 de septiembre de 1910, 10 de septiembre de 1910, 17 de septiembre de 1910, 24 de septiembre de 1910, 7 de octubre de 1910.

880 La única referencia que se encontró a este respecto pertenece a un discurso de Demetrio Rizo, en donde se hacía un llamado a trabajar “porque la democracia sea efectiva entre nosotros, busquemos todos el bien de todos, y que este bien se haga más ostensible entre los pequeños, los humildes, los desheredados de la fortuna, entre los que llevan las manos encallecidas por el trabajo y comen el pan con el sudor de su rostro”. Temis, 4 de marzo de 1911.

881 Temis, 25 de febrero de 1911, 25 de marzo de 1911, 7 de octubre de 1910, 13 de noviembre de 1910.

882 Guerra, México..., t. ii, pp. 175-176.

883 Temis, 17 de septiembre de 1910.

884 Temis, 7 de octubre de 1910, 4 de febrero de 1911, 18 de febrero de 1911, 25 de febrero de 1911, 25 de marzo de 1911.

885 La Voz de Aguascalientes, 10 de febrero de 1911; Temis, 7 de octubre de 1910, 9 de octubre de 1910, 3 de diciembre de 1910, 1 de enero de 1911, 4 de marzo de 1911, 11 de marzo de 1911.

886 Guerra, México..., t. ii, pp. 113-115, 126 144-148, 160-163. Entre 1900 y 1910 hubo movilizaciones similares a la del arellanismo en Aguascalientes en estados como Morelos, Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.

887 Bernal, Apuntes históricos..., pp. 66- 67.

888 agma, Fondo Histórico, caja, 377, exp. 12.

889 agma, Fondo Histórico, caja, 377, exp. 10.

890 Rodríguez, “La Revolución”, p. 480.

891 El Republicano, 11 de junio de 1911.

892 Ley Electoral del estado de 31 de marzo de 1861, artículos 2o. y 3o.

893 agma, Fondo Histórico, caja, 372, exp. 11.

894 agma, Fondo Histórico, caja, 372, exp. 11.

895 ahea, Poder Legislativo, caja, 104, exp. 36.

896 agma, Fondo Histórico, caja, 377, exp. 12.

897 Es revelador el parecido de estas maniobras con las descritas por Jesús Peña, quien aseguraba que “un hecho perfectamente demostrado para los que saben cómo hacemos elecciones libres [...] que en tiempo de ellas, cuando la opinión pública está fuertemente dividida produciendo los clubs populares enemigos, el instalar o ganar mesas un partido a otro, significa triunfo electoral, porque el nervio de toda la contienda es el fraude. Con efecto, instalar o ganar mesas significa poner en ellas presidentes, escrutadores y secretarios con quienes se cuenta para que al recibir sus votaciones y dar cuenta de ellas, suplanten firmas, destruyan boletas, supongan votos, hagan votar por persuasión o por engaño a los ignorantes, y consignen en el acta de la elección primaria todo lo más favorable al partido que se hizo dueño de la mesa. Véase, Peña, Reformas a la constitución, 1905, pp. 24-25.

898 ahea, Fondo Judicial Penal, caja, 42, exp. 25.

899 agma, Fondo Histórico, caja, 372, exp. 46.

900 Rodríguez, “La Revolución”, pp. 482-483.

901 Ley Electoral del Estado de 25 de marzo de 1861, arts. 17 a 27.

902 agma, Fondo Histórico, caja, 377, exp. 6.

903 agma, Fondo Histórico, caja, 377, exp. 19; El Republicano, 16 de julio de 1911, 23 de julio de 1911, 10 de septiembre de 1911.

904 El Republicano, 24 de septiembre de 1911.

905 30-30, 24 de diciembre de 1911.

906 El Republicano, 24 de septiembre de 1911, 1 de octubre de 1911, 31 de diciembre de 1911.

907 Sobre el renacimiento de la vida política propiciado por el triunfo del maderismo y el ingreso de la clase media urbana a la actividad política. Véase Guerra, “Las elecciones legislativas”, 1990, pp. 241-242.

908 “Ley Orgánica electoral de 5 de junio de 1871”, El Republicano, 22 de junio de 1879.

909 Rodríguez, “La Revolución”, pp. 480-483.

910 Correa, “Un gobernador pintoresco”, pp. 200-202.

911 Bernal, Apuntes históricos..., p. 67.

912 Rodríguez, “La Revolución”, p. 481.

913 Archivo Particular de Eduardo J. Correa, Correspondencia, De Aniceto Lomelí a Eduardo J. Correa, 30 de julio de 1911.

914 Archivo Particular de Eduardo J. Correa, Copiador, de Eduardo J. Correa a Teódulo Torres, 5 de julio de 1911.

915 Rodríguez, “La Revolución”, p. 481.

916 agn, Fondo Madero, caja, 15, exp. 365-1.

917 Rodríguez, “La Revolución”, pp. 488-490.

918 Ibid., pp. 483- 484.

919 Cabrera, “La revolución dentro del gobierno”, pp. 85-86.

920 Ramírez, Diccionario histórico..., p. 82; Rodríguez, “La Revolución”, p. 485.

921 agm, fh, caja, 374, exp. 15.

922 agm, fh, caja, 377, exp. 6.

923 agm, fh, caja, 372, exp. 46, y caja, 374, exp. 1.

924 agma, Fondo Histórico, caja, 372, exp. 46.

925 agma, Fondo Histórico, caja, 372, exp. 47 y caja, 377, exp. 6.

926 agma, Fondo Histórico, caja, 372, exp. 42.

927 Correa, “Un gobernador pintoresco”, pp. 200-202.

928 agn, Fondo Francisco I. Madero, caja, 61, exp. 884.

929 El Republicano, 10 de septiembre de 1911. Sobre los altos índices de participación mostrados por los trabajadores urbanos en Aguascalientes véase: Knight, La Revolución Mexicana..., t. i, p. 471.

930 ahea, Secretaría General de Gobierno, caja, 12, exp. 32.

931 agma, Fondo Histórico, caja, 376, exp. 25; Rojas, La destrucción de la hacienda en Aguascalientes, 1910-1931, pp. 54-55. Rodríguez, “La Revolución”, p. 490.

932 ahea, Judicial Penal, caja, 405, exp. 18.

933 ahea, Judicial Penal, caja, 405, exp. 18.

934 Rodríguez, “La Revolución”, p. 491.

935 ahea, Secretaría General de Gobierno, caja, 12, exp. 7.

936 Una situación similar puede observarse en el estado de Jalisco, en donde Roque Estrada, ayudado por los clubes maderistas de la localidad, recurrió a la movilización popular para presionar al gobernador, al congreso y al ayuntamiento de la capital, instituciones que estaba en manos de conservadores “partidarios del orden”. La maniobra, como en Aguascalientes, disminuyó el prestigio de los maderistas y despertó el temor de los conservadores. Véase O’Dogherty, “De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco”, pp. 151-155.

937 Archivo Particular de Eduardo J. Correa, Correspondencia, de Aniceto Lomelí a Eduardo J. Correa, 9 de septiembre de 1911.

938 Rodríguez, “La Revolución”, pp. 491-495.

939 ahea, Juzgado de Distrito, caja, 31, exp. 26.